TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 635/2015-RA

Sucre, 26 de noviembre de 2015


Expediente                : Cochabamba 63/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Adrián Kelcasi Flores y otros

Delito        : Fabricación de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 19 de noviembre de 2012 y 15 de febrero de 2013, cursantes de fs. 589 a 595 vta., y de fs. 604 a 610, Dionicio Martínez Mayo, y Adrián Kelcasi Flores, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista de 31 de mayo de 2012, de fs. 539 a 541, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Virgilio Lora Estalla, Mario Caero Ovando, Mario Bernal Veizaga, Ubaldo García Caero y los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Fabricación de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 47 primera parte de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)  En mérito a la acusación pública (fs. 7 a 11 vta.), y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Cuarto de Sentencia del Distrito Judicial de Cochabamba, por Sentencia 19 de 9 de agosto de 2011 (fs. 408 a 416 vta.), declaró a Adrián Kelcasi Flores, Dionicio Martínez Mayo, Virgilio Lora Estalla, Mario Caero Ovando, Mario Bernal Veizaga y Ubaldo García Caero, autores y culpables de la comisión del delito de Fabricación de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 47 primera parte de la Ley 1008, imponiéndoles la pena de cinco años de presidio, más el pago de cien días multa a razón de un boliviano por día, con costas. Finalmente se dispuso la confiscación de los celulares marca Nokia, modelo 3395 y Motorola modelo C-200, más un motor eléctrico de color azul marca GAM todos a favor del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID).

b)  Contra la referida Sentencia, los imputados Mario Caero Ovando, Dionicio Martínez y Adrián Kelcasi Flores, formularon recurso de apelación restringida (fs. 451 a 454), resuelto por el Auto de Vista de 31 de mayo de 2012 (fs. 539 a 541), dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, con costas.


c)  El 14 de noviembre de 2012 y 18 de febrero de 2013 (fs. 560 y 611), respectivamente, fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista, y el 19 de noviembre de 2012 y 15 de febrero de 2013, interpusieron recursos de casación.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los recursos de casación, al ser idénticos los fundamentos; por cuanto, de una simple comparación únicamente resulta diferente el tipo de letra; entonces, a fines de evitar reiteraciones innecesarias, se extraen de ambos recursos los siguientes motivos:


1)   Los recurrentes, bajo el acápite ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA, INCONGRUENCIA Y VIOLACIÓN A LA LEY SUSTANTIVA PENAL Y SAGRADO DERECHO DE DEFENSA” (sic), previa relación de antecedentes procesales que concluyeron con la Sentencia condenatoria convalidada por el Tribunal de alzada, manifiestan, que la acusación desde un inicio forzando el juicio oral, los habría involucrado forzadamente en el tipo penal relacionado a la Ley 1008, no considerando el defecto absoluto que representa la no presencia de un intérprete, aspecto, que vulneraría su derecho a la defensa; por cuanto, sería la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea, a cuyo efecto, invoca las Sentencias Constitucionales 400/06-R de 25 de abril, 608/06-R de 27 de junio, 443/06-R de 10 de mayo, 313/02-R de 20 de marzo, 635/04-R de 27 de abril y 829/04-R de 1 de junio y el Auto Supremo 104 de 20 de febrero de 2004.


2)   Por otro lado, arguyen que el Auto de Vista recurrido incurrió en insuficiente fundamentación; por cuanto, no indicaría cuál sería sus participaciones en la comisión del ilícito por el cual fueron acusados, más aún, no habría considerado el defecto previsto en el art. 169 incs. 2) y 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), aspecto que constituiría infracción al orden público y atentado al debido proceso; puesto que, el Tribunal de apelación se habría limitado a arribar a una conclusión no objetiva, no adecuando sus conductas al tipo penal acusado, ya que, no existiría datos en tiempo ni espacio; que si bien, al inicio del juicio se les informó que estaban siendo procesados por la supuesta infracción del art. 47 primera parte de la Ley 1008; empero, no se habría especificado cuál sería sus participaciones, tampoco, se habrían considerado las atenuantes como el sometimiento pleno al proceso, juventud, inexistencia de antecedentes, desconocimiento de las leyes; dictándose, una Sentencia en inobservancia las reglas de la congruencia en la aplicación del tipo penal de Fabricación de Sustancias Controladas, aplicando el Tribunal a quo y el ad quem, erróneamente la ley sustantiva y adjetiva penal, al haberlos condenado por un delito que aseveran jamás cometieron, al efecto invocan el Auto Supremo 99 de 24 de marzo de 2005.


En el otrosí de su recurso, citan los Autos Supremos 178 de 17 de mayo de 2006, 41 de 27 de enero de 2003, 97 de 1 de abril de 2005, 166 de 12 de mayo de 2005, 384 de 26 de septiembre de 2005, 314 de 25 de agosto de 2006, 297 de 30 de julio de 2002, 83 de 8 de marzo de 2002, 383 de 7 de agosto de 2003, 48 de 27 de marzo de 1979, 63 de 11 de agosto de 1993, 331 de 27 de agosto de 2002, 394 de 10 de octubre de 2002, 183 de 30 de mayo de 2005, 526, 527 y 529 todos de 20 de septiembre de 2004, 551, 553, 559, 560 y 567 de 1 de octubre de 2004, 573 de 4 de octubre de 2004, 636, 637, 648 y 657 de 20 de octubre de 2004, 647 y 651 de 21 de octubre de 2004, 97 de 1 de abril de 2005, 111 de 31 de enero de 2007, 223 de 28 de marzo de 2007, 241 de 1 de agosto de 2005 y el Auto de Vista 1/2009 de 22 de enero Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de Cochabamba.


3)  Finalmente, en el otrosí dos de sus recursos, manifiestan, que la duda razonable, inviabiliza dictar Sentencia condenatoria; por cuanto, el acusado de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, suponiendo que a lo largo del proceso debe ser tratado y considerado como inocente, aspecto, que se halla consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 11.1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 14.2 y Constitución Política del Estado art. 16.I y IV; toda vez, que si el Juez o Tribunal no están seguros de la responsabilidad penal de los acusados, debería pronunciar Sentencia absolutoria en aplicación del art. 363 del CPP, y que cualquier decisión contraria importaría que el Tribunal de alzada emita un nuevo fallo sin necesidad de nuevo juicio, al respecto, invocan el Auto Supremo 369 de 5 de abril de 2007. 


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 14 de noviembre de 2012 y 18 de febrero de 2013 (fs. 560 y 611), respectivamente, fueron notificados los recurrentes con el Auto de Vista impugnado y el 19 de noviembre de 2012 y 15 de febrero de 2013, interpusieron recursos de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo ambos con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Ahora bien, ante el primer motivo, en el que denuncian que el Tribunal de alzada al confirmar la Sentencia condenatoria, no habría considerado que sus personas fueron involucrados forzadamente en el tipo penal por el cual fueron condenados, ya que no se hubiere observado el defecto absoluto que constituye la no presencia de un intérprete, aspecto, que vulneraría su derecho a la defensa; toda vez, que es la potestad inviolable de cada individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime pertinentes. Sobre este agravio, los recurrentes invocan el Auto Supremo 104 de 20 de febrero de 2004; empero, corresponde señalar, que por mandato del art. 416 del CPP, la invocación del precedente contradictorio debe efectivizarse en la formulación del recurso de apelación restringida, y en casación, la parte recurrente tiene la carga procesal de señalar, en términos claros y precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; en el presente caso, se evidencia que el presunto defecto denunciado, hubiera surgido antes de pronunciarse la Sentencia; entonces, los precedentes debieron ser invocados a tiempo de interponerse el recurso de apelación restringida, lo que no ocurrió; en consecuencia, al no haberse observado la norma legal precedentemente citada, se tiene que, en la fundamentación de este motivo, no se cumplió con los requisitos de admisión.


En cuanto a la invocación de las Sentencias Constitucionales 400/06-R de 25 de abril, 608/06-R de 27 de junio, 443/06-R de 10 de mayo, 313/02-R de 20 de marzo, 635/04-R de 27 de abril y 829/04-R de 1 de junio, en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las mismas, no tienen la calidad de precedentes contradictorios, constituyendo tales, únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y Autos Supremos donde se establezcan y ratifiquen doctrina legal aplicable emitidos por las Salas Penales; no siendo válido el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la ley.


Por otra parte, si bien los recurrentes denuncian la concurrencia de defecto absoluto y vulneración al derecho a la defensa; empero, olvidan exponer en qué consiste la disminución o restricción del referido derecho; ello, es explicar cómo entienden que se materializó el agravio alegado y cuál el resultado dañoso, no resultando suficiente dar el concepto del derecho que arguyen vulnerado, como se observa en este caso, con lo que tampoco se cumple con los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV del presente auto; en consecuencia, por los motivos expuestos, este deviene  en inadmisible.


Con relación al segundo motivo, en el que denuncian que el Auto de Vista recurrido incurrió en una insuficiente fundamentación; toda vez, que no indicaría cuál sería sus participaciones en el ilícito por el cual fueron acusados; más aún, no habría considerado el defecto previsto en el art. 169 incs. 2) y 3) del CPP, aspecto, que constituiría infracción al orden público y atentado al debido proceso; por cuanto, se habría limitado a arribar a una conclusión no objetiva; que si bien, al inicio del juicio se les informó que estaban siendo procesados por la supuesta infracción del art. 47 primera parte de la Ley 1008; empero, no se habría especificado cuál sería sus participaciones, tampoco, se habrían considerado las atenuantes como el sometimiento pleno al proceso, juventud, inexistencia de antecedentes, desconocimiento de las leyes; dictándose, una Sentencia en inobservancia las reglas de la congruencia en la aplicación del tipo penal de Fabricación de Sustancias Controladas, aplicando el Tribunal a quo y el ad quem, erróneamente la ley sustantiva y adjetiva penal, al haberlos condenado por un delito que aseveran jamás cometieron. Sobre este reclamo, los recurrentes invocan el Auto Supremo 99 de 24 de marzo de 2005, que estaría referido a que las sentencias y autos deben estar emitidos fundadamente, expresando los motivos de hecho y derecho en el que basan sus decisiones; en la argumentación de este motivo, se evidencia que los recurrentes explicaron la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido, se observa que cumplieron con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, resultando admisible este motivo.


En cuanto a la invocación de los Autos Supremos 178 de 17 de mayo de 2006, 41 de 27 de enero de 2003, 97 de 1 de abril de 2005, 166 de 12 de mayo de 2005, 384 de 26 de septiembre de 2005, 314 de 25 de agosto de 2006, 297 de 30 de julio de 2002, 83 de 8 de marzo de 2002, 383 de 7 de agosto de 2003, 48 de 27 de marzo de 1979, 63 de 11 de agosto de 1993, 331 de 27 de agosto de 2002, 394 de 10 de octubre de 2002, 183 de 30 de mayo de 2005, 526, 527 y 529 todos de 20 de septiembre de 2004, 551, 553, 559, 560 y 567 de 1 de octubre de 2004, 573 de 4 de octubre de 2004, 636, 637, 648 y 657 de 20 de octubre de 2004, 647 y 651 de 21 de octubre de 2004, 97 de 1 de abril de 2005, 111 de 31 de enero de 2007, 223 de 28 de marzo de 2007, 241 de 1 de agosto de 2005 y el Auto de Vista 1/2009 de 22 de enero, Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de Cochabamba, al no haber explicado los recurrentes la posible contradicción con relación al Auto de Vista recurrido en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, no serán considerados en la Resolución de fondo.


Finalmente, respecto al tercer motivo, en el que manifiestan que la duda razonable, inviabiliza dictar una Sentencia condenatoria; por cuanto, el acusado de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, suponiendo que a lo largo del proceso debe ser tratado y considerado como inocente, aspecto, que se halla consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 11.1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 14.2 y la CPE art. 16.I y IV, puesto que, si el Juez o Tribunal no estaría seguro de la responsabilidad penal de los acusados, debería pronunciar Sentencia absolutoria en aplicación del art. 363 del CPP, y que cualquier decisión contraria importaría que el Tribunal de alzada emita un nuevo fallo sin necesidad de nuevo juicio. Sobre este argumento, si bien los recurrentes invocan el Auto Supremo 369 de 5 de abril de 2007, el cual transcriben; empero, no refieren cuál el agravio en el que hubiere incurrido el Tribunal de apelación a los fines de que sea contrastado con el precedente que citan; en consecuencia, ante la falta de identificación de agravio, éste Tribunal se ve impedido de ejercer su labor encomendada por ley, a través, de la comparación del Auto de Vista recurrido con el precedente invocado, situación por la que este motivo deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación, de fs. 589 a 595 vta.; y, de fs. 604 a 610, interpuestos por Dionicio Martínez Mayo; y, Adrián Kelcasi Flores; respectivamente, únicamente con relación al segundo motivo identificado en el acápite II de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo dispone que, por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA