TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 753/2015-RA

Sucre, 02 de diciembre de 2015


Expediente        : Santa Cruz 93/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Iver Vega Benegas 

Delito        : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de mayo de 2015, cursante de fs. 430 a 432 vta., Iver Vega Banegas, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 22 de 15 de abril de 2015, de fs. 422 a 427, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48, con relación al art. 33 inc. m), ambos de la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)  En mérito a la acusación pública (fs. 2 a 7), y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 28/2012 de 11 de diciembre (fs. 358 a 366 vta.), emitida por el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Iver Vega Banegas, absuelto de culpa y pena del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48, con relación al art. 33 inc. m), de la Ley 1008.


b)   Contra la referida Sentencia, el Ministerio Público formuló recurso de apelación restringida (fs. 370 a 375), resuelto por el Auto de Vista 39 de 2 de mayo de 2014 (fs. 391 a 394 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 681/2014-RRC de 27 de noviembre (fs. 412 a 416 vta.), habiéndose emitido el Auto de Vista 22 de 15 de abril de 2015 (fs. 422 a 427), por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró admisible y procedente el citado recurso y revocó la Sentencia absolutoria y deliberando en el fondo, declaró a Iver Vega Banegas, autor de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 y 33 inc. m) de la Ley 1008, siendo condenado a quince años de presidio y se le impone una multa de trescientos días a razón de Bs. 2 por cada día y con costas que serán reguladas en ejecución de Sentencia, debido a la incautación de volúmenes mayores de las sustancias controladas, adicionalmente se dispuso la confiscación definitiva a favor del Estado de los bienes de propiedad que hubieran sido incautados y secuestrados en la causa de conformidad a los arts. 71 y 119 de la Ley 1008. 


c)   El 18 de mayo de 2015 (fs. 429), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista y el 22 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


Luego de efectuar una relación de antecedentes, el recurrente argumenta que el Auto de Vista recurrido ha basado su determinación en supuestos y la aseveración contradictoria del policía asignado al caso, ya que considera que la Sentencia fue emitida con análisis detallado y sistemático sin vulnerar preceptos básicos, ni principios universales o constitucionales y procesales (legítima defensa, valoración de la prueba, absoluta objetividad en la evaluación de la prueba) conteniendo un análisis objetivo de los hechos históricos vinculados al ilícito acusado, para luego culminar en su absolución, es así que adujo que las pruebas aportadas por el Ministerio Público resultaron insuficientes y contradictorias, que el oficial que intervino en el operativo indicó que vio a su persona acercarse a la choza sin que se le haya encontrado sustancia controlada ni dinero, lo cual afirma- es correcto, ya que iba llegando al predio con el fin de cobrar los alquileres del terreno; sin embargo, el Tribunal ad quem indica en forma “rápida” que se le encontró en flagrancia, lo cual cuestiona señalando que si la fábrica o la factoría se encontraban en la choza, él fue aprendido llegando a la choza para cobrar sus alquileres devengados, por lo que asevera no existe prueba en su contra y si hubiere estado comprometido con el ilícito se habría dado a la fuga, ya que vio a los policías desde lejos y sin embargo, para ver lo que sucedía en su terreno llego a preguntar qué pasaba y ahí es cuando fue detenido, siendo maltratado para que se inculpe del hecho que es de conocimiento del Ministerio Público de esa fecha, afirmando también que el policía asignado al caso “lógicamente” debe defender su “temeraria” conclusión y el Tribunal de alzada se dejó llevar al condenarle por un delito que no cometió.


Asimismo, niega la afirmación del Tribunal de alzada al señalar que fue detenido en forma flagrante porque habría sido encontrado en posesión de cocaína  hábilmente camuflada dentro de su fundo rustico, porque si bien éste es de su propiedad, lo alquiló a terceras personas y en el contrato no se consignaba que debía controlar el trabajo en agricultura; empero, el Tribunal Ad quem sostiene que tenía pleno conocimiento de lo que realizaban y que pretendió valerse de un contrato de alquiler para deslindar su responsabilidad, argumentación que considera ligera, antojadiza y alejada de la verdad, puesto que no desvirtuaron su posición; no obstante, con esa supuesta prueba fue condenado y como con la prueba consistente en un pantalón encontrado en la choza que refiere se lo puso y le quedo a la medida y en el bolsillo se encontró muestras de cocaína; empero, no se probó que era suyo, cuando fue comprobado por los investigadores que otras personas escaparon del lugar, en consecuencia, asevera que no hay coherencia ni objetividad en la investigación, tampoco en la valoración de la prueba por el Tribunal de alzada incurriendo en una valoración defectuosa de la prueba, refiriendo que en el desarrollo del proceso se basó únicamente en los informes presentado por un grupo de la FELCN que fue desarrolla el operativo, las diligencias de policía judicial no demostraron si es que la sustancia controlada era de su propiedad o que hubiera tenido conocimiento de su existencia, que la testifical ofrecida por el Ministerio Publico son declaraciones contradictorias y que la única prueba incriminatoria es lo informado literalmente por el asignado a la investigación y la misma cocaína de la cual no se discute su incautación lo cual demuestra que no existiría evidencia que demuestre su responsabilidad o que haya estado traficando, guardando o transportando y citando el “art. 48” (sic), dice que en el presente caso, no sabía de la existencia de esa droga y que al dictarse Sentencia condenatoria se tiene que tener plena prueba y convicción de que el delito demandado fue cometido sin que exista duda y si se demuestra la culpabilidad se derrumba el principio de presunción de inocencia de lo contrario se estarían moviendo en presunciones con las que no se puede condenar a nadie peor a una persona inocente como en este caso.


Adicionalmente, refiere que de acuerdo al art. 408 del Código de Procedimiento Penal (CPP) debe citarse concretamente las disposiciones erróneamente aplicadas lo cual asegura que dio cumplimiento fundamentando de manera separada cada violación, arguyendo que en la fundamentación jurídica del Auto de Vista se indica que el hecho de haberle hallado flagrantemente ilícita y a sabiendas en poder de sustancias controladas encuadra su accionar en las previsiones y sanciones del delito de tráfico de sustancias controladas y en el art. 48 de la Ley 1008, lo cual considera que no es correcto y su accionar no se adecua al delito, por lo que afirma constituye una errónea aplicación de la ley sustantiva de la citada norma legal incurriendo en un defecto de la Sentencia de acuerdo al art. 370 inc. 1 del CPP, lo cual afirma le causa agravio, asimismo, alega que en la fundamentación del Auto de vista establece que está demostrado que su conducta se encuadra a la citada norma legal y reitera que se hizo errónea aplicación del delito, también, señala que el Tribunal de alzada debió evidenciar en el acta de juicio que ésos argumentos no fueron probados que traficó con esa sustancia controlada y considera que no es correcta la afirmación del Auto de Vista en cuanto a que los delitos de la Ley 1008 son de peligro contra la moral, la seguridad y la salud pública y que en el presente caso, se trata de un delito consumado, ya que desde el momento que los imputados ponen en marcha los mecanismos de transporte de la droga no requiere para la consumación del delito un resultado y precisa que la aplicación que pretende en el art. 363 del CPP, es decir, su absolución.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; empero, “El derecho a recurrir es un derecho condicionado, su ejercicio va a depender de la concurrencia de los presupuestos y requisitos legalmente establecidos” (Rosa Pascual Los recursos en el Código de Procedimiento Penal); por lo cual los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, deben observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


Dentro de ese mismo contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la Resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos, la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que, este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, en los supuestos antes destacados, de acuerdo a lo siguiente:


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.-


En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su impugnación qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación, no mereció o merecieron debida fundamentación; o sobre qué cuestiones se incurrió en omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos, o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: 1) Especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 18 de mayo de 2015 (fs. 429), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista y el 22 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Respecto al agravio denunciado, el recurrente reitera sucesivamente que el Auto de Vista impugnado se basó en supuestos y la afirmación contradictoria del policía asignado al caso, y considera que la Sentencia fue emitida con análisis detallado y sistemático sin vulnerar preceptos básicos, ni principios universales o constitucionales y procesales, conteniendo un análisis objetivo de los hechos históricos vinculados al ilícito acusado, para luego culminar en su absolución; añade que las pruebas del Ministerio Público son insuficientes y contradictorias, que el oficial que intervino en el operativo indicó que vio a su persona acercarse a la choza sin que se le haya encontrado sustancia controlada ni dinero, ya que iba llegando para cobrar los alquileres del terreno; sin embargo, el Tribunal ad quem indica que se le encontró en flagrancia, lo cual cuestiona afirmando que no existe prueba en su contra haciendo referencia a algunos hechos facticos acontecidos a momento de su detención, negando la afirmación del Tribunal de alzada que fue detenido en forma flagrante porque habría sido encontrado en posesión de cocaína hábilmente camuflada dentro de su fundo rustico, que tenía pleno conocimiento de lo que realizaban en el lugar y que pretendió valerse de un contrato de alquiler para deslindar su responsabilidad, argumentación que considera ligera, antojadiza y alejada de la verdad, puesto que no desvirtuaron su posición; no obstante, con esa supuesta prueba fue condenado, como la consistente en un pantalón encontrado en la choza que se lo puso y le quedo a la medida y en el bolsillo se encontró muestras de cocaína, sin que se haya probado que era suyo, en consecuencia, asevera que no hay coherencia ni objetividad en la investigación, tampoco en la valoración de la prueba por el Tribunal de alzada incurriendo en una valoración defectuosa, haciendo hincapié en la prueba producida en juicio concluyendo que no existiría evidencia de su responsabilidad, para luego referirse al art. 408 del CPP asegurando que dio cumplimiento fundamentando de manera separada cada violación, arguyendo que en la fundamentación jurídica del Auto de Vista se indica que el hecho de haberle hallado flagrantemente ilícita y a sabiendas en poder de sustancias controladas encuadra su accionar al delito de Tráfico de Sustancias Controladas (art. 48 de la Ley 1008), aspecto que considera no es correcto y su accionar no se adecua al delito, por lo que afirma constituye una errónea aplicación de la ley sustantiva de la citada norma legal incurriendo en el defecto contenido en el art. 370 inc. 1 del CPP causándole agravio, asimismo, alega que en la fundamentación del Auto de Vista establece que está demostrado que su conducta se encuadra a la citada norma legal y reitera que se hizo errónea aplicación del delito, también señala que el Tribunal de alzada debió evidenciar en el acta de juicio que ésos argumentos no fueron probados que traficó con esa sustancia controlada y considera que no es correcta la afirmación del Auto de Vista en cuanto a que los delitos de la Ley 1008 son de peligro contra la moral, la seguridad y la salud pública y que en el presente caso, se trata de un delito consumado, finalizando con señalar que pretende la aplicación del art. 363 del CPP su absolución.


Sobre este motivo se observa que el recurrente no cumplió con la carga procesal de invocar los precedentes presuntamente contradictorios en relación al Auto de Vista impugnado, menos se dio a la tarea de explicar de manera clara, precisa y debidamente fundamentada, respecto a cuál la situación de hecho similar y principalmente en qué consistiría la contradicción en relación a lo determinado en el Auto de Vista ahora impugnado, evidenciándose el incumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; de la misma forma se evidencia que el recurrente, tampoco ha cumplido los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal, ya que si bien identifica el hecho generador, pero no explica mínimamente menos fundamenta el resultado dañoso de la presunta omisión y la relevancia en el resultado final; omisión que imposibilita a este Tribunal que en el marco de la certeza y objetividad, pueda ingresar excepcionalmente al fondo del recurso, más aún si la referida omisión en la técnica recursiva no puede ser suplida de oficio, aclarando también, que el recurrente realiza -en parte- la copia de su primer recurso de casación, sin considerar que nos encontramos ante un nuevo Auto de Vista (que contiene nuevos fundamentos) el cual fue dictado justamente en cumplimiento al Auto Supremo 681/2014-RRC, de 27 de noviembre; por lo que el recurso y el motivo en sí, devienen en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Iver Vega Banegas, de fs. 430 a 432 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA