TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 080/2016-RA

Sucre, 10 de febrero de 2016


Expediente                : La Paz 170/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Iván Edgar Palacios Pando

Delitos                : Estafa y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de julio de 2015, cursante de fs. 852 a 854 vta., Aida Marañón Altamirano, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 35/2015 de 15 de abril, de fs. 848 a 850, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Iván Edgar Palacios Pando, por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 335, 198, 199 y 203 del todos Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 13/2014 de 4 de noviembre (fs. 821 a 828), el Tribunal Octavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Iván Edgar Palacios Pando, autor de la comisión del delito de Estafa, tipificado por el art. 335 del CP, condenándole a cumplir la pena de tres años de reclusión; asimismo, se declaró absuelto de la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del CP.


b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 832 a 834 vta.), resuelto por el Auto de Vista 35/2015 de 15 de abril (fs. 848 a 850), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedente, el citado recurso, y confirmó la Sentencia apelada.


c) El 30 de junio de 2015 (fs. 851), fue notificada la recurrente con el referido Auto de Vista y el 7 de julio del mismo año, interpuso recurso de casación.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


La recurrente, denuncia defectos absolutos im procedendo e injiudicando que vulneran derechos y garantías constitucionales previstos por el art. 169 incs. 1) y 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), que violan los principios del debido proceso, legalidad y la seguridad jurídica; arguyendo (previa relación de los antecedentes de caso), que en el juicio llevado adelante no se consideró la prueba pre constituida del delito de falsedad consistente en el dictamen pericial por el cual se determinó que se falsificó su firma y que la letra pertenecía al acusado. Además, que la Sentencia no se encuentra fundamentada y es completamente contradictoria, toda vez que señala en su parte de valoración jurídica de la prueba la existencia del hecho pero no se impone la sanción del delito de Falsedad Ideológica; agrega que la Sala Penal Primera no consideró los fundamentos de la apelación restringida y el reclamo oportuno reclamado.


Citó como precedentes contradictorios los Autos Supremos: 245 de 20 de julio de 2005, 273 de 24 de agosto de 2005, 215 de 28 de junio de 2006, 17 de 26 de enero de 2007, 111 de 31 de enero de 2007, 166 de 12 de mayo de 2005, 509 de 16 de noviembre de 2006, 436 de 20 de octubre de 2006 y 210 de 28 de marzo de 2007.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose, que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, transcripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso
indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 30 de junio de 2015 (fs. 851), fue notificado la recurrente con el Auto de Vista impugnado y el 7 de julio del mismo año, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos, se advierte que la recurrente denuncia defectos absolutos im procedendo e injiudicando que vulneran derechos y garantías constitucionales previstos por el art. 169 incs. 1) y 3) del CPP, que violan los principios del debido proceso, legalidad y la seguridad jurídica; argumentando que en juicio llevado adelante no se consideró la prueba pre constituida consistente en el examen pericial que determinó que se falsificó su firma y, por consecuencia, la existencia de los delitos de Falsedad Material e Ideológica, por los que no fue sentenciado el acusado, agregando que, la Sala Penal Primera no consideró los fundamentos de la apelación restringida y el reclamo oportuno reclamado.


Ahora bien, cabe recordar que el recurso de casación es una institución procesal de puro derecho, extraordinario y limitado, y no una tercera instancia, y por lo mismo, la recurrente tiene la obligación de cumplir con presupuestos mínimos que la misma ley exige; en este sentido, la recurrente tiene la carga procesal de invocar precedente contradictorio en términos claros y precisos, y señalar la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado, efectuando la debida fundamentación, la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos, especificando en qué consisten los defectos, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida; es decir, no es suficiente la simple mención, invocación, transcripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva, conforme las reglas establecidas por los arts. 416 y 417 del CPP, aspectos que no fueron cumplidas en el caso en análisis, en el que realizó simples citas de los precedentes contradictorios conforme consta a fs. 854.



Además de ello, si bien denuncia vulneración derechos fundamentales y garantías constitucionales que se constituirían -a decir de la recurrente- en defectos absolutos; sin embargo, únicamente respecto al Auto de Vista señala que, “la Sala Penal Primera no consideró los fundamentos de la apelación restringida y el reclamo oportuno reclamado”; consiguientemente, no especifica menos argumenta, que puntos no hubiesen sido considerados por los Vocales y cual el reclamo oportuno no atendido; reflejando así que, no provee claramente el hecho generador del recurso, cual la disminución de los derechos y el resultado dañoso y relevante por las presuntas omisiones establecidas por el Auto de Vista; constatándose el incumplimiento de los requisitos de flexibilización establecidos por esta Sala Penal; por lo que el motivo deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Aida Marañón Altamirano, de fs. 852 a 854 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA