TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 622/2015-RA

Sucre, 03 de noviembre de 2015


Expediente        : Cochabamba 56/2015

Parte Acusadora        : Raúl Marcelo Quispe Quisbert

Parte Imputada        : Jenny Sandra Apaza Siles

Delitos        : Difamación y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de julio de 2015, cursante de fs. 382 a 383 vta., Raúl Marcelo Quispe Quisbert, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 23 de febrero de 2015, de fs. 373 a 379, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Jenny Sandra Apaza Siles, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   En mérito a la acusación particular (fs. 3 a 8 vta.), desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Juez de Partido Penal y de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Quinto de Cochabamba, por Sentencia 2/2014 de 9 de enero (fs. 334 a 343 vta.), que declaró a Jenny Sandra Apaza Siles, absuelta de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del CP, con costas a favor de ella.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular interpuso recurso de apelación restringida (fs. 347 a 355 vta.), resuelto por el Auto de Vista de 23 de febrero de 2015 (fs. 373 a 379), que declaró improcedente el citado recurso, y confirmó la Sentencia impugnada.


c)   El 21 de julio de 2015 (fs. 380), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista, y el 28 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


1)   El primer motivo identificado del recurso de casación refiere que, el Tribunal de alzada ha incurrido en inobservancia y errónea aplicación de la ley adjetiva penal, conforme lo descrito en el art. 370 incs. 1) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP), considerando que la acusada con grado académico de Licenciada en Auditoría, desarrolló dolosamente su comportamiento delictivo al endilgarle al recurrente mediante notas al SEDCAM, Dirección Departamental del Trabajo y Asamblea Permanente de Derechos Humanos conforme a las literales A-1, A-2 y A-3; denuncias por acoso laboral y discriminación, sin contar con una Resolución administrativa interna o Sentencia judicial condenatoria que confirme tales extremos. En conclusión, quedando demostrada la culpabilidad de la acusada.

2)  Por otro lado, denuncian que, el Tribunal de Alzada ha incurrido en inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva penal, en relación a los arts. 282, 283 y 287 del CP. El fundamento expresado determina que los hechos probados se adecuan correctamente a los tipos penales referidos, por lo que “en el presente caso concurren los elementos principales del delito, es decir, concurre la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad con su presupuesto la imputabilidad por lo que se debe sancionar a la acusada” (sic). 


Se expresó además de modo escueto, que el Auto de Vista impugnado habría vulnerado el art. 169 incs. 3) y 4) del CPP, y que los comportamientos acusados habrían afectado la reputación y dignidad del recurrente; cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 299/2012 de 23 de octubre.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer los recursos que la norma adjetiva prevé, las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia cuando éstos sean contrarios a otros precedentes pronunciados por sus Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; labor reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derechos objetivo establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)    Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de admisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación; sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, el 21 de julio de 2015 (fs. 380), fue notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado, y el 28 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Con relación al primer agravio, este se encuentra referido al pronunciamiento inadecuado o inmotivado que reflejó el Auto de Vista impugnado en el que se habría inobservado y aplicado de manera errónea la ley adjetiva penal, relacionado al art. 370 en sus incs. 1) y 6) del CPP, considerando que se produjo plena prueba sobre el comportamiento delictivo doloso de la acusada al endilgar al recurrente de manera escrita y en varias oportunidades de haber cometido actos delictivos. En el segundo agravio, se denuncia que el Tribunal de alzada ha incurrido en inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva penal, en relación a los arts. 282, 283 y 287 del CP, expresando que los hechos probados se adecúan correctamente a los tipos penales en cuestión, habiéndose concretado positivamente toda la teoría del delito y debiendo la acusada ser pasible de sanción penal. De modo general y en un punto diferente cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 299/2012 de 23 de octubre.


En el caso de los dos agravios expuestos, conforme se tiene del recurso en revisión, se hace una simple mención del Auto Supremo 299/2012 de 23 de octubre sin identificar al motivo que corresponde-, el mismo que no fue invocado en el recurso de apelación restringida (fs. 347 a 355 vta.); además, sin desarrollar fundamentación alguna sobre posibles contradicciones del precedente indicado con el Auto de Vista impugnado asumiendo ese razonamiento al no poderse invocar un precedente nuevo en relación a la tarea del juzgador A quo, a su vez no habiendo desarrollado la mínima explicación sobre la posible aplicabilidad al caso concreto, imposibilitando toda contrastación e identificación de contradicción posible sobre disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, o en razón a preceptos a aplicarse y sobre la solución pretendida, en cuyo mérito, ante la omisión atribuible a la parte recurrente que no puede ser suplida de oficio, y en claro incumplimiento del art. 416 y 417 del CPP, es imperante declarar inadmisibles los dos motivos de impugnación.


No obstante, lo definido constatándose la denuncia de defectos absolutos, relativos a los incs. 3) y 4) del art. 169 del CPP, es preciso verificar si cumplió con los requisitos expuestos en el apartado IV del presente Auto Supremo, para su admisión vía flexibilización. Así, se tiene que si bien el recurrente invocó la norma habilitante para el reclamo por defecto insubsanable por actos vulneratorios de derechos, estos últimos no fueron identificados ni precisados por el recurrente, menos aún fundamentó sobre la restricción o disminución de ellos o el resultado de daños emergente; consecuentemente, de la fundamentación expuesta en el recurso, se observa que el recurrente no cumplió con los presupuestos de flexibilización requeridos y explicados en el acápite ut supra, haciendo inviable el análisis de fondo de estos motivos.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, interpuesto por Raúl Marcelo Quispe Quisbert, de fs. 382 a 383 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA