TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 089/2016-RA

Sucre, 10 de febrero de 2016


Expediente                : Tarija 32/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Jorge Ramiro Ugarte Calizaya y otros

Delitos                : Concusión y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 14 de abril de 2015 cursante de fs. 5123 a 5136 vta., Jorge Ramiro Ugarte Calizaya y Armando Lema Gonzáles interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 3/2015 de 2 de marzo, de fs. 4036 a 4049, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Carlos Eduardo Vicente Martínez Paz contra los recurrentes, Juan Carlos Grajeda Soto y Sergio Manuel Oliva Castrilllo, por los delitos de Concusión, Uso Indebido de Influencias, Asociación Delictuosa, Organización Criminal e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 151, 146, 132, 132 Bis y 154 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) En mérito a las acusaciones pública y particular, presentadas por el Ministerio Público y el querellante, y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, se dictó la Sentencia 03/2012 de 23 de marzo (fs. 2824 a 2836), pronunciada por el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró a los imputados: Jorge Ramiro Ugarte Calizaya, autor de los delitos de Concusión y Uso Indebido de Influencias en grado de Tentativa, previstos por los arts. 151 y 146 con relación al art. 8, todos del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de cinco años y dos meses de presidio, y al pago de cien días multa a razón de bolivianos tres por día, más costas a favor del Estado y daños y perjuicios a la víctima; asimismo, se lo absolvió de los delitos de Asociación Delictuosa, Organización Criminal e Incumplimiento de Deberes; Armando Lema Gonzáles, autor del delito de Concusión en grado de Tentativa, tipificado por el art. 151 con relación al art. 8, ambos del CP, imponiéndole la pena de dos años y seis meses de presidio, además del pago de cincuenta días multa a razón de bolivianos tres por día, y costas en favor del Estado y daños y perjuicios para la víctima; en cuanto a los delitos de Asociación Delictuosa, Organización Criminal, Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes, se dictó sentencia absolutoria; Juan Carlos Grajeda Soto, autor del delito de Concusión en grado de Complicidad, previsto por el arts. 151 con relación al art. 23 del CP, condenándole a la pena de un año de presidio; sin embargo, se le otorgó el beneficio del perdón judicial; absolviéndolo de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Asociación Delictuosa y Organización Criminal; y finalmente, Sergio Manuel Oliva Castrillo, absuelto de los delitos de Concusión, Uso Indebido de Influencias y Asociación Delictuosa; por lo que, se dejó sin efecto las medidas cautelares de carácter real y personal impuestas en su contra.

b) Contra la mencionada Sentencia, los imputados Ramiro Ugarte Callizaya y Armando Lema Gonzáles (fs. 2899 a 2918 vta. y 2929 a 2935 vta.), el Ministerio Público (fs. 2937 a 2938 vta.) y el querellante, quien se adhirió a la Fiscalía (fs. 2936 y vta.), formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Resolución de alzada 32/2014 de 21 de julio (fs. 3038 a 3046 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 666/2014-RRC de 20 de noviembre; a cuyo efecto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija pronunció el Auto de Vista 3/2015 de 2 de marzo (fs. 4036 a 4049), que declaro sin lugar las apelaciones interpuestas y confirmó la Sentencia impugnada; por otra parte, mediante Resoluciones de Complementación y Enmienda 02/2015 de 2 de abril (fs. 4059 y vta.) y 04/2015 de 6 de abril de 2015 (fs. 5062 y vta.), fueron rechazadas las solicitudes de los imputados.


c) Notificado los recurrentes con el referido Auto de Vista y con las resoluciones de complementación y explicación 02/2015 y 04/2015 el 7 de abril de 2015 (fs. 5063), interpusieron recurso de casación que es motivo de autos, el 14 del mismo mes y año, para su análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 5123 a 5136 vta., se extraen los siguientes motivos:


1) Denuncian la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos del acceso efectivo a la justicia, Resolución motivada, defensa e impugnación, ya que el Tribunal de alzada, pese a la petición de audiencia no señalo la audiencia de fundamentación oral de su recurso y producción de prueba; y, tampoco resolvió el incidente de nulidad sobreviniente planteado por memorial de 3 de junio de 2013, aspectos que constituyen en defecto absoluto insubsanable e inconvalidable, más aun, cuando los vocales al negar el incidente de nulidad de actividad procesal defectuosa (de la falta de fijación de audiencia) citaron el Auto Supremo 73/2013 de 20 de marzo, en relación a la preclusión en casos no reclamados oportunamente, Resolución que es posterior y caso fáctico diferente al Auto Supremo 82 de 26 de marzo de 2013, que debió aplicar con prioridad en cumplimiento estricto al método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia, correspondiendo anular el Auto de Vista impugnado. Continúan señalando que la contradicción consiste en que el Tribunal de apelación no señaló audiencia de fundamentación oral pese a haberse solicitado de forma expresa en su apelación restringida, caso diferente a los Autos Supremos 061/2013-RRC de 8 de marzo, y 268/2012-RRC invocados como elementos contradictorios. Asimismo, citan los Autos Supremos: 372 de 22 de junio de 2004, 169 de 15 de mayo de 2006, 424 de 20 de octubre de 2006, 225 de 28 de marzo de 2007, 671 de 16 de diciembre de 2010, 362 de 5 de abril de 2007, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 82 de 26 de marzo de 2013 y 061/2013-RRC de 8 de marzo de 2013; y, las Sentencias Constitucionales: 1075/2003-R y 1044/2003.


2) Reclaman la incongruencia omisiva que atenta los derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva establecido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) en el que incurrió el Tribunal de alzada por: a) No resolver la solicitud de nulidad de obrados, ya que mediante memorial de 3 de junio de 2013, plantearon de forma sobreviniente al recurso de apelación restringida la falta del acta de juicio oral, -este instrumento, como dijeron los jueces inferiores nunca se tuvo, y que al haberse interpuesto un amparo constitucional se resolvió por la extensión del acta de juicio oral-; lo cual es un defecto procesal insubsanable, al atentar la seguridad jurídica y no tener certeza el Tribunal de apelación de cómo se desarrolló el juicio oral y por ello no poder hacer un seguimiento razonado de todo lo sucedido en juicio oral; b) No ingresar a resolver la denuncia en apelación restringida sobre la inobservancia del art. 13 del CP, a tiempo de dictarse la Sentencia sin considerar la declaración del procesado Juan Carlos Grajeda para así determinar que no se hubo configurado el delito de Concusión, sin que ello signifique la revalorización de la prueba como entiende el Tribunal departamental, decisión contradictoria al Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, cuyo contenido establece que al no pronunciarse sobre el contenido de las pretensiones solicitadas por el demandante incurre en incongruencia omisiva; c) No dar razones suficientes y valederas a la denuncia en apelación de la inobservancia de los arts. 8, 14, 24 del CP, en los puntos II.2.4 y II.2.3. de la resolución de alzada; d) Citar in extenso en el punto II.2.6. lo señalado en la Sentencia; empero, sin llegar a decir nada más en relación a la denuncia de la incorrecta aplicación del art. 20 del CP, con relación al 146 del CP, en que incurrió el Tribunal de juicio, lo que es contrario al Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, cuya contradicción reside en que la autoridad jurisdiccional al no pronunciarse sobre el contenido de las pretensiones solicitadas incurre en incongruencia omisiva; e) Comenzar a analizar el agravio pero sin completar la misma en relación al reclamo de la incorrecta aplicación del art. 151 del CP, en el punto II.2.7 de la Resolución de alzada, es decir no dicen nada más que citar lo dicho en Sentencia, lo cual es contrario al Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, al no explicar las razones suficientes de como hubiere cometido el delito acusado; y, f) No resolver de manera completa y detallada el agravio denunciado en la apelación restringida sobre la defectuosa valoración de la prueba de la D-39 y la testifical, como se evidencia en el punto II.2.10 de la Resolución de alzada, lo cual es contradictorio al Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, el cual establece, que todo operador de justicia debe pronunciarse sobre todas las pretensiones planteadas.


3) Arguyen, que el Tribunal de alzada no ha cumplido con su obligación establecida en el art. 17 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) en torno a la revisión de oficio de la actuación del inferior y verificar la existencia de vulneraciones de la constitución y las leyes conforme establecen los Autos Supremos 442 de 19 de agosto o 170 de 19 de junio de 2013; toda vez que, en juicio oral se planteó ante el Tribunal de Sentencia el incidente de actividad procesal defectuosa respecto a las grabaciones que presento el Ministerio Público, correspondiendo aplicar el artículo citado, al haberse vulnerado los arts. 13, 71, 184, 190 y 191 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la Sentencia Constitucional 0523 de 25 de abril de 2011 y el art. 115.II de la CPE, lo cual no ocurrió; ante esto, el Tribunal de apelación lejos de considerar e interpretar de manera correcta la Sentencia Constitucional señalada, la cual indica, que una grabación vale como prueba solo cuando cumple el procedimiento previsto, no observo las grabaciones anulando de oficio los actuados, al ser las mismas ilícitas. Citan los Autos Supremos: 42 de 21 de febrero de 2013 y 136 de 20 de mayo de 2013.


4) Indican que el Tribunal de apelación incurrió en vulneración del debido proceso al haber señalado, que no puede revalorizar prueba, cuando no fue ese el pedido, sino que vea si la prueba fue obtenida de forma legal o lícita en relación a la exclusión probatoria de las grabaciones que no fueron debidamente resueltas por los juzgadores conforme la modulación de la Sentencia Constitucional 0523/2011 de 25 de abril, los arts. 184, 190, y 191 de la norma Adjetiva Penal, sin que los vocales hayan procedido a anular la Sentencia en cumplimiento a su deber de revisión de oficio frente a la irregularidad procesal del inferior; invocando como elementos contradictorios los Autos Supremos: 42 de 21 de febrero de 2013 y 136 de 20 de mayo de 2013.


5) Señalan que el Tribunal de apelación con relación al reclamo en su recurso de apelación restringida sobre la incorrecta aplicación de los arts. 146 con referencia al 8 del CP y 151 de la misma norma Sustantiva Penal, no se manifestó de manera coherente, al no considerar; en relación al primer ilícito la falta de dos elementos constitutivos del delito acusado en su actuar y en el segundo la ausencia de los elementos constitutivos del hecho ilícito atribuido, inserto en los puntos II.2.5 y II.2.7. de la Resolución Departamental, lo cual entra en contradicción con el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, cuyo razonamiento sostiene, que se debe comparar las características de la conducta del sujeto acusado de un ilícito con los elementos constitutivos del delito, en el presente caso los vocales, no consideraron la falta de dos elementos constitutivos del delito de Uso Indebido de Influencias inserto en el art. 146 del CP, como son la forma “directa” o “por interpuesta persona”, y al no existir estos dos elementos el hecho acusado no constituiría delito y tampoco se adecuaría al grado de tentativa; y, tampoco consideraron la ausencia de los elementos constitutivos del delito de Concusión establecido en el art. 151 de la norma Sustantiva Penal, como ser de forma “directa” o “indirecta” u “obtener ventaja o dinero”, y ante la inexistencia de estos elementos el hecho no constituye delito; esta contradicción atenta contra el derecho al debido proceso.


6) Reclaman que el Tribunal de apelación no analizó si la valoración probatoria fue completa, ya que se denunció que los juzgadores no valoraron la prueba D-39; por lo que, debieron manifestarse al respecto y establecer cual la inferencia entre las declaraciones de los testigos, aspecto que vulnera sus derechos al debido proceso, a la defensa y el acceso a la tutela judicial efectiva. Invocan el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, refiriendo que la contradicción radica en que el Auto de Vista ahora impugnado no se refiere de manera completa al agravio denunciado.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstos por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos y confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que los recurrentes Jorge Ramiro Ugarte Calizaya y Armando Lema Gonzáles cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que el 7 de abril de 2015, fueron notificados con los Autos de Complementación y Enmienda 02//2015 y 04/2015 del Auto de Vista impugnado, presentando su recurso de casación el 14 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días que otorga la ley.


Respecto al primer motivo, los recurrentes esencialmente denuncian que el Tribunal pese a la solicitud de la audiencia de fundamentación oral y producción de prueba no señalo fecha para dicha actuación, con el argumento de la preclusión sin aplicar el estándar más alto de la jurisprudencia, lo cual vulnera su derecho al debido proceso y constituye un defecto absoluto; en este sentido, los recurrentes precisan que el Auto de Vista impugnado es contradictorio al Auto Supremo 061/2013-RRC de 8 de marzo, de cuya explicación se establecería que el Tribunal de apelación ante la solicitud expresa de audiencia para fundamentar oralmente su petición debe fijar la misma; consiguientemente, al darse cumplimiento con los requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP, el presente motivo deviene en admisible.


Sobre la denuncia relativa, a que ante la presentación de memorial de 3 de junio de 2013, del incidente de nulidad sobreviniente, los vocales negaron la misma, lo cual constituye un defecto absoluto insubsanable e inconvalidable; al respecto, es necesario precisar, que los requisitos para la admisibilidad de una denuncia tiene que cumplir ciertos parámetros, aspectos que de manera amplia son expuestos en el apartado III de esta Resolución, lo cual no sucede en la presente denuncia; toda vez, que este agravio está dirigido contra la respuesta al memorial que hubiere presentado y no en contra del Auto de Vista emitido por los vocales.


Asimismo; toda vez, que el recurso de casación está destinado en su regulación a uniformar criterios interpretativos conforme precisan los arts. 416 al 420 del CPP, el Auto Supremo 397 de 23 de julio de 2004, señaló que: "De conformidad con el art. 416 concordante con el art. 50 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas contra las sentencias de primera instancia", entendimiento que fue reiterado en el Auto Supremo 628 de 27 de noviembre de 2007, precisando que: "...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción". Entonces, el recurso de casación no procede contra otro tipo de resolución judicial pronunciada por los Tribunales Departamentales como emergencia de cualquier incidente que se suscite y aquellos que se tramiten ante ellas; lo cual significa, que en el presente motivo el incidente suscitado ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija no puede ser objeto del recurso de casación propuesto.


En relación a la cita que hacen los recurrentes de los Autos Supremos: 372 de 22 de junio de 2004, 169 de 15 de mayo de 2006, 424 de 20 de octubre de 2006, 225 de 28 de marzo de 2007, 671 de 16 de diciembre de 2010, 362 de 5 de abril de 2007, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 82 de 26 de marzo de 2013 y 061/2013-RRC de 8 de marzo de 2013 y 268/2012-RRC, los mismos no serán considerados en el análisis de fondo, ya que no cumplen con el deber de señalar en términos precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes judiciales invocados, conforme establece el art. 417 del CPP, inobservancia que impide a este Tribunal considerar dichas resoluciones en la labor de análisis de contraste.


Además, de manera reiterada este Máximo Tribunal de Justicia ha señalado que las Sentencias Constitucionales no constituyen doctrina legal aplicable sino solo las resoluciones de casación que dejan sin efecto un Auto de Vista impugnado y los Autos de Vista emitidos por los diferentes Tribunales Departamentales de Justicia; por ello, la cita de las Sentencias Constitucionales 1075/2003-R y 1044/2003 no pueden ser tomados en cuenta al no constituir doctrina vinculante y obligatoria emitido en proceso penal.


Sobre el segundo motivo, los recurrentes principalmente denuncian que el Tribunal de alzada incurrió en el vicio de incongruencia omisiva vulnerando sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva protegido por la CPE, ya que: a) No resolvió la solicitud de nulidad de obrados que presentaron mediante memorial de forma sobreviniente al recurso de apelación restringida de la falta del acta de juicio oral, este instrumento, como dijeron los jueces inferiores nunca se tuvo, y que al haberse interpuesto un Amparo Constitucional se resolvió por la extensión del acta de juicio oral; al respecto, debe señalarse que el recurso de casación solo procede para impugnar las Resoluciones judiciales emitidas por los Tribunales departamentales emergente de la Sentencia dictada por los juzgadores conforme se explicó en el primer motivo de esta Resolución; en consecuencia, el memorial planteado ante el Tribunal de alzada como resultado del incidente suscitado y tramitado ante ese Tribunal de apelación no es recurrible en casación, así quedó establecido por la amplia jurisprudencia ya referida al respecto, sin que ello signifique la vulneración de derechos.


Con relación a los incisos b), d) e) y f) no ingreso a resolver la inobservancia del art. 13 del CP, a tiempo de dictarse la Sentencia sin considerar la declaración del procesado Juan Carlos Grajeda para así determinar que no se hubo configurado el delito de Concusión; si bien expreso de manera amplia el agravio pero no dijo nada más respecto a la errónea aplicación del art. 20 con relación al 146 del CP, y la incorrecta aplicación del art. 151 de la norma Sustantiva Penal inmersos en los puntos II.2.6 y II.2.7. de la Resolución de alzada; y, no resolvió de manera completa y detallada el agravio denunciado en la apelación restringida sobre la defectuosa valoración de la prueba D-39 y la prueba testifical inserto en el punto II.2.10 del Auto de Vista impugnado; en este sentido, fundamentan con precisión que el Auto de Vista impugnado es contradictorio al Auto Supremo 124 de 10 de mayo de 2013, del cual se establecería, que al no pronunciarse sobre el contenido de las pretensiones solicitadas por el apelante se incurre en una incongruencia omisiva; consiguientemente, al darse cumplimiento con los requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP, el presente motivo deviene en admisible.


En atención al inciso c) Al no otorgar razones suficientes y valederas sobre la apelación de la inobservancia de los arts. 8, 14, 24 del CP, en los puntos II.2.4 y II.2.3. de la Resolución de alzada; al respecto, no invocaron ningún precedente contradictorio, lo cual impide a este Tribunal realizar la labor de contraste en el análisis de fondo, este incumplimiento de los art. 416 y 417 de la norma adjetiva impide admitir el presente motivo.


Por otra parte, en relación a este inciso, los recurrentes denuncian vulneración de derechos constitucionales del debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, al respecto, si bien este Máximo Tribunal de Justicia ha establecido criterios de flexibilización de los requisitos de admisibilidad, pero ello solo es posible conforme se ha descrito ampliamente en el acápite IV de esta Resolución, al otorgarse los elementos mínimos para su admisibilidad de la denuncia, en el presente reclamo, los recurrentes precisan, qué partes de su petición de alzada no merecieron respuesta (la inobservancia de los arts. 8, 14, 24 del CP), sin identificar punto por punto los errores en que hubieran incurrido los vocales sobre cada una de estas supuestas inobservancias, a esto se suma que tampoco explicaron la relevancia o incidencia de la omisión observada; limitándose a exponer de manera genérica la incongruencia omisiva en la que se incurrió con la emisión del Auto de Vista impugnado; esto implica que tampoco se dio cumplimiento a los presupuestos de flexibilización establecidos para su admisibilidad excepcional de la denuncia, y con ello impidiendo para el ingreso del análisis del fondo del reclamo.


En lo que atañe al tercer motivo, reclaman los recurrentes que el Tribunal de alzada no cumplió con su deber de revisión de oficio conforme establece el art. 17 de la LOJ, al haber argüido en su apelación que en juicio oral se interpuso el incidente de actividad procesal defectuosa de las grabaciones, que no fue favorable y menos por el Tribunal de apelación, quien consideró e interpretó de manera incorrecta la Sentencia Constitucional 0523 de 25 de abril de 2011; toda vez, que una grabación vale cuando prosigue un procedimiento; al respecto, si bien los denunciantes citan como elementos de contraste los Autos Supremos: 42 de 21 de febrero de 2013 y 136 de 20 de mayo de 2013, revisados los mismos no pueden ser considerados para establecer la admisibilidad al ser resoluciones que determinaron por declarar infundados; por ende, no constituyen doctrina legal aplicable que sirva como instrumento de comparación en virtud del principio de igualdad; a esto se suma que al denunciar, que el presente motivo emerge de un incidente planteado en la fase del juicio oral, se reitera lo señalado en el análisis del primer motivo de esta Resolución, en sentido que este Tribunal está impedido de conocer cuestiones incidentales que no emerjan de la emisión estricta de la Sentencia y derive en la expresión del Auto de Vista; estas dos razones permiten negar la admisibilidad del presente motivo por el incumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 de la norma Procesal Penal.


En razón al cuarto motivo, denunciaron primordialmente que, pese a que solicitaron al Tribunal de apelación que observen si las grabaciones fueron obtenidas de forma lícita y legal; sin embargo, señalaron que no pueden revalorizar la prueba, cuando no fue ese el pedido, incurriendo en vulneración del derecho al debido proceso; en ese sentido, invocan como elementos contradictorios los Autos Supremos: 42 de 21 de febrero de 2013 y 136 de 20 de mayo de 2013; los cuales al no constituir doctrina legal aplicable sino resoluciones infundadas no pueden ser tenidos en cuenta para el análisis de fondo, ya que de acuerdo al art. 419 del CPP, solo son considerados como doctrina legal aquellos que dejan sin efecto el Auto de Vista impugnado; consecuentemente, al no darse cumplimiento a los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 el presente motivo deviene en inadmisible.


De la revisión del quinto motivo se verifica, que los recurrentes esencialmente denuncian, que el Tribunal de alzada en los puntos II.2.5 y II.2.7 del Auto de Vista impugnado, no se manifestó coherentemente sobre el agravio reclamado de la incorrecta aplicación de los arts. 146 con relación al 8 del CP y 151 de la misma norma sustantiva, ya que ante la falta de los elementos constitutivos de los ilícitos acusados no constituirían delitos; en tal razón, invocan el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, del cual se establecería, que deben compararse las características de la conducta del sujeto acusado de un ilícito con los elementos constitutivos del delito, lo cual no habría ocurrido en el presente caso; consiguientemente, al haber dado cumplimiento a los presupuestos contenidos en los arts. 416 y 417 de la norma Adjetiva Penal, este motivo deviene como admisible.


Ante el reclamo del sexto motivo, principalmente los recurrentes señalan, que el Tribunal de alzada no realizo el análisis respecto a la valoración probatoria, lo que vulnera sus derechos al debido proceso, defensa y acceso a la tutela judicial efectiva; en ese sentido, si bien invocan el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007 como elemento de contraste; sin embargo, no establecen la contradicción en términos precisos simplemente afirman, que la contradicción radicaría en que la Resolución recurrida no referiría de manera completa al agravio denunciado en apelación restringida, sin identificar la situación de hecho similar, ni precisar si el sentido jurídico asignado al Auto de Vista impugnado no coincide con el del precedente invocado, al haberse aplicado distintas normas o una misma norma con diversos alcances; estos elementos que no contienen la denuncia de este motivo hacen inviable atender el pedido; toda vez, que se incumplió las previsiones establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP, deviniendo el presente reclamo como inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE  el recurso de casación de fs. 5123 a 5136 vta., interpuesto por Jorge Ramiro Ugarte Calizaya y Armando Lema Gonzáles en relación a los  motivos: 1); 2) incs. b), d), e) y f); y, 5) en los términos expresados en el análisis de admisión; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas del Auto de Vista impugnado, así como el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA