TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 077/2016-RA

Sucre, 10 de febrero de 2016


Expediente                : Oruro 27/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Alberto Luis Aguilar Calle y otros

Delitos                : Conducta Antieconómica y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 3 de diciembre de 2015, cursantes de fs. 1487 a 1511, 1513 a 1537 y 1556 a 1567 vta., Alberto Luis Aguilar Calle, Tomás López Villarte y Patricia Katherine Jaldín Jallaza, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 24/2015 de 12 de noviembre, de fs. 1428 a 1475, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Gobernación del Departamento de Oruro, Cámara de Artesanos Micro y Pequeños Empresarios del Occidente (C.A.M.P.E.O) y Vice-Ministerio de Anticorrupción contra los recurrentes y Víctor Hugo Moreno Sotomayor, por la presunta comisión de los delitos de Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias, Contratos Lesivos al Estado y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, previstos y sancionados por los arts. 224, 154, 146, 221 y 150 todos del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a) Por Sentencia 12/2014 de 13 de agosto (fs. 1061 a 1154), el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Oruro, declaró a: Alberto Luis Aguilar Calle, autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, Uso Indebido de Influencias y Contratos Lesivos al Estado, tipificados por los arts. 154, 224, 146 y 221 del CP, condenándole a cumplir la pena de seis años y diez meses de reclusión, más cuatrocientos días multa, esto a razón de Bs. 2.50.- por día; a Víctor Hugo Moreno Sotomayor, autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Negociaciones Incompatibles con Ejercicio de Funciones Públicas y Uso Indebido de Influencias, tipificadas por los arts. 154, 150 y 146 del CP, condenándole a cumplir la pena de dos años de reclusión, más cien días multa, esto a razón de Bs. 2.- por día; a Tomas López Villarte, autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Uso Indebido de Influencias, tipificados por los arts. 154, 224 y 146 del CP, condenándole a cumplir la pena de seis años de reclusión, más trescientos días multa, esto a razón de Bs. 2.50.- por día; a Patricia Katherine Jaldin Jallaza, autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, tipificados por los arts. 154 y 224 del CP, condenándole a cumplir la pena de cuatro años de reclusión; y, a Víctor Hugo Moreno Sotomayor, concedió perdón judicial, en observancia del art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 


b) Contra la mencionada Sentencia, los acusados Patricia Katherine Jaldín Jallaza, Alberto Luis Aguilar Calle, Tomás López Villarte y Víctor Hugo Moreno Sotomayor, interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 1161 a 1177 vta., 1179 a 1197 vta., 1212 a 1230 vta. y 1244 a 1259 vta.), resueltos por el Auto de Vista 24/2015 de 12 de noviembre (fs. 1428 a 1475), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedentes los citados recursos y confirmó la Sentencia apelada.


c) El 26 de noviembre de 2015 (fs. 1477, 1481 y 1479), fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista y el 3 de diciembre del mismo año, respectivamente, interpusieron recursos de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Recurso de casación de Alberto Luis Aguilar Calle


1) El recurrente denuncia que la Sentencia contiene una fundamentación insuficiente porque omite considerar los fundamentos de la defensa técnica del imputado expuesta durante el juicio oral, previstos por el art. 370 inc. 5 del Código de Procedimiento Penal (CPP), vulnerando el derecho a la defensa, consagrado por los arts. 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y de la garantía del debido proceso, consagrada por el art. 115.II. de la CPE; previa la ampulosa transcripción de los antecedentes del recurso de apelación restringida, arguye que el Tribunal de alzada afirmó sin ninguna justificación racional y lógica que sus fundamentaciones de defensa técnica (inicial y conclusiva) no tuvieron relevancia, porque las pruebas hubieran sido valoradas, estableciendo un implícita referencia a sus fundamentos de su defensa técnica, y afirma que esa no era la temática denunciada sino otra que no fue expresado. Invoca como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007, 183 de 6 de febrero de 2007, 12/2012 de 30 de enero y 109/2012 de 10 de mayo.


2) Acusa fundamentación insuficiente de la Sentencia impugnada a través del recurso de apelación restringida, prevista por el art. 370 inc. 5) del CPP, vulnerando la garantía del debido proceso en su vertiente del derecho a una Resolución fundamentada con la conculcación del art. 115.II. de la CPE, con relación al art. 169 inc. 3) del CPP, denunciados como defecto absoluto e inconvalidable; una vez transcrito los antecedentes del recurso de apelación, refiere que en Auto de Vista impugnado no ejercitó ninguna mención sobre este elemento impugnatorio de la apelación restringida, sencillamente no hay el mínimo pronunciamiento con relación a este tópico, omisión insalvable que indudablemente deviene en defectuosa. Invoca precedentes, los Autos Supremos 437 de 24 de agosto de 2007, 5 de 26 de enero de 2007 y 172/2012-RRC de 24 de junio.


3) Reclama defecto de Sentencia, previsto por el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, por contener una fundamentación insuficiente porque omite un criterio de valoración de los jueces técnicos y jueces ciudadanos con relación a la prueba documental y la prueba testifical de cargo por una defectuosa valoración de la prueba y ausencia de valoración de prueba, vulnerándose el derecho a la defensa, consagrado por el art. 119.II. de la CPE y de la garantía del debido proceso, preceptuada por el art. 115.II. de la CPE; previa relación de la apelación restringida, sostiene que el Tribunal de alzada no hace fundamentación alguna con relación a este defecto, se limita a sostener en el segundo párrafo del “…II.3 Fundamentos de la presente resolución…” que los jueces hubieran expresado su razonamiento con relación a las pruebas, aplicando las reglas de la sana critica; asimismo, se limitaron a señalar que sus argumentos no cuentan con sustento legal y jurídico, no ejercitaron el más elemental fundamento con relación a los tópicos que integralmente fueron denunciados. Invoco como precedentes, los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007 y 183 de 6 de febrero de 2007.


4) Denuncia la errónea aplicación de la ley sustantiva en lo vinculante a la fijación de la pena, prevista por el art. 370 inc. 1) del CPP; previa transcripción de los antecedentes de la apelación restringida, sostiene que el Tribunal de alzada convalido los defectos del Tribunal de juicio, porque en el tópico fundamentos de su Resolución (apreciación conjunta de la prueba esencial producida), describe sus generales de ley, más no su personalidad y menos los datos vinculados a una individualización de su persona, reiterando que no es cuestión de describir las generales de ley del imputado, que la norma tiene otro sentido; asimismo, refirió que lamentablemente, más allá de la copia casi integral de la Sentencia y de los fundamentos de apelación restringida, no dieron respuesta cabal y jurídicamente fundamentada a todos los aspectos reclamados en lo vinculante al procedimiento que el Tribunal de Sentencia ejerció para determinar el quantum de la pena, reiterando que no es un tema de parámetros entre el mínimo y el máximo de la pena de los delitos sino más bien, de establecer como el Tribunal demostró que su razonamiento fue lógico, coherente y dentro del marco de dosimetría penal y aplicación correcta de las exigencias de los arts. 37 y 38 del CP, y que no se estableció fundamentación sobre el mismo. Invocó los Autos Supremos 99 de 24 de marzo de 2005, 41/2013 de 21 de febrero, 507 de 11 de octubre de 2007 y 172/2012-RRC de 24 de junio.


II.2. Recurso de casación de Tomás López Villarte


1) El recurrente denuncia que la Sentencia contiene una fundamentación insuficiente porque omite considerar los fundamentos de la defensa técnica del imputado expuesta durante el juicio oral, prevista por el art. 370 inc. 5) del CPP, vulnerando el derecho a la defensa, consagrado por los arts. 117.I. y 119.II. de la CPE y de la garantía del debido proceso, preceptuada por el art. 115.II. por la constitución referida; transcrito el recurso de apelación restringida, arguye que el Tribunal de alzada agregó dos componentes sin sentido y explicación, que no es necesario incorporar los fundamentos de la defensa técnica y material del imputado, porque las pruebas están valoradas y asumiendo que la defensa técnica y material del imputado no puso en dudas las acusaciones públicas y particulares (estas últimas ni mencionadas en la Sentencia y menos conocidas por el Auto de Vista). Finalmente, refiere que estos agravios fueron convalidados por el Tribunal de alzada con razonamientos que falta de lógica, claridad y coherencia. Invoca como precedentes, los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007, 183 de 6 de febrero de 2007, 12/2012 de 30 de enero y 109/2012 de 10 de mayo.


2) Reclama la errónea aplicación de los arts. 154, primer párrafo del 224 y 146 del CP, incurriendo en defecto de Sentencia inserto en el art. 370 inc. 1) del CPP; previa relación de los antecedentes del recurso de apelación, argumenta que el Tribunal de alzada asumió la decisión de no dar razón en este tópico porque el hecho acusado no versa en el fondo sobre disposiciones abrogadas y puntualizó que su participación en el presunto hecho esta estrictamente vinculado al incumplimiento de aquella norma administrativa, es decir, el inc. c) del art. 3 del Decreto Supremo 27238, cuando en los hechos, esa disposición estaba vigente hasta el 11 de julio de 2007, que fue la base de su condena, porque de esa norma abrogada se pronunció la Resolución Administrativa 219/2008 de 26 de diciembre, se desprendió su presunta responsabilidad penal. Invoca los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006 y 4/2013 de 31 de enero.


3) Acusa fundamentación insuficiente de la Sentencia impugnada, prevista por el art. 370 inc. 5) del CPP, vulnerando la garantía del debido proceso en su vertiente del derecho a una Resolución fundamentada, con la conculcación del art. 115.II. de la CPE, con relación al art. 169 inc. 3) del CPP, por defectos absolutos; previa redacción del recurso de apelación, refirió que el Auto de Vista recurrido ni siquiera hace un análisis de la subsunción en los términos impugnados, más bien se limitaron a declarar de manera convalidatoría que, el Tribunal de Sentencia estableció la comisión de los hechos punibles, una actuación con pleno dolo (lo que no podría concurrir en el delito de incumplimiento de deberes). Invoco como precedentes, Autos Supremos 437 de 24 de agosto de 2007, 5 de 26 de enero de 2007 y 4/2013 de 31 de enero.


4) Finalmente, denuncia la errónea aplicación de la ley sustantiva en lo vinculante a la fijación de la pena, previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP; redactado la apelación restringida, sostiene que el Tribunal de alzada convalido los defectos del Tribunal de juicio, porque en el tópico fundamentos de su Resolución (apreciación conjunta de la prueba esencial producida), describe sus generales de ley, más no su personalidad y menos los datos vinculados a una individualización de su persona, reiterando que no es cuestión de describir las generales de ley del imputado, que la norma tiene otro sentido; de igual forma, refirió que el Tribunal habría cumplido con su obligación de fundamentar señalando que existe pena razonable, para concluir en seis años de presidio, no resulta en absoluto justo que se haya generado el criterio de “pena razonable, sin explicación alguna de cómo se llegó a ese quantum; asimismo, refirió que lamentablemente, más allá de la copia casi integral de la Sentencia y de los fundamentos de apelación restringida, no dieron respuesta cabal y jurídicamente fundamentada a todos los aspectos reclamados en lo vinculante al procedimiento que el Tribunal de Sentencia ejerció para determinar el quantum de la pena, reiterando que no es un tema de parámetros entre el mínimo y el máximo de la pena de los delitos sino más bien, de establecer como el Tribunal demostró que su razonamiento fue lógico, coherente y dentro del marco de dosimetría penal y aplicación correcta de las exigencias de los arts. 37 y 38 del CP, para alcanzar ese quantum de la pena, y que no se estableció fundamentación del mismo. Invocó como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 99 de 24 de marzo de 2005, 41/2013 de 21 de febrero, 507 de 11 de octubre de 2007 y 172/2012-RRC de 24 de junio.


II.3. Recurso de casación de Patricia Katherine Jaldín Jallaza


1) Denuncia una causal sobreviniente que el Auto de Vista impugnado no cuenta con una debida fundamentación, aspecto que provoca la inobservancia del art. 124 del CPP y constituye defecto absoluto, previsto en el art. 169 inc. 3) de la Ley 1970; arguyendo que la Resolución que ahora impugna, no ha dado respuesta de manera objetiva su postulación recursiva en torno a cada uno de los agravios expresados, limitando en su accionar a una transcripción integral de los recursos de apelación restringida interpuestos y a extractar partes de la Sentencia impugnada, para luego concluir que el fallo impugnado era correctamente pronunciado y los agravios expuestos no tienen sustento legal. Invoca los Autos Supremos 207/2007 de 28 de marzo y 144/2013 de 28 de mayo.

2) Acusa que el Auto de Vista impugnado convalida la errónea aplicación de la ley sustantiva de los arts. 154 y 224 del CP (tipicidad), denunciada en el recurso de apelación restringida, por defecto de Sentencia que se encuentra previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP; por un lado, previa relación del recurso de apelación restringida referido al delito de Incumplimiento de Deberes, refiere que el Auto de Vista recurrido no expone ningún análisis de sus alegatos, limitándose a señalar que la lectura de la Sentencia y su posterior transcripción en el Auto de Vista, demostraría el encuadre en la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, porque en su condición de Directora Administrativa Financiera de la ex Prefectura del Departamento de Oruro, no había observado las normas básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y con ello efectuado el pago de montos de dinero sin cumplir con la normativa que regula los procesos de contratación, lo que significaría la comisión del delito, previsto en el art. 154 del CP, por lo que el Auto de Vista incurre en la misma observación de no establecer con precisión que deber habría incumplido. Por otro lado, luego de la transcripción de la relación del recurso de apelación restringida referido al delito de Conducta Antieconómica, señala que el Auto de Vista impugnado se limitó a señalar que su persona tenía la obligación de rendir cuentas sobre los fondos de avance entregados, aspecto que no resulta siendo real porque en merito a la Resolución Prefectural 285/03, la obligación de rendir cuentas correspondía a los responsables designados para su manejo y no precisamente su persona, empero, más allá de ello no realizaron ningún análisis jurídico de los elementos constitutivos del tipo penal en análisis, convalidando la Sentencia. Invoca los Autos Supremos 431 de 11 de octubre de 2006, 329 de 29 agosto de 2006, 315 de 25 de agosto de 2006 y 67 de 27 de enero de 2006.


3) La recurrente reclama que el Auto de Vista impugnado convalida una Sentencia insuficientemente fundamentada, aspecto que provoca la inobservancia del art. 124 del CPP, por defecto de Sentencia que se encuentra, previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP y constituye defecto absoluto, previsto en el art. 169 inc. 3) de la Ley 1970; refiriendo que la Sentencia condenatoria  pronunciada en su contra, carecería de una adecuada fundamentación probatoria intelectiva en torno al valor otorgado a los medios de prueba, que el Tribunal de alzada convalidó porque se limitó a transcribir su fundamento impugnatorio para luego agregar que la Sentencia contaría con una debida fundamentación, valiéndose de una transcripción de la decisión final consignado de manera generalizada nuevamente los códigos de las pruebas documentales y la lista de testigos de cargo como de descargo. Por lo que se estaría afectando el debido proceso en su vertiente del derecho a la Resolución fundamentada, conculcándose el art. 115.II, 117.II. y 119 de la CPE. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004.


4) Denuncia que el Auto de Vista impugnado convalida una Sentencia insuficientemente fundamentada en lo referente a la imposición de la pena, provocando con ello la inobservancia del art. 124 del CPP y constituye defecto absoluto, previsto en el art. 169 inc. 3) de la Ley 1970; previa relación del recurso de apelación, argumentó que el Tribunal de alzada se limitó a señalar los limites mínimos y máximos de los delitos acusados, (Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica), para concluir manifestando que los cuatro años impuestos se encontrarían dentro de los límites de aquellas normas sustantivas y sostiene que el cuestionamiento jamás fue de haberse extralimitado aquella determinación normativa en cuanto a los mínimos o máximos, sino que la fundamentación de la Sentencia en lo referente a la pena no había considerado las normas legales previstas en los arts. 37 y 38 del CP. Por lo que constituye un defecto absoluto que conculca el derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación de las resoluciones judiciales. Invoca precedentes contradictorios, los Autos Supremos 50 de 27 de enero de 2007, 99 de 24 de marzo de 2005 y 14 de 26 de enero de 2007.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose, que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, transcripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 26 de noviembre de 2015 (fs. 1477, 1481 y 1479), fueron notificados los recurrentes con el Auto de Vista impugnado y el 3 de diciembre del mismo año, respectivamente, interpusieron recursos de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos, antes de ingresar al análisis del juicio de admisibilidad, cabe recordar que el recurso de casación es una institución procesal de puro derecho, extraordinario y limitado, y no una tercera instancia, y por lo mismo, los recurrentes tienen la obligación de cumplir con presupuestos mínimos que la ley exige. Por lo referido, se tiene:


IV.1. Recurso de casación de Alberto Luis Aguilar Calle


Respecto al primer motivo, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada habría convalidado los agravios sufridos en Sentencia, referidos a la omisión consideración de sus fundamentos de la defensa técnica expuesta durante el juicio oral, omitiendo fundamentar porque en la Sentencia están implícitos sus argumentos de su defensa y porque resultaron irrelevantes. Ahora bien, en la especie, invoca como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007 y 183 de 6 de febrero de 2007; sin embargo, el recurrente omite explicar de manera precisa y concreta, la presunta contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes contradictorios invocados; por cuanto, en su explicación se limitó a referir que el Auto de Vista impugnado habría convalidado los agravios de Sentencia (que no habría tomado en cuenta en juicio su defensa técnica y material), sin intentar precisar de la posible contradicción encomendada por ley. También, citó y transcribió los Autos Supremos 12/2012 de 30 de enero y 109/2012 de 10 de mayo, mismos que no pueden considerarse precedentes válidos para realizar la labor de contraste, porque que no fueron invocados en el recurso de apelación restringida, como exige el art. 416 del CPP, que señala que: “El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida”. Por lo que incumple con los requisitos establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP y los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal, porque si bien se ha señalado el derecho a la defensa y el debido proceso como derechos constitucionales vulnerados en Sentencia y confirmados en alzada, y señalado los antecedentes de los hechos generadores; empero, no ha detallado con precisión en qué consiste las restricciones y tampoco ha explicado el resultado dañoso emergente del defecto; por tanto, la decisión judicial será declarar inadmisible.


En lo atinente al segundo motivo, acusa que el Auto de Vista impugnado no ejercitó ninguna mención respecto a los elementos constitutivos de los tipos penales por el que fue condenado, con la omisión de pronunciamiento con relación a este tópico. En respuesta, en el presente motivo, si bien ha invocado como precedentes, los Autos Supremos 437 de 24 de agosto de 2007 y 5 de 26 de enero de 2007; empero, no explica con precisión de qué manera la Resolución de alzada estuviera contradiciendo a los Autos Supremos invocados, porque en su explicación intenta establecer la contradicción entre la Sentencia y los precedentes invocados, olvidándose que este recurso de casación está dirigido a impugnar Autos de Vista contrarios a otros precedentes y no precisamente Sentencias, conforme el art. 416 del CPP. De igual forma, invoca el Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de junio, Resolución que no puede tenerse como válida para verificar la presunta contradicción, porque no fue invocado de manera oportuna como exige el art. 416 del CPP. Por consiguiente, no cumple con los presupuestos establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP y los requisitos de flexibilización referidos en líneas arriba, porque si bien se ha precisado la garantía del debido proceso en su vertiente del derecho a una Resolución fundamentada vulnerada en Sentencia y convalidado por el Tribunal de alzada, y haber referido los antecedentes del hecho generador; sin embargo, no ha detallado con precisión en qué consiste las restricciones, ni ha explicado el resultado dañoso de manera explícita; en consecuencia, el motivo deviene en inadmisible.


Sobre el tercer motivo, reclama que el Tribunal de alzada no realizó fundamentación alguna con relación a la defectuosa valoración de la prueba documental y testifical denunciados en apelación restringida, se limitó a sostener que los jueces hubieran expresado su razonamiento con relación a las pruebas, aplicando las reglas de la sana critica. En este motivo, el recurrente invoca como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007 y 183 de 6 de febrero de 2007, que si bien son precedentes válidos, empero, el recurrente de igual forma omite explicar en términos precisos cuál la contradicción con los argumentos del Auto de Vista impugnado, sin hacer la mínima alusión a que se refiere la doctrina de los precedentes, señalando únicamente que el Tribunal de alzada sin argumentó ni fundamentó, sin desglosar cada una de las denuncias y con la sola transcripción de los fundamentos del recurso y la Sentencia, terminaron sosteniendo que su postulación carece de sustento; como se advierte no existe esa intención de explicar la contradicción, exigida por los arts. 416 y 417 del CPP. Además, tampoco cumple con las condiciones de flexibilización sentadas por este alto Tribunal, porque si bien se ha estableció que en Sentencia se hubieren vulnerado el derecho a la defensa y el debido proceso, que estuvieran convalidadas por el Tribunal de alzada, y otorgado los antecedentes de la misma, pero omite detallar con precisión en qué consiste tales restricciones, y explicar el resultado dañoso; por lo expuesto, el motivo será declarado inadmisible.


Finalmente, con relación al cuarto motivo, denuncia que el Tribunal de alzada convalidó los defectos del Tribunal de juicio, que no habría dado una respuesta cabal y jurídicamente fundamentada, con relación a la falta de fundamentación sobre la imposición de la pena reclamados en apelación restringida. El recurrente en su último motivo, invoca los Autos Supremos 99 de 24 de marzo de 2005 y 507 de 11 de octubre de 2007, en tal caso, si bien invoca precedentes válidos, sin embargo, existe falta de precisión en el señalamiento de las contradicciones en las que hubiese incurrido el Auto de Vista confutada con los Autos Supremos invocados, porque solamente se dedica a reiterar las vulneraciones que hubiese sufrido en Sentencia y que el Tribunal de apelación tampoco hubiere analizado la misma, sumado a ello, transcribe “Doctrina Legal Penal en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” comentados por los doctores Héctor Sandoval Parada y Pedro Gareca Perales, en consecuencia no se advierte por parte del recurrente esa intención de explicar la contradicción exigida por ley. Asimismo, en este mismo motivo, si bien invoca los Autos Supremos 41/2013 de 21 de febrero y 172/2012-RRC de 24 de junio; sin embargo, no merecen ser tomadas en cuenta para la labor de contraste, porque no cumplió en su oportunidad con lo que determina el art. 416 del CPP. Omisiones que no pueden ser suplidas de oficio, por cuanto no se tienen cumplidas los requisitos de los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que el motivo resulta inadmisible.


IV.2. Recurso de casación de Tomás López Villarte


Con referencia al primer motivo, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada habría convalidado los agravios sufridos en Sentencia, vinculados con la omisión consideración de sus fundamentos de su defensa expuestas durante el juicio oral, argumentado que no era necesario incorporar los fundamentos de la defensa, porque no puso en duda las acusaciones públicas y particulares, además estuvieran valoradas las pruebas. De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurrente ha invocado como precedentes, los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007 y 183 de 6 de febrero de 2007, no obstante, no fundamenta de manera clara en que consiste la contradicción entre el Auto de Vista y los precedentes invocados; porque como en el anterior recurso se limitó a explicar que el Auto de Vista impugnado habría convalidado los agravios de Sentencia, sin hacer ninguna referencia al contenido de los Autos Supremos invocados y la posible contradicción. También se advierte que ha invocado los Autos Supremos 12/2012 de 30 de enero y 109/2012 de 10 de mayo, como se refirió en el anterior recurso de casación, son precedentes que no pueden considerarse para el análisis de la presunta contradicción, porque no cumple con lo establecido por el art. 416 del CPP, al no haberse invocado oportunamente, aspectos por las cuales imposibilita realizar a este Tribunal con su labor de contraste. Por lo que el Tribunal de casación no puede ingresar a considerar el motivo deducido porque no cumple con las exigencias de los arts. 416 y 417 del CPP y las condiciones de flexibilización, porque si bien se ha precisado el derecho a la defensa y el debido proceso vulnerados en Sentencia y confirmados en apelación, de igual forma haber precisado los antecedentes generadores, pero se olvida detallar con precisión en qué consiste tales restricciones y explicar el resultado dañoso; por lo argumentado, corresponde declarar la inadmisibilidad del motivo.


Sobre el segundo motivo, reclama que el Tribunal de alzada asumió la decisión de no dar razón, con relación a la errónea aplicación de los arts. 154, 224 y 146 del CP, porque el hecho acusado no habría versado en el fondo sobre disposiciones abrogadas y puntualizó que su participación en el presunto hecho esta estrictamente vinculado al incumplimiento del art. 3 inc. c) del Decreto Supremo 27238, disposición que estuviera abrogada. Al respecto, por una parte, invocó el Auto Supremo 329 de 29 de agosto de 2006, sin embargo, como en los motivos anteriores, se olvida precisar de qué manera el Auto de Vista cuestionado estuviera contradiciendo al precedente invocado; por cuanto, solamente se refirió a las vulneraciones sufridos en Sentencia, convalidados por el Tribunal de alzada. Por otra parte, si bien invocó el Auto Supremo 4/2013 de 31 de enero, no obstante, cabe referir que no puede ser tomando en cuenta para verificar si existe o no la explicación de contradicción, a razón de que no fue oportunamente invocado, tal como lo establece el art. 416 del CPP. Por lo que no cumplió con los requisitos formales de admisibilidad previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; por lo tanto, corresponde declarar inadmisible.


En respuesta al tercer motivo, refirió que el Auto de Vista recurrido de manera convalidatoria, no hizo un análisis de la subsunción en los términos impugnados, con relación a que el Tribunal de Sentencia habría establecido la comisión de los hechos punibles, una actuación con pleno dolo, lo que no podría concurrir en el delito de Incumplimiento de Deberes. Que verificados los requisitos de ley, se constata que se ha invocado como precedentes, los Autos Supremos 437 de 24 de agosto de 2007 y 5 de 26 de enero de 2007, pese a ello, omite explicar de manera precisa la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes contradictorios invocados, porque simplemente señala que el Tribunal de alzada debió revisar la Sentencia impugnada sobre el tópico denunciado, sin tomar en cuenta que la explicación tiene que estar referida a la contradicción y no reiterar vulneraciones. En este mismo motivo, invocó el Auto Supremo 4/2013 de 31 de enero, precedente como se dijo en líneas arriba, no puede ser considerado para ver si existe la explicación de contradicción, porque incumple con lo determinado por el art. 416 del CPP. En consecuencia, al inobservar e incumplir las disposiciones previstas en los arts. 416 y 417 del CPP y los presupuestos de flexibilización, porque a más de haber precisado que en Sentencia se le vulneró la garantía del debido proceso en su vertiente del derecho a una Resolución fundamentada y que habría sido convalido por el Tribunal de apelación, y haber otorgado los antecedentes de hecho generador, empero, se olvida detallar con precisión en qué consiste tales restricciones, y explicar el resultado dañoso; por consiguiente, corresponde declarar inadmisible el motivo.


Respecto al cuarto motivo, denuncia que el Tribunal de alzada convalidó los defectos del Tribunal de juicio, que no habría dado una respuesta cabal y jurídicamente fundamentada, con relación a la fijación de la pena. Para sostener este motivo, si bien invocó como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 99 de 24 de marzo de 2005 y 507 de 11 de octubre de 2007, empero, no señaló en términos precisos de que forma la Resolución hoy impugnada resulta contraria a la doctrina legal sentada por los precedentes, porque como en el anterior recurso, se centró en reiterar las vulneraciones que hubiese sufrido en Sentencia y que el Tribunal de apelación tampoco hubiere analizado la misma. También se advierte que ha invocado los Autos Supremos 41/2013 de 21 de febrero y 172/2012-RRC de 24 de junio, resoluciones como se dijo de manera reiterada no fueron invocados en el recurso de apelación restringida para ser válidas y verificar la presunta contradicción, por no cumplir lo preceptuado por el art. 416 del CPP. Al constatar el incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP, corresponde fallar el motivo en inadmisible.


IV.3. Recurso de casación de Patricia Katherine Jaldín Jallaza


Al primer motivo, denuncia que el Auto de Vista impugnado no cuenta con una debida fundamentación, arguyendo que no ha dado respuesta de manera objetiva su postulación recursiva en torno a cada uno de los agravios expresados, y que los agravios expuestos no tienen sustento legal. Consiguientemente, se advierte que la recurrente, ha invocado, los Autos Supremos 207/2007 de 28 de marzo y 144/2013 de 28 de mayo, no obstante, obvia de manera precisa explicar de qué forma los agravios del Auto de Vista son contrarios a los precedentes invocados, por cuanto, simplemente se dedica a explicar nuevamente los agravios sufridos por parte del Tribunal de apelación alegando que no existe un explicación o justificación racional y completa acerca de los motivos planteados y no refirió nada sobre la posible contradicción con los Autos Supremos citados. Por lo que incumple con lo regulado por los arts. 416 y 417 del CPP; por tanto, el motivo deviene en inadmisible.

Respecto al segundo motivo, acusa que el Auto de Vista impugnado, convalidó la errónea aplicación de la ley sustantiva, (arts. 154 y 224 del CP), que constituye defecto de Sentencia. En el presente caso, se tiene invocados, los Autos Supremos 431 de 11 de octubre de 2006, 329 de 29 agosto de 2006, 315 de 25 de agosto de 2006 y 67 de 27 de enero de 2006, sin embargo, no explicó en términos precisos de que forma la Resolución impugnada resulta contraria a la doctrina legal sentada por los precedentes; por cuanto, de manera confusa, genérica y sin explicar de manera separada las presuntas contradicciones relativas a las vulneraciones de los arts. 154 y 224 del CP, afirma que el Auto de Vista impugnada es contrario a los precedentes invocados, puesto que el Tribunal de instancia dio por probados los fundamentos de la acusación, sin que se haya demostrado en juicio y que habría sido convalidado por el Tribunal de apelación. Por lo que de igual forma no cumplió con la carga procesal, conforme exige los arts. 416 y 417 del CPP; en consecuencia, corresponde declarar inadmisible el motivo. 

Con relación al tercer motivo, reclama que el Auto de Vista impugnado convalido una Sentencia insuficientemente fundamentada, con relación a una adecuada fundamentación probatoria intelectiva en torno al valor otorgado a los medios de prueba (documentales y testificales de cargo y descargo). En respuesta, se tiene que la recurrente ha invocado como precedente contradictorio, el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004, empero, omitió establecer de manera precisa la contradicción entre el Auto de Vista recurrido y el precedente contradictorio invocado, limitando su argumentación a cuestionar la Sentencia, señalar Sentencias Constitucionales y en su parte final, refiriendo que ni el Tribunal de Sentencia, menos el Tribunal de alzada habrían realizado una fundamentación vinculada a los medios de prueba que demostrase la valoración individualizada de la prueba. Por lo que incumple los imperativos de los arts. 416 y 417 del CPP, y los mismos requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal, porque si bien se ha señalado el derecho o garantía constitucional vulnerado el debido proceso en su vertiente del derecho a la resolución fundamentada y ha señalado los antecedentes de los hechos generadores, empero, no ha detallado con precisión en qué consisten las restricciones o disminuciones de los derechos o garantías en el que hubiere incurrido el Tribunal de alzada y menos ha explicado el resultado dañoso emergente del defecto, en consecuencia, la decisión judicial es inadmisible.


Finalmente, al cuarto motivo, denuncia que el Auto de Vista impugnado convalido una Sentencia insuficientemente fundamentada, con relación a la imposición de la pena. De la revisión del recurso de casación, se observa que ha invocado como precedentes, los Autos Supremos 50 de 27 de enero de 2007, 99 de 24 de marzo de 2005 y 14 de 26 de enero de 2007, sin embargo, de igual forma omitió señalar la posible contradicción entre los fundamentos del Auto de Vista impugnado y la doctrina legal asumida en los Autos Supremos conforme señala la norma; por cuanto, reitera acusaciones contra la Sentencia y que hubieran sido convalidados por el Auto de Vista impugnado, además, establece “Doctrina Legal Penal en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” de los doctores Héctor Sandoval Parada y Pedro Gareca Perales, que no es pertinente para establecer una contradicción exigida por ley. Por lo que se advierte una inadecuada técnica recursiva exigida por los arts. 416 y 417 del CPP, y requisitos de flexibilización referidos supra, porque si bien se ha señalado el debido proceso como derecho o garantía constitucional vulnerado y precisado los antecedentes de los hechos generadores; sin embargo, no ha detallado con precisión en qué consiste las restricciones y tampoco ha explicado el resultado dañoso emergente del defecto, por lo que el motivo es inadmisible.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Alberto Luis Aguilar Calle, Tomás López Villarte y Patricia Katherine Jaldín Jallaza, de fs. 1513 a 1537, 1487 a 1511 y 1556 a 1567 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA