TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 675/2015-RA

Sucre, 27 de noviembre de 2015


Expediente        : Potosí 20/2015

Parte Acusadora        : Rubén Santa Cruz Salvatierra y otra

Parte Imputada        : Juan García Chambi

Delitos        : Despojo y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de agosto de 2015, cursante de fs. 350 a 351, Rubén Santa Cruz Salvatierra y Luz Nancy Fernández de Santa Cruz, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 17/2015 de 9 de junio (fs. 330 a 336 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente contra Juan García Chambi Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Arampampa, por la presunta comisión de los delitos de Despojo y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351 y 357 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)  En merito a la querella (fs. 9 a 10 vta.), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 34/2013 de 29 de octubre (fs. 242 a 244 vta.), el Juez de Partido Mixto liquidador y de sentencia de la Provincia Charcas, Alonzo de Ibañez y Bilbao Rioja del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró al imputado Juan García Chambi, autor de los comisión de los delitos de Despojo y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351 y 357 del CP, condenándole con la pena privativa de libertad de cuatro años en reclusión, más costas, daños y perjuicios, a calificarse en ejecución de sentencia. Por determinación del art. 46 inc. 1) del CP, se inhabilita por diez años para ejercer función pública al encausado.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan García Chambi, formuló recurso de apelación restringida (fs. 277 a 283 vta.), siendo resuelto por Auto de Vista 17/2015 de 9 de junio (fs. 330 a 336 vta.), dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró procedente en parte el recurso planteado; y, anuló la Sentencia impugnada, ordenando la reposición del juicio por el Juez de Sentencia de Uncía provincia Bustillo del departamento de Potosí.


c)   Notificado los recurrentes con el referido Auto de Vista el 14 de agosto de 2015 (fs. 341 y 342), interpusieron recurso de casación el 21 del mismo mes y año (fs. 350), mismo que es motivo del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 350 a 351, se extrae el siguiente motivo:

El recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado, resulta contrario al Auto Supremo 410 de 20 de octubre de 2006, en razón a que en la alzada, la parte adversa expuso nueve agravios, de las cuales, no se dio curso, al primer, segundo, tercero, quinto, séptimo ni octavo motivo; empero, observan, que en las conclusiones cuarta, sexta y novena del fallo ahora recurrido, incurre en una valoración extra petita; por cuanto, habría resuelto, aspectos no demandados por la parte recurrente. De esa manera refieren, que en: i) La Conclusión Cuarta, el Tribunal de Alzada procedió a cuestionar la valoración de la prueba en Sentencia, afirmando que la declaración del testigo Ruperto Alcoba Gutiérrez, de la revisión del acta de juicio nunca habría declarado; criterio que a decir de los recurrentes, incurre en error y ultra petita; toda vez, que la parte adversa no realizó mención a ése aspecto, cuya declaración, aseveran los recurrentes, se encuentra contenida de fs. 176 vta., a 177 del expediente. Adicionalmente el Tribunal de alzada afirmaría, que los testigos Leoncio Cruz Arce, Benedicto Baldivieso Jani Jani y Virgilio Ramos Choque no declararon; empero arguyen los recurrentes, que sus declaraciones constan en actuados: ii) Asimismo afirman, que no es evidente lo señalado en la Conclusión Sexta del Auto de Vista recurrido, al señalar que se valoró declaraciones supuestamente inexistentes; y, iii) La Conclusión Novena aseveran, que tiene una afirmación contraria al contenido del expediente donde se establece, que los testigos declararon en juicio; por lo cual, concluyen, que el Tribunal de apelación, al anular la Sentencia por existencia de defectos procesales no invocados como causales de nulidad absoluta ni relativa, vulneró el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme a la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Con relación al primer requisito respecto al plazo para la interposición del recurso de casación, la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado, el 14 de agosto de 2015 (fs. 341 y 342), presentando su recurso el 21 del mismo mes y año, según consta en el timbre electrónico (fs. 350); es decir, dentro del plazo de cinco días que establece el art. 417 del CPP.


Respecto al único motivo, en el que denuncian, que las conclusiones cuarta, sexta y novena del Auto de Vista recurrido, incurren en una valoración extra petita; por cuanto, en la Conclusión Cuarta, el Tribunal de alzada cuestionó la valoración, analizando la declaración de un testigo que a su criterio no hubiere declarado; incurriendo en error; toda que, afirman los recurrentes, sí declaró; además, de indicar erróneamente la resolución recurrida, que los testigos Leoncio Cruz Arce, Benedicto Baldivieso Jani Jani y Virgilio Ramos Choque no declararon, cuando sus declaraciones constan en actuados; en la Conclusión Sexta no sería evidente que se valoró declaraciones inexistentes; y, la Conclusión Novena contendría una afirmación contraria al contenido del expediente donde se establece, que los testigos declararon en juicio; por lo que, aseveran, que al anular la Sentencia por existencia de defectos procesales no invocados, se infringió el art. 398 del CPP.


Sobre este motivo señalado se observa que los recurrentes invocaron el Auto Supremo 410 de 20 de octubre de 2006, de la Sala Penal Segunda; empero, se limitaron a transcribir una parte ajena a la doctrina legal aplicable; consecuentemente, no se cumple correctamente la labor de contraste exigida en los términos del segundo párrafo del art. 417 del CPP.


No obstante, de lo anteriormente señalado, se advierte, que los recurrentes denuncian, que el Auto de Vista impugnado es ultra petita al haber resuelto aspectos ajenos a los motivos apelados, conteniendo afirmaciones contrarias a las actuaciones desarrolladas y arguyen, la existencia de defectos absolutos, cuando no los hay; afirmaciones que de ser evidentes, conllevarían a una negación a la correcta administración de justicia ante la posible vulneración del art. 398 del CPP, como acusa la parte recurrente y un quebrantamiento al debido proceso; por lo que, acudiendo a los presupuestos de flexibilización, en base a toda la carga argumentativa señalada, el presente recurso deviene en admisible para su análisis de fondo de forma extraordinaria.  

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación de fs. 350 a 351 interpuesto por Rubén Santa Cruz Salvatierra y Luz Nancy Fernández Santa Cruz; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone, que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA