TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 609/2015-RRC

Sucre, 21 de septiembre de 2015


Expediente        : La Paz 121/2014

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Mery Santander Monzon y otros

Delito                : Uso de Instrumento Falsificado

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 10 y 13 de junio de 2014, cursantes de fs. 1849 a 1859 y fs. 1878 a 1888, Mery, Vilma y Dellia todas de apellidos Santander Monzón; y, Alcides y Valentín ambos también de apellidos Santander Monzón; respectivamente, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 23/2014 de 14 de marzo de fs. 1826 a 1828, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Viviana Lucia Santander Monzon contra Reynaldo Santander Monzón y los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 831 a 833, subsanada a fs. 840 y 846) y particular (fs. 848 a 859 vta.), y desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 006/2007 de 8 de mayo (fs. 1184 a 1198), declarando a los imputados Mery, Vilma, Alcides, Reynaldo, Dellia y Valentín, todos de apellidos Santander Monzon, autores de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado previsto y sancionado por el art. 203 del CP, condenándoles con la pena privativa de libertad de cuatro años de reclusión que deberán cumplir los varones en el Penal de “San Pedro”, y las mujeres en el Centro de Orientación Femenina, ambos recintos de la ciudad de La Paz, más costas a calificarse en ejecución de sentencia.

b)        Contra la mencionada Sentencia, los imputados Mery, Vilma, Dellia, Reynaldo, Alcides y Valentín, todos de apellidos Santander Monzón (fs. 1210 a 1226 vta.) interpusieron recurso de apelación restringida, al que se adhirieron Valentín, Dellia y Alcides todos de apellidos Santander Monzón (fs. 1273,  1276 y vta.; 1280 y 1320 y vta., respectivamente), resuelto por Auto de Vista 102/2007 de 17 de diciembre (fs. 1367 a 1368 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 40/2012 de 29 de marzo (fs. 1498 a 1502 vta.), motivando la emisión del Auto de Vista 33/2012 de 4 de junio (fs. 1512 a 1514), que recurrido en casación por los imputados mereció el pronunciamiento del Auto Supremo 249/2012 de 17 de septiembre (fs. 1546 a 1548 vta.), que declaró su inadmisibilidad; sin embargo, por Sentencia Constitucional Plurinacional 0193/2013 de 27 de febrero (fs. 1621 a 1640) se dispuso la nulidad del Auto de Vista 33/2012 de 4 de junio y del Auto Supremo 249/2012 de 17 de septiembre; a cuyo efecto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 23/2014 de 14 de marzo (fs. 1826 a 1828), que declaró improcedentes los recursos de apelación; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, dando lugar a la presentación de los recursos de casación en análisis.


I.1.1. Motivos de los recursos


De los memoriales de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión      412/2015-RA de 25 de junio, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución por este Tribunal conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Los imputados luego de efectuar una relación de antecedentes sobre los hechos fácticos que motivaron la causa, denuncian que el Auto de Vista recurrido incurrió en violación respecto a la admisibilidad de sus recursos de apelación restringida; por cuanto, habría declarado su improcedencia, sin referirse sobre su admisibilidad, siendo a su criterio un requisito el pronunciarse si se declara admisible o no un recurso, al efecto piden se tenga en calidad de precedente el Auto Supremo 165/2013 de 16 de mayo.


  1. Por otro lado denuncian que el Auto de Vista recurrido vulneró el art. 163 del CPP, toda vez, que no habrían sido notificados de forma personal con la Resolución impugnada, sino al contrario se habría notificado a sus abogados en sus domicilios procesales, al efecto invocan como precedente contradictorio el Auto Supremo 131/2012 de 2 de julio.


  1. Como tercer agravio denuncian que el Auto de Vista impugnado no se pronunció sobre su alzada restringida y efectuando una breve relación desde su primer al séptimo considerando, señalan los siguientes puntos sobre los que el Tribunal de alzada incurriría en ese defecto; i) Que pese a que en su alzada pidieron la nulidad absoluta en aplicación del art. 169 inc. 1) del CPP, por falta de participación en el proceso del Fiscal de Materia, apersonándose solamente un Fiscal adjunto que presentó la acusación, el cual estaría inhabilitado para su presentación por cuanto no estaría legitimado conforme prevén los arts. 44 y 45 de la Ley del Ministerio Público; el Auto de Vista recurrido se limitó a señalar, que el reclamo debió de efectuarse en la audiencia conclusiva y no en ese momento procesal; ii) En cuanto a los defectos de la sentencia, refiriéndose al punto f) sobre la “errónea aplicación sustantiva y de la ley penal sustantiva” (sic), el Tribunal de alzada considera que incumplen el art. 408 del CPP (plazo para la interposición del recurso), cita legal que los recurrentes aseveran, se trata de una equivocación del Tribunal y si bien es cierto que la congruencia se encuentra prevista en el art. 362 del CPP, haciendo una relación de lo acontecido con el documento cuestionado y su uso a través de una apoderada para un préstamo, que ya fue cubierto, señalan que este hecho fue obviado por el Tribunal de alzada; puesto que, consideran que con lo sucedido se deja sin efecto el Uso del supuesto instrumento falsificado; iii) Ante su reclamo efectuado en el punto 7 de sus apelaciones, referida a la suspensión del proceso por la incorporación de prueba extraordinaria consistente en la Escritura Pública 551/96 y un folio real de transferencia de un lote a sus favores, prueba que habría sido admitida en vulneración del art. 335 del CPP; iv) Violación al principio de continuidad en infracción de los arts. 329, 334, 335 inc. 1) y 336 del CPP, donde habrían señalado que de acuerdo al art. 339 del CPP, los principios del juicio indican que debe ser en forma contradictoria, oral, pública y continua, si alguno de éstos es omitido no existiría el debido proceso y no habría juicio válido; empero, alegan que no hubo pronunciamiento, no obstante haber reconocido que se suspendieron varias audiencias, al efecto invocan los Autos Supremos 306/2013 de 22 de noviembre, 349 de 28 agosto de 2006 y 256 de 26 de julio de 2006; y, v) Violación al art. 27 del CPP, por cuanto habrían señalado que la parte querellante desistió de su querella por memorial de 13 de noviembre de 2012 que mereció la providencia de 14 de noviembre de 2012 estableciendo “acúdase al tribunal de origen para los fines solicitados…”; empero, después de varios memoriales en los que habrían solicitado un pronunciamiento, el Tribunal de sentencia no lo habría hecho, aspecto que denunciaron en su recurso de apelación; agregan los imputados Alcides y Valentín, ambos de apellidos Santander Monzon que erogaron junto a su hermano Reynaldo Santander Monzón la suma de $us. 27.000 (veintisiete mil dólares estadounidenses), que afirman, haber entregado a la acusadora, extremo que no habría sido valorado.


I.1.2. Petitorio


Por lo expuesto, piden que deliberando en el fondo, se deje sin efecto el fallo recurrido, disponiendo la devolución de actuados a la Sala Penal Segunda, para que pronuncie nueva resolución absolutoria a su favor, de acuerdo a la doctrina legal establecida.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 412/2015-RA, cursante de fs. 2045 a 2048, este Tribunal admitió el recurso formulado por la parte acusadora, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la apelación restringida.


Los imputados, plantearon recurso de apelación restringida contra la Sentencia 006/2007, alegando, en estricta relación con los motivos admitidos en casación, que: a) Los Fiscales Adjuntos, Ramiro Jiménez Cárdenas, Wilfredo Limache Conde, Alaín de Canedo Ostria, José Villarroel Barrios,  Ernesto Macuchapi Laguna y Adolfo Argani Argani, a su turno, presentaron acusación fiscal, prueba testifical, documental y pericial en contra suya, por la supuesta comisión del delito previsto y sancionado por el art. 203 del CP, habiendo tomado declaraciones informativas de algunos coimputados y emitido requerimientos fiscales, lo que luego de una serie de actos procesales ilegales, culminó con una Sentencia condenatoria en su perjuicio, por lo que concluyó que en el proceso intervinieron Fiscales Adjuntos y no así Fiscales de Materia, en detrimento de lo establecido en la ley (arts. 44 y 45 de la Ley del Ministerio Público), lo que considera causal de nulidad, que no obstante haber sido reclamado en su oportunidad, el Tribunal de Sentencia guardó silencio al respecto; b) El Tribunal Primero de Sentencia, incurrió en actos violatorios de la garantías del debido proceso, incluyendo la lectura de actas declarativas, declaraciones informativas y policiales, desarrollando un juicio discontinuo, cometiendo violación a los principios de oralidad, inmediación y continuidad, lo que acarrea su nulidad, conforme dispone el art. 169 incs. 1), 2), 3) y 4) del CPP, a cuyo efecto detalla las fechas de las audiencias suspendidas y de su reanudación, afirmando que no se aplicó correctamente el art. 334 del CPP y se interpretaron erróneamente los arts. 335 y 336 del mismo Código; c) El Tribunal de juicio, admitió la solicitud de producción de prueba extraordinaria efectuada por la parte querellante (folio real 2.01.4.01.0068320, de inscripción de escritura pública 551/96 de 5 de marzo de 1996), sin suspender el proceso, tal cual estaba obligado al tenor del art. 335 del CPP, que establece que se debe suspender el juicio cuando se tiene necesidad de ofrecer prueba extraordinaria; y, d) Se aplicó erróneamente el art. 203 del CP, debido a que su configuración, exige su daño y perjuicio; sin embargo, cancelaron y cubrieron el dinero a Soledad Críales Gutiérrez, habiéndose levantado la garantía hipotecaria, de quien obtuvieron un préstamo de dinero con el Testimonio 551/96 de 5 de marzo de 1996, sin acreditarse perjuicio alguno a Viviana Lucía Santander Monzón.


II.3.Del Auto de Vista recurrido.


Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 23/2014, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por la parte imputada, confirmando la Sentencia, de acuerdo a los siguientes argumentos: 1) En sujeción a lo establecido en la doctrina legal establecida por el Auto Supremo 40/2012 de 29 de marzo, dictada dentro del mismo proceso, concluyen que si bien, el Tribunal de la causa, suspendió varias audiencias de juicio; empero, muchas de ellas no constituyeron causa de transgresión del principio de continuidad; por cuanto, en algunos casos fueron suspendidas por lo avanzado de la hora (cuatro oportunidades), para resolver un recurso de apelación incidental, por el anuncio de apelación restringida; y, otras causas, las que no determinaron dispersión de la prueba; 2) La denuncia de celebración de juicio discontinuo, debido a la lectura de actas declarativas informativas policiales, en violación de los principios de oralidad, inmediación y continuidad, debió efectuarse durante la sustanciación del juicio y no así en etapa de recursos, por lo que infiere que los recurrentes no observaron el art. 407, segunda parte del CPP, resultando la denuncia impertinente y extemporánea; 3) Con relación al pedido de nulidad absoluta por “falta de participación del Fiscal de materia en el desarrollo de la etapa preparatoria” (sic), correspondía ser reclamado en la audiencia conclusiva y no así a tiempo de interposición del recurso de apelación restringida. Asimismo, con relación a la participación de los Fiscales Adjuntos a la fecha de sustanciación del juicio oral, su participación estaba plenamente reconocida por la jurisprudencia, por lo que también carece de asidero legal; 4) Con relación a la denuncia de errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva, no cumplen con la exigencia prevista en el art. 408, primera parte del CPP, es decir, no hacen la interpretación que en sus criterios sería la correcta respecto al tipo penal previsto y sancionado por el art. 203 del CP, referido de manera tangencial por los apelantes; y, 5) Los apelantes no presentaron precedente contradictorio alguno, ni anunciaron su presentación en el recurso de apelación restringida, por lo que incumplieron con la previsión contenida en el art. 416 del CPP.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


El Tribunal Supremo de Justicia, admitió el recurso de casación interpuesto por la parte acusada, con la finalidad de verificar si el Tribunal de apelación incurrió en contradicción con la doctrina legal invocada, respecto a la declaratoria de improcedencia de la apelación restringida, antes de revisar su admisibilidad; la falta de notificación personal con el Auto de Vista recurrido; y, la ausencia de pronunciamiento respecto a los puntos impugnados en alzada.


III.1.Respecto a la denuncia de falta de análisis de admisibilidad previo a la declaratoria de improcedencia en alzada.


Con relación a la temática, en la que los recurrentes aducen que correspondía al Tribunal de alzada verificar en primer lugar la admisibilidad de su recurso, previo a declarar su improcedencia, invocaron la doctrina legal sentada en el Auto Supremo 165/2013 de 16 de mayo, que fue pronunciada en un caso en el que se denunció que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre todos los puntos apelados e incurrió en falta de motivación suficiente de los mismos, cuestionamiento que al haber sido corroborado, dio lugar a que la Sala Liquidadora de este máximo Tribunal de Justicia, a tiempo de dejar sin efecto la resolución recurrida, establezca como razonamiento jurisprudencial, la obligación que tienen las autoridades jurisdiccionales de fundamentar y motivar todo Auto de Vista, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; al responder y emitir los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de alzada.


Ahora bien, conforme al razonamiento expuesto en el Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, que estableció los alcances del art. 416 del CPP, respecto a la situación de hecho similar que debe guardar el precedente invocado con relación a lo resuelto en el Auto de Vista recurrido, se advierte que en el presente caso, tratándose de un cuestionamiento eminentemente procesal, referido a la denuncia de la falta de ejercicio de una determinada facultad atribuida al Tribunal de alzada, relativa al análisis de admisibilidad del recurso de apelación restringida, antes de referirse a la improcedibilidad de los motivos contenidos en ella, difiere por completo de la temática resuelta por el precedente invocado, específicamente circunscrito a determinar el deber de fundamentación y motivación que tienen los miembros del Tribunal de alzada, respecto de cada uno de los puntos impugnados en apelación; en consecuencia, la doctrina legal invocada, no es susceptible de contrastación con el Auto de Vista recurrido, al ser las problemáticas confrontadas distintas, resultando este motivo infundado.


III.2. Sobre la denuncia de falta de notificación personal del Auto de Vista recurrido.


En este motivo, los imputados invocaron el precedente asumido en el Auto Supremo 131/2012 de 2 de julio, dentro de un proceso en el que se determinó que la decisión del Tribunal de alzada de ordenar la reposición de obrados, por falta de notificación personal con una actuación (traslado con el recurso de apelación restringida), que no exigía dicha forma de diligencia y porque el Juez de la causa no habría otorgado una debida providencia al momento de remitir obrados en grado de apelación, omitiendo emplazar a las partes conforme la previsión contenida en el art. 409 in fine del CPP, se alejó del marco de legalidad y de los razonamientos doctrinales desarrollados con relación a las nulidades procesales, en lo que interesa para la resolución del caso en concreto, asumió el siguiente razonamiento:


“I. En cuanto a los medios de notificación, el art. 161 del Código de Procedimiento Penal dispone: Las notificaciones se practicarán por cualquier medio legal de comunicación que el interesado expresamente haya aceptado o propuesto, salvo las notificaciones personales, y el art. 162 (Lugar de notificación) del similar cuerpo procesal dispone: Los fiscales y los defensores estatales serán notificados en sus oficinas y las partes en el domicilio que hayan constituido en su primera actuación o, en su defecto, en estrados judiciales; salvo el caso de las notificaciones personales, teniéndose que las notificaciones personales conforme dispone el art. 163 del Código de Procedimiento Penal deben efectuarse en los siguientes casos: 1) La primera resolución que se dicte respecto de las partes, 2) las sentencias y resoluciones de carácter definitivo; 3) las resoluciones que impongan medidas cautelares personales, y 4) otras resoluciones que por disposición de este Código deban notificarse personalmente, de donde se establece que aquellas resoluciones que no se hallen comprendidas en el art. 163 del Código de Procedimiento Penal, tal el caso de un mero decreto de traslado con el Recurso de Apelación Restringida, que por disposición del art. 409 del Código de Procedimiento Penal no tiene la exigencia expresa de ser efectuada de manera personal, pueden ser notificadas en los lugares previstos por el art. 162 del mismo cuerpo procesal penal, siendo plenamente válidas las notificaciones efectuadas en los domicilios constituidos por las partes para los efectos del proceso con la entrega de la resolución a los abogados que patrocinan o defienden la causa…


II. Los errores o inobservancias del procedimiento, pueden ser calificados como lesivos a la Garantía del debido proceso y, consiguientemente, anulables, solo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos o errores in procedendo provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y además sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro; pues, no tiene sentido jurídico alguno anular los actos procesales y disponer se subsanen los defectos procedimentales en los que habría incurrido, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que se alcanzó mediante el acto procesal observado, en razón de que en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado. Es así que surge también la obligación de demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponerse la nulidad de actos procesales.


Las nulidades consisten en la invalidación de actos cumplidos e ingresados al proceso sin observarse las exigencias legales impuestas para su realización, en tal sentido, no todo defecto o no toda irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento produce la nulidad y para declarar dicha nulidad se debe tomar en cuenta determinados principios como: no hay nulidad sin texto, vale decir, que la irregularidad de la que adolece el acto debe estar sancionada de manera expresa, pero además debe tener trascendencia, es decir, que el vicio debe ser de tal magnitud que impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido en orden al derecho o garantía que se dice violado; pero además las nulidades deben ser interpretadas de manera restrictiva a efectos de evitar se desvirtúe el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica y finalmente debe tomarse en cuenta el interés, pues no hay nulidad por la nulidad misma en sentido de que la nulidad puede ser pronunciada cuando el incumplimiento de las formas se traduce en un efectivo menoscabo a los intereses de la defensa. Consiguientemente, exacerbar privilegios o garantías constitucionales en una incorrecta aplicación, daña el supremo interés u orden público afectando la seguridad del cuerpo social.


Toda vez que el sistema procesal penal vigente en el país tiene diseñado un procedimiento penal finalista y no formalista, se reconoce la corrección de la actividad procesal defectuosa y no así la nulidad de actuados con reposición de obrados, siendo así que el art. 168 del Código de Procedimiento Penal dispone: Siempre que sea posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido del defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido, quedando convalidados aquellos actos procesales que no obstante presentar un defecto no calificado como absoluto (1) no hayan sido oportunamente observados por las partes pidiendo se subsanen, (2) acepten expresa o tácitamente los efectos del acto o (3) no obstante la irregularidad el acto consiguió su fin con respecto a todos los interesados, conforme así previene el art. 170 del Código de Procedimiento Penal(resaltado propio).


Conforme a los razonamientos expuestos, se concluye que cualquier denuncia de incumplimiento de las normas procesales sobre las que se pide su nulidad a título de defecto absoluto, necesariamente debe ir acompañada de la demostración del perjuicio provocado a la parte impugnante (vulneración de derechos y garantías), lo contrario significaría relievar lo formal sobre lo sustancial, provocando una innecesaria repetición de actuaciones procesales que de todas formas tendrían el mismo resultado que el dejado sin efecto, en directo detrimento de la administración de justicia (aparato estatal y población administrada), afectando los principios de seguridad jurídica y celeridad.


Dentro de ese marco, corresponde verificar si el cuestionamiento de los recurrentes, referido a la falta de notificación personal con el Auto de Vista recurrido, no obstante constituir una resolución de carácter definitivo [art. 163 inc. 2) del Código adjetivo penal], provocó alguna lesión a los derechos y garantías de los acusados, de tal forma que amerite disponer la nulidad de actuaciones procesales, para lo cual, resulta ilustrativo acudir al razonamiento expuesto en el Auto Supremo 139/2015-RRC de 27 de febrero, que con carácter ejemplificador, con relación a la diferencia entre defectos absolutos y relativos, especificó: “dijimos que todos los actos irregulares por incumplimiento de las formas previstas en la ley, constituyen defectos, también señalamos que para establecer la diferencia entre defecto relativo y absoluto, debemos revisar si el acto defectuoso vulneró efectivamente un derecho fundamental, entonces, puede darse el caso que un mismo acto defectuoso puede ser relativo o bien absoluto, dependiendo si incidió efectivamente o no en algún derecho o derechos del afectado, o casos en que en el defecto procesal siempre es relativo o absoluto, como ejemplo del primer caso, tenemos el art. 163 del CPP, que prescribe: Se notificarán personalmente: 2) Las sentencias y resoluciones de carácter definitivo, por lo que una notificación de este tipo de resoluciones hecha en el domicilio procesal de la parte constituye defecto; empero, será considerado absoluto, cuando esa infracción a la ley procesal determine el desconocimiento de la resolución por parte del sujeto procesal, como sucede cuando el abogado que fue notificado no informa a su defendido sobre esa comunicación procesal, existiendo desconocimiento material de la resolución definitiva, lo que impide el ejercicio del derecho a la impugnación de una posible resolución  gravosa, lo que evidentemente conculca el derecho fundamental al debido proceso en sus vertientes al derecho a la defensa, al conocimiento de los actuados judiciales de relevancia y de impugnación; por tanto, acto defectuoso absoluto; por el contrario, en el caso de que pese a dicha irregularidad, la parte interesada interpone recurso contra la sentencia o resolución definitiva dentro del plazo legal, el mismo defecto resulta relativo, pues consiguió su finalidad, el cual era que el interesado asuma conocimiento real de la resolución, siendo aplicable en este caso el art. 170 del CPP que señala: Los defectos relativos quedarán convalidados en los siguientes casos: 3) Si no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin con respecto a todos los interesados” (resaltado propio).


Así, de obrados se advierte que, Mery y Vilma, ambas de apellidos Santander Monzón, fueron notificadas con el Auto de Vista 23/2014 de 14 de marzo, en su domicilio procesal, el 4 de junio de 2014 (fs. 1829); Alcides y Valentín, de apellidos Santander Monzón, fueron notificados con la aludida resolución, igualmente en su domicilio procesal, el 10 de junio del mismo año (1830). No consta en el expediente, la fecha de notificación a Dellia Santander Monzón. Al respecto, si bien es evidente que constituyéndose un Auto de Vista que resuelve una apelación restringida, una resolución de carácter definitivo, que conforme al art. 163 incs. 2) del CPP, debería ser notificado personalmente a los sujetos procesales, no es menos evidente que no obstante dicha omisión, Mery, Vilma y Dellia, el 10 de junio de 2014; y, Alcides y Valentín, todos de apellidos Santander Monzón, el 13 del mismo mes y año, formularon recursos de casación, que de acuerdo al Auto Supremo 412/2015-RA de 25 de junio, pronunciado dentro del presente proceso, se sujetaron al plazo previsto y exigido por el art. 417 del CPP, para la admisión del recurso de casación, quedando desvirtuada la posible lesión que pudieron haber sufrido los imputados, en el ejercicio de alguno de sus derechos y/o garantías, por cuanto este Tribunal, a tiempo del análisis de admisibilidad, concibió que las diligencias de notificación practicadas a los procesados, cumplieron su finalidad de dar a conocer su contenido a los interesados, incluso a Dellia Santander Monzon, otorgándoles la oportunidad de recurrir en casación el Auto de Vista 23/2014, si consideraban que no era favorable a sus intereses, como efectivamente lo hicieron; en consecuencia, el defecto detectado al no tener carácter absoluto, sino relativo por el efectivo conocimiento que los acusados tuvieron de la comunicación procesal cuya de notificación extrañaron, no amerita de ningún modo su nulidad.


Por otra parte, no debe soslayarse la falta de fundamentación en la que incurrió la parte recurrente con relación al perjuicio que le habría provocado la falta de notificación personal con el Auto de Vista recurrido, a cuyo efecto, este Tribunal para verificar la viabilidad de ordenar la nulidad de obrados, se sujetó a los datos del proceso, llegándose a verificar que el Tribunal de alzada de ningún modo incurrió en contradicción con la doctrina legal invocada ni con las normas procesales que rigen la materia, al no denotarse vulneración de derechos y garantías alguna, que pueda constituir defecto no susceptible de convalidación; en consecuencia, el motivo analizado deviene infundado.


III.3. Con relación a la denuncia de falta pronunciamiento del Tribunal de alzada, respecto a todos los aspectos impugnados en apelación restringida.


Con relación a la denuncia de incongruencia omisiva en la que el Tribunal de alzada habría incurrido, respecto a puntos específicos expuestos en apelación restringida, los recurrentes invocaron las siguientes resoluciones, pronunciadas ante la evidencia de que los respectivos Tribunales de alzada, al resolver las apelaciones restringidas omitió resolver todas las cuestiones planteadas y las resueltas carecían de una suficiente fundamentación:


Así, el Auto Supremo 256 de 26 de julio de 2006, en lo que atañe a la problemática planteada, estableció: …es obligación del Tribunal de alzada, de la misma manera pronunciarse FUNDADAMENTE, respecto a cada uno de los puntos de agravación argüidos por los recurrentes, en base a lo dispuesto por los artículos 124 y 398 ambos del Código de Procedimiento Penal. Tal el caso de Autos en que el Tribunal de Sentencia unipersonal incurre en contradicción entre la parte considerativa y resolutiva y el Tribunal de alzada omite pronunciarse fundadamente respecto a cada uno de los puntos de agravación”.


Complementando, el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006, estableció que: …se deja en indefensión a las partes y se viola la garantía constitucional del debido proceso cuando el Auto de Vista deviene en infrapetita es decir cuando el Tribunal de apelación omite pronunciarse respecto a cada uno de los puntos de reclamación que contiene el recurso de apelación restringida.


Por lo que es esencial que el Auto de Vista que resuelve el recurso de apelación restringida, contemple fundadamente todos los puntos de impugnación contenidos en el recurso de apelación restringida a efecto de no vulnerar los derechos y garantías constitucionales de las partes”.


Razonamientos asumidos y reiterados en el Auto Supremo 306/2013 de 22 de noviembre, en el que se concibió que: Los precedentes citados respecto al principio de congruencia establecen de manera clara que el Tribunal de apelación debe circunscribirse a los puntos apelados aunque también debe considerar la respuesta que puede darse al recurso de apelación, ello no responde a un mero formalismo de estructura sino a un deber esencial del juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal; además, que la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; de modo, que la resolución de apelación restringida debe responder a la expresión de agravios.


En este sentido, en observancia de este principio, el art. 398 del CPP de manera expresa dispone que los tribunales de alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, resultando un deber ineludible del Tribunal de alzada de pronunciarse resolviendo cada una de las pretensiones de la o las partes recurrentes, norma íntimamente relacionada con el art. 124 de la misma norma procesal, que dispone que las sentencias y los autos interlocutorios serán fundamentados, expresando los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba y que la fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. 


Por lo tanto, la obligación de responder cada uno de los agravios, no se agota con la simple respuesta, sino que la misma debe estar fundamentada, o dicho de otro modo debe contener la explicación del por qué el Tribunal de apelación asumió o resolvió el asunto de determinada manera, pues el recurrente tiene el derecho de saber cómo el Tribunal de alzada llegó a determinada solución o respuesta al agravio que le fue planteado, sin que la motivación de la resolución no siempre exija una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que esencialmente responda a los puntos reclamados de manera razonada”.


Por lo expuesto, queda claro que la labor del Tribunal de alzada cuando conoce los recursos de apelación restringida, no queda limitada a responder de manera simple y llana los puntos apelados, sino que debe expresar una respuesta clara, coherente y suficiente, con la finalidad de otorgar certeza al impugnante sobre los razonamientos plasmados en la resolución de alzada, que no obstante de no condecir con los intereses de los recurrentes (lo que daría lugar a la interposición del recurso de casación), no puedan dar lugar a diferentes interpretaciones por la falta de claridad en los razonamientos.


Ahora bien, antes de analizar el caso concreto, es preciso tener presente que el régimen de nulidades procesales está sujeto a determinados principios, cuya observancia es obligatoria a tiempo de analizar si una actuación amerita ser anulada por constituirse en una actuación defectuosa no susceptible de convalidación, lesiva de derechos y garantías, para lo cual es preciso considerar los razonamientos expuestos en el apartado III.2 del presente Auto Supremo, en el que taxativamente se estableció que no todo error o inobservancia del procedimiento, puede ser calificado como lesivo a la garantía del debido proceso y, consiguientemente, anulable, sólo en aquellos casos en los que tenga relevancia constitucional o trascendencia en la resolución del caso, a lo cual se deben añadir las consideraciones efectuadas en el Auto Supremo 206/2014-RRC de 22 de mayo, que determinó: “…que el principio de convalidación y trascendencia se encuentra sumido a la norma descrita (art. 167 del CPP), deduciéndose de la misma que, el afectado, demuestre objetivamente que en la tramitación del proceso el acto o defecto alegado como nulo, pueda ser subsanado o convalidado y en su caso, haya ocasionado un perjuicio o agravió, claro está, que no sea fruto de la conducta o actuación pasiva o negligente del interesado o de quien invoca el defecto; además, en concordancia con estos principios se tiene al principio de conservación, de modo que la nulidad siempre será la excepción y la regla la eficacia del acto procesal; o sea, ante una duda razonable, debe optarse por la interpretación propensa a conservar el acto procesal y así evitar la nulidad” (resaltado propio).


III.3.1. En actuados, sobre la denuncia de celebración de juicio discontinuo, en inobservancia de los principios de oralidad, inmediación y continuidad, se constata que el Tribunal de alzada estableció que a pesar de constatarse la suspensión de la audiencia de juicio varias veces, no todas ellas constituyeron causa de transgresión del principio de continuidad, al haberse suspendido por lo avanzado de la hora, para resolver un recurso de apelación incidental, por el anuncio de apelación restringida, más otras causas, sobre las que concluyó no significaron dispersión de la prueba. Asimismo, estableció que las referidas interrupciones, no fueron reclamadas en su momento por los recurrentes, de donde se infiere que convalidaron las actuaciones cuyo pronunciamiento hoy reclaman en casación.


Al respecto, de la revisión de obrados, se advierte que la audiencia de 6 de noviembre de 2006, una vez celebrada, fue suspendida para la producción de prueba de la parte acusadora, hasta el 9 del mismo mes y año, la misma que no fue cuestionada por ninguno de los acusados. Reiniciada y desarrollada la audiencia de juicio en la fecha señalada, se suspendió nuevamente para el 17 del mismo mes y año, ocasión en la que se justificó que la fecha establecida respondía al hecho de que los Jueces Técnicos tenían previstas otras audiencias de juicio los días 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ante lo cual ninguno de los procesados opuso objeción alguna. 


La audiencia de 17 de noviembre de 2006, una vez instalada fue suspendida por la ausencia de Alaín de Canedo, representante del Ministerio Público, a cuyo efecto se fijó nueva fecha de reanudación del acto para el 22 del mismo mes y año, oportunidad en el que ninguna de las partes procesales manifestó disentimiento. Reiniciada la audiencia en la fecha señalada, la defensa técnica de los imputados, solicitó su suspensión entretanto se resuelva el recurso de apelación incidental planteado contra la resolución que rechazó las excepciones de prejudicialidad y falta de acción, formuladas por dos coimputados (Vilma y Mery, ambas de apellidos Santander Monzón); a cuyo efecto, el Tribunal de Sentencia, determinó la suspensión de la audiencia hasta que el Tribunal de alzada resuelva el recurso de apelación incidental, ante lo cual los acusados guardaron silencio.


Una vez resuelta la apelación incidental pendiente, el Tribunal de Sentencia, reinició el juicio oral el 23 de abril de 2007, el que fue suspendido para su reanudación el 26 del mismo mes y año, acto que reinstalado y celebrado, fue suspendido nuevamente hasta el 2 de mayo del mismo año, ocasión en la que se celebró, habiéndose determinado un receso hasta el 7 de mayo, audiencia que efectivamente se desarrolló en la fecha señalada, sufriendo otra suspensión hasta el 8 del mismo mes y año, audiencia en la que una vez expresadas las conclusiones de los acusadores tanto público como particular y de la defensa, el Tribunal de Sentencia declaró cerrado el debate, ocasiones en la que de la misma manera que en otras oportunidades, los recurrentes no expresaron su disconformidad con las suspensiones detalladas ni con las fechas fijadas para la reanudación del acto, teniéndose con ello que evidentemente, conforme señalaron los miembros del Tribunal de alzada, los acusados convalidaron las suspensiones de audiencia de juicio oral, sujetándose a las fechas fijadas por el Tribunal de Sentencia.


Por lo expuesto, se extrae que el Auto de Vista recurrido, no denota falta de pronunciamiento sobre el punto impugnado en apelación; y, la fundamentación expuesta al respecto, resulta clara, coherente y suficiente; en consecuencia, de ningún modo se incurrió en contradicción con la doctrina legal invocada por los procesados, ni mucho menos se vulneró derecho o garantía alguno que amerite declarar la nulidad de actuaciones procesales.


III.3.2. Respecto a la denuncia de participación ilegal, en varios actuados inherentes a la etapa investigativa y de juicio oral, de Fiscales Adjuntos, carentes de competencia para dirigir la investigación, el Tribunal de alzada concibió que tratándose de denuncias relativas a la etapa preparatoria, correspondía ser impugnado en la audiencia conclusiva; y, tratándose de la actuación en audiencia de juicio oral, la misma estaba plenamente sustentada en la jurisprudencia.


Sobre la temática, de acuerdo a la jurisprudencia emanada por la extinta Corte Suprema de Justicia, resulta evidente que la actuación de los Fiscales Adjuntos fue convalidada, en aplicación del “…principio de unidad de actuaciones que centraliza la función del Ministerio Público, que es un órgano unitario representado por el Fiscal General de la República, de manera que las actuaciones de los Fiscales, se reputan como actuación de todo el Ministerio Público como órgano, sin desmedro de su responsabilidad individual, más aún, si se considera que no existe óbice alguno, menos prohibición legal, para que los fiscales adjuntos asuman el conocimiento y la tramitación de procesos en base al Código de Procedimiento Penal en actual vigencia” (Auto Supremo 431 de 17 de agosto de 2007, corroborado en su similar 108 de 29 de abril de 2010).


Por lo expuesto, la fundamentación del Tribunal de alzada, al resultar lógica, legítima y suficiente, no denota contradicción con la doctrina legal invocada, correspondiendo declarar infundado el motivo analizado.


III.3.3. Sobre la impugnación de ausencia de pronunciamiento sobre la errónea interpretación y aplicación del art. 203 del CP, en sentido de no haberse configurado perjuicio alguno debido a que el préstamo obtenido en base a la garantía hipotecaria del inmueble cuya transferencia se habría basado en una falsedad, fue cancelado en su totalidad a la acreedora, el Tribunal de alzada estimó que los recurrentes no cumplieron con su obligación de establecer cuál la interpretación que debió haberse otorgado al referido tipo penal, de acuerdo a lo exigido por el art. 408 del CPP, aspecto que se corrobora como cierto, por cuanto los recurrentes omitieron establecer cuál la aplicación pretendida de la presunta errónea interpretación y/o aplicación (lo cual tampoco se especificó por la parte impugnante) de la norma sustantiva, sumado al hecho de que omitieron explicar o establecer de qué modo la resolución de fondo del referido agravio era trascendental para la resolución de su causa, extremo de suma importancia si se considera que el petitorio de los recurrentes en casación, está dirigido a lograr se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido.


Por lo expuesto, además de corroborarse que el Tribunal de alzada no contradijo la doctrina legal invocada, por cuanto no incurrió en incongruencia omisiva, se advierte que la fundamentación del Auto de Vista impugnado es razonable, coherente y legal, detectándose a su vez que los recurrentes no demostraron de modo alguno la relevancia de resolver el fondo de la problemática planteada, que de todos modos no fue debidamente fundamentada; en consecuencia, el motivo analizado deviene infundado.


III.3.4. Con relación a la denuncia de omisión de respuesta respecto a la impugnación referida a la introducción de prueba extraordinaria, consistente en el folio real 2.01.4.01.0068320, de inscripción de escritura pública 551/96, sin haberse suspendido el juicio, si bien es evidente que el Tribunal de alzada no emitió pronunciamiento alguno sobre el mismo, no obstante haber sido reclamado en apelación restringida, la parte impugnante omitió demostrar si el referido cuestionamiento fue expuesto a tiempo de haberse aceptado la producción de la prueba extraordinaria; es decir, si en el momento procesal oportuno (audiencia de juicio oral), no fue convalidado por los imputados. Asimismo, en aplicación del principio de trascendencia, no demostró de qué modo la denunciada incongruencia omisiva, constituye trascendental en la afectación de algún derecho o garantía, por lo que resulta infundado, teniendo en cuenta que no corresponde una nulidad por la nulidad.


III.3.5. Por último, los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre el desistimiento que efectuó la querellante a su favor y que habría sido de conocimiento del Tribunal de mérito; sin embargo, este no se pronunció, como tampoco se consideró que los coimputados Alcides, Valentín y Reynaldo, de apellidos Santander Mozón entregaron $us. 27.000 (veintisiete mil dólares estadounidenses) a la acusadora.


Al respecto, de la revisión del recurso de apelación restringida, se advierte que los referidos cuestionamientos no fueron puestos a conocimiento del Tribunal de alzada; por lo que resulta ilógico, exigir pronunciamiento alguno de temáticas de las que no tuvo oportunidad de conocer, resultando también este motivo infundado.


Por todo lo desarrollado, en atención a los principios que conforman el sistema de nulidades procesales y la jurisprudencia contrastada con los razonamientos expuestos en el Auto de Vista recurrido, corresponde declarar sin mérito las denuncias expuestas en el presente recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADOS los recursos de casación formulados por Mery, Vilma y Dellia, Alcides y Valentín, todos de apellidos Santander Monzón.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA