TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 704/2015-RA

Sucre, 30 de noviembre de 2015


Expediente                : Tarija 54/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Oscar Rogelio Guerrero Díaz

Delitos                : Peligro de Estrago y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 02 de septiembre de 2015, cursante de fs. 226 a 234 vta., Oscar Rogelio Guerrero Díaz, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 44/2015 de 05 de agosto, de fs. 201 a 203 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Peligro de Estrago, Agio y Engaño en Productos previstos y sancionados por los arts. 208, 226 y 236 todos del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a)   En mérito a la acusación pública (fs. 10 a 11 vta.), y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, por Sentencia 02/2012 de 23 de abril (fs. 119 vta. a 121), la Jueza Primera de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al imputado Oscar Rogelio Guerrero Díaz, absuelto de culpa y pena de la comisión de los delitos  de Peligro de Estrago, Agio y Engaño en Productos Industriales, tipificados y sancionados por los arts. 208, 226 y 236 del CP, dejando sin efecto toda medida cautelar de carácter real y personal contra el imputado, sin costas.


b)  Contra la mencionada Sentencia el representante del Ministerio Público, formuló recurso de apelación restringida (fs. 141 a 142 vta.), resuelto por Auto de Vista de 112/2014 de 07 de  octubre (fs. 158 a 161); que fue dejado sin efecto por el Auto Supremo 169/2015-RRC de 12 de marzo (fs. 192 a 197); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija pronunció el Auto de Vista 44/2015 de 05 de agosto, (fs. 201 a 203 vta.), que declaró con lugar el recurso de apelación y procedentes las cuestiones planteadas; por ende, anuló la Sentencia apelada, y en observancia del art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispuso la reposición del juicio por el Juzgado Segundo de la capital.


c)   Notificado el recurrente con el Auto de Vista ahora impugnado, el 26 de agosto de 2015 (fs. 204), el 02 de septiembre del mismo año, interpuso recurso de casación, sujeto al presente examen de admisibilidad.

 

II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 226 a 234 vta., se extrae el siguiente motivo:


El recurrente denuncia, que el Tribunal de alzada, en el punto II.1 del Auto de Vista recurrido, copió inextenso el fundamento del Auto de Vista anulado, en el que sólo le quitaron y cambiaron algunas palabras de la fundamentación y con un criterio subjetivo, sin que exista adecuada motivación legal, los Vocales de la Sala Penal, determinaron anular nuevamente la Sentencia, con un fundamento totalmente apartado de la Ley, sin tomar en cuenta que la Jueza de mérito aplicando la sana crítica, lógica y la experiencia prevista en el art. 173 de la Ley Adjetiva Penal y siguiendo la doctrina de la SSCC 1543/2013 dictó la Sentencia Absolutoria y lo correcto en el presente caso era declarar sin lugar el recurso de apelación restringida interpuesto por el Ministerio Público por la razones citadas; empero, con ese defecto a criterio del recurrente, se vulneró el debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación de las resoluciones y del principio de legalidad, que afecta al principio de seguridad jurídica, infringiendo el art. 124 del CPP, provocando defecto absoluto y entrando en contradicción con los Autos Supremos 169/2015 de 12 de marzo, y conforme a los Autos Supremos 494 de 2 de noviembre de 2003 y 312/2012 de 23 de marzo, argumentando que con los antecedentes citados el presente Recurso de casación debe admitirse de oficio; sobre este agravio invoca los Autos Supremos 368 de 17 de septiembre de 2005, 440 de 30 de agosto de 2001, 55 de 9 de marzo de 2010, 342 de 28 de agosto de 2006, 349 de 28 de agosto de 2006, 218 de 28 de junio de 2006, 562 de 1 de octubre de 2004 y las Sentencias Constitucionales 714/2007 de 17 de agosto, 0742/2010-R de 26 julio, 691/2010 de 19 de julio.


Agrega, que el Auto de Vista recurrido, vulnera también el principio de Seguridad Jurídica establecida en el art. 178 de la Constitución Política del Estado (CPE), manifestando que si bien la seguridad jurídica es un principio y no un derecho, sin embargo, según el art. 9 de la CPE establece: “Son fines y funciones esenciales del Estado además de los que establece (…) GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS, valores y DERECHOS y deberes reconocidos y consagrados en ésta Constitución.” (sic), invoca como precedentes contradictorios las Sentencias Constitucionales 0742/2010-R de 26 de julio, 1748/2003-R de 1 de diciembre y 0493/2002 de 30 de abril.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180. II de la CPE garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer un recurso que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN A LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el presente caso, se establece que el 26 de agosto de 2015 el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 2 de septiembre del mismo año, formuló el presente recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, cumpliendo el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los demás requisitos de admisibilidad, del análisis del único motivo, sometido a conocimiento de este Tribunal, el recurrente denuncia, que el Tribunal de alzada, incurrió en falta de fundamentación, aduciendo que los Vocales de la Sala Penal se limitaron a cambiar y quitar algunas palabras de la Resolución impugnada y que en el fondo contendría la misma fundamentación que el Auto de Vista que fue anulado por el Auto Supremo 169 de 12 de marzo de 2015, dictado en el presente caso, manteniendo en lo sustancial la fundamentación del fallo recurrido, vulnerando de ese modo el debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación de las resoluciones y del principio de legalidad, que afecta al principio de seguridad jurídica. Sobre este motivo el recurrente invoca los Autos Supremos 368 de 17 de septiembre de 2005, 440 de 30 de agosto de 2001, 55 de 9 de marzo de 2010, 342 de 28 de agosto de 2006, 349 de 28 de agosto de 2006, 218 de 28 de junio de 2006, 562 de 1 de octubre de 2004; empero, sin cumplir a cabalidad con la carga procesal de explicar, la contradicción existente entre el Auto de Vista y los precedentes invocados, limitándose, a transcribir partes de los referidos precedentes, aspecto que imposibilita a este Tribunal efectuar su labor encomendada por ley.


Respecto a la invocación de las Sentencias Constitucionales, SSCC 714/2007 de 17 de agosto, 0742/2010-R de 26 julio, 691/2010 de 19 de julio, 1748/2003-R de 1 de diciembre y 0493/2002 de 30 de abril, corresponde señalar que conforme una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las referidas jurisprudencias no constituyen precedente susceptible de contraste.


No obstante lo anterior, el recurrente solicita la admisión del presente recurso de casación de oficio; por cuanto, afirma, que el Auto de Vista impugnado vulneró sus derechos y garantías constitucionales que habrían provocado defecto absoluto, teniéndose, que en la exposición del agravio, identificó plenamente los hechos concretos que le causan agravio (que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de fundamentación; por cuanto, realizó una copia del fundamento de la Resolución que fue dejado sin efecto); precisando asimismo, los derechos vulnerados (debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica); explicando las omisiones en que incurrió el Tribunal de alzada; y, el resultado dañoso o incidencia emergente del defecto (a criterio del recurrente anular la Sentencia absolutoria); de la referida fundamentación, se observa que la parte recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV del presente Auto Supremo, haciendo viable la admisión del presente recurso en sus dos motivos de forma extraordinaria.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación, de fs. 226 a 234 vta., interpuesto por el Oscar Rogelio Guerrero Díaz; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo, por Secretaría de Sala hágase conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA