TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 707/2015-RA

Sucre, 30 de noviembre de 2015


Expediente                : Tarija 57/2015        

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        : Richard Fita Mamani

Delito        : Suministro de sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 14 de septiembre de 2015, cursante de fs. 97 a 103 (foliado erróneamente como fs. 67 a 73), Richard Fita Mamani, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 48/2015 de 11 de agosto, de fs. 94 a 95 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Suministro de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)  En mérito a la acusación fiscal de fs. 28 a 30, mediante Procedimiento Abreviado, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunció la Sentencia 12/2015 de 25 de marzo (fs. 67 a 69), por la que declaró al imputado Richard Fita Mamani, autor y responsable de la comisión del delito de Suministro de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley 1008, imponiéndole la pena privativa de libertad de ocho años de presidio, a cumplir en la cárcel Pública de “Morros Blancos” de la ciudad de Tarija, sin costas al Estado; asimismo se le sanciona con el pago de quinientos días de multa a razón de Bs.- 1 (un boliviano) por día, más el pago de daños y perjuicios a favor del Estado y costas procesales a favor del Ministerio Público en la suma de quinientos bolivianos a depositarse en la cta. 1-1174428 del Banco Unión.

b)  Contra la referida Sentencia, el imputado Richard Fita Mamani, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 75 a 78 vta.); resuelto por Auto de Vista 48/2015 de 11 de agosto (fs. 94 a 95 vta.), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


c)   Notificado el recurrente Richard Fita Mamani con el mencionado Auto de Vista el 07 de septiembre de 2015 a fs. 96 (erradamente foliado como fs. 66), interpuso recurso de casación el 14 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II.  DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:

1)   El recurrente como primer agravio, denuncia que el Auto de Vista recurrido carece de la debida motivación, respecto a las denuncias que realizó en su recurso de apelación restringida, siendo las siguientes: i) errónea aplicación de la norma sustantiva; por cuanto, el Tribunal de Sentencia, al momento de dictar Sentencia, lo hizo en base a su declaración de culpabilidad, violando el art. 374 última parte del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin realizar una debida valoración de la prueba presentada por el Ministerio Público, ya que no se hubiere determinado si su conducta se adecuaba o no al tipo penal de Suministro de Sustancias Controladas u otro tipo penal, vulnerando los principios de tipicidad, legalidad y iura novit curia, que les facultaba modificar el tipo penal endilgado por el de Tentativa de Suministro de Sustancias Controladas; ya que, los 26 gramos de marihuana estaba en un solo paquete y no se encontraba distribuida para suministrarse; sin embargo, el Auto de Vista impugnado, se limitó a señalar que el art. 51 de la ley 1008 describiría las exigencias para que el hecho sea calificado como Suministro y no como Tentativa, criterio que a decir del recurrente, no cumpliría con el principio del debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación; puesto que, no explicó por qué su conducta no podría ser calificado como Tentativa de Suministro de Sustancias Controladas, citando además la resolución recurrida, el Auto Supremo 345/2015 de 03 de junio, lo cual afirma, no responde a su denuncia; por cuanto, en ningún momento se demostró que su persona estaba entregando o traspasando a otras personas la marihuana, que se encontraba envuelto en un solo paquete y no fraccionado; aspecto, que no fue analizado por el Tribunal de alzada al momento de realizar el control de la calificación de los hechos; por el contrario, habría realizado una interpretación sesgada del citado Auto Supremo señalando, que bastaba estar en posesión para entender que se encontraba en plena actividad de Suministro, evidenciándose que se efectuó una interpretación alejada de los principios de legalidad e inocencia; toda vez, que el Auto Supremo 345/2015 a decir del recurrente, establece que el tipo penal de Suministro de Sustancias Controladas, es un delito de resultado que tiene como verbos rectores, entregar, suministrar, traspasar o provisionar a cambio de lucro personal; sin embargo, en su caso, no existiría prueba que sustente, que se encontraba en una de esas acciones; y, ii)  que el Tribunal ad quo, no había hecho una correcta valoración de las pruebas; empero, el Tribunal de alzada, se limitó, a señalar, que el Ad quo realizó la valoración de la prueba llegando a la conclusión de que se habría demostrado la existencia del hecho perpetrado por su persona, existiendo suficiente prueba que demuestre la configuración del hecho consolidado con el reconocimiento con la solicitud de salida alternativa; argumento, que a decir del recurrente, no precisa de qué manera el Tribunal de juicio hubiere asignado el valor a cada una de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, no efectuando el control que le faculta el art. 407 del CPP, lo cual demostraría, que el Auto de Vista carece de la debida fundamentación, defecto previsto en los arts. 370 inc. 5) del y 169 inc. 3) del CPP, vulnerando los arts. 124 de la citada ley, y art. 8 incs. 1) y 2) del Pacto de San José de Costa Rica. Como precedente invoca el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto; argumentando, que en su caso el Tribunal de alzada no especificó clara y concretamente en cuál de los argumentos se basaron para confirmar la Sentencia, ya que, no recibió una respuesta con fundamento fáctico y jurídico ante su denuncia de incorrecta valoración de las pruebas, así como de la falta de análisis de los hechos que se le atribuyen sin realizar una operación lógica conforme a la sana crítica respecto a que no se encontraba suministrando la marihuana en ningún momento, vulnerando el debido proceso en sus principios de congruencia y iura novit curia.


2)    Refiere, que los de alzada no se pronunciaron sobre los Autos Supremos que invocó en apelación restringida, entre ellos el 200/2013-RRC de 2 de agosto, referido a la calificación del hecho a un determinado tipo penal; 105/2007 de 31 de enero; 111/2005 de 2 de abril, señalando sobre éste último, que no se pronunció con relación al tipo penal de Suministro de Sustancias Controladas en Grado de Tentativa.  Añade que, para reforzar su tesis del delito de suministro de Sustancias Controladas en grado de tentativa, invocó el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, citado dentro del Auto Supremo 200/2013-RRC, donde se subsumió la conducta del imputado al tipo penal de Tentativa de Suministro de Sustancias Controladas, situación por la que asevera, que en su caso correspondería que se lo condene por el delito de Suministro en grado de Tentativa; toda vez, que los precedentes, establecieron la obligatoriedad de la adecuación de los hechos al tipo penal, la fundamentación sobre los elementos que la configuran y sobre el delito de Suministro en Grado de Tentativa; empero, el Tribunal de apelación, no se habría pronunciado en absoluto, incurriendo en incongruencia omisiva, e infracción del principio tantum devolutium quantum apellatum; atentando al derecho a la defensa y al debido proceso.


Finalmente refiere, que el Auto de Vista recurrido contradice los Autos Supremos 396/2014-RRC de 18 de agosto, 200/2013-RRC de 2 de agosto, 105 de 31 de enero de 2007, 111 de 2 de abril de 2005, 431 de 11 de octubre de 2006 y “”345/2015”.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)    Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se evidencia que el recurrente cumple con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 7 de septiembre de 2015 (fs. 95 (erradamente foliado como a fs. 66), presentando su recurso de casación el 14 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de cinco días previstos por el art. 417 del CPP.


Ahora bien, respecto al primer motivo, en el que denuncia que el Tribunal de alzada hubiere incurrido en falta de fundamentación respecto a sus denuncias referidas a: i) errónea aplicación de la norma sustantiva; por cuanto, la sentencia se habría basado en su declaración de culpabilidad, aspecto que violaría el art. 374 del CPP; no considerándose que los 26 gramos de marihuana estaba en un solo paquete y no se encontraba distribuida para suministrarse; sin embargo, el Tribunal de apelación no habría explicado por qué su conducta no podía ser calificado como Tentativa de Suministro de Sustancias Controladas, realizando por el contrario una interpretación sesgada del Auto Supremo 345/2015 de 3 de junio, que a decir del recurrente, establece que el tipo penal de Suministro de Sustancias Controladas, sería un delito de resultado que tiene como verbos rectores, entregar, suministrar, traspasar o provisionar a cambio de lucro personal; sin embargo, en su caso, no existiría prueba que sustente, que su persona se hubiere encontrado en una de esas acciones; y, ii) que el Tribunal ad quo, no había hecho una correcta valoración de las pruebas; limitándose el Tribunal de alzada a señalar, que el Ad quo realizó la valoración de la prueba llegando a la conclusión de que se habría demostrado la existencia del hecho perpetrado por su persona; no precisando, de qué manera el Tribunal de juicio hubiere asignado el valor a cada una de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, lo cual demostraría, que el Auto de Vista carece de la debida fundamentación, constituyendo defecto absoluto, vulnerando el debido proceso y los arts. 124 de la citada ley, y art. 8 incs. 1) y 2) del Pacto de San José de Costa Rica.


Sobre el referido agravio, el recurrente invoca el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto; empero, corresponde a una resolución que fue declarado infundado; en consecuencia, no contiene doctrina legal aplicable, aspecto que impide a este Tribunal efectuar su labor encomendada por ley.


No obstante lo anterior, el recurrente denuncia la concurrencia de defectos absolutos, señalando como antecedentes generadores del hecho, (que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación respecto a sus denuncias referidas a: i) errónea aplicación de la norma sustantiva; y, ii) defectuosa valoración de las pruebas); así mismo, identificó como derecho vulnerado (el debido proceso), explicando que la restricción de sus derechos y, el resultado dañoso emergente del defecto consiste en (la confirmación de la sentencia). De la fundamentación expuesta, se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV, del Presente Auto Supremo, haciéndose viable la admisión de este motivo para su análisis en la resolución de fondo. 


Con relación al segundo motivo, en el que denuncia que el Auto de Vista recurrido incurrió en incongruencia omisiva; por cuanto, no se habría pronunciado sobre los Autos Supremos 200/2013-RRC de 2 de agosto, 105/2007 de 31 de enero; 111/2005 de 2 de abril; y, 431 de 11 de octubre de 2006 que invocó en apelación restringida, incurriendo en infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum; atentando al derecho a la defensa y al debido proceso. Sobre este reclamo el recurrente invoca los Autos Supremos 396/2014-RRC de 18 de agosto, 200/2013-RRC de 2 de agosto, 111 de 2 de abril de 2005, 431 de 11 de octubre de 2006 y ”345/2015”; empero, si bien señala a que se referiría cada una de ellas, no explica por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos de los precedentes invocados, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente motivo, sumándose a dicha negligencia que los Autos Supremos 396/2014-RRC de 18 de agosto, 200/2013-RRC de 2 de agosto y 111 de 2 de abril de 2005, corresponden a resoluciones que fueron declarados infundados; en consecuencia no contienen doctrina legal aplicable.


Sin embargo, en la fundamentación de este motivo, el recurrente denuncia la vulneración de derechos constitucionales, habiendo proporcionado los antecedentes generadores del hecho, (que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre los Autos Supremos que invocó en apelación restringida); así mismo, identificó los principios y derechos vulnerados (tantum devolutum quantum apellatum, la defensa y el debido proceso), explicando que el Tribunal de alzada, tiene la obligación de dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes; en consecuencia, cumplidos como están los presupuestos de flexibilización, este motivo también deviene en admisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Richard Fita Mamani de fs. 97 a 103 (erradamente foliadas como fs. 67 a 73); asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del art. 418 del CPP, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA