TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 683/2015-RA

Sucre, 27 de noviembre de 2015


Expediente                : Santa Cruz 69/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Iver Rodríguez Vargas

Delito                : Violación


RESULTANDO


Por memorial presentado el 31 de julio de 2015, cursante de fs. 166 a 171, Iver Rodríguez Vargas, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 114 de 3 de julio de 2015, de fs. 154 a 156, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Saida Isabel Romero contra Iver Rodríguez Vargas, por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a)   En mérito a las acusaciones pública (fs. 17 a 19) y adhesión a la acusación por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia  del Gobierno Municipal de Santa Cruz e SLIM, en representación de la víctima (fs. 26), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 4/2015 de 5 de febrero de 2015 (fs. 48 a 51), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, declaró a Iver Rodríguez Vargas, autor y culpable de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308  del CP, imponiéndole la pena de quince años de presidio, más el pago de costas a favor del Estado, averiguables en ejecución de Sentencia.

b)   Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 59 a 63 vta.), resuelto por el Auto de Vista 114 de 3 de julio de 2015 (fs. 154 a 156), que declaró admisible e improcedente las cuestiones planteadas.


c)    El 27 de julio de  2015 (fs. 159), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista, y el 31 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación. 

II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de casación, se extrae el siguiente motivo:


Como único motivo, bajo el epígrafe: “I.- FUNDAMENTACIÓN INSUFICIENTE Y CONTRADICTORIA.- (Art. 370.5 del Código de Procedimiento Penal.-“ (sic), refiriendo doctrina sobre el debido proceso y la debida fundamentación, citando y transcribiendo partes de Sentencias Constitucionales, el recurrente sostiene que denunció en la apelación restringida falta de fundamentación jurídica, de los siguientes aspectos: i) que el Ministerio Público no investigó adecuadamente los hechos denunciados, ya que no se habría determinado con quiénes habría consumido bebidas alcohólicas la víctima, ya que no fue con el imputado, señalando además que; ii) no se habrían identificado a los testigos referidos en la acusación pública, quienes según el Sof. 2do. Bernardo Batista Chana señaló que dichos testigos vieron salir a la víctima de unos matorrales totalmente desnuda; iii) que el Tribunal de origen no realizó una adecuada valoración de las pruebas, que; iv) ante la existencia de duda debió aplicarse el in dubio pro reo a favor del imputado; y, v) que debió valorarse las atenuantes especiales y generales para determinar la pena; denunciando que el Auto de Vista recurrido no circunscribió su análisis a los aspectos cuestionados de la Resolución apelada conforme al art. 398 del CPP, y que con estos actos habrían vulnerado el debido proceso y la presunción de inocencia previsto en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).


Al efecto citó como precedentes contradictorios las Sentencia Constitucional 287/99-R de 28 de octubre, 1496/2005-R de 22 de noviembre, 0193/2006-R de 21 de febrero, 0753/2003-R de 4 de junio, 418/2000-R, 1276/2001-R, 0119/2003-R de 28 de enero, 0489/2003-R de 15 de abril, 600/2003-R de 6 de mayo,  1044/2003 de 22 de julio, 1230/2004-R de 3 de agosto, 1496/2005-R de 22 de noviembre, 0196/06-R, 1007/10-R y 0682/04-R de 6 de mayo.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180. II de la CPE garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer un recurso que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i)    Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)   Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 27 de julio de  2015 (fs. 159), fue notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado, y el 31 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP. 


Ahora bien, sobre el único motivo, en el que se denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en que el mismo no habría circunscrito su competencia en los aspectos cuestionados en la Resolución apelada, previsto el art. 398 del CPP,  vulnerando de este modo el debido proceso y el principio de la presunción de inocencia, al respecto, el recurrente no invoca precedente contradictorio alguno, y en consecuencia, tampoco cumplió con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción en los términos exigidos por el art. 417 del CPP; omisión que no puede ser suplida de oficio y que lógicamente impide establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista objeto del recurso con precedentes contradictorios, deviniendo este motivo en inadmisible.


En cuanto a las Sentencias Constitucionales 287/99-R de 2 de octubre, 1496/2005-R de 22 de noviembre, 0193/2006-R de 21 de febrero, 0753/2003-R de 4 de junio, 418/2000-R, 1276/2001-R, 0119/2003-R de 28 de enero, 0489/2003-R de 15 de abril, 600/2003-R de 06 de mayo,  1044/2003 de 22 de julio, 1230/2004-R de 3 de agosto, 1496/2005-R de 22 de noviembre, 0196/06-R, 1007/10-R y 0682/04-R de 6 de mayo, citadas por el recurrente como precedentes contradictorios, se debe tener en cuenta que las mismas no tienen calidad de precedente contradictorio, así lo determinó la uniforme jurisprudencia de este Máximo Tribunal de Justicia en los Autos Supremos 141 de 10 de marzo de 2004, 153 de 17 de marzo de 2003, 339 de 7 de junio de 2004, 59 de 5 de febrero de 2004, 132 de 18 de mayo de 2006 de la Sala Penal Segunda y 117-I de 31 de enero de 2007 de la Sala Penal Primera.


Pues bien, ante la advertencia por parte de este Tribunal que el recurrente denuncia vulneración del debido proceso y el principio de inocencia al no haber circunscrito su competencia el Auto de Vista recurrido a los aspectos apelados de la Resolución previsto en el art. 398 del CPP,  y a efectos de ingresar al fondo de los agravios vía flexibilización, corresponde verificar si el recurrente cumplió con los requisitos exigidos en el acápite III de esta Resolución, teniendo así, que el recurrente, tampoco cumplió con los mismos al no precisar en su recurso a qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no circunscribió su competencia el Auto de Vista recurrido, advirtiéndose que el recurrente solamente se limitó a copiar inextenso la apelación restringida, omitiendo la obligación que tenía de cumplir a cabalidad con los presupuestos de flexibilización exigidos por este Tribunal, ya que  en el presente caso, el recurrente se atiene a alegar defectos de Sentencia, sin precisar, ni explicar cómo es que el Tribunal de alzada incurrió en el defecto denunciado, refiriéndose de manera muy escueta a alegar que el Auto de Vista, no circunscribió su competencia a los aspectos apelados de la Resolución, limitándose a la copia inextensa de la apelación restringida, evidenciándose de esta manera, que el recurrente no cumplió a cabalidad con los requisitos de flexibilización al no precisar a cuáles puntos apelados no respondió el Auto de Vista recurrido y menos  explicó en qué consistió el resultado dañoso, evidenciándose de este modo que es defectuosa el presente recurso de casación, deviniendo en  inadmisible la misma, acudiendo aún a los presupuestos del acápite III de esta Resolución.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Iver Rodríguez Vargas, de fs. 166 a 171.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA