TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 709/2015-RA

Sucre, 30 de noviembre de 2015


Expediente        : Tarija 60/2015

Parte Acusadora        : Guadalupe Damiana Jurado Ruiz

Parte Imputada        : Germán Gareca Condori y otras

Delitos        : Difamación y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 9 de septiembre de 2015, cursante de fs. 281 a 293, Guadalupe Damiana Jurado Ruiz, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 45/2015 de 7 de agosto, de fs. 260 a 263, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por la recurrente contra Dora Polica Miranda Choque, Edith Baldiviezo Condori, Lucinda Cadena Ortiz de Ruiz y Germán Gareca Condori, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 37/2014 de 20 de noviembre (fs. 211 a 220 vta.), la Jueza Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Tarija, declaró a Dora Polica Miranda Choque y Edith Baldiviezo Condori, autoras de la comisión del delito de Difamación e Injuria, previstos y sancionados en los arts. 282 y 287 del CP, imponiéndoles la sanción de seis meses de prestación de trabajo en una institución que la Juez de Ejecución Penal disponga, más el pago de multa de cien días a razón de Bs.5.- por día y costas; y, a Lucinda Cadena Ortíz de Ruiz, autora de la comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, imponiéndole la sanción de un año de reclusión, más multa de cien días a razón de Bs. 5.- por día y prestación de trabajo de seis meses en una institución que la Juez de Ejecución Penal disponga y costas, concediéndole al mismo tiempo el perdón judicial y, finalmente, con relación a Germán Gareca Condori, absuelto de los delitos acusados.

b)   Contra la mencionada Sentencia, las imputadas Edith Baldiviezo Condori, Dora Polica Miranda Choque y Lucinda Cadena Ruiz, formularon recurso de apelación restringida (fs. 223 a 229 vta.), resuelto por el Auto de Vista 45/2015 de 7 de agosto (fs. 260 a 263), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró con lugar el recurso planteado y anuló la Sentencia.


El 2 de septiembre de 2015 (fs. 265 vta.), fue notificada la recurrente con el referido Auto de Vista y el 9 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los antecedentes venidos en casación, se extraen los siguientes motivos:


1)  El recurrente aduciendo agravios y vulneraciones flagrantes en el Auto de Vista recurrido, bajo el subtítulo “AGRAVIO Y ANALISIS DEL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL AUTO DE VISTA RECURRIDO, PUNTO II. 2 Y 3.” (sic), señala que el Tribunal de alzada, pretendió justificar alegando que las manifestaciones vertidas por las imputadas, fueron exteriorizadas en un reclamo de la comunidad, que si bien se tiene el derecho a realizar manifestaciones y protestas, pero, por otro lado, están sus derechos de persona a la reputación, imagen, dignidad, decoro como mujer y autoridad y sobre todo el derecho al honor de toda persona a ser tratada acorde a su condición humana, que no sean quebrantados bajo el argumento de protesta, como erróneamente fundamenta el Tribunal de alzada, pues las difamaciones, calumnias e injurias, han sido demostrados en juicio oral, por lo que, existe una franca vulneración al debido proceso en su vertiente a la fundamentación y legalidad, además, del principio de seguridad jurídica.


Cita el Auto Supremo 89 de 25 de abril de 2012 y 344 de 15 de junio de 2011.


Agrega que es incorrecta la interpretación del Auto de Vista impugnado para  considerar la ausencia de dolo y mal se puede decir que por ello existe errónea aplicación de ley sustantiva a delitos catalogados contra el honor, cuyo bien jurídico vulnerado que debían ser protegidos como lo hizo la justa Sentencia considerando que las versiones se hicieron con la intención de dañar el honor, la dignidad e imagen, con conocimiento y uso de sus aptitudes volitivas e intelectuales, identificados con los medios de prueba producidos en cumplimiento a los principios de inmediación, contradicción y concentración, valorados conforme a las reglas de la sana crítica y estando presente en la conducta de los acusados los elementos de la acción, tipicidad y culpabilidad; por lo que, el Tribunal de apelación no está facultado para revalorizar la prueba y expresar las conclusiones asumidas.


2)   Bajo el epígrafe “AGRAVIO Y ANALISIS DEL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL AUTO DE VISTA RECURRIDO, PUNTO II. 4.” (sic), denuncia que el Tribunal de alzada fundamentó refiriendo la función pública que ejerce, la sujeción al control social y al cuestionamiento espontáneo manifestado en el derecho natural a la protesta; actitud que pretende justificar la conducta reprochable de las imputadas, que por ser funcionaria pública, debe sopesar expresiones que atenten su dignidad, que no pueden ser consideradas como espontáneas ya que tenían la finalidad de dañar su dignidad y honor. Respecto al derecho de protesta, alude que no implica desmedro y transgresión a sus derechos, cuestiones que redunda el Auto de Vista, que sin embargo, no fueron debatidos en el juicio, tampoco, reclamados en el recurso de apelación de las imputadas y al declararse con lugar el agravio, se ha incurrido en defecto absoluto inconvalidable previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, contraviniendo el debido proceso y la seguridad jurídica.

Cita el Auto Supremo 276 de 5 de octubre de 2007.


3)   Siempre el alusión al segundo Considerando del Auto de Vista y, al punto “II. 5”, acusa que el Tribunal de apelación al expresar que no es necesario referirse a los demás agravios del recurso de apelación restringida, porque no ocasionará variación en la decisión asumida, incurrió en omisión de pronunciamiento porque impide conocer las razones y fundamentos de los reclamos expresados, violentando el debido proceso, seguridad jurídica, generando un defecto absoluto inconvalidable.


Cita los Autos Supremos 448 de 12 de septiembre de 2007, 340 de 28 de agosto de 2006, 512 de 11 de octubre de 2007 y 349 de 28 de agosto de 2006.


III. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA HACER VIABLE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)    Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia. b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente. c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN


En el caso de autos, se establece que el 2 de septiembre de 2015 (fs. 265 vta.), la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado y el 9 del mismo mes y año, formuló recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad, en el primer motivo detectado, la recurrente relacionó que el Tribunal de alzada pretendió justificar que las manifestaciones vertidas por las imputadas, fueron exteriorizadas en virtud a un reclamo de la comunidad en uso del derecho a reclamar, dejando de lado sus derechos de persona a la imagen, reputación, dignidad, decoro como mujer y autoridad y sobre todo el derecho al honor de toda persona a ser tratada acorde a su condición de ser humano, ante delitos que fueron demostrados en juicio. Relacionó igualmente que el Auto de Vista impugnado, asumió la ausencia de dolo en la conducta de las imputadas que hubiere dado lugar a errónea aplicación de ley sustantiva, sin tomar en cuenta la intencionalidad dolosa de dañar el honor la imagen y dignidad, probados con los medios de prueba producidos y valorados debidamente en la Sentencia, que para asumir estas conclusiones, el Tribunal de alzada procedió sin facultad a revalorización de la prueba. Sobre este motivo, el recurrente invocó los Autos Supremos 89 de 25 de abril de 2012 y 344 de 15 de junio de 2011, empero, se limitó a realizar la transcripción de la parte de la doctrina legal aplicable, sin haber realizado la explicación de la situación de contradicción entre los precedentes invocados y el Auto de Vista impugnado, incumpliendo de esta forma el entendimiento asumido en el art. 417 del CPP, aspecto que imposibilita efectuar la correspondiente labor de contraste.


No obstante lo anterior, este Tribunal no puede soslayar que la recurrente fundamentó la vulneración a sus derechos constitucionales, que podrían generar defectos absolutos inconvalidables de acuerdo a lo previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP; identificando sus derechos presuntamente vulnerados al debido proceso en su componente a la debida fundamentación, seguridad jurídica y el principio de legalidad, explicando la forma como hubieren sido restringidos; por lo que, se observa el cumplimiento y observación de los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal en el acápite III del presente Auto Supremo, haciendo viable la admisión del motivo analizado para su análisis en la Resolución de fondo.


Con relación al segundo motivo que denuncia la actitud del Tribunal de apelación, al pretender justificar la conducta reprochable de las imputadas, y que por ser funcionaria pública debe sopesar expresiones que atenten su dignidad, que no pueden ser consideradas como espontáneas ya que tenían la finalidad de provocar daño. Respecto al derecho de protesta, alude que no debe implicar desmedro y transgresión a sus derechos, habiendo sido estos aspectos redundados en los fundamentos del Auto de Vista recurrido, que sin embargo, no fueron debatidos en el juicio, tampoco, reclamados en el recurso de apelación de las imputadas y al declararse con lugar el agravio, se ha incurrido en defecto absoluto inconvalidable previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, contraviniendo el debido proceso y la seguridad jurídica. Igualmente, en el motivo presente el precedente invocado consistente en el Auto Supremo 276 de 5 de octubre de 2007, solo fue transcrito, sin que se haya realizado la explicación clara y precisa de la situación de contravención con la Resolución que se impugna, como ineludiblemente le correspondía para posibilitar la labor de contraste.


Sin embargo, ante la alusión de situaciones de presunta vulneración de derechos o garantías fundamentales al debido proceso y seguridad jurídica que pudieren ocasionar defectos absolutos, mismas que de acuerdo a las advertencias plasmadas en el acápite III de la presente Resolución, referidos a los presupuestos de flexibilización para  la admisión del motivo por vía excepcional, se evidencia que el recurrente ha realizado la debida explicación del hecho vulneratorio precisando la magnitud del acto violatorio dañoso que implique restricción o disminución del derecho o garantía con consecuencias procesales de trascendencia constitucional, aspectos que conllevan a admitir el motivo considerando esta vía excepcional.


En cuanto al tercer motivo, la recurrente acusa que el Tribunal de apelación al expresar que no es necesario referirse a los demás agravios del recurso de apelación restringida porque no ocasionará variación en la decisión asumida, incurrió en omisión de pronunciamiento, impidiendo conocer los fundamentos de los reclamos expresados en el recurso de apelación de las imputadas. Planteamiento que cuenta con la invocación de los precedentes establecidos en los Autos Supremos 448 de 12 de septiembre de 2007, 340 de 28 de agosto de 2006, 512 de 11 de octubre de 2007 y 349 de 28 de agosto de 2006, mismo que no presentan una clara y precisa explicación de la situación contrastiva al Auto de Vista impugnado como advierte el art. 417 del CPP, cuya omisión en principio hace inadmisible el motivo, pero como se advirtió en el análisis de los casos anteriores, no se puede soslayar, la alusión manifestación de la existencia de presuntos defectos absolutos por vulneración de derechos fundamentales como al debido proceso a la seguridad jurídica, explicando los alcance y la forma como hubiere sido restringidos, aspecto que cumple los presupuestos de flexibilización establecidos en el acápite III, que posibilita ingresar al análisis de fondo a efectos de determinar si efectivamente existen la vulneraciones de los derechos que relaciona.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Guadalupe Damiana Jurado Ruiz, de fs. 281 a 293; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del artículo mencionado, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA