TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 599/2015-RA

Sucre, 11 de septiembre de 2015


Expediente        : La Paz 120/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro 

Parte Imputada        : Franz Guido Maldonado Guzmán y otra   

Delitos                : Asociación Delictuosa y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 23 de junio y 22 de julio de 2015, cursantes de fs. 2134 a 2139 y de 2177 a 2186 vta., Enrique Wilfredo Ramos Chaparro y Franz Guido Maldonado Guzmán, respectivamente, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 14/2015 de 26 de marzo, de fs. 2110 a 2112 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Enrique Wilfredo Ramos Chaparro, contra  Franz Guido Maldonado Guzmán y Fátima Fridda Bustillos Salvatierra, por la presunta comisión de los delitos de Asociación Delictuosa, Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 132, 198, 199, 203, 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 2/2014 de 27 de febrero (fs. 1367 a 1380), el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto, declaró a Franz Guido Maldonado Guzmán, autor de la comisión de los delitos de Estafa, Uso de Instrumento Falsificado y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 335, 203 y 132 del CP, imponiéndole la pena de seis años de reclusión, más costas al Estado y querellante a calificarse en ejecución de Sentencia, y absuelto por los delitos de Estelionato, Falsedad Material y Falsedad Ideológica, tipificados por los arts. 337, 198 y 199 del CP; y, a Fátima Fridda Bustillos Salvatierra, autora de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Asociación Delictuosa, imponiéndole la pena de cuatro años de reclusión, más costas al Estado y querellante, y absuelta de los delitos de Estafa, Estelionato, Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, por los precitados artículos.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el querellante Enrique Wilfredo Ramos Chaparro (fs. 1694 a 1701) y los imputados Fátima Fridda Bustillos Salvatierra (fs. 1720 a 1723) y Franz Guido Maldonado Guzmán (fs. 1926 a 1927 vta.), formularon recursos de apelación restringida, resueltos el por Auto de Vista 14/2015 de 26 de marzo (fs. 2110 a 2112 vta.), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes los citados recursos y confirmó la Sentencia apelada.


c)   El 16 de junio y 14 de julio de 2015 (2118 vta. y 2158), fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista y el 23 de junio y 22 de julio del mismo año, respectivamente, formularon recursos de casación.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Recurso de casación de Enrique Wilfredo Ramos Chaparro


1)  Denunció que el Auto de Vista impugnado, no se pronunció sobre todos los puntos expresados en el recurso de apelación restringida, como la referida a la inobservancia de la ley penal sustantiva: i) Con relación al agravio contenido en el punto A) 1.2. que de acuerdo a la descripción de evidencias, el Tribunal a quo tenía la plena convicción de que Fátima Frida Bustillos, prestó dolosamente cooperación a Franz Guido Maldonado, para realizar la conducta de Estafa, de acuerdo a las pruebas PD14, PD16 y PD 21, sobre los que no existe pronunciamiento. ii) En el punto B) 1.5 con relación al delito de Estelionato contra Franz Guido Maldonado, de acuerdo a  los elementos de prueba PD10, PD15, PD18 y PD19, se tiene que en base a una escritura falsa, procedieron a vender un lote de terreno de propiedad de Herlinda Lourdes Aguilar, en ese sentido de acuerdo al art. 20 del CP, los acusados son autores de la comisión del delito de Estelionato, que tampoco mereció pronunciamiento. iii) Con relación al delito de Falsedad Material, en el punto C). 1.7, referido al imputado Franz Guido Maldonado, las pruebas PD1 y PD2, acreditan la inexistencia de la matriz notarial de la escritura 230/1986, que corresponde a la venta de un vehículo que fue forjada por los imputados, que supone la comisión del delito de Falsedad Material. iv) Que la prueba PD1, PD2, PD15, demuestra que Franz Guido Maldonado, hizo introducir datos falsos en la matricula 2014010124814, cometiendo el delito de Falsedad Ideológica, que sobre tales observaciones el Auto de Vista impugnado, se limitó a manifestar que el Tribunal de alzada no puede rever los hechos objeto del proceso.


2)   Acusó errónea aplicación de la Ley Penal Sustantiva, refiriendo que el Tribunal de Sentencia, al evidenciar el concurso real de delitos debía observar el art. 45 del CP aplicando el máximo de la pena del delito más grave, en el caso de Franz Guido Maldonado por el delito de Uso de Instrumento Falsificado a seis años y de Fátima Frida Bustillos por el delito de Falsedad Ideológica también de seis años, pudiendo aumentar el máximo hasta la mitad, en ambos casos la pena debía ser de nueve años de privación de libertad, existiendo error en la fijación de la pena que debe ser rectificado, porque contraviene el Auto Supremo 46/2012 de 23 de marzo, que fuera invocado a tiempo de interponer recurso de apelación restringida, habiendo erróneamente el Tribunal de alzada mencionado la reformatio in peius, aspectos del que igualmente el Tribunal de alzada no se pronunció. Asimismo, citó la Sentencia Constitucional 1294/2010-R de 13 de septiembre y los Autos Supremos 333 de 9 de junio de 2011, 26 de 15 de febrero de 2012.


3)   Alegó la existencia de falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista impugnado, que en la parte conclusiva se limitó a referir descriptivamente a algunos puntos de memorial de apelación, sin señalar objetivamente cuáles son sus fundamentos, vulnerando el debido proceso en lo referente a la fundamentación jurídica de las resoluciones judiciales que permitan en los administrados de justicia tener certeza, convicción y ºconvencimiento sobre el resultado de una resolución judicial, vulnerándose igualmente el principio de certeza y de seguridad jurídica.


Finalmente, reitera aplicar la Sentencia Constitucional 1294/2010-R de 13 de septiembre y los Autos Supremos 333 de 9 de junio de 2011, 12 de 30 de enero de 2012 y 46 de 23 de marzo de 2012.


II.2. Recurso de casación de Franz Guido Maldonado Guzmán


1)   Acusó defecto procesal absoluto, porque el Tribunal de alzada no le concedió el término de tres días establecido en el art. 399 del CPP, para permitir subsanar defectos de forma existentes en el memorial de recurso de apelación restringida, conforme determina el Auto Supremo 54/2012 y la Sentencia Constitucional 1106/2006, que no hubieren sido tomados en cuenta por el Tribunal de alzada, vulnerando el debido proceso y el derecho de recurrir.


2)  Refirió que el 17 de diciembre de 2014, en ocasión de la realización de audiencia de consideración de “las apelaciones restringidas” (sic), su abogado no supo explicar ni sustentar los memoriales de su defensa, aspecto que le dejó en indefensión como a lo largo del juicio en varias oportunidades y en audiencias importantes, ante lo cual en uso de su defensa material, explicó que la apelación presenta defectos de forma solicitando se conceda los tres días para subsanar la apelación, siendo cortada su explicación por el presidente del Tribunal y nuevamente su abogado no pudo explicar los defectos de forma interviniendo para indicar que los defectos de forma están referidos a que en la apelación el abogado solamente se limitó a indicar la forma de cómo debía resolverse el proceso, solicitar la nulidad del juicio y exponer varios hechos que constituyen defectos absolutos, hechos ante los cuales se reconoció que efectivamente no se contaba con defensa técnica procediéndose a suspender la audiencia y a la designación de defensor de oficio, con quien no pudo contactarse, hechos que demuestran los defectos absolutos por no haber contado con una defensa eficaz, vulnerándose su derecho a la defensa y a ser oído por la autoridad jurisdiccional. Citó como precedente contradictorio el Auto Supremo 41/2012-RRC de 16 de marzo.


3)   Refirió que en el proceso, existen infinidad de defectos procesales absolutos que no fueron revisados adecuadamente por el Tribunal de alzada, así como no se tomó en cuenta las denuncias mencionadas en apelación restringida, considerándolas como una “innecesaria relación de actuados procesales”, reclamados mediante petitorios al amparo del art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), sin firma de abogado, incluso mediante recursos constitucionales; por lo que, debe realizarse una revisión de los defectos procesales inclusive desde la etapa de instrucción. Cita el Auto Supremo 272 de 4 de mayo de 2009.


4)   Alegó que en audiencia de fundamentación de apelación restringida a la que fue conducido, que a causa de otra audiencia que se prolongó, los policías le condujeron de retorno a la cárcel, indicando que cuando se retrasa una audiencia por más de quince minutos corresponde al Juez fijar nuevo día y hora que no ocurrió, vulnerando su derecho a la defensa, tutela judicial efectiva porque se llevó a cabo la audiencia en horas de la tarde sin su presencia, constituyendo un defecto procesal absoluto por que debe realizarse la audiencia con presencia de todas las partes. Citó el Auto Supremo 372 de 22 de julio de 2004.


5)  Denunció la existencia de defectos absolutos que incurren en delitos, señalando el hecho de haberse apartado ilegalmente a dos de los denunciados mediante una ilegal resolución de rechazo efectuada por el Ministerio Público, cuando estas personas nunca se presentaron, no declararon pero fueron beneficiadas, emitiéndose mandamientos que no fueron cumplidos sin haberse impuesto ninguna medida. Los vocales no han leído ni revisado el cuaderno de control jurisdiccional, contradiciendo el Auto Supremo 272 de 4 de mayo de 2009.


6)  Durante la etapa del juicio, los Jueces le cortaban el uso de la palabra impidiendo su defensa material, indicando que solo podía referirse a cuestiones de hecho y no de derecho, igualmente rechazaron varios memoriales presentados sin firma de abogado limitando su derecho a la defensa, que a raíz de una acción de libertad y mediante Sentencia Constitucional 54/2014-S3, se le otorgó razón para presentar memoriales sin firma de abogado porque constituyen parte de su derecho a la defensa y derecho a la petición; por lo que, las vulneraciones antes anotadas constituyen defecto absoluto contrario al art. 119.II de la CPE y que contradice el Auto Supremo 41/2012-RRC de 16 de marzo.


7) Denuncia defecto absoluto inconvalidable porque la víctima fue escuchada respecto del supuesto daño sufrido, pero no se escuchó respecto a la preexistencia o no de ese dinero que fue omitida en la investigación y en el juicio, vulnerado el debido proceso e igualdad de partes, contradiciendo el Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre.

8)  Acusó defecto procesal absoluto, aduciendo que en su memorial de apelación restringida en la parte del petitorio hizo referencia al art. 17.II de la Ley 025 y que en el punto 4 del Auto de Vista impugnado manifestó que se solicitó la anulación total de la Sentencia y la reposición por otro Tribunal. Citó el Auto Supremo 49 de 16 de marzo de 2012, que refiere a la falta de fundamentación del Auto de Vista que no se pronuncia sobre todos los motivos expresados en el recurso de apelación restringida, constituye vicio de incongruencia omisiva y defecto absoluto.


9)  Alegó defecto absoluto, por ruptura de los principios de inmediación y continuidad y debido proceso, que contradice el Auto Supremo 21/2012-RRC de 14 de febrero, porque la apelación restringida se presentó el 23 de mayo de 2014 y se le notificó con el Auto de Vista el 14 de julio de 2015, aspecto que no se enmarca en disposiciones legales vigentes respecto al plazo, cuando el Auto de Vista debía haberse emitido en el plazo de veinte días, presentándose dilaciones indebidas que afectan el debido proceso y la
defensa, que amerita una sanción por mora procesal a los integrantes del Tribunal de alzada.


10) Relaciona que en el caso presente, no se ha probado documentalmente la existencia de engaños o artificios, porque todo el proceso fue impulsado por declaraciones falsas y no existe el elemento psíquico o voluntad de engañar, la víctima no ha demostrado documentalmente el enriquecimiento del imputado o disminución de su patrimonio, que puede demostrar que en la fecha de la supuesta Estafa, la víctima contaba con deudas en el sistema bancario. Citó el Auto Supremo 237/2006.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia. b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente. c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa. d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 16 de junio y 14 de julio de 2015 (2118 vta. y 2158), fueron notificados los recurrentes con el Auto de Vista impugnado y el 23 de junio y 22 de julio del mismo año, respectivamente, formularon recursos
de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles que les otorga la ley, cumpliendo el requisitos temporal previsto por el art. 417 del CPP.


Respecto al cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad del recurrente  Enrique Wilfredo Ramos Chaparro, en el primer motivo, ha referido que el Auto de Vista impugnado no se pronunció sobre todos los puntos expresados en el recurso de apelación restringida, en primer lugar en cuanto a la inobservancia de la ley penal, no consideró que Fátima Fridda Bustillos, prestó cooperación a Franz Guido Maldonado, para la realización de la conducta de Estafa de acuerdo a las documentales PD14, PD16 y PD21; asimismo en relación a Franz Guido Maldonado en la comisión del delito de Estelionato, se encuentra acreditado con los elementos probatorios PD10, PD15, PD18 y PD19, que prueban que en base a una escritura falsa, se procedió a la venta del lote de terreno de propiedad de otra persona; igualmente, respecto al delito de Falsedad Material, se encuentra acreditado por las pruebas PD1 y PD2, la inexistencia de la matriz notarial de la escritura 230/1986, correspondiente a la venta de un vehículo y finalmente, cometió el delito de Falsedad Ideológica, pues se introdujo datos falsos en una matrícula de propiedad; puntos no fueron resueltos, limitándose el Tribunal de alzada a manifestar que no puede rever los hechos objeto del proceso. En el planteamiento que se analiza, el recurrente omitió el cumplimiento de la obligación legal establecida en el art. 417 del CPP, respecto a la invocación de precedente contradictorio, por ende, no existe la explicación de la situación de contradicción entre precedente y la resolución impugnada, omisión que no es posible suplir de oficio y que conlleva a la consecuencia de determinar la inadmisibilidad del motivo.


En cuanto al segundo motivo, refirió errónea aplicación de ley sustantiva porque el a quo, al evidenciar el concurso real de delitos, debía observar el art. 45 del CP, imponiendo el máximo de la pena del delito más grave, pudiendo aumentar el máximo hasta la mitad, en ambos casos la pena debía ser de nueve años de privación de libertad; por lo que, existe error en la fijación de la pena. Al efecto, el recurrente invocó el Auto Supremo 46/2012 de 23 de marzo,  también invocado en recurso de apelación restringida, así como ofrece la mínima explicación de la situación contradictoria, cumpliendo de esta forma las exigencias legales para ingresar al análisis de fondo de la temática expuesta; por lo que, este motivo deviene en admisible.


Por otro lado, no se toman en cuenta los demás precedentes citados en razón a que los mismos solamente denotan la transcripción de la doctrina legal, sin la explicación de contradicción y en algunos casos solo fueron mencionados. Igualmente no se considera la Sentencia Constitucional 1294/2010-R de 13 de septiembre mencionada, en razón a que conforme se explicó bastantemente en numerosos fallos, estos no constituyen precedentes porque no revisten doctrina legal aplicable, de acuerdo a lo previsto por el art. 416 del CPP.


Con relación al tercer motivo, el recurrente reclamó la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista impugnado, que se limitó a la descripción de algunos puntos del memorial de apelación restringida, sin señalar objetivamente cuáles son sus fundamentos, hecho que implica vulneración al debido proceso, principio de certeza y de seguridad jurídica, que impide tener certeza y convicción sobre el resultado de una resolución judicial. Lo esbozado por el recurrente, nuevamente incurre en la omisión de invocar precedente contradictorio como ineludiblemente le correspondía, porque constituye la exigencia legal que permite en base al análisis de fondo, realizar la labor de contraste en la misión unificadora de jurisprudencia que compete a este Tribunal, omisión que impide la admisibilidad del motivo pertinente.


Asimismo, ante la alusión de presuntas vulneraciones de derechos fundamentales como el debido proceso, seguridad jurídica y el principio de certeza, mismos que para su admisión de acuerdo a los parámetros establecidos en el acápite III del presente Auto Supremo, no fueron debidamente fundamentados; es decir, no se cuenta con la suficiente carga argumentativa vinculada a la lesión, restricción o disminución de derechos o garantías que solo fueron mencionados, así como los alcances y magnitud del resultado dañoso y las consecuencias procesales con relevancia constitucional, imposibilitando su admisión.


Con relación al recurso de casación formulado por Franz Guido Maldonado Guzmán, en el primer motivo, el recurrente relacionó la existencia de defecto procesal absoluto, porque el Tribunal de alzada no le concedió el término de tres días establecido en el art. 399 del CPP, para que proceda a subsanar defectos de forma que a su criterio presenta el memorial de recurso de apelación restringida, vulnerando el debido proceso y su derecho de recurrir. Invocó al respecto el Auto Supremo 54/2012, sin proporcionar mayores detalles referidos a la fecha de la mencionada resolución; además, sin realizar la explicación términos claros y precisos de la situación contrastiva que pudiere existir entre la Resolución impugnada y el precedente que se invoca.


Sin embargo, se ha denunciado la presunta existencia de defectos absolutos susceptibles de vulnerar derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho de recurrir, a partir de haberse impedido por el Tribunal de alzada, subsanar los defectos de forma que dice presenta el memorial de apelación restringida, proporcionando los elementos necesarios y mínimos establecidos en los criterios de flexibilización plasmados en el acápite III del presente Auto Supremo, que posibilita aperturar la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; por consiguiente el motivo deviene en admisible por vía de excepción.


En cuanto al segundo motivo, relativo a lo acontecido en ocasión de la realización de audiencia de 17 de diciembre de 2014, para considerar las apelación restringida, oportunidad en la que su abogado defensor no supo explicar ni sustentar los memoriales de su defensa dejándole en indefensión como en varias oportunidades, que en uso de su defensa material pretendió explicar los defectos de forma del recurso de apelación pidiendo se le conceda el término de tres días para su subsanación, siendo interrumpido por el presidente del Tribunal, hecho que se repitió limitándose su abogado a solicitar la nulidad del juicio y exponer hechos que constituyen defectos absolutos, que ante la evidencia de que no se contaba con una defensa técnica se designó defensor de oficio con quien no pudo establecer contacto, hechos que considera constituyen defecto absoluto y vulneran su derecho a la defensa y a ser oído por la autoridad jurisdiccional. El recurrente invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 41/2012-RRC de 16 de marzo, realizando una transcripción parcial, pero sin advertir que dicho Auto Supremo declaró infundado el recurso de casación que analizó, por consiguiente no reviste doctrina legal aplicable o situación vinculatoria, razón por la que no puede ser considerada como precedente por determinación de la previsión establecida en los arts. 416 y 417 del CPP.


Por otro lado, se alegó la existencia de defectos absolutos y la presunta vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente proclamados, como el debido proceso y el derecho a ser oído por la autoridad jurisdiccional, circunstancia que remite al análisis del cumplimiento de los presupuestos de flexibilización establecidos en el acápite III de la presente Resolución; en ese contexto, los supuestos defectos absolutos y vulneración a derechos y garantías constitucionales, solo fueron mencionados, en razón a que no se ha fundamentado la exigencia referida a la explicación de los antecedentes generadores del recurso y del resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales con relevancia constitucional; por lo que, no habiendo cumplido tales exigencias, imposibilita a este Tribunal su admisión, aun acudiendo a criterios de excepción. 


En tocante al tercer motivo, el recurrente menciona la existencia de defectos procesales absolutos, que no fueron revisados adecuadamente por el Tribunal de alzada, así como no se tomó en cuenta las denuncias mencionadas en apelación restringida; defectos que fueron reclamados al amparo del art. 24 de la CPE mediante memoriales sin firma de abogado, incluso mediante recursos constitucionales, debiendo realizare una revisión de los defectos procesales desde la etapa de instrucción inclusive. La relación precedente, no permite identificar un hecho concreto con la suficiente idoneidad y fundamento, que permita entrever las circunstancias del agravio sufrido, puesto que la relación general y referencia a infinidad de supuestos defectos procesales a partir de la presentación de memoriales sin firma de abogado durante el desarrollo del proceso, inclusive retrotrayendo a la etapa de la “instrucción” -que no corresponde al sistema procesal vigente-, no permite determinar la problemática que amerite ser analizado en esta vía recursiva casacional y dentro de los márgenes que otorgan competencia a este Tribunal establecidos en los arts. 416 y siguientes del CPP. Con relación al precedente invocado consistente en el Auto Supremo 272 de 4 de mayo de 2009, que estableció su doctrina legal aplicable sobre la base del art. 15 de la Ley de Organización Judicial, abrogada por la Ley 025; incurre además en la omisión de realizar la explicación de la situación de contradicción entre el precedente y la Resolución apelada, que impide ingresar al análisis de fondo, deviniendo en inadmisible.


Con relación al cuarto motivo, alegó que fue conducido a una audiencia de fundamentación de apelación restringida que no se efectivizó porque otra audiencia se prolongó retornando a la cárcel, audiencia que se celebró horas más tarde sin su presencia, que constituye defecto absoluto y vulneración a su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. La formulación efectuada fue sustentada con la invocación del precedente contradictorio establecido en el Auto Supremo 372 de 22 de julio de 2004, pero sin el cumplimiento de lo que imperativamente dispone el art. 417 del CPP, relativa a la explicación en términos claros y precisos, de la situación de contradicción entre el precedente y la Resolución impugnada, omisión de insoslayable cumplimiento que impide determinar la inadmisibilidad del motivo analizado.


Igualmente, ante la denuncia de la presunta existencia de situaciones defectuosas absolutas, susceptibles de vulneración de derechos constitucionales a la defensa y la tutela judicial efectiva, de acuerdo a los presupuestos establecidos en el acápite III, la exposición del recurrente, no proporciona los fundamentos requeridos relativos a suministrar los antecedentes del hecho generador del recurso y precisar respecto a la restricción o disminución del derecho o garantía y sobre todo, explicar el resultado dañoso emergente del defecto y las consecuencias procesales con relevancia y connotación constitucional, en razón a que no existe la nulidad por la nulidad, así como tampoco se puede permitir atribuir a cualesquier aspecto procedimental como defectuoso absoluto, si no se advierte las exigencias establecidas al efecto, como en el presente caso; falencias atribuibles al recurrente que impiden admitir el motivo, aun acudiendo a la vía de criterios de excepción por flexibilización.


En lo concerniente al quinto motivo, el recurrente describió la existencia de defectos absolutos, porque se apartó a dos denunciados mediante una ilegal resolución de rechazo del Ministerio Público, siendo que estas personas no se presentaron, ni declararon pese a la emisión de mandamientos que no fueron cumplidos, pero que fueron beneficiados, no habiendo los miembros del Tribunal de alzada leído y menos revisados el cuaderno de control jurisdiccional. Al efecto, reiteró la transcripción parcial de la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 272 de 4 de mayo de 2009, que a su vez no fue invocado en recurso de apelación restringida como prescribe el segundo párrafo del art. 416 del CPP, como tampoco, realizó la explicación clara y precisa de la situación contradictoria entre el precedente y la Resolución apelada que impide su admisión.


En el motivo sexto, refirió que durante el juicio oral, los jueces impidieron su defensa material cortándole el uso de la palabra, así como rechazaron varios memoriales presentados sin firma de abogado, que ante la presentación de una acción de libertad y mediante Sentencia Constitucional 54/2014-S3, se le otorgó razón para presentar memoriales sin firma de abogado, por ende se limitó su derecho a la defensa material y a la petición que constituye defecto absoluto. El motivo en cuestión, carece de invocación de precedente contradictorio, pues si bien se invocó el Auto Supremo 41/2012-RRC de 16 de marzo, como se advirtió en el análisis correspondiente al motivo segundo, el indicado Auto Supremo declaró infundado el recurso de casación; por consiguiente, no expresa doctrina legal aplicable con carácter vinculante u obligatorio y en consecuencia carece de idoneidad para ser considerado como precedente contradictorio, razón por la cual el motivo mencionado, deviene en inadmisible.


Asimismo, no es posible aplicar la vía de flexibilización, ante la sola mención de la existencia de defectos absolutos y de presuntas violaciones a derechos fundamentales, cuando el recurrente no ha cumplido los presupuestos establecidos en el acápite III del presente Auto Supremo; es decir, no ha proporcionado la fundamentación necesaria referida a la explicación precisa de los antecedentes generadores del recurso, la posible restricción o disminución del derecho o garantía y sobre todo, expresar claramente el resultado dañoso emergente del defecto y las consecuencias procesales con relevancia constitucional, omisión que igualmente determina inadmitir el motivo, aun acudiendo a criterios de excepción.

En lo que concierne al séptimo motivo, el recurrente relacionó la supuesta existencia de defecto procesal absoluto inconvalidable, porque de manera ilegal la víctima fue escuchada respecto del supuesto daño económico sufrido, pero contrariamente no se escuchó respecto a la preexistencia o no del dinero, omitida en la investigación y en el juicio, vulnerado de esa forma el debido proceso e igualdad de las partes, aplicando arbitrariamente el poder sancionador del Estado. Al respecto, se invocó el Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre, que al dirigir sus expectaciones a la labor del Tribunal de Sentencia inclusive a la actividad investigativa, se observa que el precedente que invoca, no fue su vez invocado a tiempo de formular el recurso de apelación restringida, conforme previene el art. 416 segundo párrafo del CPP; por otro lado, el recurrente se limitó como en reiteradas situaciones, únicamente a la transcripción de la doctrina legal aplicable, sin realizar ninguna situación de explicación clara y precisa de la situación de contradicción entre el precedente y la Resolución apelada que igualmente implica inobservar la previsión contenida en el art. 417 del CPP, que conllevan a determinar la inadmisibilidad del motivo.


Ante la denuncia de la existencia de situaciones defectuosas absolutas por supuesta vulneración de derechos como el debido proceso e igualdad de partes, al no haberse proporcionado los elementos relacionados a los antecedentes del hecho generador del recurso, precisar el resultado dañoso emergente del defecto y las consecuencias procesales con relevancia y connotación constitucional, no se encuentran cumplidos los presupuestos de flexibilización plasmadas en el acápite III del presente Auto Supremo, por las falencias precedentemente explicadas, que imposibilitan la admisibilidad del motivo aun acudiendo a la vía de criterios de excepción.


En cuanto al octavo motivo, por el que acusa defecto absoluto, indicando que en su memorial de apelación restringida hizo referencia al art. 17.II de la Ley 025, habiendo manifestado el Tribunal de alzada que se solicitó la anulación total de la Sentencia y la reposición por otro Tribunal. Lo expresado, no provee los elementos necesarios que requieran ser analizados, siendo un planteamiento confuso que acusa como defecto absoluto sin proporcionar los pormenores de la situación agraviante; por otro lado, el precedente que menciona del Auto Supremo 49 de 16 de marzo de 2012, no fue invocado en recurso de apelación restringida, como no advierte ninguna situación de contradicción, conforme se observó en el análisis de casos precedentes para determinar la inadmisibilidad, como en el presente caso.


Respecto al noveno motivo, en el que acusó defecto absoluto por ruptura de los principios de inmediación y continuidad, al haber presentado recurso de apelación restringida el 23 de mayo de 2014 y fue notificado con la Resolución respectiva el 14 de julio de 2015, plazo que no se enmarca en las disposiciones legales, porque el Auto de Vista debía haberse emitido en el plazo de veinte días, presentándose dilaciones indebidas que afectan el debido proceso y la defensa. Invocó al efecto el Auto Supremo 21/2012-RRC de 14 de febrero, sin fundamentar la existencia de alguna situación de contradicción en términos claros y precisos entre el precedente y el Auto de Vista que impugna, conforme prescribe el art. 417 del CPP, incumplimiento que hace inadmisible el motivo descrito.


Sin embargo, el recurrente denunció la violación de derechos fundamentales como el debido proceso, la continuidad e inmediación por el lapso de tiempo en la tramitación del recurso de apelación restringida que además contrarían el derecho de contar con una justicia pronta y oportuna, generando mora procesal, que de acuerdo a los presupuestos de flexibilización establecidos en el acápite III de la presente Resolución, se ha otorgado los fundamentos mínimos de los aspectos que considera agraviantes y que parten de la actividad del Tribunal de alzada, que ameritan ser analizados en el fondo; por consiguiente, de la relación expuesta se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización, haciendo viable la admisión del presente motivo en forma extraordinaria.


Finalmente, en lo referente al motivo décimo, refirió que en presente caso, no se ha probado documentalmente la existencia de engaños o artificios y el elemento psíquico o voluntad de engañar, siendo el proceso impulsado por declaraciones falsas, tampoco está demostrado el enriquecimiento del imputado o disminución del patrimonio de la víctima. Invocó el Auto Supremo 237/2006, -sin precisar demás detalles referidos a la fecha-, mismo que no fue invocado a tiempo de interponer recurso de apelación restringida, pues los cuestionamientos realizados están dirigidos a la labor del Tribunal a quo, tampoco realizó la explicación clara y precisa de la contradicción que pudiere existir entre el precedente y el Auto de Vista impugnado, falencias que determinan disponer la inadmisibilidad del motivo planteado.


En consecuencia y por las falencias advertidas, el recurso de casación no cumple con los requisitos de admisibilidad previstas en los arts. 416 y 417 del CPP, así como tampoco posibilita su admisión aún en vía de flexibilización de acuerdo a criterios de excepción.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación formulados por Enrique Wilfredo Ramos Chaparro, de fs. 2134 a 2139, únicamente en relación al segundo motivo; y, de Franz Guido Maldonado Guzmán, de 2177 a 2186 vta., con relación al primer y noveno motivo, todos identificados en el acápite II de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas del Auto de Vista impugnado, así como el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


MagistradaPresidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA