TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 631/2015-RA

Sucre, 26 de noviembre de 2015


Expediente                : Cochabamba 58/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Faustino García Callejas y otros

Delitos        : Tráfico de Sustancias Controladas y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 19 de agosto y 23 de diciembre de 2013, cursantes de fs. 211 a 213, y de fs. 237 a 240 vta., Faustino “Callejas Campos” (sic); y, Tomasa Callejas Campos, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista de 14 de junio de 2011, de fs. 187 a 192 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Sebastián Lucio Mamani Villca y los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m), y art. 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   En mérito a la acusación pública (fs. 6 a 10 vta.); y, una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia de la Provincia de Quillacollo del Distrito Judicial de Cochabamba, por Sentencia 28/2008 de 26 de agosto de 2008 (fs. 141 a 145), declaró a Faustino García Callejas, Sebastián Lucio Mamani Villca y Tomasa Callejas Campos, autores y culpables de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiéndoles la pena al primero ocho años de presidio; y, a los dos últimos la pena de doce años de presidio, más el pago de una multa para cada uno de ellos en la suma de 250 a razón de un boliviano por día, con costas y responsabilidad civil averiguables en ejecución de Sentencia.


b)   Contra la referida Sentencia, los imputados Tomasa Callejas Campos (fs. 155 a 156), y, Faustino García Callejas (fs. 161 a 164), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por el Auto de Vista de 14 de junio de 2011 (fs. 187 a 192 vta.), dictado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró improcedentes, con costas los citados recursos y confirmó la Sentencia apelada.


c)   Notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista el 12 de agosto y 17 de diciembre, ambos de 2013 (fs. 197 y 218), interpusieron recursos de casación el 19 de agosto y 23 de diciembre del mismo año; respectivamente, que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Recurso de casación de Faustino “Callejas Campos” (sic)


1.   El recurrente refiere, que ante su reclamo concerniente a la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación, el Auto de Vista recurrido, señaló que los jueces realizaron una correcta valoración de la prueba y que en aplicación de la sana crítica habrían cambiado el tipo penal de Tráfico por Transporte de Sustancias Controladas, aspecto que a decir del recurrente incumpliría, el aforismo jurídico “NON EST JUDEXI ULTRA PETITIUM PARTIUM” (sic), puesto que, no habría juez más allá de lo que piden las partes, constituyéndose en una limitación objetiva del juzgador en la valoración de la prueba; empero, el Tribunal de alzada se habría, contradicho al establecer que su persona actuó con conocimiento y voluntad, cuando, en toda la apreciación de la prueba se habría establecido, que en la bolsa de mercado se encontraron prendas pertenecientes a la coimputada Tomasa Callejas, quien en el desarrollo del juicio, de manera voluntaria reconoció que la sustancia controlada le pertenecía pidiéndole a su persona que corriera con la bolsa, hecho que constituiría vulneración al debido proceso; sin embargo, no habría sido corregido por el Tribunal de apelación, al efecto invoca el Auto Supremo “342/00R-13 DE ABRIL” (sic), y la Sentencia Constitucional “342/00-R de 13 DE ABRIL” (sic).


2.   Que, ante su denuncia referida al defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, citando la jurisprudencia internacional de Costa Rica, refiere que el Tribunal de alzada incurrió en contradicción; por cuanto, estableció que la tipificación sería la operación mental que consiste en adecuar un hecho que se produjo en la realidad dentro del supuesto hecho que describe la ley penal; empero, contrariamente también señalaría, que el tipo penal era establecido por el legislador como descripción de la conducta prohibida y del comportamiento del imputado en el “COMENTO” (sic) de cometer el delito; no considerando, a decir del recurrente, que su persona fue detenido cuando se encontraba corriendo llevando una bolsa de mercado que no era de su propiedad, del cual desconocía su contenido; además, que la co procesada reconoció de manera voluntaria la propiedad de la bolsa que contenía la sustancia controlada donde se encontró su manta, hechos que vulnerarían lo previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP y arts. 13 y 14 del CP; toda vez, que afirma- su conducta no se adecua al tipo penal por el cual fue condenado, correspondiendo en consecuencia a su criterio, dictar Sentencia absolutoria. Sobre este reclamo invoca el Auto de Vista de 29 de agosto de 2006, emitido por la Sala Penal Tercera.


3.  Bajo el acápite “TERCERO.- CON RESPECTO A LA VALORACION DE LA PRUEBA” (sic), refiere, que el Tribunal de alzada citando el Auto Supremo 196 de 3 de junio de 2005, alegó que la facultad de valorar la prueba le corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia; empero, afirma, que conforme a los precedentes que acompaña, demostraría que en varias oportunidades la misma Sala habría vuelto a valorar y analizar la prueba y como resultado de ello habrían modificado el tipo penal, al respecto invoca el Auto Supremo 554 de 1 de octubre de 2004, y los Autos de Vistas de 29 de agosto de 2006, dictada por la Sala Penal Tercera y “301199200606600” (sic) dictado por la Sala Penal Primera.


II.2 Recurso de casación de Tomasa Callejas Campos


1.  Como primer agravio reclama, que el Auto de Vista recurrido, de manera simple, somera y sin fundamento de orden legal, habría declarado improcedente su recurso de apelación, no subsanando e incumpliendo lo previsto por  los arts. 398 del CPP y 15 de la LOJ, ante su denuncia referida a la falta de fundamentación de la Sentencia, vulnerando el debido proceso; por cuanto, habría alegado que en la Sentencia se evidenciaría una fundamentación fáctica y probatoria, que guardaría coherencia, armonía y correlación con los hechos probados en juicio, habiéndose enmarcado su conducta en el delito de Transporte de Sustancias Controladas; cuando, -asevera- fue acusada por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, delito que no habría sido demostrado; por consiguiente, existiría una incongruencia entre la acusación y la Sentencia; toda vez, que la Sentencia se habría limitado a efectuar una descripción de los hechos, no existiendo una valoración ni referencia de las pruebas de descargo, aspecto, no analizado por el Tribunal de apelación, de lo contrario, afirma, que hubiere subsanado y modificado la pena a 8 años o emitir una Sentencia absolutoria o en su caso disponer un nuevo juicio.


2.   Por otro lado, refiere, que ante su denuncia concerniente a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; toda vez, que se le impuso una pena de 12 años bajo el fundamento de que su persona reconoció el Transporte de Sustancias Controladas, aspecto, que afirma, no fue demostrado por el Ministerio Público, apoyándose la Sentencia en hechos subjetivos e inexistentes; el Tribunal de alzada habría alegado que la sentencia fue realizada observando las reglas de la sana crítica, ya que a su criterio habría existido armonía habiéndose respetado las reglas del correcto entendimiento humano como son la experiencia y la lógica; fundamento, que asevera, el recurrente le hace presumir que no efectuó una correcta valoración de la prueba aportada, dando por bien hecha la vulneración a sus derechos y garantías constitucionales, y prueba de ello sería, que a la fecha cuenta con la pena máxima por el delito de Transporte de Sustancias Controladas; habida cuenta, que afirma, si hubiere sido analizada la prueba con la sana crítica habría sido sancionada con una pena de 8 años o en su caso con una Sentencia absolutoria.


Bajo el acápite “PRECEDENTES CONTRADICTORIOS CON RESPECTO A LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN” (sic), cita las publicadas en el diccionario sinóptico de doctrina y jurisprudencia, código penal y procedimiento penal publicado en diciembre de 1991: Autos Supremos “199805-SALA CIVIL-1-096” (sic), “200104-SALA PENAL-2-157” (sic), “199906-SALA PENAL-1-127” (sic); y, bajo el título “OTROS PRECEDENTES SOBRE LA VALORACION DEFECTUOSA DE LA PRUEBA” (sic) invoca, los Autos de Vista de 29 de agosto de 2006 emitido por la Sala Penal Tercera, de 26 de mayo de 2008, y de 17 de junio de 2007.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que los recurrentes cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta, que Faustino García Callejas fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 12 de agosto de 2013 (fs. 197), presentando el recurso de casación el 19 del mismo mes y año, conforme se advierte del sello electrónico de recepción (fs. 211); y, Tomasa Callejas Campos, fue notificada con la Resolución recurrida el 17 de diciembre de 2013 (fs. 218), interponiendo su recurso el 23 del mismo mes y año, conforme se tiene del sello electrónico de recepción de fs. 237; cumpliendo de esta manera, ambos recurrentes, con el art. 417 del CPP.


V.1. Del recurso de casación de Faustino García Callejas


Respecto al primer motivo, referido a que ante su reclamo concerniente a la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación, el Auto de Vista recurrido habría incumplido el aforismo jurídico “NON EST JUDEXI ULTRA PETITIUM PARTIUM” (sic); por cuanto, alegó que los jueces realizaron una correcta valoración de la prueba y que en aplicación de la sana crítica habrían cambiado el tipo penal de Tráfico por Transporte de Sustancias Controladas; argumento, que a decir del recurrente sería contradictorio; toda vez, que habría establecido que su persona actuó con conocimiento y voluntad, cuando asevera, que en la apreciación de la prueba, se estableció que la bolsa de mercado donde se encontró sustancia controlada, le pertenecía a la coimputada Tomasa Callejas, hecho que constituiría vulneración al debido proceso; sin embargo, no habría sido corregido por el Tribunal de apelación. Sobre este reclamo, el recurrente cita el Auto Supremo “342/00R-13 DE ABRIL” (sic); empero, no señala el año de su emisión, aspecto que imposibilita a este Tribunal Supremo de Justicia efectuar la labor que le encomienda la ley; por cuanto, resulta imposible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida, sin que la omisión en la que incurrió el imputado pueda ser suplida de oficio.


Así también, invoca la Sentencia Constitucional “342/00-R de 13 DE ABRIL” (sic); empero, se advierte, que en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales, no tienen la calidad de precedentes contradictorios, constituyendo tales, únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y Autos Supremos donde se establezca y ratifique doctrina legal aplicable; no siendo válido el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la ley.

Por otra parte si bien el recurrente denuncia la vulneración al debido proceso; empero, olvidó exponer en qué consistiría dicha vulneración; ello, es explicar cómo entienden que se materializó los agravios alegado y cuál el resultado dañoso, con lo que tampoco se cumplió con los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV del presente Auto.


En consecuencia, por los fundamentos expuestos, se establece que el motivo en examen no cumple con los requisitos exigidos por los arts. 416 ni 417 del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización, situación por la que deviene en inadmisible.


Con relación al segundo motivo, en el que denuncia que la Resolución recurrida  aparte de incurrir en contradicción ante su reclamo referido a que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, no habría considerado, que su persona fue detenido cuando se encontraba corriendo llevando una bolsa de mercado cuya propiedad fue reconocida de manera voluntaria por la coimputada, aspecto, que evidenciaría que su conducta no se adecuó al tipo penal por el cual fue condenado. Sobre este reclamo el recurrente invoca el Auto de Vista de 29 de agosto de 2006, emitido por la Sala Penal Tercera, de la cual efectúa un resumen y adjunta; empero, no explica la posible contradicción en la que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto al Auto de Vista invocado, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar y efectuar un resumen de los precedentes, (lo que se advierte en este caso); sino, corresponde explicar por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos del precedente invocado, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto, que no ocurrió en el presente motivo, sumándose, además, a dicha negligencia, que omitió señalar si dicha Resolución fue confirmada por este Tribunal Supremo de Justicia a los fines de constituirse en doctrina legal aplicable; en consecuencia, ante el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad, este motivo también deviene en inadmisible.


Finalmente, respecto al tercer motivo, referido a que el Tribunal de alzada citando el Auto Supremo 196 de 3 de junio de 2005 habría alegado, que la facultad de valorar la prueba le corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia; criterio, que a decir del recurrente, no sería evidente; por cuanto, en otras oportunidades la misma Sala habría valorado y analizado la prueba y como resultado de ello habría modificado el tipo penal; a cuyo efecto, invoca el Auto Supremo 554 de 1 de octubre de 2004; empero, corresponde a una Resolución que fue declarado infundado, entonces no contiene doctrina legal aplicable que pudiera ser contrastado a los fines de la Resolución del presente motivo, respecto a la invocación de los Autos de Vistas de 29 de agosto de 2006, dictada por la Sala Penal Tercera y “301199200606600” (sic), dictado por la Sala Penal Primera; sin embargo, como ya se señaló en el análisis del motivo que antecede, el recurrente no explica la posible contradicción en la que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto a los Autos de Vista invocados en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, sumándose a dicha negligencia, que el recurrente tampoco refiere si dichas Resoluciones fueron confirmadas por el Tribunal de casación para que puedan constituirse en doctrina legal aplicable.


En consecuencia, por los argumentos expuestos, ante el evidente incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, el presente motivo deviene en inadmisible.


V.2.  Del recurso de casación de Tomasa Callejas Campos


Respecto, al primer motivo, en el que reclama que el Auto de Vista recurrido, de manera simple, somera y sin fundamento de orden legal, no habría subsanado su denuncia referida a la falta de fundamentación de la Sentencia, limitándose a señalar que en la Sentencia se evidenciaría una fundamentación fáctica y probatoria, que guardaría coherencia, armonía y correlación con los hechos probados en juicio, habiéndose enmarcado a criterio del Tribunal de apelación, su conducta en el delito de Transporte de Sustancias Controladas cuando, -asevera- fue acusada por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, delito que no habría sido demostrado; por consiguiente, existiría una incongruencia entre la acusación y la Sentencia; empero, no habría sido analizado por el Tribunal de apelación, constituyendo vulneración al debido proceso.


Sobre este reclamo, corresponde señalar que el recurrente incurre en contradicción; por cuanto, por una parte denuncia que el Tribunal de alzada de manera simple, somera y sin fundamento ante su reclamo referido a la falta de fundamentación de la Sentencia, habría dado por bien hecho lo resuelto por el Tribunal de juicio; y, por otro lado, contrariamente afirma, que el Tribunal de alzada no habría analizado su reclamo, que de lo contrario, hubiere modificado la pena a 8 años o emitir una Sentencia absolutoria o en su caso disponer un nuevo juicio; argumentos, que en definitiva se contradice; por cuanto, una cosa es cuestionar que el Auto de Vista carece de una debida fundamentación; y otra, sostener que no se habría pronunciado a los motivos impugnados en apelación restringida; en consecuencia, la referida incoherencia en la fundamentación del motivo de casación, impide que este Tribunal pueda ejercer su labor encomendada por ley; por cuanto, a dicha negligencia se suma, que la recurrente, si bien en la parte final de su recurso invoca los Autos Supremos “199805-SALA CIVIL-1-096” (sic), “200104-SALA PENAL-2-157” (sic), “199906-SALA PENAL-1-127” (sic); y, bajo el título “OTROS PRECEDENTES SOBRE LA VALORACION DEFECTUOSA DE LA PRUEBA” (sic), invoca los Autos de Vista de 29 de agosto de 2006 emitido por la Sala Penal Tercera, de 26 de mayo de 2008, y de 17 de junio de 2007; sin embargo, es menester precisar que el primero corresponde a una Resolución de la Sala Civil y conforme prevé el art. 416 del CPP, constituyen precedentes sólo los Autos de Vista y Autos Supremos donde se establezca y ratifique doctrina legal aplicable, emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia o de éste Tribunal; no siendo válido el acudir a jurisprudencia civil u otra, a los fines del cumplimiento de la invocación del precedente contradictorio que exige la ley; y, respecto a los dos siguientes Autos Supremos que cita la recurrente se advierte, que resolvieron causas en vigencia del Código de Procedimiento Penal aprobado por Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972; por tanto, las referidas resoluciones judiciales no pueden considerarse precedentes oponibles al presente caso, por corresponder a un sistema procesal distinto al acusatorio.


Finalmente, respecto a la invocación de los Autos de Vista, como se señaló en el recurso que antecede, correspondía a la recurrente, explicar si las mismas fueron confirmadas por el este Tribunal Supremo de Justicia a los fines de constituirse en doctrina legal aplicable, omisión en la que incurrió la recurrente que no puede ser suplida de oficio.


Por otra parte, si bien la recurrente denuncia la vulneración al debido proceso; empero, al no tenerse claro el motivo denunciado en la fundamentación sujeta a confrontación, resulta imposible ingresar al análisis de fondo por la vía de flexibilización; en consecuencia, por los fundamentos expuestos este motivo deviene en inadmisible.


En cuanto, al segundo motivo, en el que reclama que el Tribunal de apelación no habría efectuado una correcta valoración de su denuncia referida a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; toda vez, que se le impuso una pena de 12 años bajo el fundamento de que su persona reconoció el Transporte de Sustancias Controladas, aspecto, que afirma, no fue demostrado por el Ministerio Público; sin embargo, el Auto de Vista recurrido habría alegado que la Sentencia fue realizada observando las reglas de la sana crítica ya que a su criterio habría existido armonía, respetándose las reglas del correcto entendimiento humano como son la experiencia y la lógica, dando por bien hecha la vulneración a sus derechos y garantías constitucionales. Sobre este reclamo, si bien la recurrente invoca Autos Supremos y Autos de Vista; empero, como ya se señaló en el análisis del primer motivo de este recurso, no son posibles de confrontación.


Ahora bien, la recurrente denuncia la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales; sin embargo, olvida exponer en qué consiste la disminución o restricción y de qué derechos y garantías; ello, es explicar cómo entiende que se materializó el agravio alegado y cuál el resultado dañoso, aspecto que evidencia que no se cumplió con los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV del presente Auto Supremo, en consecuencia, por los fundamentos expuestos este motivo deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Faustino García Callejas y Tomasa Callejas Campos, de fs. 211 a 213 y de fs. 237 a 240 vta., respectivamente.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA