TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 646/2015-RA

Sucre, 26 de noviembre de 2015


Expediente                : Chuquisaca 25/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Juan Pablo Soruco Barrientos y otra

Delito        : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de octubre de 2015, cursante de fs. 454 a 463 vta., Juan Pablo Soruco Barrientos, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 350/15 de 11 de septiembre de 2015, de fs. 423 a 433 vta. y su Complementario Auto 358/15 de 23 de septiembre del mismo mes y año, de fs. 438 a 439, pronunciados por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente y María Natasha Daix Oropeza (Declarada Rebelde), por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   En mérito a la acusación pública (fs. 4 a 10) y previo reenvío de la causa, el Tribunal Primero de Sentencia de la Capital, dictó la Sentencia 06/2015 de 20 de marzo (fs. 332 a 347 vta.), por la que declaró a Juan Pablo Soruco Barrientos, autor y culpable de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, condenándole a la pena de diez años y dos meses de presidio, a cumplirse en el Centro Penitenciario de “San Roque” de Sucre; asimismo, le impuso la sanción de doscientos días multa a razón de Bs.- 5 (bolivianos cinco) por día, haciendo notar que la co-imputada María Natasha Daix Oropeza fue declarada rebelde al inicio del juicio oral.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan Pablo Soruco Barrientos interpuso recurso de apelación restringida (fs. 357 a 372 vta.), que previa subsanación (fs. 401 a 403 vta.), fue resuelto por Auto de Vista 350/15 de 11 de septiembre de 2015, que declaró improcedente el recurso planteado y mantuvo incólume la Sentencia impugnada. Además, por Auto 358/2015 de 23 de septiembre (fs. 438 a 439), el Tribunal de alzada desestimó la solicitud de explicación y complementación formulada por el imputado.


c)  Por diligencia de 24 de septiembre de 2015 (fs. 440), el recurrente fue notificado con la última resolución judicial citada y el 1 de octubre del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1)  El recurrente refiere que se convalidó una Sentencia defectuosa al estar basada en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, por inobservancia del art. 180 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con relación al art. 25 de la Constitución Política del Estado (CPE), consistentes en las actas de las pruebas colectadas y del registro del domicilio del imputado, que fueran obtenidas ilegalmente, motivo por el cual, planteó su exclusión probatoria al advertirse que fueron obtenidas en violación del art. 180 del CPP, teniendo en cuenta, que para el allanamiento a un domicilio se debe tener una resolución fundada del Juez y ante esta regla no existe excepción y tampoco puede ser otorgada por una persona distinta; sin embargo, el Auto de Vista respecto a este reclamo declaró su improcedencia, señalando que no existe vulneración de derecho alguno en razón, de que Natasha Daix Oropeza otorgó el permiso para el ingreso al inmueble; empero, no se tomó en cuenta que Juan Pablo Soruco no otorgó el consentimiento para el ingreso infringiendo la inviolabilidad de domicilio de Juan Pablo Soruco, porque la co- imputada dio permiso de ingreso cuando ésta no tiene el derecho de hacerlo; al respecto, haciendo alusión al Tribunal Constitucional de España específicamente la Sentencia Constitucional 22/2003 y los libros “Constitucionalización de la prueba en materia penal” de Herrera Añez Williamy Montañez Pardo Miguel Ángel, Pag. 387 y “Actividad Probatoria” de Yañez Cortes Arturo, Pág. 118, señala que los derechos son individuales y el derecho a la inviolabilidad de domicilio es un derecho constitucional resguardado para el imputado que goza de la inviolabilidad de su domicilio, porque tiene el derecho a negar el ingreso, pero ese derecho según el Tribunal de Sentencia y los Vocales es desestimado, porque consideran el consentimiento de otra persona; por lo que, al no haber autorizado el titular del domicilio el ingreso a su domicilio y no existir una orden de allanamiento se incurrió en defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 1) en concordancia con el art. 172 ambos del CPP. Con relación a la temática planteada invoca como precedente contradictorio la Sentencia Constitucional Plurinacional 0860/2010-R de 10 de agosto de 2010.


En el contexto anterior, añade que no se tomó en cuenta que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio siendo la única excepción constitucional a este derecho corresponde la autorización judicial, este aspecto relacionado a que ninguna persona puede ser condenada sin juicio previo y proceso legal, de ahí que la Sentencia y el Auto de Vista infringieron el derecho a la inviolabilidad de domicilio al que tiene Juan Pablo Soruco Barrientos, al resolver en una exclusión probatoria en la cual determinaron, que la co-imputada Natasha Daix tiene derecho a otorgar el consentimiento para ingresar al domicilio de Juan Pablo Soruco, otorgándole solamente el derecho a la inviolabilidad de domicilio a favor de Natasha Daix y no a Juan Pablo Soruco. Por otro lado, señala que el Auto de Vista declara la improcedencia de este motivo alegando la aplicación del art. 293 del CPP; sin embargo, se olvidan que esta es una norma procesal que no puede estar encima de un derecho constitucional aspecto que vulnera el art. 25.I y 115. II de la CPE y el art. 1 del CPP.


Con relación a lo señalado invoca como precedente contradictorio la Sentencia Constitucional Plurinacional 1958/2013 de 4 de noviembre.


2) Señala que se convalidó una Sentencia defectuosa por fundamentación insuficiente en inobservancia del art. 124 del CPP, refiriendo como normas habilitantes los arts. 407 y 370 inc. 5) del CPP y como norma inobservada el art. 124 del CPP en relación la aplicación del art. 29 del CP, porque la fundamentación de su aplicación resulta insuficiente, ya que, no existe ningún motivo para sumar a la pena mínima dos meses; por lo que, al señalar las pruebas D1, D3, D4, D5, D6 y D7estas no hacen que la pena se aumente si no para que se quede en el mínimo y el hecho de que el acusado tenga hijos es motivo suficiente para que desee rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad cuanto antes. En el recurso de apelación restringida lo que se solicitó fue sobre la falta de fundamentación de la pena de diez años y dos meses; y los vocales no se refirieron sobre este aspecto, tomando en cuenta y explicando solo la aplicación de los arts. 124 y 173 del CPP; por lo que, no se puede advertir una respuesta al reclamo sobre la imposición de la pena de diez años y dos meses, aspecto que constituye defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, por la existencia de incongruencia omisiva, en ese sentido se incurrió en falta de fundamentación infringiendo el debido proceso (arts. 124 del CPP y 115.II de la CPE).


Con relación a la temática planteada invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 6 de 26 de enero de 2007 y 287 de 13 de mayo de 2004.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia. b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente. c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme a lo normado en el art. 417 del CPP, el plazo máximo para la interposición del recurso de casación es de cinco días, verificándose en el presente caso, que el 24 de septiembre de 2015, el recurrente fue notificado con el Auto emitido en mérito a la solitud de explicación, complementación y enmienda presentada de su parte y el 1 de octubre del mismo año presentó recurso de casación, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal, correspondiendo por lo tanto, verificar a continuación el cumplimiento de los demás requisitos.


Con relación al primer motivo, en el cual refiere que el Auto de Vista declaró improcedente el motivo en el cual se reclamó la convalidación de una Sentencia defectuosa al basarse en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, por inobservancia del art. 180 del CPP en relación a la art. 25.I. del CPE, consistentes en las actas de las pruebas colectadas y del registro del domicilio del imputado sin su consentimiento, obtenidas ilegalmente constituyéndose en defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 1) del CPP en concordancia con el art. 172 del CPP; se tiene de los antecedentes, que la parte imputada durante la realización del acto de juicio, opuso incidente de exclusión probatoria respecto a las pruebas documentales MP-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 20 y 28, cuestionando entre otros aspectos la falta de consentimiento del imputado para el ingreso a su domicilio con similares argumentos que los expuestos en este motivo de casación, pretensión que fue declarada infundada por el Tribunal de Sentencia mediante Auto 037/2015 de 12 de marzo que corre de fs. 319 a 320, como el propio recurrente resalta, motivando que en el acta se consigne: “Defensa: apelación restringida” (sic), lo que supone una reserva de apelación.


Ahora bien, con los antecedentes señalados, el imputado no puede pretender que a través del recurso de casación, se ingrese al análisis de una problemática que fue resuelta en la vía incidental por medio de la correspondiente resolución judicial que era impugnable conforme al sistema recursivo vigente, a través del recurso de apelación incidental previa reserva de apelación en juicio, que no admite recurso de casación, razón por la cual este Tribunal se halla impedido de conocer el fondo del presente motivo.


Con relación al segundo motivo, se evidencia que el recurrente denuncia que pese a reclamar en la apelación restringida la falta de fundamentación de la pena de diez años y dos meses, el Tribunal de alzada no se refirió sobre este aspecto, citando al efecto el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007, a tiempo de enfatizar que la contradicción se produjo en la incongruencia omisiva en la que se incurrió pese a tener derecho no sólo a apelar sino a que se resuelvan todos los puntos de la apelación que interpuso, resultando la resolución impugnada en su planteamiento de arbitraria; por lo referido, estando cumplidos los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, corresponde resolver el fondo de la problemática planteada.


Se deja constancia que la labor de contraste no abarcará el Auto Supremo 287 de 13 de mayo de 2004, al carecer de doctrina legal aplicable al haber sido pronunciado en un examen de admisibilidad y al haber sido citado por el recurrente únicamente para respaldar su pretensión de admisión del presente recurso.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Pablo Soruco Barrientos, únicamente para el análisis de fondo del segundo motivo identificado en el acápite II inc. 2) del presente fallo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA