TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 608/2015-RRC

Sucre, 11 de septiembre de 2015


Expediente                        La Paz 61/2015

Parte Acusadora                Blanca Campos Mariscal

Parte Imputada                : Mayra Alejandra Ariñéz Vera y otra

Delito                                : Alzamiento de Bienes o Falencia civil

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 19 y 20 de marzo de 2015, cursantes de fs. 1185 a 1193 y 1195 a 1203 vta., Mayra Alejandra Ariñéz Vera y Lourdes Vera Zabaleta, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 6/2015 de 27 de enero, de fs. 1124 a 1132 vta., y su Auto Complementario de fs. 1151 y vta.,  pronunciados por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Blanca Campos Mariscal contra las recurrentes, por la presunta comisión del delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, previsto y sancionado por el art. 344 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   En mérito a la orden de reenvío de la causa, por Sentencia 11/2014 de 4 de septiembre (fs. 1065 a 1073 vta.), la Juez Quinto de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Mayra Alejandra Ariñéz Vera y Lourdes Vera Zabaleta, absueltas de la comisión del delito de Alzamiento de Bienes y Falencia Civil, tipificado por el art. 344 del CP; por otra parte, dispuso el pago de daños, perjuicios y costas a calificarse en ejecución de sentencia.


b)  Contra la referida Sentencia, la acusadora Blanca Campos Mariscal, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1082 a 1087), resuelto por el Auto de Vista 6/2015 de 27 de enero (fs. 1124 a 1132 vta.), pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible el recurso, procedente las cuestiones planteadas y revocó la Sentencia apelada; en consecuencia, declaró a las imputadas, autoras del delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, tipificado por el art. 344 del CP, condenándoles a la pena de cuatro años de reclusión, más costas y reparación del daño en favor de la querellante; por otra parte, el Auto de 6 de marzo de 2015, rechazó la solicitud de Complementación de las imputadas; motivando con ello a la interposición de los recursos de casación que son motivo de examen de fondo.


I.1.1. Motivos de los recursos


De los recursos interpuestos y del Auto Supremo 365/2015-RA de 11 de junio; por el que, se admite el recurso de casación, se tiene que ambos recursos fueron expuestos con similar redacción y argumentos coincidentes respecto a cada denuncia, cuyas variaciones en el texto, únicamente corresponden a la forma de cada memorial, y no así al fondo de las reclamaciones; por lo cual, al ser mínimas las diferencias, este Tribunal, con la finalidad de emitir fallo de fondo, de forma ordenada y no redundante, considera acertado consignar los motivos expuestos por cada una de las recurrentes en sus respectivos recursos, de forma conjunta; puesto que, no existe variación alguna en cuanto a las pretensiones.


Ambas recurrentes, Mayra Alejandra Ariñéz Vera y Lourdes Vera Zabaleta, alegaron vulneración a sus derechos y garantías constitucionales, citando entre ellas, el debido proceso y los principios in dubio pro reo, inmediación y contradicción, afirmando que el Tribunal de alzada, sin la debida fundamentación y revalorizando prueba, cambió sus situaciones jurídicas, de absueltas a culpables, aspecto que se encontraría prohibido; al efecto, argumentaron como sigue:


1)  Denuncia Lourdes Vera Zabaleta, que el Tribunal de alzada, después de haber vencido el plazo para dictar el Auto de Vista,  en forma arbitraria e inoportuna, dispuso que la recurrente subsane los defectos formales en el plazo de tres días, situación que nunca ocurrió, pues se repitió el memorial presentado anteriormente. Sin embargo, no obstante haber perdido competencia y retardando la justicia dictó Resolución revocando la Sentencia,  en desmedro de sus derechos y principios constitucionales in dubio pro reo, el debido proceso, inmediación y congruencia, dando lugar a la nulidad de obrados; aspecto que fue mencionado por Mayra Alejandra Ariñéz Vera, en su memorial de casación.


2)   Las recurrentes, transcribiendo las partes que consideraron pertinentes del Auto de Vista impugnado, denuncian que dicho fallo, al resolver la denuncia relativa al efecto de Sentencia descrito en el inc. 1) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP) (inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva), habría dispuesto, sin fundamentación ni motivación suficiente y revalorizando prueba, cambiar su situación jurídica de absueltas a condenadas, haciendo el papel de Juez de instancia, actividad que estaría prohibida; puesto que, el Tribunal de apelación, al analizar el tipo penal descrito en el art. 344 del CP, revalorizando prueba al señalar en “SU QUINTO CONSIDERANDO, PUNTO 1.4, PÁRRAFO 4” (sic), manifestó que existió dolo y actos preparatorios de fraude u ocultación de los bienes que fueron otorgados en garantía en el accionar de ambas imputadas; al respecto, aclara Mayra Alejandra Ariñéz Vera, que dichos bienes eran de propiedad de sus padres (Lourdes Vera Zabaleta y su esposo), aspecto que constituye -dicen- defecto absoluto por infracción al principio de igualdad de las partes, el derecho a la defensa y el debido proceso; puesto que, una era estudiante y no contaba con bienes propios y la otra era comerciante, aspecto probado con abundante prueba.


Afirman, que  los de alzada señalaron que el delito puede ser cometido por cualquier individuo, incluso los comerciantes, contradiciendo así el contenido del art. 344 del CP y el principio de legalidad, dado que el tipo penal no es aplicable a los comerciantes.


3) Acusan que el Auto de Vista impugnado, a tiempo de resolver el supuesto agravio denunciado con base en el art. 370 inc. 5) del CPP, afirmó que la Sentencia incurrió en fundamentación contradictoria, defecto que habría sido subsanado por el Tribunal, sin explicar cuáles serían las contradicciones subsanadas, se habría remitido de forma reiterativa, inconexa y ambigua a lo referido en el punto anterior sobre la supuesta inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. Aducen que el Ad quem, no tomó en cuenta que la Sentencia estaba ampliamente fundamentada, siendo la misma amplia, clara, positiva y entendible.


4)  Alegan, que el Tribunal de apelación al resolver la denuncia vinculada al art. 370 inc. 6) del CPP, estableció, que la Jueza de mérito, equivocó su razonamiento al señalar que; lo que se discute es el préstamo de dinero, y no la desaparición de las garantías, argumento que consideran funesto; puesto que, los de alzada se refirieron al Tribunal Penal como si fuera Civil; por lo que, se acusó el ilícito descrito en el art. 344 del CP, cuyos supuestos jurídicos debieron ser demostrados, lo que no se dio; toda vez, que el tipo penal no hace referencia a demostrar el préstamo de dinero, y sí el ocultamiento de bienes del deudor. Agregan que con falta de idoneidad, el Tribunal de alzada dejó claro que no tenía competencia para revalorizar prueba; y señaló, que se estaría obrando conforme a la prueba producida en juicio y valorada por la A quo, rectificando y readecuando el entendimiento de contenido de la Sentencia, subsanando las omisiones encontradas, sin modificar los hechos analizados  en la causa, sino adecuando la  conducta  de las acusadas al tipo en concreto; que sin embargo -las recurrentes sostienen que- el Tribunal de alzada resolvió el motivo revalorizando prueba, cambiando sus situaciones procesales, sin explicar si la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba.


5)   Finalmente, citando partes del Auto de Vista, refieren con relación al defecto previsto en el art. 370 inc. 8) del CPP, que el Tribunal de alzada reiteró, como elementos del tipo penal acusado, los hechos que consideraron probados, haciendo referencia a la existencia de un contrato de préstamo de dinero suscrito entre las partes en litigio, una Sentencia ejecutiva civil, el recojo del capital de anticresis, cuyo titular sería una tercera persona ajena al proceso y una máquina de gigantografía, actualmente paralizada por falta de repuestos. Alegaron igualmente, que el Tribunal de alzada acogió la denuncia formulada por la parte contraria en apelación, sin explicar en qué consistían las contradicciones entre la parte considerativa (hechos probados) y la parte resolutiva, la cual les llevó a concluir, que el fallo de absolución debía ser corregido conforme el art. 413 del CPP, con relación al art. 414 del mismo cuerpo legal, revelándose la actitud parcializada asumida con relación a la apelante y la Resolución recurrida, que pese a la prohibición, revalorizando prueba, les cambió su situación procesal.


I.1.2. Petitorio


Mayra Alejandra Ariñéz Vera, solicita la remisión de obrados al Tribunal Supremo de Justicia, para que la Sala Penal de turno, determine la existencia de contradicción en el Auto de Vista recurrido, se disponga la admisión del recurso y dicte Auto Supremo “CASANDO EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO” (sic.); en tanto, que Lourdes Vera Zabaleta, pide se admita el recurso y se remita ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde se disponga dejarán sin efecto el Auto de Vista impugnado.


I.2. Admisión de los recursos


Conforme el Auto de admisión 365/2015-RA de 11 de junio, el análisis de fondo de la presente Resolución, se circunscribirá a la verificación de las denuncias  contenida en los memoriales de casación, cuyos motivos admitidos se encuentran expuestos en el apartado “I.1.1.” de la presente Resolución, vinculadas a la infracción de derechos y garantías constitucionales infringidos.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. Sentencia.


El Juez Quinto de Sentencia de La Paz declaró la absolución de las imputadas Lourdes Vera Zabaleta y Mayra Alejandra Ariñez Vera, del delito de Alzamiento de bienes y Falencia Civil, al establecer que si bien la segunda firmó un documento de préstamo de $us. 25.000.- en calidad de deudora, nunca recibió, usó ni usufructó dicha cantidad de dinero, ya que por las declaraciones voluntarias prestadas por las imputadas así como los testigos de descargo  y las documentales presentadas como prueba, en esa época contaba con 19 años y se dedicaba única y exclusivamente a estudiar, es decir no era comerciante ni siquiera atendía o dirigía la empresa de imprenta de propiedad de su madre, por lo que el tipo penal acusado no se acomoda a su conducta, toda vez que no se probó que ella tenía bienes muebles ni inmuebles a su nombre de los que podía disponer libremente, menos la máquina de impresión ni el anticrético dados en garantía eran de su propiedad, ya que la primera era herramienta de trabajo de propiedad de la acusada Lourdes Vera Zabaleta y los $us. 10.000.- pertenecían a sus padres, por lo tanto no podía alzarse, ocultar, trasladar, vender o hacer desaparecer un bien mueble que no era de su propiedad.


Respecto a Lourdes Vera Zabaleta estableció que tiene actividad comercial traducida en una empresa gráfica o de impresión, que generaba lucro para el sostenimiento de su familia, lo que hace que su conducta no se adecue al tipo penal de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, que exige que el sujeto activo del delito no sea comerciante, además de que la maquinaria conforme los testigos sufrió desperfectos que originaron su paralización por lo que fue trasladada a Trinidad.


II.2. Apelación restringida.


La acusadora particular interpuso recurso de apelación restringida denunciando los siguientes defectos: a) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, art. 370 inc. 1) del CPP. b) No exista fundamentación en la Sentencia o sea insuficiente o contradictoria, art. 370.5) del CPP; c) La Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa, art. 370.6) del CPP; y, d) Que exista contradicción en su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa, art. 370 inc. 8) del CPP.


II.3. Auto de Vista.


Conforme se desprende del fallo recurrido, el Tribunal de alzada, luego de resumir las pretensiones de la recurrente Blanca Campos Mariscal (acusadora particular), así como los memoriales que responden a dicha impugnación (imputadas), concluyó lo siguiente:


a) En cuanto al vicio descrito en el inc. 1) del art. 370 del CPP, luego de consideraciones respecto al tipo penal acusado, concluyó que la juzgadora de mérito incurrió en inobservancia y errónea aplicación del art. 344 del CP.


b) Al resolver la denuncia relativa al defecto de Sentencia establecido en el inc. 5) del art. 370 del CPP, el Tribunal recurrido, luego de establecer los aspectos, que la Sentencia consideró como hechos probados, señaló que no se habría aplicado correctamente la subsunción de los hechos al tipo penal, incurriendo el fallo de mérito en inobservancia y errónea aplicación del art. 344 del CP; agregó, que se habría advertido, que la Sentencia ingresó en fundamentación contradictoria, circunstancia que habría sido subsanada al resolver el primer agravio.


c) En lo que respecta al defecto establecido en el inc. 6) del art. 370 del CPP, el Tribunal el alzada sostuvo, que en aplicación vinculante de los Autos Supremos, el Tribunal de apelación no tiene facultad para revalorizar prueba producida en juicio, facultad que estaría reservada para los Jueces y Tribunales de Sentencia, en cuanto a la declaración testifical que se reclamó como defectuosa, no puede ser considerada por los fundamentos ampliamente esgrimidos al resolver el primer motivo; aclaró que ese Tribunal, obró conforme a la prueba producida en juicio y valorada por la juzgadora, rectificando y adecuando el contenido de la Sentencia, subsanando omisiones encontradas, sin modificar los hechos analizados.


d) Sobre la denuncia vinculada al defecto de Sentencia descrito en el inc. 8) del art. 370 del CPP, los de alzada concluyeron que, habiéndose establecido en la Sentencia, como hechos probados, la existencia de un contrato de préstamo de dinero suscrito entre las partes en litigio, la existencia de una Sentencia en un proceso civil ejecutivo, con base en un documento de préstamo, el hecho de haberse recogido los dineros por concepto de un contrato de anticresis, en la suma de $us. 10000 (diez mil dólares americanos); que Froilán Flavio Ariñéz y Lourdes Vera Zabaleta, son padres de la coacusada Mayra Alejandra Ariñéz Vera, que el monto de dinero mencionado y una máquina impresora fueron dados en garantía, que esta última fue retirada de su lugar de depósito con destino a otro distrito; circunstancias que los de alzada, consideran que configuran el delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, y que pese a ello se determinó la absolución de las imputadas, estableciéndose así la contradicción existente entre la parte considerativa con la parte resolutiva del fallo: por lo que, consideraron que correspondía su corrección en aplicación de lo establecido por el art. 413 relacionado con el 414 del CPP.


Con los argumentos señalados, el Tribunal de alzada emitió Auto de Vista, en el que se declaró procedente en parte el recurso de apelación restringida, revocando la Sentencia impugnada y resolviendo en el fondo, declaró a las imputadas, Autoras  del delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, contemplado y sancionado por el art. 344 del CP, condenando a ambas a la pena de cuatro años de reclusión, más costas y reparación del daño en favor de la acusadora particular, a ser fijada en ejecución de Sentencia.


III. VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


Corresponde a continuación, la verificación de las denuncias  relativas al cambio de la situación procesal de las imputadas, de absueltas a condenadas, con base en la revalorización de la prueba y sin la debida fundamentación, en infracción a los principios de inmediación, in dubio pro reo, contradicción y la garantía del debido proceso; sin embargo, con carácter previo, este Tribunal considera necesario hacer algunas precisiones.


III.1.Precisiones legales y doctrinales.


III.1.1. Debida fundamentación.


Por mandato del art. 124 del CPP, toda Resolución debe encontrarse debidamente fundamentada, mandato que fue reflejado en la abundante doctrina legal emitida por este Supremo Tribunal de Justicia, cuando señala: “El derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, componente del debido proceso, se plasma en la exigencia procesal y constitucional a toda autoridad que emita una resolución, de fundamentarla motivadamente en sujeción a los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo criterios jurídicos sobre cada punto impugnado, sin acudir a argumentos generales que dejen sin respuesta a las partes, lo contrario ocasiona incertidumbre e indefensión; en ese entendido, se establece la falta de fundamentación en el Auto de Vista cuando de sus fundamentos se observa la falta de respuesta puntual y específica a todas y cada una de las alegaciones planteadas en el recurso de alzada y, contrariamente acude a argumentos evasivos para evitar cumplir con su obligación de pronunciarse sobre el fondo de uno o más cuestionamientos, omisión que vulnera los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal e infringe el derecho a los recursos, a la tutela judicial efectiva y la garantía al debido proceso, lo que constituye defecto absoluto inconvalidable al tenor del art. 169 inc. 3) De la norma legal precitada, ameritando en consecuencia la aplicación del art. 419 de la Ley adjetiva penal.” (A.S. 368/2012 de 5 de diciembre).


En concordancia con lo anterior, estableció: ““Las resoluciones, para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas; debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta).


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal, pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario, la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.” (A.S. 396/2014-RRC de 18 de agosto).


De la doctrina señalada, se establece que ninguna autoridad que emita un fallo puede omitir la fundamentación y motivación en la Resolución que emita, toda vez que la misma además de brindar explicación lógica y coherente de su razonamiento y la decisión allí asumida, ésta debe vincularse de forma directa con la normativa, doctrina y/o jurisprudencia aplicable al caso en concreto, brindando así la validez legal que exige el debido proceso, que busca efectivizar la vigencia de los derechos fundamentales, frente al aparato estatal, a través del control de la actividad jurisdiccional.


III.1.2. Prohibición de revalorizar prueba


El art. 407 del CPP, establece que corresponde al Tribunal de alzada, el control respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley; desprendiéndose del texto precitado, que el actual sistema recursivo de la materia, no admite la doble instancia, razón por la cual, la facultad de valorar la prueba, únicamente corresponde al Tribunal o juzgador de mérito, por ser la etapa del juicio oral, la destinada a la comprobación de la existencia del hecho, la participación del o de los imputados y su consiguiente responsabilidad penal; por ello, es la fase reservada para la producción de la prueba en presencia de todas las partes (inmediación) y sometida al contradictorio (contradicción) y su consiguiente valoración por la autoridad de conocimiento, aplicando las reglas de la sana crítica (art. 173 del CPP) sobre todo lo acontecido en el juicio oral; labor intelectiva sobre la cual recae el control del Tribunal de apelación, sin que le esté permitido modificar (suprimir, cambiar o agregar) las conclusiones plasmadas en la Sentencia en aplicación del principio de intangibilidad de los hechos probados  en juicio, que limita la competencia de los de alzada; sino, establecer de forma fundamentada y motivada, si la labor del Tribunal inferior en grado, se encuentra acorde a las exigencias del actual sistema procesal penal. 


Respecto a lo anterior, este Tribunal emitió copiosa jurisprudencia, como la plasmada en el Auto Supremo 308/2013-RRC de 22 de noviembre, que señaló: “Este Tribunal de manera invariable argumentó en diferentes y reiterados Autos Supremos, que la facultad de valorar la prueba introducida en el juicio oral, es de competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales de Sentencia, en razón a los principios de contradicción, inmediación e intangibilidad; en el último caso, respecto a las pruebas que no pueden someterse a una nueva valoración, así como a los hechos, que no pueden alterarse, pues su valoración y fijación corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia; doctrina legal traducida en el Auto Supremo 277/2008 de 13 de agosto, de la siguiente manera: La función principal del Tribunal de alzada es pronunciarse respecto de la existencia de errores injudicando o errores improcedendo en que hubiera incurrido el tribunal a quo (Juez o Tribunal de Sentencia) de acuerdo a la previsión del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, consecuentemente el Tribunal de alzada sin necesidad de reenvío puede subsanar errores de derecho existentes en el proceso pero sin revalorizar la prueba, ya que lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que se constituye en el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de sentencia sean estos colegiados o unipersonales.


El Tribunal de Sentencia, sea unipersonal o colegiado llega a la certeza de culpabilidad o absolución examinando todas las pruebas introducidas y valorando las mismas bajo el sistema de la sana crítica, en consecuencia el Tribunal de apelación no se encuentra en condiciones de cambiar la situación jurídica de absuelto a culpable o a la inversa, por no tener facultades de revalorización de la prueba y por la imposibilidad material de aplicación del principio de inmediación, lo contrario significaría volver a la posibilidad de revocar los fallos valorando pruebas que nunca se presenciaron ni fueron parte de estos actos procesales y en consecuencia incurrir en violación a la garantía constitucional del debido proceso.


Que, si el Tribunal de apelación advierte error injudicando en la sentencia, en la fundamentación de la resolución que no haya influido en la parte resolutiva, en aplicación a lo previsto por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrá corregir sin necesidad de reenvío del proceso, empero, si el error en la fundamentación es determinante para el cambio en la situación jurídica del imputado, observando lo dispuesto por el artículo 413 del mismo Código Adjetivo Penal, debe anular la sentencia total o parcialmente, dado el caso específico y ordenar la reposición del juicio por otro juez o tribunal, precisando en forma concreta el objeto del nuevo juicio. (Las negrillas son nuestras).


Asimismo, los Autos Supremos 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 249/2012-RRC de 10 de octubre, emitidos por esta Sala, entre otros, refirieren que: El Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber de ejercer el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y que se halle debidamente fundamentada; sin embargo, esto no supone un reconocimiento a la posibilidad de que aquel Tribunal pueda ingresar a una nueva revalorización y en consecuencia cambiar la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; porque de hacerlo desconocería los principios rectores de inmediación y contradicción que rigen la sustanciación del juicio penal, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidación emergente de la vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso; debiendo reiterarse que si bien el art. 413 in fine del CPP, establece que: Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente, el alcance de la referida disposición legal, no otorga facultad al Tribunal de apelación de hacerlo respecto a temas relativos a la relación de los hechos o a la valoración de la prueba, que al estar sujetos a los principios citados de inmediación y contradicción, propios del sistema procesal acusatorio vigente en el Estado boliviano, resultan intangibles. (Las negrillas son nuestras).”


III.1.3. El tipo penal, la tipicidad y la correcta subsunción


El tipo penal:


Toda conducta penalmente reprochable (acción u omisión), debe encontrarse debidamente descrita en la norma sustantiva penal (tipo penal), que detalla presupuestos imaginarios, en los cuales, ciertas conductas no condicen con el orden público, por ello el legislador, categorizándolas por su gravedad, estableció sanciones que llegan a penas privativas de libertad para castigarlas; consecuentemente, toda conducta que no se adecúe a alguna descripción contenida en la norma sustantiva de la materia, es atípica, en aplicación del principio de legalidad.


El tipo penal, está compuesto por elementos, tanto objetivos como subjetivos, pero además, en algunos casos normativos y descriptivos.


a) Elemento objetivo, es el aspecto objetivo o material de la conducta calificada como ilícita; es decir, es la manifestación externa del comportamiento humano, que puede consistir en una acción u omisión y que es perceptible por los sentidos; entonces, son las exigencias de carácter material que se encuentran descritas en el tipo penal, como ser: despojar, matar, ofender, apropiarse, sustraer, etc.


b) Elemento subjetivo o volitivo, es el elemento intangible, que pertenece al mundo psíquico, por responder a cuestiones internas del agente, como lo son su voluntad y la motivación al momento de cometer un ilícito, que además de estar constituido por el dolo y la culpa, incluye otros elementos de carácter subjetivo, o elementos subjetivos del injusto, que son requisitos de carácter intencional y que el legislador ha incluido en el texto de la norma como: “el ánimo de, con la finalidad de, con la intención de, etc.”, elemento subjetivo, que además de constituirse en una exigencia de carácter subjetivo, describe la finalidad de la acción, pero además, incluye elementos que deben ser demostrados a partir de su naturaleza intelectual (conocimiento de ciertas condiciones del autor o de la víctima), afectivos (motivado por emociones) o volitivas (intención direccionada de llegar a un resultado).


c) El elemento normativo, es un elemento valorativo, no material, requiere para su comprensión, un juicio o una valoración jurídica complementaria por pate del juzgador, por cuanto la descripción realizada por el legislador, no resulta satisfactoria, obligando a la autoridad a realizar diversas interpretaciones de la situación con la finalidad de concretar el hecho, como la situación cultural o la significación jurídica de alguna circunstancia descrita en el tipo, sin que corresponda a la acción propiamente dicha, ya que no es realizada por el actor, teniendo como función, especificar la antijuricidad de la conducta descrita en el ordenamiento legal, de forma estricta, con el objeto de aplicar la pena.


d) Elemento descriptivo, pertenece al mundo físico y al psíquico, por cuanto al describir acciones, personas, lugares, cosas, etc., tienen naturaleza material objetiva, pero además es comprobable a través de un procedimiento cognoscitivo, toda vez que describe elementos perceptibles por los sentidos (acciones) como: dañar, apropiarse, matar, etc.; así como, objetos del mundo síquico como: ánimo de perjudicar, con el objeto de, con el ánimo de etc.


La tipicidad y la correcta subsunción


La tipicidad, conforme señala Muñoz Conde, es: “…la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal” (MUÑOZ C., Francisco y GARCIA A., Mercedes. Derecho Penal. Parte General, Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2004, página 251.); entonces, corresponde al juzgador realizar juicio de tipicidad objetivo, para establecer de forma cierta e inequívoca, que la acción desplazada por el sujeto activo del delito, se adecúa en todas sus partes a los presupuestos o elementos específicos (objetivos, subjetivos, normativos y descriptivos) contenidos en el delito atribuido, sin obviar ningún elemento requerido para su configuración (subsunción).


Sobre la temática, este Tribunal Supremo de Justicia, estableció abundante doctrina legal, señalando: “Una vez desarrollada la audiencia en sus distintas fases, incluida la actividad probatoria de las partes, corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia resolver aquellas cuestiones relativas a la comisión del hecho punible que determine en su caso la absolución o la condena del imputado, debiendo la sentencia contener la exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se funda conforme se tiene establecido en el art. 360 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP). En este ámbito, debe tenerse en cuenta que la labor de subsunción, es una labor lógica del aplicador, para determinar si el hecho específico legal, o la consecuencia jurídica establecida por la norma coincide o difiere; consecuentemente, lo que debe hacer el juzgador es encuadrar el hecho específico concreto en el hecho específico legal.


Por tal razón, toda sentencia condenatoria se compone de dos operaciones, sin perjuicio de que las mismas se descompongan en otras varias. Una primera operación se concentra en determinar el hecho probado, y la segunda, una vez conocido el hecho, se ocupa de la labor de subsunción del mismo en alguno o algunos preceptos penales. A la primera se la denomina juicio histórico o fundamentación fáctica y la segunda es conocida como juicio jurídico o fundamentación jurídica y ambas deben gozar de una adecuada fundamentación. Esta exigencia de la motivación tiene un fundamento de carácter constitucional y permite que la Sentencia se justifique objetivamente; además, de exteriorizar una ineludible convicción judicial. Esto implica que la Sentencia ha de ser racional, de manera que la convicción del juez no puede basarse en la intuición o sospecha, sino que el mismo debe proceder de la prueba practicada en el juicio. Sólo una convicción derivada de la prueba es atendible, por lo que cualquier otra convicción que procede de un motivo ajeno no es adecuada al razonamiento judicial y es pura arbitrariedad, por lo que la motivación sirve de control para evitar que se dicten las sentencias basadas únicamente en certidumbres subjetivas del juez, pero carentes de todo sustento probatorio.


En cuanto al control de la subsunción jurídica, corresponde precisar que la exteriorización del razonamiento efectuado por el Juez o Tribunal de Sentencia, permite su control al Tribunal de apelación.


Por otra parte, debe tenerse presente que en el juicio sobre la observancia de la ley sustantiva existen limitaciones, como la falta o insuficiencia de determinación del hecho que sirve de sustento a la calificación jurídica, que impide constatar si la ley ha sido bien o mal aplicada, y fundamentalmente los problemas ligados a la interpretación de los conceptos jurídicos que integran la ley sustantiva y a la subsunción jurídica. Para superar estas limitaciones, el Tribunal de apelación al realizar la labor de control de la subsunción debe partir del hecho acusado, para saber si corresponde o no subsumirlo en el tipo o tipos penales acusados, siendo además importante interpretar los conceptos jurídicos que integran la ley sustantiva; de ese modo, el Tribunal de casación podrá cumplir con su labor de uniformar la jurisprudencia, estableciendo criterios rectores que permitan la aplicación del principio de seguridad jurídica. Además, cabe recordar la necesidad de que las resoluciones en general y las judiciales en particular, estén debidamente motivadas, por ser este un principio básico que informa el ejercicio de la función jurisdiccional; y, al mismo tiempo, un derecho de los justiciables a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente propuestas; de tal manera, los jueces o tribunales cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, están obligados a expresar la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga en sujeción a la ley; pero también, con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables.


Con base a lo expuesto, se establece que ante la formulación de recurso de apelación restringida, corresponde al Tribunal de apelación en ejercicio de la competencia que la ley le asigna, controlar a partir de los elementos constitutivos de cada delito, si el Juez a quo efectuó una adecuada subsunción del hecho a los tipos penales acusados, realizando al efecto la correspondiente motivación.” (A.S. 25/2014-RRC de 24 de marzo)


III.1.4. El delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil


En cuanto al precitado delito, el Auto Supremo 241/2014 de 27 de agosto, emitido por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, desarrolló amplia doctrina que señala: “Con el fin de establecer la doctrina legal vinculante en relación al delito de alzamiento de bienes o falencia civil, es necesario analizar los elementos del tipo penal objetivo, subjetivo, la antijuricidad de la acción y compatibilizar la interpretación judicial con la legislación vigente. El delito se tipifica por el artículo 344 del Código Penal: El que no siendo comerciante se alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude, con el propósito de perjudicar a sus acreedores… El alzamiento de bienes consiste en transferir los bienes propios y evitar de esta forma la acción de los acreedores, impidiendo a éstos a cobrar sus créditos. Este derecho de los acreedores se basa en la responsabilidad universal consagrado por el art. 1335 del Código Civil Boliviano que señala: Todos los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros del deudor que se ha obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables. Las obligaciones pecuniarias que se generan en un contrato civil, no pueden ser sancionadas por la vía penal, porque existe una prohibición constitucional expresa señalada por el artículo 117 numeral III de nuestra Constitución que indica: No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u OBLIGACIONES PATRIMONIALES, excepto en los casos establecidos por la ley.  Estas excepciones determinadas por la Ley son las que determina la Ley 1602 de 15 de noviembre de 1994 (Ley de Abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales), y son únicamente las referidas en su artículo 11 sobre la asistencia familia y artículo 12 en materia de seguridad social y sentencias laborales.  En general la prohibición de perseguir penalmente el cumplimiento de  obligaciones patrimoniales, definido por el artículo 117 numeral III de la Constitución, encuentra su fundamento en la revolución francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este principio, encuentra su fundamento constitucional por derivación al ser parte del Bloque de Constitucionalidad del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece: nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual; y por el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos que señala: Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. De esta forma se garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora por el incumplimiento de obligaciones, cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla es el caso de incumplimiento de deberes de asistencia familiar, inclusive es discutible el apremio en relación a obligaciones derivadas de sentencias laborales y de seguridad social.


CONCEPTO DE INSOLVENCIA. La sistematización propuesta por Marisol Murcia Ramos (Diciembre, 2012) considera que el elemento central y que da autonomía al delito y no lo convierte en una forma de cobro de deudas por la vía civil es la insolvencia dolosa entendida como: toda acción del deudor, encaminada a evadir el cumplimiento de sus obligaciones, de modo que el acreedor no encuentra medios a su alcance para poder satisfacer su crédito en el patrimonio del deudor.  El tipo penal no se agota con la ocultación material de los bienes, sino que abarca a todos los medios jurídicos, incluyendo en general todo aumento ficticio del pasivo y toda disminución del activo destinada a entrar en insolvencia.  Se trata por ello de un delito de mera actividad o de riesgo que se consuma desde que se produce la insolvencia dolosa y siempre que este provocada con el propósito de frustrar el cobro de los acreedores y por tanto causarles perjuicio, aún si esa intención dolosa no cumple su objetivo de defraudar. Reiteramos que el núcleo central de la insolvencia que la convierte en delito es la disposición dolosa.  Nunca será delito la insolvencia que tiene un origen fortuito, porque es necesario que el deudor se coloque en una situación de insolvencia voluntariamente. Por ello no es punible la conducta del autor que transfiere sus bienes para cubrir otras deudas. No existe autoría si la situación de insolvencia se produce por la acción de acreedores legítimos y se da por una sentencia, de un juicio ejecutivo o coactivo, sin embargo existirá delito si el imputado voluntariamente burla las medidas de afianzamiento, embargos e hipotecas realizados en dicho proceso. El Balance de la situación del deudor para ver si tiene o no solvencia, no requiere de la ejecución civil fallida. Lo que se exige es la efectiva identificación de la sustracción, que obstaculice razonablemente el cobro de la deuda, el acreedor no tiene la carga de agotar el procedimiento de ejecución, precisamente porque el deudor con su actitud de alzamiento ha colocado su patrimonio en una situación tal que no es previsible la obtención de un resultado positivo en orden a la satisfacción del crédito. El concepto de insolvencia debe referirse siempre a los casos en los que la ocultación de elementos del activo del deudor produce un impedimento o un obstáculo importante para una posible actividad de ejecución de la deuda, de modo tal que sea razonable prever un fracaso del juicio de cobranza.


TIPO OBJETIVO DEL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES O FALENCIA CIVIL.  Los elementos del tipo objetivo exigen: (1) Que el imputado no actué como comerciante, esto porque el legislador sanciona la misma acción de los comerciantes bajo el delito de quiebra fraudulenta. El Código de Comercio, en su artículo 4 sostiene que es comerciante la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial, con fines de lucro; en concordancia con esta norma los artículos 7 y 9 nos refieren a los actos comerciales por conexión y los actos comerciales mixtos. El análisis a realizar por el derecho penal, debe ser realizado por exclusión si la acción de fraude no puede ser perseguida bajo el tipo penal de quiebra, será posible perseguir al imputado por el delito de alzamiento de bienes.


El derecho penal se rige por el principio de legalidad y taxatividad de la norma penal, por ello no es posible acudir a las normas comerciales, civiles o tributarias para sancionar el delito. El ciudadano frente a la lectura de la norma debe tener certeza de la acción que no puede realizar. Bajo esa premisa se debe tener presente que en nuestro país esta proscrito el cobro de deudas por la vía penal, el delito de alzamiento de bienes no puede sustituir al sistema civil de cobro de deudas, por ello es central precisar que el tipo objetivo exige la insolvencia de un deudor que no sea comerciante. La insolvencia y la calidad personal de no ser comerciante, serán afirmadas por el querellante (pues se trata de un delito de acción privada) y deberán probarse en el juicio simultáneamente. No es evidente que el imputado deba actuar como no comerciante en el acto fraudulento y ser comerciante en otras actividades (como ocurre en el presente caso); determinada la insolvencia será necesario que el querellante acredite que los actos de defraudación, que llevan a la insolvencia no fueron realizados en el marco de una actividad comercial que pueda ser sometido a un proceso de quiebra fraudulenta; situación que se presenta con el imputado en este caso  (2) Debe existir un derecho de crédito por parte del acreedor-querellante, el crédito puede corresponder a una persona natural, jurídica privada o pública; en este caso existe una relación jurídica validad que ha sido sometida por las partes a acciones por estelionato y acción pauliana; las cuales son objetivamente posibles debido a que este tipo penal no es incompatible, ni requiere que la víctima concluya con el juicio que defina sus derechos  (3) El contenido de la obligación debe ser una prestación económicamente evaluable, la obligación no puede entenderse derivada únicamente de un contrato de préstamo, la obligación y la calidad de acreedor es la que se genera conforme a los artículos 291, 293 y 294 del Código Civil; en consecuencia la relación existente por mandato del artículo 614 del Código Civil genera el contenido de obligación, el cual ha sido probado en la causa y evaluado adecuadamente bajo las reglas de la sana critica tanto por la sentencia como por el Auto de Vista, ... (4) La ocultación, enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes (los bienes deben ser de propiedad del deudor), simulación fraudulenta de créditos o cualquier actividad que sustraiga los bienes del pago al acreedor, … Para que este tipo penal no se convierta en una forma de cobrar deudas por la vía penal y por tanto su uso y juzgamiento sea inconstitucional, conforme expresamos anteriormente. Por ello es necesario que exista dolo directo y no eventual, el imputado debe tener conocimiento de que los bienes ocultados están sujetos al cumplimiento de obligaciones y que su conducta es idónea para causar el perjuicio al acreedor. La conciencia de alzarse, de ocultar sus bienes y además la voluntad de quedar como insolvente.  El elemento subjetivo específico, es la intención de causar perjuicio al acreedor y defraudar su legítimo derecho de cobro. El delito no puede ser cometido dolosamente si es que el deudor directamente obligado paga otras deudas, ya que el modo de pago es una decisión estratégica, libre y voluntaria que esta definida por sus mejores intereses, en otras palabras solo el deudor es responsable del pago, su forma, tiempo y prioridad; decir lo contrario sería expropiar su derecho a la libertad contractual y el ejercicio de su libertad de decisión en el manejo de sus negocio y su vida.  Esta afirmación solo encuentra un límite en que a las personas que pague sean acreedores legítimos, y que no exista una orden legal de prelación, grados, preferidos o legal establecida para el pago.  Por ello si bien las acciones del tipo objetivo configuran el tipo penal y el imputado los ha cometido, no podemos olvidar que también la ley protege al deudor para los casos en que realmente su conducta no constituya el delito de alzamiento de bienes, por no existir el dolo o intensión de defraudar…”.


Conforme se desprende del art. 344 del CP, así como del fallo que antecede, el hecho punible, consistente en que el deudor, finge su insolvencia patrimonial, oculta o transfiere ficticiamente sus bienes, ya sean en parte o la totalidad, con la finalidad de eludir el pago al que estaba destinado, o que los mismos sean embargados y ejecutados por constituirse en una garantía.; de lo que se extrae, que deben existir, un deudor y un acreedor, de cuya relación se genera un derecho de crédito; por el cual, se le reconoce al acreedor, el derecho a satisfacer el crédito otorgado, con el patrimonio del deudor, quien no debe realizar actos encaminados a frustrar la efectivización del derecho del acreedor, generando la posibilidad de perjuicio. En caso de que el deudor realice actos destinados a lesionar las expectativas de cobro del acreedor,  su conducta puede ser sancionada.


Ahora bien, con la finalidad de otorgar mayor claridad al fallo, corresponde hacer hincapié, en lo siguiente: i) El sujeto activo, es cualificado; por cuanto, el delito sólo puede ser cometido por el deudor y propietario de los bienes; además, la norma exige, que el sujeto activo no sea comerciante (elemento normativo del tipo penal); puesto que señala: “El que no siendo comerciante se alzare con sus bienes o…”  (Las negrillas son nuestras). Es importante tomar en cuenta, que para las personas dedicadas al comercio, la norma sustantiva penal establece los presupuestos del ilícito de Quiebra en el art. 343 del CP, que se encuentra regulado por el Código de Comercio (CC); entonces, para establecer la calidad o no de comerciante del deudor y así establecer si su conducta es o no culpable, es necesario remitirse precisamente a dicho Código, que establece en el art. 5 la noción de comerciante, los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 25, 33, que regulan la actividad comercial, así como las obligaciones de los comerciantes y la constancia de la matrícula.


Cabe aclarar, que si bien el delito del Alzamiento de Bienes o Falencia Civil es un delito de mano propia; por lo que, solo puede ser cometido por el deudor, ello no implica que no se pueda dar otras formas de participación en la comisión del ilícito, como el cooperador necesario, el cómplice, el instigador, ello conforme el grado de participación en el hecho; ii) El sujeto pasivo, es el acreedor legítimo (la deuda no debe ser ficta), cuyas expectativas se encuentran frustradas por el accionar del deudor; iii) La conducta típica, se encuentra constituida por las acciones de alzarse con sus bienes (colocarse en estado de insolvencia real o aparente o adrede), ocultarlos o cometer algún fraude (elementos objetivos del delito), con la finalidad de perjudicar a los acreedores (elemento subjetivo del tipo penal). El tipo penal, no exige la concurrencia de todos los presupuestos, sino, basta con que el deudor realice una de las acciones señaladas,  castigándose la conducta fraudulenta del deudor, tendiente a impedir o frustrar el derecho del acreedor, de cobrar la deuda, en virtud de la obligación que tiene todo deudor de responder con todo su patrimonio (bienes habidos y por haber); iv) El objeto de protección jurídica o bien jurídico protegido, es el derecho del acreedor de satisfacer el crédito con el patrimonio del deudor, así como el buen funcionamiento del sistema económico crediticio; v) Causas de justificación, se entiende como tal, la buena fe en el accionar del deudor, quien ante la existencia de más de un acreedor, se coloca en estado de insolvencia al honrar uno de los créditos en desmedro de otro acreedor, siempre que no exista orden de prelación en el pago.


III.2 Análisis del caso en concreto y justificación del fallo


Toda vez, que las denuncias se encuentran vinculadas a la vulneración de derechos y garantías constitucionales, citando entre ellas, el debido proceso y los principios in dubio pro reo, inmediación y contradicción, afirmando que el Tribunal de alzada, sin la debida fundamentación y revalorizando prueba, cambió sus situaciones jurídicas, de absueltas a culpables, aspecto que se encontraría prohibido; al efecto, argumentaron como sigue:


En cuanto al primer motivo, se tiene que las recurrentes denuncian que los de alzada, emitieron el Auto de Vista revocando la Sentencia, luego de haber vencido el plazo para ello, emitiendo el fallo, pese a haber perdido competencia, otorgando a la querellante -fuera de plazo- tres días para subsanar las observaciones, quien repitió el memorial de alzada, en desmedro de sus derechos y principios constitucionales in dubio pro reo, el debido proceso, inmediación y congruencia.


Analizado el argumento, este Tribunal advierte que el reclamo carece de respaldo legal que haga viable su pretensión; toda vez, que de manera reiterada y uniforme, estableció que en materia penal, el incumplimiento de plazos no acarrea pérdida de competencia, mucho menos nulidad de lo actuado, sino la aplicación del art. 135 del CPP, que señala que el incumplimiento de los plazos establecidos en dicho cuerpo normativo, amerita responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente (A.S. 259 de 06 de mayo de 2011); consecuentemente, no se advierte vulneración a ningún derecho o garantía constitucional vinculada a la denuncia; por lo que, corresponde declarar infundado el motivo analizado.


Ahora bien, conforme se desprende de los motivos segundo, tercero, cuarto y quinto, se advierte que las denuncias se encuentran vinculadas a la supuesta revaloración de la prueba en el Auto de Vista, motivando con ello el cambio de la situación procesal de las imputadas, de absueltas a condenadas, sin la fundamentación y motivación suficiente en dicha Resolución, al resolver las alegaciones de alzada, realizadas por la parte contraria, respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva; que no exista fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria; que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; y, que exista contradicción en su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa; vicios establecidos en los incs. 1), 5), 6) y 8) del CPP, vulnerando con ello, el principio de igualdad de las partes, el derecho a la defensa y el debido proceso, correspondiendo en consecuencia, verificar si efectivamente el Tribunal de alzada incurrió en revalorización de la prueba y en falta de fundamentación, como afirman las impetrantes.


Analizado el Auto de Vista, se verifica que el mismo realizó cita del delito acusado, acudiendo a doctrina para apoyar sus argumentos; y al resolver la denuncia relativa a la inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva, expuso de forma amplia las conclusiones a las que arribó la Sentencia, en cuanto a los hechos probados, realizando la descomposición del delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, adecuando el accionar de las imputadas a dicho ilícito, señalando en el punto 4 del quinto CONSIDERANDO, que la juzgadora de mérito, habría establecido la existencia de un documento de préstamo de dinero por la suma de $us.- 25000 (veinticinco mil dólares estadounidenses), suscrito entre Blanca Campos Mariscal en calidad de acreedora, además de Mayra Alejandra Ariñéz Vera y Lourdes Vera Zabaleta como deudoras, concurriendo de ese modo uno de los elementos del delito acusado, que sería la existencia de deudoras y una acreedora.


Señaló también, que la Juez de Sentencia, tuvo como hechos probados: que en el documento de 28 de diciembre de 2009, se habría consignado como garantías, un capital de contrato anticrético por la suma de $us.- 10000 (diez mil dólares estadounidenses) así como una impresora Zhonye ZY3206-720 dpi, en calidad de prenda sin desplazamiento, los que al ser dados en garantía, debieron ser conservados por las deudoras con la finalidad de cumplir lo pactado, en aplicación del art. 1335 del Código Civil (CC); que se inició acción ejecutiva en contra de las acreedoras, hoy imputadas, logrando Sentencia ejecutoriada; que conforme señalan los hechos probados en la Sentencia, la Suma de $us.- 10000 (diez mil dólares estadounidenses) correspondiente al capital anticrético, habría sido devuelto a Froilán Flavio Ariñéz y Lourdes Vera Zabaleta (co-deudora), padres de la acusada Mayra Alejandra Ariñéz Vera, siendo que las dos últimas habrían comprometido dicho monto de dinero como garantía de la obligación contraída con la acusadora particular Blanca Campos Mariscal, sumándose a ello que la máquina impresora, constituida también en garantía, habría sido trasladada al Departamento del Beni para solucionar un desperfecto, constituyéndose así otro de los elementos del delito acusado, puesto que las garantías habrían sido retiradas sin autorización de la acreedora, impidiendo “recaer” sobre las mismas.


Con base en lo precedente, el Tribunal de alzada concluyó, que se habrían configurado todos los elementos del ilícito acusado, señalando: “En suma, siendo la condición del ilícito juzgado la desaparición de los bienes dados en garantía o la simple ocultación de los mismos, situaciones preparadas y determinadas por las deudoras con el propósito de hacer ineficaz la acción y derecho de la acreedora, se tiene que se hallan integrados todos los elementos del ilícito analizado, lo que orienta a afirmar que evidentemente en los de la materia se ha incurrido en inobservancia y errónea aplicación de la norma sustantiva… correspondiendo a este tribunal de alzada corregir directamente dicho defecto, acorde al último párrafo del Art. 413 del CPP, subsumiendo la conducta de las acusadas al ilícito e juzgado, máxime si se toma en cuenta el juicio de imputación subjetiva y el tipo subjetivo como el dolo y sus componentes, la existencia de acción con la intención de no cumplir con una obligación para lo que se procede a dejar el contrato sin uno de sus elementos como son las garantías otorgadas, en detrimento de la acreedora; la relación de causalidad entre el resultado y la conducta de las deudoras, ahora acusadas, lo mismo que en relación a la intención de las agentes  de realizar dicha conducta, encaminada hacia un fin, para lo que se desarrolla un plan para su consecución, seleccionando los medios y considera las eventualidades  que pueden suceder, luego entonces  quien quiere privar de la acreencia a otro se fija ese fin y necesita planear como llegar a ese resultado que ahora es de conocimiento. Por lo que en base a todo el análisis llevado adelante se ha acreditado la inobservancia y errónea aplicación del Art. 344 del CP.” (sic.) - las negrillas son nuestras).


Además, refirió que no se constituía en excusa, que la máquina hubiera necesitado ser reparada, trasladándola al Beni,  sin proporcionar dirección exacta de su ubicación, constituyendo así otro elemento del delito de Falencia Civil o Alzamiento de Bienes. Tampoco excluye de la responsabilidad penal, la afirmación de que Mayra Alejandra Ariñéz Vera, que no habría recibido dinero, que no era comerciante; toda vez, conforme dispone el art. 344 del CPP, cualquier persona comete dicho delito, incluso un comerciante de acuerdo a lo aclarado por el Auto Supremo 245/2013, añadiendo que se expuso que existe fallo ejecutoriado sobre una acreencia a favor de la acusadora particular, por parte de las ahora imputadas.


En cuanto al defecto descrito en el art. 370 inc. 5) del  CPP, concluyó que, habiéndose establecido en la Sentencia como hechos probados que el 28 de diciembre de 2009, la acusadora particular suscribió documento de préstamo de dinero por la suma de $us.- 25000 (veinticinco mil dólares estadounidenses), con Mayra Alejandra Ariñéz Vera y Lourdes Vera Zabaleta; la existencia de un proceso ejecutivo civil con Sentencia ejecutoriada; sin embargo, los de alzada habrían advertido incorrecta subsunción de los hechos al tipo penal en concreto, habiéndose incurrido en la inobservancia y errónea aplicación del art. 344 del CP; señaló también: “Asimismo se ha advertido que evidentemente en el fallo apelado se ingresó en fundamentación contradictoria, lo que ha sido subsanado, al resolver el primer agravio” (sic- las negrillas nos pertenecen).


Al resolver el defecto contenido en el inc. 6) del art. 370 del CPP, aclaró que dicho Tribunal no tenía facultad para revalorizar prueba producida en juicio, por no existir doble instancia en la normativa procesal penal; que la testifical cuya defectuosa valoración fue reclamada en alzada, no podía ser considerada, sino únicamente en los fundamentos plasmados en el primer motivo del Auto de Vista, en cuyas conclusiones se dejó establecido que el Tribunal actuó conforme la producida en juicio y valorada por la autoridad de conocimiento: “rectificando y readecuando el entendimiento del contenido de la Sentencia, subsanando las omisiones encontradas en dicho fallo, sin modificar los hechos analizados en la causa desde la imputación, la acusación, el auto de apertura de juicio y la misma sentencia, solo adecuando la conducta de las acusadas al tipo penal concreto.” (sic).


Finalmente, respecto a las denuncias por existencia de contradicción en la Sentencia, prevista en el inc. 8) del CPP, reiterando los hechos que la Resolución tuvo como probados, mismos que configurarían el delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil; la Sentencia, determinó la absolución, acreditándose así la contradicción entre la parte considerativa del fallo, relativa a los hechos probados, con la resolutiva, correspondiendo su corrección en aplicación de lo dispuesto por la parte in fine del art. 413 con relación al art. 414 del CPP.


Ahora bien, de lo precedentemente revisado, se establece que el Tribunal de apelación, si bien advirtió la existencia de errónea aplicación del art. 344 del CP, en su labor de control, incurrió en revalorización de los hechos al analizar y resolver el primer motivo del recurso de alzada,  plasmando conclusiones propias, que no son parte del fallo de mérito, respecto al elemento subjetivo del ilícito acusado, al afirmar que las imputadas, prepararon y determinaron situaciones con el propósito de “hacer ineficaz la acción y derecho de la acreedora…” (sic), de igual modo,  estableció la existencia de acción con el propósito de no  cumplir con la obligación, para lo que dejó el contrato sin uno de sus elementos, consistente en la garantía, en menoscabo de la acreedora, la existencia de relación de causalidad entre el resultado y la conducta de las deudoras y en relación a la intención de realizar dicha conducta, encaminada a un fin, desarrollando un plan para su consecución, seleccionando los medios y considerando las eventualidades, etc.; texto del que se desprende que los de alzada, concluyeron cosa distinta al Tribunal de Sentencia; puesto que si bien, plasmó las conclusiones de la Resolución de mérito, de la lectura de la Sentencia, no es posible establecer la existencia del elemento volitivo al que hace referencia el Auto de Vista impugnado; consecuentemente, habiendo incurrido el Tribunal de alzada en actividad prohibida, vulnerando con ello el debido proceso, así como la seguridad jurídica, corresponde declarar fundado el motivo analizado.


En cuanto a la denuncia por indebido cambio de situación procesal o jurídica, Tanto la extinta Corte Suprema de Justicia como este Supremo Tribunal, estableció basta doctrina legal, enfatizando en la prohibición de incurrir en dicha actividad, con base en una nueva valoración de la prueba; sin embargo de ello, también emitió doctrina legal aclarando, que cabe la posibilidad de realizar dicho cambio, sin que el Tribunal de impugnación revea hechos o revalore prueba, aspecto que es posible, conforme se expresó en varios fallos, como el Auto Supremo 660/2014 de 20 de noviembre, cuya doctrina legal aplicable estableció:“...este Tribunal entiende que no siempre la modificación de la situación jurídica del imputado implica un descenso al examen de la prueba y a los hechos per se, pues ello no sucede cuando lo que se discute en esencia no son los hechos establecidos por el juzgador; sino, la adecuación o concreción de esos hechos al marco penal sustantivo, ya sea por el imputado que sostiene que el hecho por el que se lo condenó no constituye delito por falta de alguno de sus elementos (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y que lógicamente no implique modificación de los hechos mediante la revalorización de la prueba, o por el acusador que, ante la absolución del imputado plantea que esos hechos demostrados y establecidos en sentencia, sí se subsumen en alguna conducta prohibida por el Código Penal. En consecuencia, en estos casos el Tribunal de alzada no tiene necesidad alguna de valorar prueba (lo que se reitera le está vetado), por cuanto los hechos ya están establecidos en sentencia y no son objeto de discusión, correspondiéndole únicamente verificar si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho acreditado fue correcta o no, entonces, de advertir que el juez incurrió en error al adecuar la conducta del imputado, ya sea por haber establecido la absolución o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad para enmendar el mismo, sin necesidad de anular la Sentencia, puesto que el error se cometió en la operación lógica del juzgador y no en la valoración de la prueba que dio lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados; consiguientemente, no es razonable ni legal que se repita el juicio únicamente para que otro juez realice una correcta subsunción del hecho.


En tal sentido, a tiempo de ratificar el concepto rector de que el Tribunal de alzada no puede cambiar la situación del imputado como consecuencia de la revalorización de la prueba o de la modificación de los hechos probados en juicio; debe concebirse la posibilidad en el supuesto de que se advierta y constate que el Juez o Tribunal de Sentencia, incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva, que el Tribunal de alzada en estricta aplicación del art. 413 último párrafo del CPP y con base a los hechos probados y establecidos en Sentencia, en los casos de que éstos no sean cuestionados en apelación o de serlo se concluya que fue correcta la operación lógica del juzgador en la valoración probatoria conforme a la sana crítica, pueda resolver en forma directa a través del pronunciamiento de una nueva sentencia, adecuando correctamente la conducta del imputado al tipo penal que corresponda, respetando en su caso la aplicación del principio iura novit curia, ya sea para condenar al imputado o en su caso, para declarar su absolución, de no poder subsumirse la conducta al o los tipos penales, por no ser punible penalmente el hecho o porque no reúne todos los elementos de delito.


En consecuencia, este Tribunal considera necesario establecer la siguiente subregla: El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 úlltima parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena”.


Ahora bien, habiéndose constatado que el Tribunal de alzada efectuó una valoración de los hechos, de forma integral; por cuanto, no señaló de forma específica cuál de las pruebas habría dado cuenta de la existencia del elemento subjetivo del tipo penal, mucho menos, qué parte de las conclusiones de la Sentencia se encuentra vinculada a las afirmaciones realizadas por los de alzada respecto a las acciones asumidas por las imputadas, en cuanto a la planificación, selección de medios y la consideración de eventualidades, todo encaminado a ocasionar detrimento a la acreedora, se establece que, en el presente caso, no puede ser aplicada la doctrina precitada, precisamente porque el Tribunal de alzada, incurrió en vicio absoluto no susceptible de convalidación, correspondiendo en este caso, declarar fundada la alegación.


En cuanto a la afirmación que habría realizado el Tribunal de apelación, respecto al sujeto activo del delito, que puede ser cualquier persona, inclusive los comerciantes, este Tribunal estableció sobre la temática, en el apartado “III.1.4.” de este fallo, que comete delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, cualquier persona que no ostente calidad de comerciante, es decir, que las acciones a adecuarse al tipo penal, no deriven de un acto de comercio; puesto que, dichas actividades se encuentran reguladas por el Código de Comercio (CC) y en la norma Sustantiva Penal, encuentran su marco normativo en el art. 343; consecuentemente, se establece que el fallo carece de una adecuada fundamentación y motivación que expresé el porqué y con qué base legal afirma, que las imputadas adecúan su conducta al tipo penal, cuando la Sentencia tuvo como hecho probado que Lourdes Vera Zabaleta era comerciante; por lo que, no existe razonamiento lógico jurídico plasmado en el fallo en revisión, que permita entender, el porqué dicha actividad, no influye de forma negativa en la adecuación al tipo penal acusado; por lo que, corresponde declarar fundada la alegación.


Por otra parte, se establece que el Tribunal de alzada, al momento de resolver la denuncia relativa a la existencia de fundamentación contradictoria en la Sentencia, defecto descrito en el art. 370 inc. 5) del CPP, se verifica que efectivamente, se remite a lo resuelto en la denuncia por inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva, para luego concluir de forma simple y llana, en la última parte del argumento, que se ha advertido que el fallo apelado evidentemente ingresó en fundamentación contradictoria, aspecto que habría sido subsanado en la Resolución del motivo anterior; sin embargo, de lo expresado por el Tribunal de alzada, no es posible advertir las contradicciones a las que hace referencia; puesto que, como ya se manifestó, a más de hacer referencia a un motivo anterior resuelto, emitió directamente sus conclusiones sobre la alegación, infringiendo con ello el art. 124 del CPP y el debido proceso en su vertiente debida fundamentación, correspondiendo en consecuencia, declarar fundado el motivo alegado.


Respecto al defecto descrito en el art. 370 inc. 6) del CPP, se establece que el Tribunal de alzada, al emitir pronunciamiento sobre dicho motivo, primeramente recalcó, que en alzada no existe facultad para revalorizar prueba producida en juicio, dejando asentado que la defectuosa valoración de la prueba denunciada respecto a una prueba testifical, no puede ser considerada, sin establecer la razón por la que no ejerció control, sobre la valoración solicitada, limitando su argumento a recalcar, que el Tribunal de alzada obró conforme a la prueba producida en juicio y a los hechos probados, rectificando el entendimiento errado de la A quo, subsanando las omisiones advertidas en la Sentencia, sin modificar los hechos; argumento, que resulta esquivo; por cuanto, no ingresó a revisar la denuncia planteada, que si bien en el caso presente, la apelación restringida  fue presentada por la acusación particular, lo expresado por los de alzada, al no brindar explicación clara del porqué una vez más se remiten al primer motivo resuelto, sin analizar la denuncia, deja en estado de incertidumbre a todas las partes, más cuando se advierte un incorrecto pronunciamiento, que vulnera el art. 124 del CPP, el debido proceso, en su componente debida fundamentación; por lo que, corresponde declarar fundada la pretensión.


Por otra parte, las recurrentes, de manera confusa, alegan en el mismo motivo, que el Tribunal de impugnación, señaló que la Jueza de mérito, equivocó su razonamiento al señalar que; lo que se discute es el préstamo de dinero, y no la desaparición de las garantías; para luego señalar de forma incoherente que fue el Tribunal de alzada el que se refirió al de mérito como si fuera un Tribunal Civil; al respecto, de la lectura del Auto de Vista (fs. 1130 vta.), se verifica que esa afirmación fue realizada por la acusadora particular en su memorial de alzada, al señalar que hubo defectuosa valoración de la prueba con referencia a una testifical de cargo; y al respecto, la juzgadora equivocó su razonamiento al mencionar que; lo que se discute es el préstamo y no la desaparición de las garantías; toda vez, que en el proceso penal se discuten los elementos constitutivos del delito de Alzamiento de Bienes, y no montos de dinero. De lo señalado precedentemente, se establece que las imputadas (recurrentes), confundieron los argumentos del recurso de alzada, con los fundamentos del Auto de Vista, demostrando así que su pretensión carece de logicidad que viabilice su pretensión.


Por último, al resolver la denuncia relativa a la existencia de contradicción en la parte dispositiva de la Sentencia; o entre ésta y la parte considerativa, defecto establecido en el art. 370 inc. 8) del CPP, el Tribunal de alzada, haciendo referencia (reiterada) a los aspectos, que la Sentencia tuvo como probados, estableció que habían concurrido todos los elementos de tipo penal de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil; razón por la cual, consideró que, siendo parte de las consideraciones de la Sentencia, cada hecho acreditado, resultaba contradictorio que se hubiera dispuesto la absolución de las imputadas, considerando que dicha falencia en la Sentencia, debía ser corregida, aplicando la parte final del art. 413 concordante con el art. 414, ambos del CPP.


De lo señalado por el Tribunal de alzada, se evidencia que resolvió de forma puntual la denuncia, explicando el porqué consideró que el fallo de conocimiento incurrió en el defecto señalado; argumento respecto al cual, este Tribunal, en apego al mandato expresado en el art. 17 párrafo II de la LOJ,  en cuanto a la pretensión recursiva (indebida fundamentación), considera suficientemente comprensible; en consecuencia, corresponde declarar infundado el motivo en examen.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Mayra Alejandra Ariñéz Vera y Lourdes Vera Zabaleta, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 6/2015 de 27 de enero (fs. 1124 a 1132 vta.) y su Auto Complementario (fs. 1151 y vta.), disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, bajo responsabilidad, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, ofíciese nota al Consejo de la Magistratura, para que tome conocimiento del presente Auto Supremo, para que sea arrimado a los antecedentes de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a los efectos que correspondan.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA