TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 641/2015-RA

Sucre, 26 de noviembre de 2015


Expediente                : Cochabamba 71/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Máximo Montenegro Jiménez

Delito                : Violación con Agravante


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de septiembre de 2015, cursante de fs. 144 a 145 vta. Máximo Montenegro Jiménez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 17 de abril de 2015 de fs. 131 a138 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público con la adhesión de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Puerto Villarroel contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación con Agravante, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 310 inc. 10) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   Por Sentencia 11/2014 de 28 de mayo (fs. 97 a 103), el Tribunal de Sentencia de Ivirgarzama del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Máximo Montenegro Jiménez, autor y culpable de la comisión del delito de Violación con Agravante, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 310 inc. 10) del CP, imponiéndole la pena de diez años de presidio a cumplir en el penal de “San Sebastián” varones de la ciudad de Cochabamba, con costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado, averiguables en ejecución de Sentencia.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el imputado Máximo Montenegro Jiménez, formuló recurso de apelación restringida (fs. 113 a 115 vta.); resuelto por Auto de Vista de 17 de abril de 2015, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada.


c) Por diligencia de 11 de septiembre de 2015 (fs. 139), el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 21 del mismo mes y año, formuló el recurso de casación que es objeto del presente examen de admisibilidad. 


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente refiere que el Auto de Vista impugnado omitió pronunciarse respecto a las atenuantes y agravantes de forma motivada y fundamentada, pese a tratarse de un primer delito, que no existen antecedentes judiciales no policiales de ninguna naturaleza, el grado de instrucción y sobre todo que jamás estuvo al cuidado de la víctima; enfatizando además que no se demostró el tiempo y lugar de la perpetración del supuesto delito, siendo contradictorias la sentencia y la acusación, pues la víctima no lleva su apellido y menos es su hija. Además refiere que el Tribunal de Sentencia no fundamenta, cómo, cuándo, porqué y quiénes habrían incurrido en el ilícito. Cita como precedentes los Autos Supremos 297 de 14 de agosto de 2006, 311 de “218 de mayo de 2014” (sic), 303 de 18 de mayo de 2014 y 017/15 de 16 de enero de 2015.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Con relación al plazo para la interposición del recurso de casación, se establece que el 11 de septiembre de 2015, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 21 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo establecido en el párrafo primero del art. 417 del CPP, teniendo en cuenta que el lunes 14 de septiembre fue feriado por la efemérides departamental de Cochabamba. 


En cuanto a los demás requisitos de admisibilidad, se evidencia que el recurrente sin la debida claridad, cuestiona de manera conjunta la actuación del Tribunal de alzada que en su planteamiento habría omitido pronunciarse respecto a atenuantes y agravantes, así como del Tribunal de Sentencia al enfatizar que no se acreditaron los aspectos fácticos atribuidos en el proceso, limitándose a invocar cuatro Autos Supremos, sin la debida precisión de cuál la contradicción con el Auto de Vista emitido en la causa, que en definitiva en el sistema recursivo vigente, se constituye en la resolución judicial impugnable a través del recurso de casación, incurriendo por lo tanto la parte recurrente en una omisión que no puede ser suplida de oficio por este Tribunal.


Por otra parte, se constata que en los cuestionamientos planteados, que además resultan genéricos, el recurrente invoca la existencia de defectos absolutos y defectos de sentencia; al respecto, si bien es cierto que un recurso de casación puede ser admitido para su análisis de fondo sin la invocación oportuna de precedente contradictorio como afirma el imputado, esta posibilidad se halla sujeta a la concurrencia de los presupuestos de flexibilización destacados en la última parte del acápite anterior del presente fallo, habiéndose limitado el recurrente a  sostener la violación del debido proceso, sin proveer de manera concreta los antecedentes de hecho generadores del recurso vinculados a la actuación del Tribunal de alzada, salvo la mención genérica de que no consideró atenuantes y agravantes, sin detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía y sin explicar el resultado dañoso emergente del defecto, no siendo viable la apertura excepcional de la competencia de este Tribunal con la mera referencia a la existencia de efectos absolutos o defectos de Sentencia como sucede en el presente caso.


En consecuencia, ante el incumplimiento de las exigencias previstas por los arts. 416 y 417 del CPP, y la inconcurrencia de los presupuestos de flexibilización, el recurso de casación sujeto a análisis deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Máximo Montenegro Jiménez, de fs. 144 a 145 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA