TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 627/2015-RA

Sucre, 03 de noviembre de 2015


Expediente                : Santa Cruz 67/2015        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Junior Mauricio Porcel Fernández

Delitos                : Asesinato y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de mayo de 2015, cursante de fs. 298 a 302 vta., Junior Mauricio Porcel Fernández, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 64 de 2 de abril de 2015 de fs. 285 a 288 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Elva Quiroz Surano contra el recurrente por la presunta comisión de los delitos de Asesinato y Asociación Delictuosa, tipificados por los arts. 252 incs. 2), 3), 6) y 7 y 132 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   Por Sentencia 16/2014 de 17 de octubre (fs. 231 a 238), el Tribunal Octavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró al imputado Junior Mauricio Porcel Fernández, autor y culpable de la comisión de los delitos de Asociación Delictuosa y Asesinato, previstos y sancionados por los arts. 132 y 252 incs. 2), 3), 6) y 7) ambos del CP, imponiéndole la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, con la imposición de costas a calificarse en ejecución de sentencia.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el imputado Junior Mauricio Porcel Fernández, formuló recurso de apelación restringida (fs. 243 a 248 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 64 de 2 de abril de 2015 (fs. 285 a 288 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada.


c)  El 22 de mayo de 2015 (fs. 291), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista y el 27 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente haciendo mención a los motivos segundo y tercero del recurso de apelación restringida y a los Autos Supremos 183/2007 de 6 de febrero, 515/2006 de 16 de noviembre, 65/2012 de 19 de abril, 215/2013 de 12 de junio y 73/2013 de 19 de marzo, denuncia que el Auto de Vista recurrido, lesiona el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, al pasar por alto un supuesto incumplimiento en relación con las normas relativas a los desfiles identificativos y calificar estos aspectos como “errores superficiales de forma”. Igualmente refiere en relación con el tercer motivo del recurso de apelación, relacionado con la prueba 22 del Ministerio Público, que en la misma constaría una “Entrevista Policial”, prestada por el imputado en la cual confesó y admitió el hecho, lo que vulneraría lo preceptuado por el art. 93 del Código de Procedimiento Penal (CPP), invocando su ilegalidad. Afirma que por lo expuesto, la Resolución impugnada contradice todos los precedentes nombrados y que también fueron mencionados en el recurso de apelación restringida.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función monofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, de la revisión de antecedentes, se constata que el recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que el 22 de mayo de 2015, fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 27 del mismo mes y año, presentó su recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días que establece el art. 417 del CPP.


En cuanto al único motivo identificado en el recurso, relacionado a los puntos segundo y  tercero incluidos en el recurso de apelación restringida y que fueron supuestamente obviados por el Tribunal de apelación con el argumento de ser cuestiones de forma y prevalecer sobre ellas el principio de verdad material, el recurrente se limita a realizar estas afirmaciones, relacionadas con dos aspectos materiales que son puntuales cuales son la valoración de un acta de desfile identificativo supuestamente llevado adelante en forma errónea y la valoración igualmente por parte del Tribunal de Sentencia de una entrevista informativa que contendría la confesión del imputado y a invocar previa transcripción parcial de los Autos Supremos 183/2007 de 6 de febrero, 515/2006 de 16 de noviembre, 65/2012 de 19 de abril, 215/2013 de 12 de junio y 73/2013 de 19 de marzo, sin establecer de manera precisa y fundada cuál la contradicción existente con la resolución recurrida.


Al respecto, debe destacarse que la simple cita o transcripción de los Autos Supremos, no proporcionan los insumos necesarios para que este Tribunal desarrolle la labor encomendada por ley, pues se evidencia que el recurrente a más de efectuar la referida glosa parcial, a manera de titulación de los precedentes hace un breve comentario en negrilla, que de ningún modo puede significar el cumplimiento de la carga procesal que tiene todo sujeto procesal que recurre de casación de señalar la contradicción en términos precisos conforme las previsiones del art. 417 segundo párrafo del CPP.


Por otra parte, si bien el recurrente denuncia la vulneración al debido proceso; sin embargo, omite exponer en qué consiste la disminución o restricción del mismo, cuando no ingresa a identificar si la vulneración afecta a éste como garantía constitucional o como principio procesal y en el caso último, en cuál o cuáles de sus componentes, menos aún ingresa a explicar cómo entiende, que se materializó el agravio alegado y cuál el resultado dañoso, limitándose a enunciar afirmaciones del Auto de Vista, que guardan relación con una actividad de valoración del Tribunal de alzada respecto a los motivos de la apelación restringida, resultando que la vulneración acusada, guarda relación en todo caso, con los fundamentos de la Sentencia y una supuesta valoración de prueba ilegal, cuyo reclamo oportuno por el ahora recurrente no consta ni como fundamento del Auto de Vista impugnado ni como componente del recurso de casación interpuesto, con lo que, tampoco cumple con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de este Auto, deviniendo en consecuencia en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Junior Mauricio Porcel Fernández de fs. 298 a 302 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA