TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 040/2016-RRC

Sucre, 21 de enero de 2016


Expediente                        : Chuquisaca 17/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Diego Maza Marupa

Delito                        : Asesinato

Magistrada Relatora                : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de mayo 2015, cursante de fs. 384 a 388 vta., Andrés Mejía Cosme y Fidelia Borras Coaquira, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 155/15 de 28 de abril de 2015, de fs. 298 a 314 y su Auto Complementario de fs. 322  a 323, pronunciados por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y los recurrentes contra Diego Maza Marupa, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


a) Por Sentencia 1/2015 de 13 de enero (fs. 194 a 225 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Distrito Judicial de Chuquisaca, declaró a Diego Maza Marupa, autor de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiéndole la pena de treinta años de presidio, sin derecho a indulto, más costas a favor del Estado y la acusación particular.

b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Diego Maza Marupa formuló recurso de apelación restringida (fs. 238 a 252), que previo memorial de subsanación (fs. 283 a 286), fue resuelto por el Auto de Vista 155/15 de 28 de abril de 2015 (fs. 298 a 314), emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró parcialmente procedente el recurso interpuesto y revocó en parte la Sentencia; en cuyo mérito, dictó nueva Resolución que declaró al imputado autor del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP, modificando en su nomen iuris y su escala penal, imponiendo la pena de dieciocho años de presidio, con costas a favor del Estado y de la acusación particular averiguables en ejecución del fallo, motivando la formulación del presente recurso de casación.

I.2. De los motivos del recurso de casación.


Del recurso de casación y el Auto Supremo 460/2015-RA de 6 de julio, cursante de fs. 408 a 413, se tienen los siguientes motivos a ser analizados:


1) Como primer motivo, los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada al haber admitido el primer motivo de la apelación restringida, planteado por el imputado, habrían incurrido en una revalorización de las pruebas, al disponer el valor que se le debía otorgar a la prueba MP.PD-13, consistente en el Informe pericial Médico Psiquiátrica Forense y tomando en cuenta las conclusiones a las que habría arribado el Tribunal de Sentencia; empero, el Tribunal recurrido no refirió qué tipo de regla de la sana crítica habría sido utilizado para llegar a esta conclusión, limitándose a referir que dicha prueba en su contenido contradijo a la conclusión arribada por el Tribunal de mérito; sin embargo, correspondía que, ante una supuesta incorrecta valoración de la prueba, que el Tribunal A quo le otorgue nuevo valor a la prueba, debiendo determinar el Tribunal de alzada la nulidad del fallo y disponer que el A quo dicte una nueva Resolución, lo cual no ocurrió, pues de manera soslayada el Tribunal de apelación dictó una nueva sentencia modificando el resultado del proceso a raíz de la falsa apreciación de la prueba citada; a este efecto denuncian violación a la garantía de la tutela judicial efectiva en su vertiente al debido proceso, así como el principio de inmediación contempladas en los alcances de los arts. 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal (CPP); al respecto, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 223/2012 de 18 de septiembre, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 229/2012 de 27 de septiembre.


2) En el segundo  motivo, los recurrentes arguyen, que de la revisión del segundo reclamo de la apelación restringida planteada por el imputado, el Tribunal de alzada declaró procedente el mismo, fallando que no se logró demostrar los elementos fútiles y el ensañamiento, ingresando de este modo a interpretar doctrinalmente la alevosía, sin tener una expresión clara respecto al mismo; asimismo, trató de interpretar que el ensañamiento no fue acreditado en virtud de que no se supo si existió incremento del sufrimiento antes de la muerte a la víctima, aspecto claramente determinado a raíz de los cortes que provocaron desangramiento antes de ponerle fin a la existencia de la víctima; es decir, que sí existió ensañamiento. Por otro lado, las autoridades de segunda instancia refirieron que era necesario que la Sentencia refleje los términos de la imputación objetiva para determinar que el acusado hubiere ideado, planificado y ejecutado la muerte de la víctima; sin embargo, con el razonamiento del Tribunal se incurrió en falta de fundamentación en el Auto de Vista a los efectos de dar por acreditado los requisitos que hacen al asesinato y poder con este motivo cambiar el tipo penal  de Asesinato a Homicidio, vulnerando el art. 124 del CPP; al respecto invocaron como precedente contradictorio el Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de julio.


I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes Andrés Mejía Cosme y Fidelia Borras Coaquira, solicitaron “se deje sin efecto el auto de vista No 155/15 y complementario, en su lugar se dicte una nueva resolución” (sic).


I.2. Admisión del recurso.


Por Auto Supremo 460/2015-RA de 6 de julio, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Andrés Mejía Cosme y Fidelia Borras Coaquira, de fs. 384 a 388 vta., únicamente para el análisis de fondo de su primer y segundo motivo, identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


El Tribunal de juicio, en el apartado destinado a la fundamentación probatoria, específicamente la relativa a la prueba de descargo, estableció lo siguiente respecto al informe pericial médico psiquiátrico forense “realizado por el Dr. Víctor Alberto Selaya Gonzales, médico cirujano, Especialista Psiquiatría Especialista en Medicina Legal, otros cursos y seminarios, en más relevante se transcribe dicha pericia:


[…]


- Prueba pericial que si bien fue judicializada a los fines de la presente sentencia; sin embargo, la misma no  él tiene el valor probatorio suficiente para eximir de responsabilidad penal al acusado, por cuanto no obedece a la realidad de los hechos, por cuanto se debe recordar que Diego Maza Marupa tuvo la capacidad suficiente para limpiarse las manos con sangre con papel higiénico, impidiendo que ingresen al cuarto el dueño de casa Freddy Garnica y el policía, resistiéndose a su aprehensión para ser enmanillado, conversando con los policías, recordando hechos que en un estado autómata o con amnesia no podría hacerlo, como refirió el mismo perito en audiencia de juicio oral, aspectos que son desarrollados en las conclusiones de la presente Sentencia” (sic).


II.2.Recurso de apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida, argumentando como primer motivo y con base al art. 370 incs. 1) y 6) del CPP, que el Tribunal de Sentencia incurriendo en errónea aplicación de la ley sustantiva, incurrió en una defectuosa valoración de la prueba y rompiendo los principios de las reglas de la sana crítica, dispuso su condena por el delito de Asesinato, sin derecho a indulto a purgar la condena de 30 años de privación de libertad, concretamente “el INFORME PERICIAL MEDICO PSIQUIÁTRICA FORENSE, la prueba MP.PD-13.- DICTAMEN PERICIAL PSICOLÓGICO” (sic), arguyendo que no se consideró en su justa dimensión y cabalidad los elementos probatorios.


Como segundo motivo alegó  la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva penal en lo referente al delito de Asesinato y las circunstancias de móviles fútiles y de ensañamiento, argumentando en lo sustancial que no sólo debió tomarse en cuenta la agresión sexual de la cual iba a ser víctima, sino también su propia personalidad; además de no haberse considerado, que se produjo una pelea, una discusión y unos murmullos, por lo que en mérito al tiempo que pudo haber durado el hecho juzgado, no podía afirmarse que el propósito de su parte fue prolongar deliberada e innecesariamente el sufrimiento o padecimiento de la víctima.  


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida fue resuelta por el Auto de Vista 155/2015 de 28 de abril que sobre las denuncias planteadas en su parte pertinente, específicamente respecto al primer motivo de apelación, refirió que el Tribunal de Sentencia no le otorgó el valor probatorio suficiente a la prueba pericial en cuestión, siendo el informe minimizado por el A-quo arribando a conclusiones subjetivas para desmerecerla, pese a ser prueba plasmada por un profesional especialista, argumentando que: “la equivalencia de culpabilidad o inocencia, debe ser comprendida en relación a la convicción asumida en el tribunal sobre el conjunto probatorio bajo las reglas de la sana critica, apreciando todos los elementos de prueba incorporados al proceso, ya de manera individual, pero en conjunto; esto es, una vez admitidos, forman el todo o hacen unidad entre sí para producir certeza o convicción, lo que significa que el elemento de prueba conserva su individualidad, pero que una vez reconocido el valor individual del elemento de prueba éste debe ser apreciado en concordancia y convergencia con los demás elementos de prueba. En el caso presente, ello no ha sucedido, pues la valoración se la hizo de forma sesgada poniendo de relieve únicamente a las circunstancias y comportamiento del acusado ocurridos `después´ del hecho y no ´durante´ el hecho lamentable, tal como refiere el punto 5 de la Evaluación Criminodinamica del Delito correspondiente al mentado informe pericial´ […] Estas conclusiones al que arriba el tribunal no explica ni fundamenta, bajo que reglas llega a esa determinación; más bien, tales afirmaciones las hace sobreponiéndose al Informe Pericial Médico Psiquiátrica Forense introducido y judicializado para su valoración. Entonces, si fue ese el razonamiento del Tribunal de grado para concluir que el imputado se encontraba consciente, entonces porque no pensar también, si estando consciente el agresor pudo haberse evadido o fugado después de haber segado la vida de su amigo, con quien estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas desde horas precedentes.” (sic).


Por otro lado, con relación al segundo motivo, refirió que el Tribunal Sentenciador no ha efectuado una verdadera fundamentación jurídica de la imputación objetiva y subjetiva de la conducta del procesado, es decir, no existe fundamentación razonable, coherente y suficiente, respecto al motivo sustancial psicológico, que llevó al imputado a idear, planificar y ejecutar la muerte de Ronald Mejía con los calificantes de Motivos Fútiles y Ensañamiento; asimismo, refirió que se debe tomar en cuenta lo que exige la doctrina para la concurrencia del delito de Asesinato, en su calificante “Ensañamiento”, que necesariamente debe mediar la premeditación y el dolo directo, en términos del elemento psicológico, la elección de los medios para matar ha de estar preordenada por el autor a la causación del sufrimiento extraordinario. De igual forma, recordó que ambos victima e imputado- bebieron juntos desde horas precedentes, que los mismos testigos expresaron que previo al hecho hubo una discusión entre el agresor y la víctima, por una supuesta agresión sexual que hubiese sufrido el acusado, además, el estilete con el que le causó varias heridas no estaba predestinado para eso, sino que el imputado llevaba consigo en su mochila dada su condición de estudiante ya que pasaba clases de dibujo. Seguidamente, destacó al Tratadista y Abogado Criminólogo Argentino Dr. Hugo López Carribero, que señala: “Al igual que el ensañamiento, otro de los modos de ejecución del homicidio calificado es la alevosía, […] se encuentra en el hecho en que se mata a traición, sin riesgo, es decir, sobre seguro y hasta con astucia… (sic). Y finalmente, sostuvo que el elemento calificante de Ensañamiento, puede ser que concurra sin el elemento premeditación, pero nunca sin el elemento psicológico que motive a una persona a quitar la vida a otra con sorpresa y traición.

III. VERIFICACIÓN DE LA CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el caso presente, la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en revalorización de prueba al disponer el valor que debía otorgarse a la prueba MP.PD-13, emitiendo incluso una nueva sentencia modificando el resultado del proceso; e, incurrió en falta de fundamentación al resolver sobre la concurrencia de los requisitos que hacen al delito de Asesinato, correspondiendo resolver ambas problemáticas.


III.1. En cuanto a la denuncia de revalorización probatoria.


En el primer motivo, los recurrentes denuncian errónea interpretación e indebida aplicación de la ley adjetiva penal de los arts. 413 y 414 del CPP, señalando que el Tribunal de alzada habría incurrido en una revalorización de la prueba “Informe Pericial Medico Psiquiátrica Forense, de la prueba MP.PD-13), Dictamen Pericial Psicológico” (sic), refiriendo que dicha prueba fue valorada en su integridad o en su verdadera dimensión, indicando que debió tomarse en cuenta las conclusiones a las que arribó dicha prueba, tampoco utilizó y menos señaló qué tipo de la sana crítica debió haber sido utilizado; cuando lo que correspondía al Tribunal de alzada era determinar la nulidad de la Sentencia y disponer que el Tribunal de mérito dicte una nueva Sentencia, lo cual no ocurrió, pues de manera soslayada el Tribunal de apelación dictó una nueva Sentencia modificando de sobremanera el resultado del proceso a raíz de la falsa apreciación de la citada prueba.


Para este motivo, los recurrentes invocan como primer precedente, el Auto Supremo 223/2012-RRC de 18 de septiembre, que en lo sustancial y pertinente estableció: “La posibilidad de llevar a cabo en segunda instancia, una nueva valoración de las pruebas con resultados diferentes a la realizada por el Juez o Tribunal ante el que se practicó la misma, encuentra su restricción en la aplicación del principio de inmediación, en el entendido de que fue el Juez o Tribunal de Sentencia el `que vio y oyó´. Cuando la apelación se plantea contra una sentencia y el motivo de la apelación verse sobre cuestiones de hechos suscitados por la valoración o ponderación de las pruebas de las que dependa la condena o la absolución del imputado, es necesario el reenvío, para que el Juez o Tribunal pueda resolver tomando conocimiento directo o inmediato de las pruebas”. (El subrayado es nuestro).


Por otro lado, el Auto Supremo 304/2012-RRC de 23 de noviembre, en su parte pertinente, señaló: “El Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber de ejercer el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y que se halle debidamente fundamentada; sin embargo, esto no supone un reconocimiento a la posibilidad de que aquel Tribunal pueda ingresar a una nueva revalorización y en consecuencia cambiar la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; porque de hacerlo desconocería los principios rectores de inmediación y contradicción que rigen la sustanciación del juicio penal, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidación emergente de la vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso; debiendo reiterarse que si bien el art. 413 in fine del CPP, establece que: `Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente´, el alcance de la referida disposición legal, no otorga facultad al Tribunal de apelación de hacerlo respecto a temas relativos a la relación de los hechos o a la valoración de la prueba, que al estar sujetos a los principios citados de inmediación y contradicción, propios del sistema procesal acusatorio vigente en el Estado boliviano, resultan intangibles”.


Finalmente, el Auto Supremo 229/2012-RRC de 27 de septiembre, que precisó: “Es menester que los Tribunales de alzada asuman con precisión los alcances del recurso de apelación restringida, que constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la dictación de la Sentencia; por ello no debe entenderse que dicho recurso sea el medio idóneo que faculte al ad quem, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si se advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, lo que corresponde es anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal.


Se viola el derecho a la defensa y al debido proceso, reconocido por el art. 115.II de la CPE, y existe una inadecuada aplicación de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, revalorizando la prueba rectifica la Sentencia, cambiando la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; decisión que al desconocer los principios de inmediación y contradicción, incurre en defecto absoluto no susceptible de convalidación”.


La doctrina legal aplicable asumida en los precedentes mencionados, al establecer situaciones comunes, dejaron establecido que el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber de ejercer el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y que se halle debidamente fundamentada, pero estando impedido de revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho, que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia en resguardo a los principios de inmediación y contradicción, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, es decir, cambiar la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa, por ello, si se advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, lo que corresponde es anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal.


En el presente caso, como ya se tiene establecido, los recurrentes denuncian que el Auto de Vista incurrió en una presunta revalorización de la prueba, de lo que se advierte la existencia de similitud con la problemática procesal planteada y resuelta por los precedentes invocados, lo que permite ingresar al fondo de la denuncia planteada.


A los fines de resolver este primer motivo, previamente es menester dejar establecido que la actuación y límites de los Tribunales de alzada en la resolución del recurso de apelación restringida ante la denuncia de defectuosa valoración, tiene como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, consistentes en la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano. Es decir, si se ajusta a las reglas de la sana crítica y que se halle debidamente fundamentada, sin que para ello le esté permitido la posibilidad de que aquel Tribunal, pueda ingresar a una nueva revalorización de la prueba o revisar cuestiones de hecho, por la característica de intangibilidad tanto de la prueba y de los hechos, que de hacerlo implicaría un desconocimiento de los principios rectores de inmediación y de contradicción, que rigen la sustanciación del juicio penal, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidación que generan vulneraciones de los derechos a la defensa y al debido proceso; no existiendo en consecuencia la doble instancia y, por ello, el Tribunal de Alzada se encuentra obligado a alguna de las siguientes decisiones: a) Anular total o parcialmente la sentencia ordenando la reposición del juicio por otro juez o tribunal cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; b) Cuando la nulidad sea parcial, indicar el objeto concreto del nuevo juicio; c) Cuando sea evidente que, para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolver directamente el caso.


En el presente caso, cotejando los argumentos esgrimidos por el Tribunal de alzada respecto al reclamo de que se hubiera revalorizado las pruebas periciales, referidos a que en Sentencia no se hubiera valorado íntegramente las pruebas periciales, se tiene que en el Auto de Vista se señaló: Esta parte del informe ha sido minimizado por el A-quo arribando a conclusiones subjetivas para desmerecerla, no obstante que también fue plasmado por un profesional especialista en Psiquiatría, como lo es también el Informe Pericial de Psicología Forense, al cual el Tribunal le otorgó todo el valor probatorio al destacarlo como poco creíble el testimonio del acusado; pues habrá que recordar que la equivalencia de culpabilidad o inocencia, debe ser comprendida en relación a la convicción asumida en el tribunal sobre el conjunto probatorio bajo las reglas de la sana critica, apreciando todos los elementos de prueba incorporados al proceso, ya de manera individual, pero en conjunto; esto es, una vez admitidos, forman el todo o hacen unidad entre sí para producir certeza o convicción, lo que significa que el elemento de prueba conserva su individualidad, pero que una vez reconocido el valor individual del elemento de prueba este deber ser apreciado en concordancia y convergencia con los demás elementos de prueba. En el caso presente, ello no ha sucedido, pues la valoración se la hizo de forma sesgada poniendo de relieve únicamente a las circunstancias y comportamiento del acusado ocurridos `después´ del hecho y no `durante´ el hecho lamentable, tal como refiere el punto 5 de la Evaluación Criminodinámica del Delito correspondiente al mentado informe pericial. Por otro lado, consta también del contenido de la sentencia, la testifical de Cinthia Magali Espinoza Vargas vive como inquilina en el inmueble donde se produjo el hecho quien refirió haber `escuchado una discusión´ producida en el cuarto de la víctima, como murmullo, ruidos como si hicieran caer unos fierros que duro unos 5 minutos. (…) Estas conclusiones al que arriba el tribunal, no explica ni fundamenta, bajo qué reglas de la sana crítica llega a esa determinación; más bien, tales afirmaciones las hace sobreponiéndose al Informe Pericial Medico Psiquiátrica Forense introducido y judicializado par su valoración. Entonces, si fue ese el razonamiento del Tribunal de grado para concluir que el imputado se encontraba consciente, entonces porque no pensar también, si estando consciente el agresor pudo haberse evadido o fugado después de haber segado la vida de su amigo, con quien estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas desde horas precedentes” (sic).


Al respecto, considerando la concepción doctrinaria del recurso de apelación restringida, las facultades del Tribunal a tiempo de su resolución y la imposibilidad de desarrollar una labor de revalorización de la prueba, destacadas ut supra, se identifica en el contenido del Auto de Vista impugnado, que concluyó que esta parte del informe (Informe Pericial Medico Psiquiátrica Forense), fue minimizado por el Tribunal de grado arribando a conclusiones subjetivas, que también hubiere sido plasmado por un profesional especialista en Psiquiatría, como lo es también el Informe Pericial de Psicología Forense, bajo el argumento que debe ser comprendida en relación a la convicción asumida en el Tribunal sobre el conjunto probatorio, que la valoración se la hizo de forma sesgada poniendo de relieve únicamente a las circunstancias y comportamiento del acusado ocurridos después del hecho y no durante el hecho; decisión en la que se constata que incurrió en la revalorización de la prueba, tal como denuncia los recurrentes, por cuanto el Tribunal de alzada realizó una operación intelectual sobre el contenido de la prueba, otorgándole una interpretación distinta a la contenida inicialmente conferida por el Tribunal de Sentencia, examinando contenidos de la Sentencia, referidos a la evaluación criminodinámica del delito, respecto al momento del durante, con el propósito de determinar si el acusado al momento del hecho pudo haber tenido la autonomía psíquica suficiente, de igual forma revisó la conclusión tercera de las conclusiones del informe psiquiátrica forense y sus mismas conclusiones, señalando que el Tribunal de Sentencia no le habría otorgado el valor probatorio suficiente.


Por otra parte, se evidencia en lo sostenido por el Tribunal de azada, afirmaciones aisladas sin pertinencia en sentido de que la testigo Cinthia Magali Espinoza Vargas vive como inquilina en el inmueble quien hubiere escuchado una discusión; sumado a ello, hace afirmaciones subjetivas al señalar: “si fue ese el razonamiento del Tribunal de grado para concluir que el imputado se encontraba consciente, entonces porque no pensar también, si estando consciente el agresor pudo haberse evadido o fugado después de haber segado la vida de su amigo, con quien estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas desde horas precedentes” (sic); siendo pertinente señalar que el Tribunal de juicio estableció en la Sentencia las razones del por qué no tomó en cuenta la prueba pericial psiquiátrica, tal como consta en sus respectivas conclusiones, por lo que correspondía al Tribunal de alzada en ejercicio de las atribuciones que tiene al resolver un recurso de apelación restringida, establecer de manera clara y precisa, de qué modo esas razones vulneraron las reglas de la sana crítica, y al no hacerlo, junto a las demás falencias anotadas, desconoció la prohibición de revalorización de la prueba, así como el principio de inmediación, cuya decisión denota la inobservancia de la doctrina legal contenida en los precedentes citados, incurriendo en defectos  absolutos inconvalidables o situaciones de vulneración de derechos y garantías fundamentales que afecten el debido proceso; por lo que, corresponde declarar fundado el presente motivo.


III.2. Respecto a la denuncia de falta de fundamentación.


En el segundo motivo, los recurrentes acusan al Tribunal de alzada de falta de fundamentación respecto de la acreditación de la ausencia de los Motivos Fútiles y el Ensañamiento, previstos por el art. 252 inc. 2) y 3) del CP, porque concluyó que no se logró demostrar los elementos fútiles y el ensañamiento, sin hacer mención de qué elementos se necesita para determinar lo fútil, es más ni siquiera refirió bajo qué interpretación  determinó que no concurriría dicha circunstancia; asimismo, refieren que el Tribunal de apelación realizó una interpretación doctrinal de la alevosía únicamente sin tener una expresión clara respecto del ensañamiento, y al final trató de interpretar que el ensañamiento no fue acreditado en virtud de que no se supo si existió incremento del sufrimiento antes de la muerte, o fue al contrario; es decir, que no hubo maldad después de haber dado muerte a la víctima. Por otro lado, refirió que era necesario que la Sentencia refleje los términos de la imputación objetiva y subjetiva para determinar que el acusado hubiere ideado, planificado y ejecutado la muerte de la víctima, y finalmente, los recurrentes denuncian que no sólo se incurrió en falta de fundamentación, sino a subjetivar una fundamentación, pretendiendo hacer ver que la imputación objetiva y subjetiva en el caso no se podría dar, pues este hecho surgió a partir de que dos personas decidieron consumir bebidas alcohólicas.


Al respecto, en el recurso de casación, se invoca el Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de julio, que en su parte sustancial señaló: “El Art. 180.I de la Constitución Política del Estado, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece al debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en un recurso. Por ello a los Tribunales de alzada, no les está permitido discrecionalmente determinar o clasificar, qué motivos en su criterio son de fondo y merecen una respuesta fundamentada y qué motivos no tienen relevancia que no merezcan una respuesta debidamente fundamentada”. (La negrilla es nuestra).


Esta Resolución invocada contiene la doctrina legal aplicable exigida por el art. 416 del CPP, referida a la fundamentación y motivación que debe realizar el Tribunal de alzada, por lo que se ingresara al análisis de fondo.


Ingresando al análisis de este segundo motivo, se tiene de la revisión de los antecedentes venidos en casación, que dentro del proceso penal seguido contra el recurrente, se emitió la Sentencia 1/2015 de 13 de enero, que declaró al imputado, autor de la comisión del delito de Asesinato, tipificado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP. Determinación judicial, que ameritó la interposición del recurso de apelación restringida por parte del imputado, bajo el fundamento de inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva y errónea valoración de la prueba, en lo referente al delito de Asesinato y las circunstancias de Motivos Fútiles y la de Ensañamiento, por errónea subsunción del hecho al derecho, previsto por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP y el art. 370 incs. 1) y 6) del CPP, pretendiendo la aplicación del art. 413 de CPP; en consecuencia, se ordene la reposición del juicio por otro Tribunal, o en su caso, bajo el principio de reparación directa, se imponga la condena por el delito de Homicidio por Emoción Violenta e inclusive por el delito de Homicidio Simple o en su caso la circunstancia de semi inimputabilidad. En respuesta a este planteamiento, el Tribunal de alzada, a través del Auto de Vista impugnado, declaró parcialmente procedente el motivo y en el fondo, declaró al imputado, autor de la comisión del delito de Homicidio, tipificado por el art. 251 del CP, modificando en su nomen iuris y su escala penal, imponiendo la pena de dieciocho años de presidio, en aplicación del art. 413 del CPP y principio iura novit curia, por constituirse en un error de derecho, bajo el argumento de que resultaba altamente desvalorado por doloso, condenar por el delito atribuido, que no habría una verdadera fundamentación jurídica en términos de imputación objetiva y subjetiva de la conducta, respecto al elemento psicológico; enfatizando además que la existencia de Ensañamiento exige la premeditación y el dolo directo y que la elección de los medios para matar ha de estar preordenada, también recordó que tanto la víctima e imputado, estuvieron bebiendo juntos horas precedentes, que los testigos expresaron que previo al hecho hubo una discusión entre ambos y que el estilete con el que se le causó varias heridas no estaba predestinado para ello, sino que el imputado llevaba consigo en su mochila dada su condición de estudiante porque pasaba clases de dibujo; y, finalmente, previa referencia doctrinal, puntualizó que el Ensañamiento es igual a la Alevosía, un Homicidio Calificado que se mata sobre seguro y hasta con astucia.


Ahora bien, efectuadas las precisiones anteriores, con relación a la denuncia de falta de fundamentación de la ausencia del Motivo Fútil, cabe primero referir que los motivos son las razones o causas que impulsan al agente a obrar y que influyen sobre la formación del acto voluntario. Y por Fútil se entenderá que es el motivo no proporcionado con el delito, el motivo que por lo exiguo y mezquino no explica la acción criminal, antes bien denota insensibilidad moral en el agente. Aquí entra en caso del que mata para vengar una leve injuria, o por un litigio insignificante. En estos casos, y en otros semejantes, suele decirse vulgarmente que se ha obrado sin motivo. Pero como no existen acciones inmotivadas, solo debe afirmarse que el motivo es fútil o sea inadecuado según la psicología común, para determinar el resultado.


De la revisión exhaustiva del Auto de Vista impugnado, en lo atinente a la denuncia y en respuesta a la misma, se advierte que el Tribunal de alzada no realizó la fundamentación correspondiente, tal y como lo exige la Ley Adjetiva Penal, prevista en el art. 124, omitiendo totalmente referirse respecto a las circunstancias del Motivo Fútil, previsto por el art. 252 inc. 2) del CP, por cuanto como consta en expediente (fs. 309 vta. y 310), después de hacer referencia a que no existe fundamentación razonable, coherente y suficiente, respecto al sustrato o motivo sustancial psicológico, que llevó al imputado a idear, planificar y ejecutar la muerte de Ronald Mejía con el calificante y agravante de Motivos Fútiles y Ensañamiento; el Tribunal de apelación señaló: “teniendo en cuenta además, lo que exige la doctrina para la concurrencia del delito de asesinato, en su calificante `ensañamiento´, que necesariamente debe mediar la premeditación y el dolo directo, en términos de elemento psicológico” (sic); es decir, después de establecer que el imputado no subsumió en los calificantes de Motivos Fútiles y Ensañamiento, pasó directamente a explicar sobre el Ensañamiento, omitiendo pronunciarse de manera fundamentada y motivada por qué no concurre en el caso de autos, la agravante del Motivo Fútil; razón por el cual, no se tiene acreditado de forma expresa y clara la fundamentación, lo que supone en consecuencia ser evidente lo argumentado por la parte recurrente, cuando refiere que en ninguna parte se hizo mención de qué elementos se necesita para determinar lo fútil y bajo qué interpretación se determinó su inconcurrencia en el presente caso; por lo que se concluye que el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista impugnado, no ajustó su actuación a lo que establece el Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de julio, que fue citado como precedente contradictorio, que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado. Además, debe considerarse que la motivación o fundamentación de una resolución judicial se halla cumplida cuando el juzgador expresa sus convicciones determinativas que justifican razonablemente su decisión, lo que no sucede en el presente caso.


Con relación a la denuncia de falta de fundamentación de la ausencia de Ensañamiento; previo al análisis es pertinente señalar, que el delito de Asesinato, en su calificante Ensañamiento, exige la concurrencia de  elementos objetivos y subjetivos, el primero referido a que la agonía de la víctima signifique un padecimiento no ordinario e innecesario, sino extraordinario; el segundo, relativo a que el padecimiento infringido a la víctima debe ser un acto de crueldad del agente. En ese ámbito, la doctrina destaca: “... la agravante de ensañamiento supone el causarle sufrimientos innecesarios a la víctima antes de que muera, recreándose el agente con el dolor sufrido ... objetivamente se requiere el aumento del dolor del sujeto pasivo. El tipo subjetivo exige no sólo el dolo de matar, sino además que el autor en la ejecución de su acción busque que la víctima sufra antes de morir...” (Llobet Rodríguez Javier y Rivero Sánchez Juan Marcos, “Comentarios al Código Penal” editorial Juriscentro, San José. 1ª edición, 1989, págs. 23 y 24). Esto significa, que para el ensañamiento, se requiere la concurrencia de un elemento objetivo (dolor o sufrimiento innecesarios) y además de uno subjetivo: no sólo el dolo de matar, sino también la clara y manifiesta voluntad del agente en disfrutar con ese dolor de su víctima, a la que hace sufrir innecesariamente.


Ahora bien, de los argumentos de los recurrentes y los fundamentos esgrimidos por el Auto de Vista impugnado, se advierte ser cierto lo denunciado por los recurrentes, en sentido de que el Tribunal de alzada al ingresar al Ensañamiento realizó una interpretación doctrinal de la alevosía únicamente, sin tener una expresión clara respecto del Ensañamiento, siendo sin embargo destacar que no es evidente que haya interpretado que el Ensañamiento no fue acreditado en virtud de que no se supo si existió incremento del sufrimiento antes de la muerte o después de la muerte, porque en ninguna parte del contenido de la resolución de alzada se advierte algún argumento con referencia a que si el sufrimiento causado fue antes o después de la muerte.


Asimismo, los recurrentes sostienen en su recurso de casación, que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación y a subjetivar, al señalar que era necesario que la Sentencia refleje los términos de la imputación objetiva y subjetiva, para determinar que el acusado hubiere ideado, planificado y ejecutado la muerte de la víctima; que este hecho surgió a partir de que dos personas decidieron consumir bebidas alcohólicas; y, por ello estos extremos no debían ser acogidos como fundamentos, toda vez que no existe los elementos de imputación objetiva, además, la idealización, la planificación y la ejecución, no es un proceso que deba darse durante horas, sino la misma puede ser desplegada en segundos. Al respecto, se evidencia que el Tribunal de alzada, sin la debida fundamentación, intentó destacar que el Tribunal sentenciador no efectuó una verdadera fundamentación jurídica en términos de la imputación objetiva y subjetiva, más concretamente “respecto al sustrato o motivo sustancial psicológico” que llevó al imputado a idear, planificar y ejecutar la muerte de la víctima con el calificante y agravante de Motivos Fútiles y Ensañamiento, es decir, lo que trató de justificar es por qué no se subsume a la agravante de Ensañamiento en su elemento psicológico, con el criterio de que en el Ensañamiento debe mediar la premeditación, el dolo directo y que la elección de los medios para matar ha de estar preordenada, pues se constata que el Auto de Vista impugnado, tratando de justificar la falta de concurrencia del preordenamiento, se limitó a señalar que el estilete con el que se le causó varias heridas a la víctima no estaba predestinado para ello, sino que el imputado lo llevaba en su mochila por su condición de estudiante para pasar clases de dibujo.


Es decir, la denuncia de los recurrentes queda demostrada en el hecho de que el Tribunal de alzada soslayó que el Tribunal de Sentencia estableció que tanto el imputado y la víctima, se encontraban solas en una habitación y que el imputado conforme la prueba judicializada, siempre de acuerdo a la conclusión del Tribunal de mérito, produjo múltiples heridas en la humanidad de la víctima, provocándole aproximadamente el 50% de las cortaduras en vida causándole sufrimiento, destacando que después de haber herido a la víctima, no bastándole con las lesiones ocasionadas, la arrastró a la habitación para continuar provocándole mayores heridas, algunas más profundas que otras y para evitar que pidiese ayuda cortó o cercenó el cuello; lo que supone, que el Tribunal de alzada no fundamentó ni motivó adecuadamente con relación a la crueldad como elemento subjetivo de la circunstancia calificante de Asesinato; siendo necesario señalar que la cantidad de heridas en el cuerpo de la víctima no constituye por sí el elemento determinante en la existencia del ensañamiento, siendo exigible comprobar que la repetición de las lesiones respondió a la intensión deliberada de aumentar el sufrimiento, sabiendo el agente que tal situación no era indispensable para consumar la muerte de la víctima; correspondiendo en consecuencia al Tribunal de alzada, de forma directa al tratarse de aspectos enteramente jurídicos, que no ameritan el reenvío de la causa, establecer fundadamente con base a los hechos tenidos como probados por el Tribunal de Sentencia, establecer si en el hecho que motiva el presente proceso, concurrió no sólo el elemento objetivo, sino también el subjetivo, esto es, si en la actuación del imputado se establece de forma inequívoca que, junto a la intención homicida, medió un claro deseo de recrearse en el dolor y sufrimiento del occiso o si en su caso, se aprecia la existencia de un comportamiento alevoso, en sentido de que el imputado para provocar la muerte de la víctima, aprovechó de que ella estaba en una grave condición física, debido a que las primeras heridas que recibió determinaron que no pueda oponer la mínima resistencia al ataque, es decir, si el imputado obró sobre seguro, teniendo en cuenta que en este último supuesto se requiere que el sujeto activo haya buscado esa situación de indefensión, o bien que se haya querido aprovechar de la situación de indefensión en que encontró a la víctima, de modo que en ambos supuestos el sujeto haya querido actuar sin riesgo para sí.


Por las razones expuestas, al evidenciarse contradicción entre el Auto de Vista impugnado con el precedente invocado corresponde declarar fundado el presente motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y lo previsto por el art. 419 del CPP,  DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 155/15 de 28 de abril de 2015, de fs. 298 a 314 y determina que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes hagan conocer la presente Resolución a los Tribunales y Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala comuníquese el presenta Auto Supremo al Consejo de la Judicatura a los fines del ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA