TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 583/2015-RA

Sucre, 10 de septiembre de 2015


Expediente        : Cochabamba 47/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Hugo Melgar Álvarez y otro

Delitos        : Falsedad Ideológica y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de julio de 2015, cursante de fs. 696 a 699, Florencio Tito Riva Hinojosa apoderado de Iván Jorge Canelas Alurralde, Gobernador del Departamento de Cochabamba interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 018 de 23 de junio de 2015 (fs. 674 a 681 vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público; Gabriela Espinoza Herbas y el recurrente en representación del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba contra Hugo Melgar Álvarez y Martin Mauricio Acha Marañon, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Falsedad Ideológica en Grado de Complicidad previstos y sancionados por los arts. 199, 203 y 199 con relación al 23 todos del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   En mérito a las acusaciones pública (fs. 8 a 14) y particular (fs. 69 a 75), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia 22/2013 de 30 de septiembre (fs. 523 a 531); por la que, declaró absueltos de culpa y pena a los imputados, Hugo Melgar Álvarez de la comisión del delito de Falsedad Ideológica previsto por el art. 199 del CP, y a Martin Mauricio Acha Marañon de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y el mismo delito en grado de Complicidad previstos por los arts. 199 y 23 del CP, disponiendo el cese de las medidas cautelares adoptadas en contra suya.


b)  Contra la mencionada Sentencia, Florencio Tito Riva Hinojosa y Gabriela Espinoza Herbas apoderados de Edmundo Novillo Aguilar, Gobernador del departamento de Cochabamba presentaron recurso de apelación restringida (fs. 576 a 584 vta.), resuelto por Auto de Vista 018 de 23 de junio de 2015 (fs. 674 a 681 vta.), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia impugnada.


c)    Notificada la parte recurrente con el referido Auto de Vista el 15 de julio (fs. 682 vta.), interpuso recurso de casación el 22 del mismo mes del año, que es motivo del presente análisis.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 696 a 699, se extraen los siguientes motivos:


1)    Bajo el epígrafe: “Fundamentos jurídicos de las contradicciones entre el Auto de Vista impugnado y precedentes invocados” (sic), la parte recurrente inicia citando la Sentencia Constitucional 2039/2010-R, refiriéndose al debido proceso y la obligatoriedad de que cada resolución debe contener una debida fundamentación congruente con lo planteado y lo resuelto, en conformidad a los arts. 124, 173 y 359 párrafo primero del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En ese sentido denuncia, a pesar que el Tribunal de apelación consideró que la Sentencia contiene una fundamentación fáctica, exponiendo los hechos objeto del proceso y las circunstancias en que se produjeron, así como los hechos probados y no probados, asignando valor probatorio a cada prueba de forma individual e integral, bajo los principios de oralidad, inmediación concentración e igualdad y las citadas normas legales, que motivó la Sentencia absolutoria de los acusados, por lo que estimó que no existirían los defectos de sentencia denunciados ni el defecto absoluto alegado; sin embargo, de su apelación restringida se puede evidenciar que procedió a argumentar cada uno de los presupuestos reclamados en relación al art. 370 incs. 1), 5) y 6) de la norma adjetiva penal, “mas al contrario el tribunal de alzada no se pronuncia de manera clara respecto a cada uno de los puntos cometiendo una incompleta fundamentación” (sic)


2)   También alega, que el Tribunal de alzada consideró que la parte acusadora ni el Ministerio Publico convencieron al Tribunal A quo que los documentos cuestionados sean falsos, más aun cuando no se causó perjuicio (elemento esencial del delito), aspecto que la parte recurrente difiere, arguyendo que el Tribunal Ad quem no tomo en cuenta que el Tribunal A quo no valoro, que Hugo Melgar Álvarez, Notario de Fe Pública es el autor directo que inserto los datos falsos en los documentos públicos (Caratula Notarial, Formularios, Protocolo y Libro Índice de la Escritura Pública 817/2009 de 8 de mayo de 2009), en donde se procedió a alterar la fecha de comparecencia de los otorgantes e insertar declaraciones falsas al acreditar y dar fe, que el 8 de mayo Manfred Reyes Villa tenia trabajo establecido cuando no lo tenía, testimonio presentado ante la Jueza Primera de Instrucción en lo Penal Cautelar de la capital, en audiencia de aplicación de medida cautelar, esta conducta del Notario de Fe Publica les causó un enorme perjuicio a un bien jurídico que es la Fe Pública poniendo en riesgo el principio de credibilidad en las instituciones del Estado que afectan no solo a la seguridad jurídica, sino al principio de autoridad, pilares fundamentales del Estado; por lo que, no podría decirse que no se causó perjuicio. Asimismo, tampoco se considera que Mauricio Acha Marañon, representante legal de la Empresa Constructora FAECO Ltda., participó en los hechos al contratar los servicios de la Consultoría de Manfred Reyes Villa Bacigalupi; por lo que, coadyuvo en la inserción de datos falsos al tener conocimiento de la fecha en que compareció ante la Notaria de Fe Publica, habiendo dado su conformidad, aspectos de los que deduce que existe certeza de que los autores fueron ante el Notario en concomitancia con el representante de la empresa para favorecer a Manfred Reyes Villa.


3)  Finalmente, respecto a la valoración probatoria citando la Sentencia Constitucional 0577/2004-R de 15 de abril, arguye que el Tribunal de alzada señaló que el principio de inmediación es el eje articulador para la valoración integral de las pruebas, estando limitado en su labor o restringido a un mecanismo de control del fallo del Juez A quo sobre la aplicación del derecho sin ingresar en la construcción de los hechos históricos, ni realizar un proceso interno ya realizado, sino controlar la expresión en la fundamentación de la Resolución; por lo que, en su apelación restringida al acusar el defecto previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, no solicito la revalorización de la prueba como aduce el Tribunal Ad quem y lo que denunció es que el Tribunal A quo realizo una insuficiente y defectuosa valoración de la prueba sin concederle el valor real que demostraban los hechos acusados, además de pedir el cumplimiento del art. 413 del CPP.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; empero, “El derecho a recurrir es un derecho condicionado, su ejercicio va a depender de la concurrencia de los presupuestos y requisitos legalmente establecidos” (Rosa Pascual Los recursos en el Código de Procedimiento Penal); por lo cual los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, deben observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


Dentro de ese mismo contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)    Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la Resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos, la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que, este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, en los supuestos antes destacados, de acuerdo a lo siguiente:


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.-


En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su impugnación qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación, no mereció o merecieron debida fundamentación; o sobre qué cuestiones se incurrió en omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos, o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: 1) Especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Con relación al primer requisito respecto al plazo para la interposición de recurso de casación, la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado, el 15 de julio (fs. 682 vta.), si bien en la diligencia de notificación no consta el año, este aspecto es aclarado en el memorial del recurso de casación donde la parte recurrente expresa que fue notificada: “el día 15 de julio del año en curso” (sic); por lo que, cumplida la comunicación procesal, se tiene que se presentó el recurso de casación el 22 de julio de 2015 conforme consta en el timbre electrónico a fs. 696; es decir, dentro del plazo de cinco días que establece el art. 417 del CPP.


Con relación al primer motivo denunciado, la parte recurrente refiere, que el Tribunal de alzada pese a considerar que la resolución de juicio no contiene ningún defecto de sentencia ni defecto absoluto, incurre en una falta de fundamentación, ya que respecto al art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP que fue argumentado en su apelación restringida el Tribunal departamental no se pronunció de forma completa punto por punto a los aspectos cuestionados. Sobre este motivo se observa que la parte recurrente no cumplió con la carga procesal de invocar los precedentes contradictorios en relación al Auto de Vista impugnado, por lo que menos se dio a la tarea de explicar de manera clara, precisa y debidamente fundamentada, respecto a cuál la situación de hecho similar y en qué consistiría la contradicción en relación a lo determinado en el Auto de Vista ahora reclamado, conforme la exigencia establecida en el art. 416 del CPP, para que este Tribunal, en virtud a la competencia que le asigna el art. 419 de la normad adjetiva citada, ingrese al análisis de fondo del motivo denunciado y proceda a enmendar posibles errores u omisiones cometidas por el Tribunal de apelación.


No obstante de lo anterior, este Tribunal advierte que el recurrente acusa la concurrencia de una fundamentación “incompleta” en el Auto de Vista impugnado, identificando que aspectos impugnados en su recurso de apelación, no merecieron la debida fundamentación (al no haber respondido el Tribunal de alzada de manera fundamentada y completa respecto a los defectos de sentencia denunciados en apelación restringida insertos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP); precisando punto por punto la omisión en la que incurrió el Tribunal de apelación (que es la ausencia de fundamentación en relación a los agravios señalados); y, explicando la relevancia e incidencia de esa omisión (la ausencia de motivación y por ende de congruencia entre lo pedido y lo resuelto conforme disponen los arts. 124, 173 y 359 parágrafo primero de la norma adjetiva penal). De la fundamentación expuesta en el presente motivo, se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV. del presente Auto Supremo, haciendo viable la admisión del presente motivo de forma extraordinaria.


Respecto al segundo y tercer motivo, donde se alega, que el Tribunal de alzada no consideró que el Tribunal A quo no valoro que Hugo Melgar Álvarez, Notario de Fe Pública inserto los datos falsos en los documentos públicos, en donde se procedió a alterar la fecha de comparecencia de los otorgantes e insertar declaraciones falsas, testimonio presentado ante la Juez Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar de la capital, en audiencia de aplicación de medida cautelar, causando perjuicio a un bien jurídico que es la Fe Pública poniendo en riesgo el principio de credibilidad en las instituciones del Estado que afectan no solo a la seguridad jurídica, sino al principio de autoridad, pilares fundamentales del Estado, tampoco tuvo presente que Mauricio Acha Marañon, representante legal de la Empresa Constructora FAECO Ltda., participó en los hechos y coadyuvo en la inserción de datos falsos; y, que al haber denunciado en su alzada el defecto previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, no solicito la revalorización de la prueba como aduce el Tribunal Ad quem; sino que el Tribunal a quo realizo una insuficiente y defectuosa valoración de la prueba sin concederle el valor real que demostraban los hechos acusados y que se cumpla el art. 413 del CPP; advirtiendo que sobres estas temáticas propuestas la parte recurrente tampoco cumplió con la carga procesal de invocar precedente alguno que sea contradictorio al Auto de Vista impugnado, ni explicó de manera clara, precisa y debidamente fundamentada, en qué consistiría la contradicción, apartándose de los requisitos formales de admisión previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, omisión que no puede ser subsanada por este Tribunal; consecuentemente, los presentes motivos en análisis resulta inadmisible para el análisis de fondo.


Con referencia a las Sentencias Constitucionales 2039/2010-R y 0577/2004-R de 15 de abril; invocadas por la parte recurrente; debe recordarse que, conforme dispone el art. 416 del CPP, solo los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, son considerados precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria, no es atendible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación (fs. 696 a 699) interpuesto por Florencio Tito Riva Hinojosa apoderado de Iván Jorge Canelas Alurralde, Gobernador del Departamento de Cochabamba, únicamente respecto al primer motivo de la denuncia contenida en el acápite II inc. 1) de esta Resolución; asimismo en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA