TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 741/2015-RA

Sucre, 02 de diciembre de 2015


Expediente                : Santa Cruz 87/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Wilson Murillo Zurita

Delito                : Violación en Grado de Tentativa Agravada


RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de marzo de 2015 cursante de fs. 188 a 189 vta., se interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 26 de 10 de diciembre de 2014, de fs. 174 a 176 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Wilson Murillo Zurita, por la presunta comisión del delito de Violación en Grado de Tentativa Agravada, previsto y sancionado por el art. 308 con relación a los arts. 310 inc. 3) y 8 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   Por Sentencia 10/14 de 30 de julio de 2014 (fs. 116 a 120), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró al imputado Wilson Murillo Zurita, autor y culpable de la comisión del delito de Violación en Grado de Tentativa Agravada, previsto y sancionado por el art. 308 con relación a los arts. 310 inc. 3) y 8 del CP, condenándolo a la pena de seis años y seis meses de reclusión a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, con costas a ser fijadas en ejecución de Sentencia, más la multa de doscientos días a razón de Bs.- 2 (dos bolivianos) por día.

b)  Contra la mencionada Sentencia, el imputado Wilson Murillo Zurita interpuso recurso de apelación restringida (fs. 122 a 131), resuelto por Auto de Vista 26 de 10 de diciembre de 2014, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso y confirmó la Sentencia apelada.


c)   Por diligencia de 10 de marzo de 2015 (fs. 181), el imputado fue notificado con el referido Auto de Vista y el 11 del mismo mes y año, se interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


En el recurso se denuncia que durante la declaración informativa, el imputado fue presionado para que incurra en contradicción, actuación en la que el Ministerio Público no debió obtener información manifestándole la existencia de pruebas incriminatorias; por otra parte, estuvo asistido por una abogada que no era de su preferencia y en la audiencia de juicio oral pretendió decir su verdad en sentido de que no hubo ninguna tentativa de violación, sino un problema familiar de un dinero que su madre le había quitado, versión que no le dejaron declarar; asimismo, en la imputación formal, el Ministerio Público no presentó el certificado de nacimiento de la supuesta víctima, tampoco el examen psicológico, no se realizó un examen de alcoholemia para verificar su condición, simplemente se basaron en un certificado médico forense que advierte que la víctima no presenta lesiones nuevas en los genitales, que las maniobras referidas no dejaron huella corporal alguna; sin embargo, en su denuncia se declaró que hubo forcejeo, sin que tenga un solo rasguño.


Agrega que hubo contravención a los arts. 130 y 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque la acusación se presentó después de siete meses y nueve días; es decir, sobrepasando los seis meses que dispone la ley, que la notificación para la audiencia conclusiva se encuentra borroneada con una nota del oficial de diligencias que dice “corregido corre y vale”, notificación que señalaba el término para presentar prueba de descargo, la misma que carece de validez, porque no cumplió con el requisito exigido en el art. 164 del CPP, incurriéndose en las causales de nulidad previstas en el art. 166 incs. 3) y 5) del mismo Código.


El recurso concluye que el imputado fue llevado a juicio con un proceso viciado de errores, atentando sus derechos y abusando de su condición económica y su ignorancia en materia legal, violentándose las garantías constitucionales establecidas en los arts. 109, 115, 116, 117.I, 119 y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y los arts. 1, 5, 6, 8 y 9 del CPP, vulnerándose los principios del debido proceso, el derecho a la defensa y presunción de inocencia, existiendo además actividad procesal defectuosa.

III.ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN


En cuanto al examen de admisibilidad del recurso de casación, este Tribunal debe verificar entre otros aspectos, la concurrencia de impugnabilidad subjetiva, entendida como el poder de recurrir que la norma otorga exclusivamente a determinados sujetos procesales, teniendo en cuenta que el segundo párrafo del art. 394 del CPP, señala que: "El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiese constituido en querellante".


Es así, que respecto a la legitimación activa para impugnar una resolución judicial, el Auto Supremo 175/2012-RA de 27 de julio, estableció lo siguiente: “…por Auto Supremo 093/2012-RA de 9 de mayo, esta Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, al referirse a la legitimación activa para interponer el recurso de casación, señaló que el art. 180.II de la CPE, reconoce y garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, derecho que en materia penal es de carácter personalísimo, que debe ser ejercido por quien tenga legitimidad activa, conforme se entiende de lo dispuesto por el primer párrafo del art. 394 del CPP; de esta norma se infiere que, tiene legitimación activa para recurrir de una resolución judicial dictada en un juicio penal, el sujeto procesal que hubiera sufrido algún agravio, entre estos están el imputado, la parte acusadora, la víctima y en su caso el defensor público quien no requiere de mandato conforme dispone el art. 109 del CPP, por ello corresponde precisar que el abogado patrocinador particular carece de facultad para interponer recursos en representación de su defendido, esto porque la defensa en materia penal es personalísima.


En ese sentido, el citado Auto Supremo, precisó que: ...el abogado particular carece de legitimidad activa para interponer recursos en representación de su defendido, esto por no ser la persona directamente afectada con los supuestos agravios que contendría el Auto de Vista recurrido, al respecto el Tribunal Constitucional al precisar la legitimidad activa concluyó afirmando que: `...corresponde al afectado que directamente acredita interés en el asunto y en quien recaen las consecuencias jurídicas de la resolución o acto de la autoridad que se impugna´ (Sentencia Constitucional 0134/2002-R de 20 de febrero). Por su parte la Corte Suprema con respecto a la legitimidad activa y al derecho de recurrir preciso lo siguiente: el derecho de recurrir corresponde a quien le sea expresamente permitido por ley, y no estándole permitido ejercer ese derecho al abogado patrocinador, como en la especie se pretende...´ (Auto Supremo 349 de 17 de junio de 2009)".


Ahora bien, de la revisión a prima facie del recurso de casación sujeto a análisis, se verifica que no se encuentra firmado por el imputado, sino, únicamente por la abogada Sirley C. Zeballos Carvajal, constando que también suscribe el memorial por la parte imputada, situación que hace que este Tribunal no pueda ingresar a revisar el presente recurso, pues como se precisó precedentemente,  el derecho de recurrir le corresponde a quien le sea expresamente permitido por ley, conforme señala el art. 394 del CPP; y si bien, el art. 109 del referido Código, establece que los defensores estatales podrán representar a su defendido en todas las instancias del proceso sin necesidad de poder expreso; sin embargo, esta disposición se encuentra limitada a los defensores de oficio y defensores públicos, pero no así a los defensores particulares, pues si bien el imputado durante la causa fue asistido por el Servicio de Defensa Pública, no existe constancia que la abogada que suscribe el memorial de casación sea parte de la citada Institución ni que concurra con anterioridad a este actuado procesal, disposición que establezca que fuera defensora de oficio.


Consecuentemente, la mencionada abogada, no se encuentra legitimada para la interposición del presente recurso en representación de su defendido, toda vez que el recurso de casación debió ser firmado por el imputado, aspecto que no ocurrió en el presente caso, por lo cual deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 188 a 189 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA