TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 651/2015-RA

Sucre, 26 de noviembre de 2015


Expediente                : La Paz 129/2015

Parte Acusadora        : Eliza Quiquisani Mamani

Parte Imputada        : Celestino Colque Guarache y otro

Delitos                : Apropiación Indebida y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de agosto de 2015, cursante de fs. 262 a 266, Celestino Colque Guarache y Reynaldo Colque Cantuta, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 29/2015 de 13 de mayo, de fs. 257 a 259 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Eliza Quiquisani Mamani contra los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida, Abuso de Confianza con Agravación en Caso de Víctimas Múltiples y Despojo, previstos y sancionados por los arts. 345, 346, 346 bis y 351 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 19/2014 de 4 de diciembre (fs. 220 a 230), el Juez Primero de Partido y Sentencia de la ciudad de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Celestino Colque Guareche y Reynaldo Colque Cantuta, autores y culpables de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza con Agravación en Caso de Víctimas Múltiples, previstos y sancionados por los arts. 345, 346 y 346 bis del CP, imponiéndoles la pena de tres años de reclusión, más el pago por cada uno de los acusados de 100 días multa a razón de Bs. 20.- por día; asimismo, ejecutoriado que sea el fallo judicial se dispuso que los imputados procedan a la entrega del vehículo motivo del proceso. Por otro lado, declaró absuelto por el delito de Despojo, tipificado por el art. 351 del CP.


b)   Contra la mencionada Sentencia, la parte acusadora Eliza Quiquisani Mamani (fs. 236 a 237 vta.) y los imputados Celestino Colque Guariche y Reynaldo Colque Cantuta (fs. 239 a 242 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por el Auto de Vista 29/2015 de 13 de mayo (fs. 257 a 259 vta.), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles los citados recursos y su improcedencia y confirmó la Sentencia impugnada.


c)   El 31 de julio de 2015 (fs. 260), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista y el 10 de agosto del mismo año, interpusieron recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1.   Los recurrentes, invocando la Sentencia Constitucional “1401-2003 de 26 de 2003” a los fines de la admisión de su recurso, denuncian, que pese a que en el otrosí segundo de su memorial, en observancia de la última parte del art. 408 de la Ley 1970, manifestaron su intención de fundamentar oralmente su recurso de apelación restringida, solicitando expresamente al Tribunal Ad quo para que se fije fecha y hora de audiencia, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hizo caso omiso y no señaló dicha audiencia, vulnerando de esta forma su sagrado derecho a la defensa y al debido proceso pues, hicieron aparecer el Auto de Vista sin cumplir el citado requisito atentando sus derechos y que en caso, de no ser atendido vicia de nulidad el trámite de la presente causa.


2.  Falta de fundamentación del Auto de Vista en cuanto a sus denuncias efectuadas en su recurso de apelación restringida, precisando para el efecto los siguientes: i) inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; toda vez, que no se habría establecido de forma circunstanciada que en sus conductas exista el dolo que evidencie que sus personas hubiesen despojado el vehículo a la querellante; ii) insuficiente fundamentación de la sentencia; por cuanto, no se habría determinado, cómo sus personas hubieren sustraído el vehículo ingresando al domicilio de la querellante y lo peor no se habría precisado que el vehículo se encuentre en posesión de sus personas,  que si bien, el mismo se encuentra en casa de Celestino Colque Guarache fue porque ahí lo dejó su dueño Juan Colque Cantuta; empero, la querellante no demostró su intensión de recogerlo; iii) valoración defectuosa de la prueba; puesto que, no se habría valorado correctamente el acuerdo conciliatorio, donde se habría dispuesto la entrega del vehículo a la querellante para que la misma la recoja de casa de Celestino Guarache; aspecto, que evidenciaría la inexistencia de los ilícitos acusados; y, iv) inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación; ya que, la sentencia dispondría que ejecutoriado el fallo, sus personas como acusados deberán entregar el vehículo a la parte querellante en perfectas condiciones y funcionamiento; aspecto, que no habría sido mencionado ni acusado, toda vez, que sólo, se solicitó la devolución del vehículo, no existiendo la comprobación de su estado; reclamos, que habrían sido confirmados por el Auto de Vista recurrido, limitándose a sostener que: “se debe considerar que si bien el Art. 13 quater del Código Penal; establece que todos los delitos son dolosos con excepción de aquellos que expresamente refieren ser culposos; se debe considerar que el juez a quo, realiza la respectiva fundamentación en los puntos VI.2 y VI.3 detallando la tipificación subjetiva en subsunción de la conducta de los condenados a los tipos penales de apropiación indebida y abuso de confianza. Sin embargo los recurrentes no observan el fundamento del mismo, se limitan a señalar una ausencia de dolo y no una observación especifica al criterio expresado pro el Juez a quo, incumpliendo de esta manera lo establecido por el Art. 407 y 408 del CPP” y finalmente alegando, que, “…se advierte que los apelantes cuestionan errores relacionados con el análisis y valoración de la prueba, que generaría su absolución no se aclara de forma específica, cual debería ser la valoración correcta que debió realizar el Juez a quo…”. Argumentos que a decir de los recurrentes, no explican de forma objetiva a sus reclamos respecto a la errónea adecuación típica de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, no existiendo además resolución a sus denuncias referidas a la insuficiente fundamentación ni respecto a la defectuosa valoración de la prueba, incumpliendo con el Auto Supremo 319/2012-RRC, que dispondría atender los derechos reclamados en su recurso de apelación.


Respecto a estos agravios, los recurrentes invocan las Sentencias Constitucionales 123/2001-R y 0577/2004-R de 15 de abril, y los Autos Supremos 472 de 8 de diciembre de 2005, 14 de 26 de enero de 2007, ambos referidos a la falta de fundamentación y 122 de 24 de abril de 2006, 702 de 24 de noviembre de 2004 y 417 de 19 de agosto de 2003.


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto, inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 31 de julio de 2015 (fs. 260), fueron notificados los recurrentes con el Auto de Vista impugnado y el 10 de agosto del mismo año, interpusieron recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley (descontando el 6 de agosto por feriado nacional), cumpliendo con el requisito previsto por el art. 417 del CPP. 


En cuanto al primer motivo traído en casación en el que se denuncia que pese a su solicitud expresa de señalamiento de audiencia para la fundamentación oral de su recurso de apelación restringida, el Tribunal de alzada de forma directa emitió resolución vulnerando sus derechos a la defensa y al debido proceso que vicia de nulidad el trámite de la presente causa.


En cuanto a este primer motivo, se tiene el incumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP, es decir,  la invocación de precedente contradictorio referido a la problemática planteada y la consiguiente precisión de la contradicción alegada con relación al Auto de Vista recurrido y la Jurisprudencia existente en este Tribunal; ya que, si bien, lo recurrentes citaron la Sentencia Constitucional “1401-2003 de 26 de 2003” a los fines de la admisión de su recurso; empero, conforme una correcta interpretación del art. 416 del CPP, la misma  no tiene la calidad de precedente contradictorio, constituyendo tales, únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y Autos Supremos donde se establezca o ratifique doctrina legal aplicable; no siendo válido el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la ley; sin embargo, se debe tener presente, que este máximo órgano de justicia ordinaria advierte que se denunció que las vulneraciones alegadas, provocan defectos absolutos y lesión de derechos y garantías, como son la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso en cuanto a que el Tribunal de alzada les habría privado de la posibilidad de fundamentar oralmente su recurso de apelación restringida; identificando plenamente el hecho que causa agravio, es decir, la violación del art. 408 del CPP, en cuanto al señalamiento de audiencia para la fundamentación de su recurso; asimismo, explicaron adecuadamente en qué consistió la deficiencia en la que hubiere incurrido el Tribunal de alzada y el resultado dañoso, lo que conllevó a la violación de los derechos fundamentales, derivados a sus criterios, en la comisión de defectos absolutos. Lo que demuestra que se cumplieron los requisitos para ingresar al análisis de fondo del agravio establecido en el recurso de casación lo que hace que de forma extraordinaria se ingrese a la verificación de lo denunciado, esto acudiendo a los criterios de flexibilización.


Respecto del segundo motivo,  en el que denuncian falta de fundamentación del Auto de Vista en cuanto a sus denuncias referidas a: i) inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; ii) insuficiente fundamentación de la sentencia; iii) valoración defectuosa de la prueba; y, iv) inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación; reclamos, que habrían sido confirmados por el Auto de Vista recurrido, no explicando de forma objetiva respecto a la errónea adecuación típica de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, no existiendo además, resolución a sus denuncias referidas a la insuficiente fundamentación y defectuosa valoración de la prueba, sobre este reclamo los recurrentes invocan el Auto Supremo 319/2012-RRC emitido por la Sala Penal Segunda, que aseveran, dispondría que el Tribunal de alzada debería atender los derechos reclamados en su recurso de apelación; en la argumentación del recurso, se evidencia que los recurrentes efectuaron la precisión sobre la contradicción en la que hubiere incurrido el Tribunal de alzada en la emisión del fallo recurrido y la jurisprudencia invocada, constituyendo presupuestos suficientes para la consideración de la problemática planteada en la resolución de fondo a efecto de determinar la existencia o no de contradicción en el Auto de Vista 29/2015, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por lo tanto el presente motivo deviene en admisible.

 

Finalmente, se aclara que las Sentencias Constitucionales invocadas por los recurrentes no serán motivo de contraste en la resolución de fondo por no ser consideradas como precedentes contradictorios en un recurso de casación, de igual forma, los Autos Supremos 472 de 8 de diciembre de 2005, 14 de 26 de enero de 2007, 122 de 24 de abril de 2006, 702 de 24 de noviembre de 2004 y 417 de 19 de agosto de 2003, no serán motivo de análisis; por cuanto, los recurrentes se limitaron a la copia de parte de estas resoluciones, sin contrastar con el Auto de Vista recurrido; es decir, no establecieron de forma puntual que argumentos del Tribunal de alzada sería contradictorio a la jurisprudencia invocada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto Celestino Colque Guarache y Reynaldo Colque Cantuta, de fs. 262 a 266; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA