TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 594/2015-RA

Sucre, 11 de septiembre de 2015


Expediente        : La Paz 119/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte imputada        : Basilia Acarapi Huanca

Delito        : Robo agravado


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de julio de 2015, cursante de fs. 261 a 264 vta., Basilia Acarapi Huanca, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 20/2015 de 15 de abril (fs. 255 a 258), pronunciado por la Sala Penal Tercera del Segunda Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Gabriela Soledad Mayta Rodríguez y Román Ramírez Huanca contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 4 con relación al art. 326 inc. 1), ambos del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)  En mérito a las acusaciones pública (fs. 3 a 6) y particulares (fs. 26 a 29 y 34 a 36), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 15/2014 de 25 de septiembre (fs. 289 a 298), por la que, declaró a la imputada Basilia Acarapi Huanca, autora de la comisión del delito de Robo Agravado previsto y sancionado por el art. 332 inc. 4 con relación al art. 326 inc. 1) del CP, condenándola a la pena privativa de libertad  de siete años de presidio en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, con costas a favor del Estado y de la parte querellante y reparación del daño civil a favor de la victima a calificarse en ejecución de sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada Basilia Acarapi Huanca, presentó recurso de apelación restringida (fs. 302 a 308 vta.), resuelto por Auto de Vista 20/2015 de 15 de abril (fs. 252 a 258), que admitió el recurso planteado; y, declaró su improcedencia; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


c)  Notificada la recurrente con el referido Auto de Vista el 13 de julio de 2015 (fs. 259 vta.), interpone recurso de casación el 21 del mismo mes y año, que es motivo del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 261 a 264 vta., se extraen los siguientes motivos:


1) La recurrente denuncia que el Tribunal de alzada ante el agravio planteado en apelación restringida de la errónea aplicación de la ley sustantiva, respondió de forma precaria en su fundamentación, desconociendo, actuando excesivamente de manera mecanicista y limitada, omitiendo y contradiciendo los fundamentos jurídicos de los precedentes judiciales citados en apelación restringida; ya que, conforme precisan los arts. 331 y 332 del CP para la configuración del delito de Robo Agravado tiene que existir la conducta de “apoderare” que recae sobre las cosas, siendo que en el presente caso de las declaraciones testificales se establece que no existió, a contrario de lo que comprendió el Tribunal a quo, esta decisión fue apelada ante los vocales por la existencia de defectos de sentencia, quienes debieron aplicar los principios de probidad, legalidad y eficacia inmerso en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), pero omitieron pronunciarse sobre el fondo del agravio, señalando de manera simple y sutil que no tiene competencia para realizar la correcta atribución del hecho, sin considerar que lo que reclama es la errónea aplicación de la ley sustantiva por calificarse erróneamente el ilícito como Robo Agravado cuando correspondía Hurto. Invocando los Autos Supremos: 329/2006, 431/2006 y 417/2003.


2) Arguye que el Tribunal de apelación no observó los fundamentos jurídicos de los precedentes judiciales invocados y al no haber resuelto conforme establece el art. 180 de la CPE, vulnerando el 37 del CP relativo al principio de proporcionalidad del hecho acusado con la pena impuesta, desconociendo que la finalidad de la pena está orientada a la educación e inserción social y al referir que evidencio la valoración del Tribunal de Sentencia conforme a los arts. 37, 38 y 40 del CP; toda vez, que El Tribunal de juicio no realizó una correcta fijación de la pena conforme establece el art. 38 incs. 1) y 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP) por no considerase: su edad, que tiene bajo su tuición cuatro nietos menores de edad, la gravedad del bien jurídico afectado, ni la gravedad del hecho, habiéndosele sancionado a siete años de privación de libertad sin ponderar los parámetros establecidos; invocando como elemento contradictorio los Autos Supremos: 90/2005 de 31 de marzo y 507/2007 de 11 de octubre.


3) Reclama la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado respecto a los motivos: segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y octavo de su apelación restringida; al haber inobservado los fundamentos jurídicos de los precedente judiciales señalados en su alzada y realizar una precaria fundamentación, generando falta de certeza e insatisfacción jurídica, además de incumplir la previsión del art. 124 del CPP, aduciendo también que la Sentencia quebrantó el art. 370 inc. 5) del CPP, al no existir valoración de las pruebas y que únicamente se realizó la descripción de las mismas. Invoca los Autos Supremos 442/2006, 112/2007 y 251/2007.    


Finalmente solicita se declare sin efecto el Auto de Vista impugnado con la consiguiente nulidad de la sentencia, y se aplique la doctrina legal aplicable.


III.  REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; empero, “El derecho a recurrir es un derecho condicionado, su ejercicio va a depender de la concurrencia de los presupuestos y requisitos legalmente establecidos” (Rosa Pascual Los recursos en el Código de Procedimiento Penal); por lo cual los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, deben observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


Dentro de ese mismo contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la Resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, o la infracción de derechos, principios, derechos o garantías constitucionales, invocando en todos estos supuestos, la vulneración de principios, derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que, este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, en los supuestos antes destacados, de acuerdo a lo siguiente:


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.-


En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su impugnación qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación, no mereció o merecieron debida fundamentación; o sobre qué cuestiones se incurrió en omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos, o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Con relación al primer requisito respecto al plazo para la interposición del recurso de casación, la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado, el 13 de julio de 2015 (fs. 259 vta.), presentó su recurso de casación el 21 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de cinco días que establece el art. 417 del CPP, teniendo presente que el 16 de julio de 2015 es feriado departamental en la ciudad de La Paz.


En relación al primero motivo, la recurrente esencialmente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación en relación al agravio interpuesto en apelación restringida sobre la errónea aplicación de la ley sustantiva, vulnerando con ello principios constitucionales previstos en el art. 180 de la CPE; es así, que si bien invoca los Autos Supremos: 329/2006, 431/2006 y 417/2003 como precedentes contradictorios al Auto de Vista impugnado; sin embargo, no explica ni fundamenta en términos claros y precisos respecto a la situación de hecho similar, el sentido jurídico asignado en el Auto de Vista recurrido que no coincida con el del precedente, ya sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con distinto alcance, presupuestos requeridos conforme establecen los arts. 416 y 417 del CPP, aspecto ineludible para decretar la admisibilidad del mismo, ante el incumplimiento de estos requisitos formales.


No obstante de lo señalado, se denuncia la vulneración de principios constitucionales y la ausencia de una debida fundamentación; ya que el Tribunal de apelación al reclamo formulado en apelación sobre la errónea aplicación de la norma sustantiva respondió sin la debida fundamentación, indicando no era atribución suya el pronunciarse sobre la subsunción de los hechos acusados al ilícito endilgado; al respecto, si bien este Tribunal estableció, los presupuestos de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permita abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal conforme se establece del punto IV de esta resolución; empero, esto solo es posible a condición del cumplimiento de ciertos presupuestos; evidenciándose en el presente motivo, que la denunciante precisó en su impugnación qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación, no merecieron debida fundamentación; (el agravio de la errónea aplicación de la norma sustantiva denunciada en apelación restringida); identificando punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación (El Tribunal de apelación no respondió fundadamente en relación al reclamo de habérsele condenado por el delito de Robo Agravado cuando dicha conducta se adecuaba al ilícito de Hurto, empero el Tribunal de apelación omitió responder al fondo de la cuestionante al sostener que no tenía la atribución de subsumir la conducta de la imputada al ilícito acusado, que era competencia del Tribunal de juicio); y, explicó la relevancia e incidencia de esa omisión (la vulneración de los principios constitucionales de: probidad, legalidad y eficacia establecidos en el art. 180 de la CPE y la ausencia de la debida motivación que deriva en la condena de un ilícito distinto al correcto); por lo que, al darse cumplimiento con los presupuestos de flexibilización, este Máximo Tribunal de Justicia de forma excepcional, abre su competencia para el conocimiento del motivo planteado, afín de verificar la denuncia interpuesta.


En relación al segundo motivo, la recurrente primordialmente denuncia que el Tribunal de alzada no observo los fundamentos jurídicos de los precedentes judiciales citados en su apelación y no resolvió conforme al principio de proporcionalidad establecido en la norma adjetiva penal, desconociendo de esta manera el art. 180 de la CPE al fijarle una pena desproporcionada; es así, que si bien invoca los Autos Supremos: 90/2005 de 31 de marzo y 507/2007 de 11 de octubre; sin embargo, no explica en términos claros y precisos de cual la posible contradicción que pudiera existir entre estos precedentes judiciales invocados con el Auto de Vista impugnado, aspecto ineludible para determinar la admisibilidad del motivo conforme previenen los arts. 416 y 417 del CPP.


No obstante de lo referido, se evidencia que la recurrente denuncia vulneración de la normativa constitucional y del principio de proporcionalidad en la fijación de la pena relacionado a su finalidad, no advertido por el Tribunal de apelación; al respecto, si bien este Tribunal estableció, los presupuestos de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permita abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal; sin embargo, esto solo es posible a condición del cumplimiento de ciertos requisitos que son: El proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso (que el Tribunal de alzada no observó la normativa constitucional y el principio de proporcionalidad en la fijación de la pena que fuera denunciada en su apelación restringida, toda vez que se le condeno a la pena de siete años sin considerarse: su edad, que tiene bajo su manutención cuatro menores, la gravedad del hecho y el bien jurídico afectado); precisando el derecho, garantía o principio constitucional vulnerado o restringido (al no resolver conforme establece el art. 180 de la norma suprema y art. 37 respecto al principio de proporcionalidad de la pena); detallando con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho, garantía o principio (al habérsele aplicado la pena de siete años de privación de libertad sin tomar en cuenta su condición de mujer que sostiene a cuatro menores, la gravedad del hecho y el bien jurídico protegido); y, explicando el resultado dañoso emergente del defecto (la inobservancia del art. 180 de la CPE y por ende del principio de proporcionalidad en relación a la finalidad de la pena, que es la educación y la reinserción social); de ahí que, al cumplirse con los presupuestos de flexibilización, este Tribunal de manera excepcional, tiene abierta su competencia para el conocimiento del motivo planteado, para verificar el reclamo traído en casación.


Respecto al tercer motivo, si bien la recurrente señala que el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista impugnado realizó una precaria fundamentación en relación a los motivos segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y octavo de su apelación restringida, incumpliendo la previsión del art. 124 de la norma procesal penal, invocando los Autos Supremos 442/2006, 112/2007 y 251/2007; empero, no realiza la explicación fundamentada sobre la posible contradicción que pudiera existir entre estos precedentes judiciales invocados con el Auto de Vista impugnado, requisito imposible de superar, afín de privilegiar la aplicabilidad del principio de igualdad sostenida por este Tribunal, carencia recursiva que de acuerdo a lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP impiden la apertura de la competencia, para resolver el fondo del motivo planteado por la recurrente; de ahí que, el presente motivo deviene como inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE  el recurso de casación de fs. 261 a 264 vta., interpuesto por Basilia Acarapi Huanca, únicamente respecto al primero y segundo motivo de la denuncia contenida en el acápite II.1) y II.2); asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA