TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 652/2015-RA

Sucre, 26 de noviembre de 2015


Expediente                : La Paz 130/2015

Parte acusadora        : Fabián Mamani Vega

Parte imputada        : Segundina Agrada Soto

Delitos                : Despojo y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de agosto de 2015, cursante de fs. 210 a 212 vta., Segundina Agrada Soto, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 39/2015 de 24 de junio, de fs. 195 a 198, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Fabián Mamani Vega contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Despojo y Daño Simple previstos y sancionados por los arts. 351 y 357 del Código Penal (CP); respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a)   En mérito a la acusación particular (fs. 39 a 40 vta.); y, una vez desarrollada  la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 01/2015 de 23 de enero (fs. 173 a 175 vta.), el Juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia de Chulumani Provincia Sud Yungas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Segundina Agrada Soto, autora y culpable de la comisión de los delitos de Despojo y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351 y 357 del CP, condenándola a la pena privativa de libertad de tres años en reclusión en el centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, más el pago de costas a favor del Estado en la suma de Bs.- 300 (trescientos bolivianos).


b)   Contra la mencionada Sentencia, la imputada Segundina Agrada Soto, formuló recurso de apelación restringida (fs. 181 a 185 vta.); siendo, resuelto por Auto de Vista 39/2015 de 24 de junio, (fs. 195 a 198), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmo la Sentencia apelada.


c)  Notificada la recurrente con el referido Auto de Vista, solicitó aclaración, complementación y enmienda (fs. 200 y vta.), petición que fue rechazada por Auto de 27 de julio de 2015, siendo notificado con esa determinación el 3 de agosto de 2015  (fs. 203), interpuso recurso de casación el 11 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial que cursa de fs. 210 a 212 vta., se extraen los siguientes motivos:


1. Como primer agravio, la recurrente refiere, que el Auto de Vista recurrido en su Considerando segundo, numeral 2, arguyó: “Por lo que se evidencia que no existe el defecto referido al y haberse acreditado fehacientemente los elementos constitutivos de los delitos. Por otro lado si bien se ha señalado autos supremos como doctrina legal aplicable, no se dice como y porque son aplicables a su caso”; consideración, que afirma, fue pronunciada en su recurso de apelación; empero, habría sido contrariada por el Tribunal ad quem; ya que, el requisito “sine quanon” del delito de Despojo sería que el Despojo vaya en beneficio propio del sujeto activo del delito o de un tercero, además que sea con violencia, amenaza o engaño y se expulse al ocupante del bien inmueble; sin embargo, afirma, que no se demostró en juicio cuál el beneficio para la acusada, ni que la misma haya expulsado al ocupante, al contrario se trataría de un hecho fortuito conforme habría demostrado de la prueba testifical, incurriendo el Tribunal en error in judicando; por cuanto, habría omitido observar la doctrina legal de los Autos Supremos 338 de 5 de abril de 2007, 329 de 29 de agosto de 2006, 417 de 19 de agosto de 2003 y 509 de 16 de noviembre de 2006.


Agrega en la parte final de su recurso, que se aplicó incorrectamente los arts. 351 y 357 del CP; por cuanto, se habría subsumido hechos que no constituirían delito, sin embargo, habría sido sancionada, vulnerándose el derecho a la legalidad establecida en los arts. 115.I y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE), ya que a su criterio, al existir duda razonable se incurrió en errónea aplicación de la ley sustantiva, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales constituyendo un defecto absoluto insubsanable, lo que determinaría la “nulidad de la Sentencia impugnada No. 1/2015”.


2. Por otra parte, transcribiendo el segundo considerando, numeral 7, párrafo cuarto de la Resolución recurrida, denuncia que el Tribunal ad quem, no habría hecho referencia respecto a la excepción de prescripción de la acción penal que habría sido interpuesta por su parte, la que, afirma, no se trataría de un incidente, sin embargo, habría sido rechazado por el ad quo, incurriendo en una errónea interpretación del “Art. 29 Inc. 3 del CP”, respecto a los delitos por los que fue condenada, no considerando que respecto al delito de Daño Simple ya habría transcurrido más de cuatro años desde la presunta comisión del hecho y en cuanto al delito de Despojo habría señalado que prescribiría en 5 años para delitos menores de 6 años y mayores de 2 años, argumento que asevera- no se adecuaría; ya que, el Delito de Despojo tiene pena privativa de libertad como máximo 4 años y mínimo 6 meses, al efecto invoca, el Auto Supremo “120-P” de marzo de 2006 y la Sentencia Constitucional 0023/2007-R. 


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que la recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta que, fue notificada con el Auto de rechazo de complementación a la Resolución recurrida, el 3 de agosto de 2015, presentando su recurso de casación el 11 del mismo mes y año,  cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP; ello, en consideración de que el 6 de agosto es feriado nacional.


En cuanto al primer motivo, referido a que el Auto de Vista recurrido en su Considerando segundo, numeral 2, habría contrariado el requisito “sine quanon” del delito de Despojo que se daría cuando el ilícito vaya en beneficio propio del sujeto activo del delito o de un tercero, además que sea con violencia, amenaza o engaño y se expulse al ocupante del bien inmueble; aspectos, que afirma- no habrían sido demostrados en juicio; sino, más al contrario, se trataría de un hecho fortuito conforme habría demostrado de la prueba testifical, incurriendo el Tribunal en error in judicando; por cuanto, habría omitido observar la doctrina legal de los Autos Supremos 338 de 5 de abril de 2007, 329 de 29 de agosto de 2006, 417 de 19 de agosto de 2003 y 509 de 16 de noviembre de 2006, que a la vez invoca como precedentes; al respecto, se advierte que la recurrente se limitó a su mera enunciación, no observándose el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar y transcribir partes de los Autos Supremos invocados, como se advierte en este caso; sino, corresponde explicar por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos de los precedentes invocados, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente motivo.


Por otra parte, si bien la recurrente en la parte final de su recurso denuncia, que el Tribunal habría aplicado incorrectamente los arts. 351 y 357 del CP, subsumiendo hechos que a su criterio, no constituirían delito; sin embargo, habría sido sancionada injustamente, vulnerándose el derecho a la legalidad, establecida en los arts. 115.I y 116.I de la CPE, toda vez, que al existir duda razonable que debería de favorecerle, se habría incurrido en errónea aplicación de la ley sustantiva, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, constituyendo un defecto absoluto insubsanable, lo que determinaría la “nulidad de la Sentencia impugnada No. 1/2015”. De la lectura de este párrafo, se observa que la recurrente no denuncia agravio en el que hubiera incurrido la Resolución impugnada, ello se advierte; por cuanto, se limitó en este párrafo a copiar los argumentos expuestos en su recurso de apelación restringida, conforme se tiene de una simple comparación, situación por la que solicita la “nulidad de la Sentencia impugnada No. 1/2015” y no así del Auto de Vista impugnado; en ese entendido, corresponde señalar, que no se apertura la competencia de este Tribunal; toda vez, que conforme prevé el art. 416 del CPP, el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por los Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que emiten o ratifiquen doctrina legal, negligencia en la que incurrió la recurrente.


En consecuencia, por los fundamentos expuestos, se establece que el presente motivo no cumple con los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, situación por la que deviene en inadmisible.


Con relación a la segunda denuncia, en el que transcribiendo el segundo considerando, numeral 7, párrafo cuarto de la Resolución recurrida, denuncia que el Tribunal de alzada, no habría hecho referencia respecto a la excepción de prescripción de la acción penal que habría sido interpuesta por su parte, al efecto invoca el Auto Supremo “120-P” de marzo de 2006 y la Sentencia Constitucional 0023/2007-R. Corresponde señalar que de los argumentos expuestos por la recurrente, se infiere que el Tribunal de apelación respondió a su reclamo, imposibilitando el análisis del presente planteamiento pues dicha resolución no es recurrible vía casación; por cuanto, los reclamos sobre cuestiones incidentales dilucidadas en el transcurso de la tramitación del proceso penal, conforme prevé el art. 403 numeral 2) del CPP, se formulan a través del recurso de apelación incidental, de la que surge una decisión definitiva, cuando menos en la vía ordinaria sin recurso ulterior; habida cuenta, que la apertura de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, está delimitada para conocer los reclamos contra Autos de Vista que resuelven apelaciones restringidas contra sentencias y no contra apelaciones sobre cuestiones incidentales, deviniendo en consecuencia este motivo también en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 210 a 212 vta., interpuesto por Segundina Agrada Soto.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA