TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 603/2015-RRC

Sucre, 11 de septiembre de 2015


Expediente        : La Paz 55/2015

Parte Acusadora        : Meyer Aleyda Luna Mena y otras

Parte Imputada        : Rosalía Nuñez Cori de Arce y otras

Delitos        : Difamación y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de febrero de 2015, cursante de fs. 269 a 280, Rosalía Nuñez Cori de Arce, Carmen Rosa Nuñez Cori y Gladys Nuñez Cori, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 92/2014 de 1 de diciembre, de fs. 200 a 201 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Meyer Aleyda Luna Mena, Elizabeth Mena Tarqui y Anahí Valeria Luna Mena contra las recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 94/2014 de 15 de mayo (fs. 176 a 178 vta.), la Juez Segundo de Partido y de Sentencia de El Alto, declaró a Rosalía Nuñez Cori de Arce, Carmen Rosa Nuñez Cori y Gladys Nuñez Cori, autoras y culpables de la comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del CP, condenándoles a la pena de un año de reclusión y multa de 200 días a razón de Bs. 5 por día, más la imposición de costas, daños y perjuicios a favor de acusadora particular. En aplicación del art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP), otorgó el beneficio del perdón judicial a las imputadas.


b)  Contra la mencionada Sentencia, las imputadas interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 182 a 184 vta.), resuelto por el Auto de Vista 92/2014 de 1 de diciembre (fs. 200 a 201 vta.), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia impugnada, dando lugar a la formulación del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 354/2015-RA de 5 de junio, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, al que este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del CPP y art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1) Bajo el epígrafe “DEFECTOS ABSOLUTOS NO SUCEPTIBLES DE CONVALIDACIÓN POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO Y FUNDAMENTACIÓN DEL AUTO DE VISTA No. 92/2014 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2014 DICTADO POR LA SALA PENAL SEGUNDA RESPECTO A LOS PUNTOS APELADOS, QUE HACEN A LOS DEFECTOS DE SENTENCIA PREVISTOS EN EL ART. 370 NUMERALES 1), 5) Y 6) DEL CPP” (sic); las recurrentes haciendo mención a la doctrina legal sentada por los Autos Supremos 448 de 12 de septiembre de 2007, 335 de 10 de junio de 2011 y 442 de 10 de septiembre de 2007, referidos a la obligación del ad quem de pronunciarse sobre todos los motivos apelados con la debida fundamentación y de manera individualizada sobre cada denuncia; alegan que el Auto de Vista impugnado, no se encuentra debidamente fundamentado, por cuanto no es completo, exhaustivo, ni lógico por omitir la exposición clara, precisa y suficiente de los razonamientos efectuados sobre los justificativos y análisis: “de su conclusión de la existencia del defecto de sentencia previsto en el Art. 370 inc. 1) del Código Procesal Penal” (sic), lo que a decir de las recurrentes vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y la debida motivación como elemento esencial del debido proceso, incurriendo en el defecto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.

Dentro del mismo acápite, sostienen que el Tribunal de apelación, a tiempo de resolver la denuncia concerniente al hecho de que la Juez de Sentencia habría basado su decisión en hechos inexistentes y no probados en juicio; refirió que la inferior en grado, en el apartado “ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE HAN SIDO OBJETO DEL JUICIO” (sic), precisó de manera clara y determinada las actitudes dolosas de las procesadas, concluyendo que la denuncia realizada en apelación no era evidente, a cuyo efecto concluye que el Tribunal de alzada hizo conclusiones inferenciales de culpabilidad, lo cual en grado de apelación es aberrante, más aún si la misma se hace a través de prueba indiciaria, actuación que viola el principio de inocencia, debido proceso, la tutela judicial efectiva y desnaturaliza la esencia de la apelación restringida; asimismo, alegan que el Tribunal de alzada, ante la inexistencia de prueba directa, no explicitó las reglas de razonamiento inferencial aplicable al caso, no acreditó ni fundamentó debidamente criterios válidos para la construcción de la prueba indiciaria, así como no habría justificado ni fundamentado la concurrencia de los datos y el razonamiento lógico inferencial aplicado al caso para concluir que: “… precisa de manera clara y determinada las actitudes dolosas de las procesadas, ahora condenadas…” (sic).

En ese ámbito, sostiene que el Tribunal de alzada, omitió efectuar una exposición clara, precisa y suficiente de los razonamientos efectuados, sin realizar una valoración de las cuestiones formuladas de un modo integral; es decir, no fundó su resolución en sentido de señalar si la falta de fundamentación denunciada como defecto de Sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, se debió a la falta de fundamentación fáctica o falta de fundamentación probatoria descriptiva o intelectiva.


En cuanto al defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, expresan que el Tribunal de alzada debió fundamentar la resolución recurrida en el hecho de que si se aplicaron o no correctamente la sana crítica o en su caso si se trasgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


2)  Como segundo motivo bajo el epígrafe: “ILOGICIDAD DEL AUTO DE VISTA POR CONFUNDIR SUBSUNCION DE HECHOS AL TIPO PENAL Y CONTROL DE LOGICIDAD DEL ITER LÓGICO O RAZONAMIENTO EMERGENTE DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, Y RESOLVER AMBOS DEFECTOS DE MANERA CONJUNTA Y RELACIONADA” (sic), las recurrentes refieren que el Tribunal de apelación confunde arbitrariamente errónea aplicación o inobservancia de la ley sustantiva y de la ley procesal, al conjuncionar ambos motivos en el art. 370 inc. 1) del CPP y previa referencia a los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, 417 de 19 de agosto de 2003, 431 de 11 de octubre de 2006 y 236 de 7 de marzo de 2007, denuncian que actuó en contra de tales precedentes, teniendo en cuenta que el mérito de culpabilidad no corresponde ser pronunciado por el Tribunal de alzada.


Por otra parte, refieren que el Tribunal de apelación no expresa qué reglas de la sana crítica observó la Juez de Sentencia, ni si realizó un examen del inter lógico de la valoración probatoria en contradicción a los precedentes que habría señalado, expresando de manera errónea un juicio de culpabilidad, cuando conforme a lo dispuesto por el Auto Supremo 196 de 3 de junio de 2005, la facultad de valorar la prueba corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal de Sentencia, doctrina ratificada por el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, por lo que consideran que el Tribunal de alzada habría desnaturalizado la esencia del sistema de juicio oral de única instancia, generando inseguridad e incertidumbre al violar el principio de seguridad jurídica.


En ese sentido, agregan que el Tribunal de alzada confundió el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, con los defectos procesales previstos por los incs. 5) y 6) del mismo artículo de la norma adjetiva penal; aspecto del cual deviene la ilogicidad del Auto de Vista impugnado, pues el mismo habría relacionado “ambos elementos en el ámbito de la vulneración de la Sana Critica y reglas de valoración de prueba” (sic), lo cual dio lugar a la falta de fundamentación y la defectuosa valoración de la prueba, ya que la referida resolución no brinda fundamentos claros, precisos que respondan con certeza cada punto impugnado, pues no habría emitido criterio jurídico sobre cada punto impugnado, a cuyo efecto hace referencia al motivo de su apelación: “En consecuencia se ha denunciado defecto de sentencia previsto en el Art. 370 núm.- 1) del CPP, bajo el argumento de la violación o lesión de la Sana Critica Racional emergente de la valoración de la prueba y errónea aplicación del Art. 173 del Código Procesal Penal en cuanto a sus reglas o métodos, y establecer que esta tenga relación con el control del inter lógico que emerge de la valoración de la prueba…” (sic).


I.1.2. Petitorio


Por lo expuesto, solicitan que este Tribunal declare admisible y fundado el recurso, dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido, con la finalidad que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dicte nueva Resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 354/2015-RA, cursante de fs. 287 a 289 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por la parte acusada, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.De la apelación restringida.


Las acusadas, plantearon recurso de apelación restringida contra la Sentencia 94/2014, alegando, en estricta relación a los motivos admitidos en casación, que: i) La Sentencia basó su decisión en mérito a hechos inexistentes y no probados en el desarrollo del juicio, dando lugar a la aplicación errónea de los arts. 282, 283 y 287 del CP, que tipifican las figuras penales de Difamación, Calumnia e Injuria, ya que la descripción de las circunstancias no contienen una referencia de todos los elementos objetivos y subjetivos del hecho delictivo que la Juzgadora estimó comprobado; asimismo, la Jueza de mérito, no dio estricto cumplimiento a los arts. 37 al 40 del CP y 123, 124, 171 y 173 del CPP, en cuanto a la imposición de la pena, a cuyo efecto específica, en cuanto al delito de Difamación que, la publicidad es el elemento y condición objetivo para la comisión del referido tipo penal; es decir, que el comentario, la afirmación o manifestación que atente la reputación de una persona deber ser conocido por un colectivo de personas y que conste en un documento, archivo o filmación pública para que se pueda constituir como delito, extremo que en el desarrollo del juicio no se demostró con ningún elemento de prueba, sumado al hecho que la Sentencia recurrida no mencionó el porqué de la conducta de la acusadas. En cuanto al delito de Calumnia, la acción típica es la atribución a otra persona de un delito, el elemento objetivo se refiere a la falsedad objetiva, efectuando a continuación transcripción del delito de Injuria previsto en el art. 287 del CP, para después afirmar que la Juzgadora sin hacer ningún tipo de análisis ni fundamentación jurídica, dictó Sentencia condenatoria en su contra, estableciendo penas que no se adecúan a su fundamentación, a la gravedad del hecho, ni a las circunstancias que emergieron en el desarrollo del proceso o en la consumación de los delitos endilgados (como la personalidad, antecedentes y otros), por lo que afirma  que la “Corte ad quem” (sic), no analizó las pruebas aportadas en su conjunto y no obró bajo las reglas de la sana crítica; ii) De acuerdo a la fundamentación de la Sentencia, denuncia que se incurrió en los defectos establecidos en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, al ser su fundamentación insuficiente, basada en hechos inexistentes, inobservando la Jueza de Sentencia que dicha Resolución, debía contener no sólo la expresión clara y terminante de los hechos que condujeron a su afirmación, por un lado; y, a la fundamentación de derecho, por otro, sino también la referencia a los elementos probatorios que llevaron al Juzgador a concluir su fallo, en base a las reglas de la experiencia, la lógica o la razón, “en función de las cuales la pruebas practicadas se ha podido afirmar la existencia del hecho por el que se condena” (sic), citando el art. 173 del CPP.



II.2.Del Auto de Vista recurrido.


Radicada la causa ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 92/2014, declarando improcedentes las cuestiones planteadas, confirmando la Sentencia, de acuerdo a los siguientes argumentos: a) En cuanto a la denuncia de que la Jueza de mérito, habría basado su decisión en hechos inexistentes y por tanto no probados en el desarrollo del juicio, concluye que la Sentencia, en el apartado I, relativo a la enunciación de los hechos y circunstancias, establece que fueron objeto del juicio, de manera precisa, clara y determinada, las actitudes dolosas de las procesadas, de manera que no resultaba evidente la inexistencia de hechos, por lo que consideró impertinente el cuestionamiento; b) Con relación a que la Jueza inferior, no habría dado estricto cumplimiento a los arts. 37 al 40 del CP, 123, 124, 171 y 173 del CPP, infiere que dicha autoridad dio correcta aplicación a los arts. 37 y 38 del Código sustantivo penal, compulsando adecuadamente los antecedentes referidos a la personalidad de las procesadas para fijar la pena y a las circunstancias previstas en el inc. b) del art. 38 citado, determinando la pena de forma correcta y atenuada, razón por la que se les otorgó el beneficio del perdón judicial, de conformidad con el art. 368 del Código adjetivo penal; consiguientemente, su pretensión no era correcta. Por otro lado, la Sentencia cumple con los requisitos exigidos por el art. 360 del CPP, teniendo que sobre los arts. 171 y 173 extrañados y referidos a la prueba y consiguiente valoración, en el apartado IV de la Sentencia, sobre los motivos de hecho y de derecho, la Jueza de la causa analizó detenidamente las documentales de cargo, conforme a las reglas de la sana crítica y sus componentes, por lo que no resultó evidente la vulneración de las referidas normas, más aún si la pruebas de descargo, no enervaron ni destruyeron la incriminación que pesaba contra las ahora apelantes por ser insuficientes; c) Sobre la subsunción normativa de la conducta de las encausadas en los tipos penales por los que fueron juzgadas, la Jueza de Sentencia, en el apartado VI, de exposición de motivos “…Y DOCTRINALES” (sic), tuvo cuidado de hacer un análisis pormenorizado de cada una de las encausadas, tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico, de manera que la referida subsunción es correcta; d) Deduce que la fundamentación de la Sentencia no es insuficiente ya que de su contenido, advierte tanto la motivación como la fundamentación propiamente dicha, con criterio procesal adecuado y observando la doctrina legal aplicable, sentada por el Tribunal Supremo de Justicia; y, e) Finalmente, concluyó que las acusadas, no presentaron precedente contradictorio alguno, ni anunciaron su presentación una vez conocido el Auto de Vista, por lo que no cumplieron con la previsión contenida en el art. 416 segunda parte del CPP.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCÓN


El Tribunal Supremo de Justicia, admitió el recurso de casación interpuesto por la parte acusada, con la finalidad de verificar si el Tribunal de apelación incurrió en contradicción con la doctrina legal invocada, a tiempo de conocer y fundamentar las impugnaciones contenidas en el recurso de apelación restringida, referidas a los defectos que la Sentencia contendría, previstos en los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP, incurriendo en insuficiente e indebida fundamentación y revalorización probatoria.


III.1. Sobre el deber de fundamentación y motivación del Tribunal de alzada.


En relación a la primera denuncia de ausencia de una suficiente y debida fundamentación de parte del Tribunal de alzada, con relación a los agravios denunciados en apelación restringida, constitutivos de defectos de Sentencia previstos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP, las recurrentes invocaron como precedente el Auto Supremo 442 de 10 de septiembre de 2007, que estimó: “I. Es deber del tribunal de apelación y de todo administrador de justicia realizar una adecuada motivación de las resoluciones que pronuncie, porque constituye un elemento esencial del debido proceso, que permite a las partes asumir conocimiento sobre el razonamiento intelectivo desarrollado por los juzgadores; en ese entendido, es pertinente señalar que la falta de fundamentación constituye un defecto absoluto en la tramitación de la causa, por lo que el Tribunal de Casación, en resguardo de los principios del debido proceso, seguridad jurídica, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva, establece que cada punto impugnado en el recurso de apelación debe ser resuelto sobre la base de un argumento jurídico individualizado, sólido y convincente, pronunciando una resolución congruente y exhaustiva.


Con respecto a la falta de fundamentación en la resolución pronunciada por el Juez o Tribunal, se tiene el Auto Supremo Nº 141 de 22 de abril de 2006, que establece (...) el Tribunal de Apelación al circunscribir su competencia a los puntos impugnados o a los defectos absolutos, los mismos deben encontrarse con el fundamento respectivo, obligación que debe cumplir ineludiblemente, la falta de fundamento en uno de ellos en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada vulnera los principios de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso" (razonamiento igualmente asumido en los Autos Supremos 448 de 12 de septiembre de 2007 y 335 de 10 de junio de 2011, también invocados por la parte recurrente).


III.2. Sobre la facultad de control del Tribunal de alzada en relación a la valoración probatoria efectuada por el inferior.


En cuanto al motivo de casación referido a que el Tribunal de alzada habría emitido un criterio de culpabilidad sobre la denuncia realizada por las recurrentes con relación al defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, desnaturalizando la esencia del sistema del juicio oral de única instancia y confundiendo el defecto citado con los normados en los incs. 5) y 6) del artículo citado, las recurrentes invocan los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, 417 de 19 de agosto de 2003, 431 de 11 de octubre de 2006 y 236 de 7 de marzo de 2007, que a decir suyo habrían establecido los supuestos de la errónea aplicación de la norma sustantiva.


Al respecto, se constata que la primera de la resoluciones establece la obligación del Tribunal de alzada de ejercer la facultad prevista en el art. 413 del CPP, “…cuando sea evidente, que para dictar una nueva sentencia, no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente, se refiere al caso sometido a su conocimiento, con la jurisdicción y competencia que le asignan los artículos 42, 43, inc. 2, y, 51, numeral 2), del mismo Código…”; el Auto Supremo 431 de 11 de octubre, en un hecho en el que determinó que la conducta el imputado se adecuaba al tipo penal de Tentativa de Sustancias Controladas, contrario a lo determinado por el Auto de Vista entonces recurrido, concibió que: “…que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa; en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva”; y, el Auto Supremo 236 de 7 de marzo de 2007, en un caso en el que se verificó la equivocada apreciación en la convalidación del delito de Uso de Instrumento Falsificado en el Auto de Vista recurrido, concibió que: “…Los delitos para ser considerados como tales, deben reunir todas las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probado en juicio oral, público, contradictorio y continuo, y en la fase de subsunción legal los Tribunales y Jueces de Sentencia, y excepcionalmente los Tribunales de Apelación, deben tener el cuidado de observar que a la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal, no existe delito”, resoluciones que por la temática resuelta no contienen supuestos fácticos análogos con el Auto de Vista recurrido, por lo que no son aplicables al caso, razón por la cual no se consideraran a efectos de analizar el motivo expuesto.


El Auto Supremo 417 de 19 de agosto de 2003, estableció con relación al principio de congruencia que: “El Auto de Vista deberá circunscribirse indefectiblemente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, por ello la pertinencia del Auto de Vista con los puntos resueltos por el inferior, deriva de la correspondencia que aquél debe tener con los extremos de la apelación y que inexcusablemente debe contener la fundamentación, respecto a los hechos fácticos debatidos y traídos en apelación”, precedente que únicamente será considerado a efectos de considerar si evidentemente el Tribunal de alzada incurrió en confusión a tiempo de resolver los defectos procesales denunciados en apelación restringida.


Ahora bien, en cuanto a la denuncia específica sobre que el Tribunal habría emitido criterios no conformes a su facultad de revisor del ejercicio de valoración probatoria del inferior, la parte impugnante invocó el Auto Supremo 196 de 3 de junio de 2005, que estableció: “…que, la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia, quien al dirigir el juicio oral y recibir la prueba, adquiere convicción a través de la apreciación de los elementos y medios de prueba; convicción que se traduce en el fundamento de la sentencia que lleva el sello de la coherencia y las reglas de la lógica; consiguientemente, el Tribunal de Alzada en caso de revalorizar la prueba, dicho acto convierte en defecto absoluto contemplado en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal; por haber aplicado el artículo 173 contradiciendo al Auto de Vista Nº 45 de 7 de septiembre de 2004 pronunciado por la Sala Penal Segunda del mismo Distrito Judicial; situación que además contradice la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal de Casación; donde se indica que el Juez o Tribunal de Sentencia tiene la facultad de valorar la prueba y no así el Tribunal de apelación como ocurrió en el sub lite”.


Por otro lado, el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, concluyó que: “El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento.


El avenimiento de nuestro sistema procesal a este método de valoración de prueba, exige una adecuada fundamentación de la sentencia lo que permite controlar las inferencias lógicas del juzgador, por eso que los razonamientos de los jueces deben tener un sustento acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que una sentencia pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego.


Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.


Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.


El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez.


El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo”.


III.3. Análisis del caso concreto


III.3.1. Con relación a los argumentos expuestos en apelación restringida, el primero referido a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes y por tanto, no probados en juicio, provocando la errónea aplicación de los arts.  282, 283 y 287 del CP, que tipifican las figuras penales de Difamación, Calumnia e Injuria; y, 37 al 40 del mismo Código, referido a los criterios para la imposición de la pena, respecto de los cuales también adujo incumplimiento de los arts. 123, 124, 171 y 173 del CPP; y, el segundo, concerniente a que la Sentencia incurrió en los defectos previstos en los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, por denotar una fundamentación insuficiente, basada en hechos inexistentes, carente de la referencia a los elementos probatorios que llevaron al Juzgador a emitir su fallo, observando las reglas de la experiencia, la lógica o la razón, resulta evidente que en su mayoría carecen de especificidad y claridad, por cuanto respecto a la errónea interpretación de las normas sustantivas citadas, en apoyo a normas de orden procesal, las recurrentes se limitaron a afirmar que la descripción de las circunstancias contenidas en la Sentencia, no contienen todos los elementos constitutivos de los tipos penales a ellas atribuidos, concretando únicamente con relación al delito de Difamación, haciendo referencia al elemento publicidad, que este no se demostró en el desarrollo del juicio, sumado al hecho que la Sentencia recurrida, no mencionó el porqué de la conducta de la acusadas; sin embargo, sobre el delito de Calumnia, se restringieron a hacer una descripción del elemento objetivo, transcribiendo a continuación la norma que tipifica la Injuria, sin describir qué error habría cometido la Juzgadora en cuanto a la subsunción de la conducta de las acusadas sobre los referidos tipos penales. Igualmente, respecto a la denuncia que la Jueza de mérito no hizo ningún tipo de análisis ni fundamentación jurídica sobre la fijación de las penas, las que no estarían acordes a su fundamentación y que no se observó la gravedad del hecho, ni las circunstancias que emergieron en el desarrollo del proceso o en la consumación de los delitos endilgados (como la personalidad, antecedentes y otros); asimismo, que no habría analizado las pruebas aportadas en su conjunto, ni obrado bajo las reglas de la sana crítica, argumentos sobre los que no concretaron qué circunstancias habría omitido considerar la Juzgadora, ni la relación de causalidad entre la apreciación de la personalidad de las imputadas y las circunstancias del hecho con la valoración efectuada sobre la prueba.


Ahora bien, con relación a los referidos argumentos expuestos por la recurrentes en alzada, el Tribunal de apelación, en el Auto de Vista recurrido, no hizo más que sujetarse a los puntos de impugnación detallados, concluyendo que la Sentencia, en el apartado I, relativo a la enunciación de los hechos y circunstancias, estableció que de manera precisa, clara y determinada, determinó las actitudes dolosas de las procesadas, de manera que no resultaba evidente la inexistencia de los hechos; asimismo, dedujo que la Jueza de Sentencia, dio correcta aplicación a los arts. 37 y 38 del CP, compulsando adecuadamente los antecedentes referidos a la personalidad de las procesadas para fijar la pena y las circunstancias previstas en el inc. b) del art. 38 citado, determinando la pena de forma correcta y atenuada, razón por la que se les otorgó el beneficio del perdón judicial, de conformidad con el art. 368 del Código adjetivo penal, por lo que su pretensión no resultaba correcta.


Con relación a la cita de los arts. 171 y 173 del CPP, extrañados por las impugnantes, concibió que en el apartado IV de la Sentencia, referido a los motivos de hecho y de derecho, la Jueza de mérito analizó detenidamente las documentales de cargo, conforme a las reglas de la sana crítica y sus componentes, resultando que las vulneraciones referidas no eran evidentes, más aún si las pruebas de descargo no enervaron ni destruyeron la incriminación que pesaba contra las ahora apelantes por ser insuficientes, sumado al hecho de que en el apartado VI de la Sentencia, referido a la exposición de motivos “…Y DOCTRINALES” (sic), tuvo cuidado de hacer un análisis pormenorizado de cada una de las encausadas desde el punto de vista fáctico como del jurídico, de manera que la referida subsunción era correcta, infiriendo que la fundamentación de la Sentencia resultaba suficiente, por cuanto denotaba la motivación como la fundamentación propiamente dichas, con criterio procesal adecuado y observando la doctrina legal aplicable, sentada por el Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, se verifica que los puntos impugnados referidos a la errónea interpretación de las normas sustantivas citadas (con excepción de la denuncia referida al tipo penal de Difamación, que será analizado en el párrafo siguiente), la defectuosa valoración de la prueba y la insuficiente fundamentación de la Sentencia, fueron debidamente respondidos por el Tribunal de apelación, constatándose en consecuencia que no existe contradicción con la doctrina legal invocada y descrita en el apartado III.1 del presente Auto Supremo, resultando el motivo en parte infundado.


Sobre este mismo motivo, es preciso efectuar un análisis individualizado con relación a la denuncia de fundamentación insuficiente respecto a la denuncia de errónea interpretación del tipo penal de Difamación, sobre el cual, las recurrentes expresamente denunciaron que el elemento publicidad, constituye la condición objetiva para la comisión del referido tipo penal constitutivo de que, el comentario, la afirmación o manifestación que presuntamente atente la reputación de una persona, debe ser conocido por un colectivo de personas y que conste en un documento, archivo o filmación pública para que se pueda constituir como delito, situación que no hubiese sido demostrado en el desarrollo del juicio con ningún elemento de prueba, sobre lo cual la Sentencia -a decir de las recurrentes- no habría mencionado el porqué de la conducta de la acusadas; en este sentido, este Tribunal evidencia que, el Tribunal de alzada se limitó a efectuar consideraciones generales que de ninguna manera respondieron la denuncia descrita, por lo que resulta evidente que sobre esta temática contradijo la doctrina legal invocada por las recurrentes que obliga a los Jueces de apelación a sujetarse a los puntos impugnados en apelación, respondiendo sobre la base de un argumento jurídico individualizado, sólido y convincente, pronunciando una resolución congruente y exhaustiva, al no haberlo hecho, el motivo resulta fundado.


Sobre la denuncia de que el Tribunal de alzada habría efectuado conclusiones inferenciales de culpabilidad, basándose en prueba indiciaria, al verificarse que la parte impugnante se limitó a hacer estas observaciones de manera general, sin explicar qué argumentos constituirían conclusiones inferenciales, limitándose en el memorial de casación a hacer una transcripción de parte del contenido del Auto de Vista impugnado, sin concretar cuál sería la presunta prueba indiciaria, dichos argumentos no merecen pronunciamiento alguno precisamente por la falta de especificidad en su formulación.


Para finalizar este apartado, es preciso aclarar a la parte impugnante que el recurso de casación no es el medio idóneo para ampliar argumentos que debieron ser expuestos en el momento procesal oportuno, cual es la etapa de apelación restringida, por cuanto de la lectura del motivo de casación se advierte que su pretensión va mucho más allá de lo que efectivamente denunció en apelación restringida, así se advierte de la denuncia relativa a que el Tribunal de alzada omitió identificar la falta de una fundamentación fáctica, probatoria descriptiva o intelectiva, que no fue expuesto en apelación restringida; y, que no fundamentó si en la Resolución recurrida, se aplicaron correctamente o no la reglas de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del recto entendimiento, argumentos que no fueron expuestos de manera clara en apelación restringida, razón por la cual el Tribunal de alzada no tenía obligación de pronunciarse al respecto.


III.3.2. Con relación a la denuncia efectuada en el segundo motivo de casación, se constata que no es evidente que el Tribunal de alzada haya confundido la errónea aplicación o inobservancia de la ley sustantiva y de la ley procesal, al conjuncionar ambos motivos en el art. 370 inc. 1) del CPP, debido a que, conforme se estableció en el motivo precedentemente analizado, el Tribunal de alzada se circunscribió a resolver las denuncias genéricas efectuadas por las recurrentes, sobre la errónea aplicación de las normas que tipifican las conductas de Calumnia e Injuria y las normas referidas a la imposición de las penas, siendo ellas mismas quienes adujeron que no se dio estricto cumplimiento a los arts. 122, 124, 171 y 173 del CPP; es decir, cuestionando la aplicación de las normas sustantivas y de la adjetivas a su vez, sin efectuar diferenciación alguna que haya merecido su tratamiento especializado.


Con relación a la temática referida que el Tribunal de apelación no habría mencionado qué reglas de la sana crítica observó la jueza de Sentencia ni si realizó un examen del iter lógico sobre la valoración probatoria, expresando de manera errónea un juicio de culpabilidad, en los dos últimos párrafos del apartado precedente, ya se estableció que la parte impugnante de ningún modo detalló en apelación restringida qué reglas de las sana crítica habría inobservado la Juzgadora de mérito, por lo que no se puede exigir un pronunciamiento en alzada más allá de lo específicamente reclamado en apelación restringida; tampoco establecieron en casación qué juicio de culpabilidad (supuestamente equívoco), denotaría el Auto de Vista recurrido, por lo que ese aspecto no puede ser analizado por carecer de especificidad, lo que no puede ser suplido de oficio por este Tribunal; en consecuencia, no es posible efectuar la labor de contraste con los Autos Supremos 196 de 3 de junio de 2005 y 214 de 28 de marzo de 2007, invocados en casación.


Finalmente, sobre la denuncia de confusión del defecto previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP con los previstos en los incs. 5) y 6) del mismo Código, de la revisión del recurso de apelación restringida, se puede observar que fue la propia parte recurrente quien formuló la denuncia de los defectos señalados de forma conjunta inicialmente, para después, en la segunda parte del recurso, ampliar la explicación de los defectos referidos a la fundamentación insuficiente de la Sentencia y que esta se haya basado en hechos inexistente, así se advierte del apartado 3 del memorial de apelación restringida, en el que expresamente argumentó: “…en los considerandos expuestos en la SENTENCIA motivo del presente recurso, se establecen sin lugar a dudas que la Sra. Juez, basa su decisión en base a hechos inexistentes y por tanto no probados en el desarrollo del juicio, lo que no dio lugar a una APLICACIÓN CORRECTA DEL ART. 282, 283 Y 287 DEL CODIGO PENAL, Difamación, Calumnia e Injuria…Que la SEÑORA JUEZ DE SEGUNDO DE PARTIDO Y DE SENTENCIA DE CIUDAD DEL EL ALTO, no ha dado estricto cumplimiento a los arts. 37 al 40 del Código Penal y 123, 124, 171, 173, del Código de Procedimiento Penal” (sic); en consecuencia, conforme se dejó ya establecido, el Tribunal de alzada únicamente se circunscribió a resolver y responder cada uno de los puntos impugnados en apelación restringida (con excepción de la denuncia de Difamación, ya tratada en el primer motivo de casación) y de la forma en que fueron formulados, por lo que la presente denuncia carece de mérito, constatándose la falta de contradicción con la doctrina legal invocada por las recurrentes.


POR TANTO


Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y lo previsto por el art. 419 del CPP SE DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 92/2015 de 1 de diciembre, de fs. 200 a 201 vta. y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes hagan conocer la presente resolución a los Tribunales y Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala comuníquese el presenta Auto Supremo al Consejo de la Judicatura a los fines del ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA