TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 737/2015-RA

Sucre, 02 de diciembre de 2015


Expediente                : Pando 20/2015        

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Jhon Darío Rodríguez Portillo

Delito                : Asesinato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de Octubre de 2015, cursante de fs. 179 a 180 vta., Jhon Darío Rodríguez Portillo, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 21 de septiembre de 2015 de fs. 174 a 177 vta., pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc. 3) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes remitidos en casación, se establece lo siguiente:


a)   Por Sentencia 25/2015 de 23 de abril de 2015 (fs. 28 a 36), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, falló declarando a Jhon Darío Rodríguez Portillo,  autor del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc. 3) del CP, imponiéndole la pena de treinta años de presidio, sin derecho a indulto y el pago de costas, daños y perjuicios en ejecución de Sentencia.

b)  Contra la Sentencia emitida, el imputado interpuso apelación restringida (fs. 141 a 145 vta.), resuelta por Auto de Vista de 21 de septiembre de 2015 emitido por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando (fs. 174 a 177 vta.), que declaró improcedente el recurso de apelación y confirmó la Sentencia apelada.

c)  El de 15 de Octubre de 2015 (fs. 178), fue notificado el imputado con el referido Auto de Vista y el 22 de octubre de 2015, interpuso el recurso de casación sujeto a examen de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION


De la revisión del recurso de casación, se extrae como motivo, el siguiente:


1)   El recurrente denuncia la existencia de defecto absoluto por el incumplimiento del art. 318 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 8 de la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, al referir que el Presidente del Tribunal de Juicio tuvo la calidad de Juez Cautelar Primero en lo Penal que conoció el proceso en la fase investigativa, encontrándose dentro de las causales de excusa prevista en el inc. 1) del art. 316 del citado Código, antecedente por el que se encontraba impedido de tramitar el juicio oral, extremo objetado pero desestimado en juicio, por lo que efectivizó la reserva de apelación, dejándose establecida la nulidad de la Sentencia y de la resolución apelada, en aplicación del parágrafo III del art. 17 de la Ley 025 del Órgano Judicial (Nulidad de Actos Determinada por Tribunales), situación que vulnera las garantías del debido proceso y el juez natural.


2)   Por otra parte, previa invocación de los Autos Supremos 290/2012, 002/2014, 153/2013, 033/2013 y 470/2012, en calidad de precedentes, el recurrente refiere que fueron emitidos en una situación similar sobre un hecho de asesinato, resultando contradictorios en su planteamiento, porque se aplicaron las mismas normas con diferentes alcances, ante la existencia de prueba insuficiente para una Sentencia condenatoria que fue ratificada por el Tribunal de alzada en contra de la jurisprudencia invocada, al estar basada en la declaración de dos testigos que no fueron presenciales del hecho, así como en presunciones que no constituyen prueba.


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; empero, “El derecho a recurrir es un derecho condicionado, su ejercicio va a depender de la concurrencia de los presupuestos y requisitos legalmente establecidos” (Rosa Pascual Los recursos en el CPP); por lo cual los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, deben observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


Dentro de ese mismo contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o  no de contradicción entre el falle impugnado con los precedentes invocados.

Para la admisibilidad del recurso de casación, es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)     Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la Resolución impugnada.


ii)   Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii)   Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS


En el caso de autos, se constata que el recurrente cumplió con el primer requisito de forma relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que el 15 de octubre de 2015, fue notificado con el Auto de Vista impugnado, presentando el recurso de casación el 22 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días que le otorga la norma procesal penal.


En cuanto a los demás requisitos, se evidencia que el recurrente en el primer motivo, denuncia la concurrencia de defecto absoluto por el incumplimiento del art. 318 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, cuestionando la actuación del Presidente del Tribunal de Juicio, que desempeñó la función de Juez Cautelar dentro del mismo proceso investigativo, incurriendo en una de las causales de excusa previsto en el art. 316 inc. 1) del CPP, aspecto que fue objetado y desestimado en el acto de juicio por lo que hizo reserva de apelación. En ese sentido, al amparo del art. 169.3) del CPP, argumenta la nulidad de la Sentencia de acuerdo al parágrafo III del art. 17 de la LOJ, ante la vulneración de las garantías del debido proceso y el juez natural, correspondiendo el análisis de fondo de la problemática planteada al constatarse que el recurrente suministra los datos necesarios para que este tribunal de manera excepcional, verifique la existencia o no de vulneración de derechos y garantías constitucionales, teniendo en cuenta los presupuestos de flexibilización desarrollados en el acápite anterior del presente fallo.


Con relación al segundo motivo, se tiene que el recurrente se limita a cuestionar la sentencia condenatoria emitida en su contra, que fue confirmada en apelación por el Tribunal de alzada, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 290/2012, 002/2014, 153/2013, 033/2013 y 470/2012; sin embargo, a más de enfatizar que estarían referidos a una situación similar, no establece de manera clara, precisa y fundada, cuál la contradicción de cada uno de esos fallos con la resolución impugnada, incurriendo en una omisión que no puede ser suplida de oficio, más cuando se advierte que los dos primeros Autos Supremos declararon a su turno infundados los recursos de casación que fueron de conocimiento de este Tribunal, por lo que carecen de doctrina legal aplicable en los términos previstos por el art. 417 segundo párrafo del CPP y que el resto de los fallos invocados como precedentes efectuaron examen de admisibilidad de casaciones formuladas, careciendo también de doctrina, impidiendo de esa manera que esta sala desarrolle la labor de contraste que la ley le asigna, razón por la cual no es posible resolver en el fondo el presente motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación de fs. 179 a 180 vta., interpuesto por Jhon Darío Rodríguez Portillo, únicamente para el análisis de fondo del primer motivo identificado en el acápite II inc. 1) de este fallo. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA