TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 579/2015-RRC

Sucre, 04 de septiembre de 2015


Expediente                        : Santa Cruz 44/2015        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Doroteo De Jesús Ponce y otro

Delito                        : Asesinato

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 14 de marzo y 16 de junio ambos de 2014, cursantes de fs. 2318 a 2321 y fs. 2379 a 2415, Indira Barrientos Mansilla y Doroteo De Jesús Ponce, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 240 de 10 de septiembre de 2013, de fs. 2305 a 2309, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público e Indira Barrientos Mansilla (recurrente) y Roger Sierra Medina contra Doroteo De Jesús Ponce (recurrente), por la presunta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP).

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   Desarrollada la audiencia del juicio oral y público, por Sentencia 16/2012 de 18 de junio (fs. 2181 a 2194), el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Doroteo De Jesús Ponce, autor del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 en relación a los incs. 2), 3) y 7) del CP, imponiéndole la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, y declaró absuelto del citado delito a Ángel Torrico Castro, al no existir prueba fehaciente de carga por la acusación Fiscal y acusación particular.


b) Contra la mencionada Sentencia, interpusieron recursos de apelación restringida, los acusadores Indira Barrientos Mansilla (fs. 2202 a 2205 vta.) y Roger Sierra Medina (fs. 2214 a 2215), además el imputado Doroteo De Jesús Ponce (fs. 2219 a 2225 vta.), resueltos por Auto de Vista 240 de 10 de septiembre de 2013 (fs. 2305 a 2309) dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos formulados por Indira Barrientos Mancilla e inadmisible el presentado por Roger Sierra Medina, en consecuencia confirmó la Sentencia apelada.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 362/2015-RA de 11 de junio (fs. 3584 a 3587), se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal.


1)  El recurrente previa mención a los presupuestos de flexibilización para la admisión del recurso citando los Autos Supremos 069/2012-RA de 23 de abril y 27/2013-RA de 13 de febrero, denuncia la “Violación al derecho a la defensa, al debido proceso en su componente de la debida fundamentación“ (sic); por cuanto, el Auto de Vista recurrido no habría dado respuesta a los agravios denunciados en su apelación restringida, relativos a la falta de valoración objetiva de la prueba desfilada y producida en la sustanciación del juicio, que acarreó una valoración defectuosa, en inobservancia de los arts. 124 y 398 del CPP; y, en contradicción con los Autos Supremos 49/2012 de 16 de marzo, 012/2012 de 30 de enero, 085/2013 de 26 de marzo, 026/2013 de 8 de febrero, 189/2012 de 8 de agosto, 090/2013 de 28 de marzo, 274/2012 de 31 de octubre de 2013 y 368/2012 de 05 de diciembre (estos dos no ingresan porque no se establece su vinculación con el motivo alegado).


2)  Acusa la “Violación al derecho a la defensa y del debido proceso en su componente del principio de seguridad jurídica” (sic); por lo que; el Tribunal de alzada no ordenó la subsanación de su recurso de apelación restringida, ante la falta de invocación de precedentes contradictorios, pese a que tenía la obligación de dar cumplimiento al art. 399 del CPP. Refiere que en el caso, el Tribunal de alzada al detectar que su recurso adolecía de defectos formales no debió admitirlo y al hacerlo incurrió en un vicio in procedendo, citando al efecto como precedentes contradictorios los Autos Supremos 526 de 20 de septiembre de 2004, 101 de 24 de marzo 2005, 89 de 31 de marzo de 2005, 400/2009 de 23 de julio, 098/2013 de 15 de abril, 129/2013-RA del 13 de mayo, 516/2006 de 17 de noviembre y 58 de 27 de enero de 2007.


3)  Bajo el epígrafe de “Violación al derecho del debido proceso en su componente de un juicio justo con igualdad procesal, en que se respeten los derechos y garantías constitucionales al juez natural e imparcial” (sic), el recurrente reitera su denuncia de inobservancia de los arts. 124 y 398 del CPP, expresando que el Tribunal de alzada dejó sin respuesta los argumentos y fundamentos de su apelación respecto a la inobservancia y errónea aplicación de la ley.


4)  Refiere que no se han producido dentro del proceso pruebas concretas y objetivas que demuestren el pacto previo entre su persona y el supuesto autor intelectual que fue declarado absuelto, de modo que su exclusión significa que no existe el móvil pasional, no existe el dinero para hacer supuestamente el trabajo, ni motivo alguno que demuestre porque cometió el hecho por el que fue condenado, cuestionando que se haya confirmado una sentencia sin tomar en cuenta que las pruebas desfiladas en el juicio no son suficientes para destruir su inocencia; por lo que, al haberse deslindado de responsabilidad penal al supuesto autor intelectual debió operar el principio de duda razonable, más cuando el dictamen pericial no determinó que hubiere sido él quien disparó el arma, menos la declaración de los tres testigos de cargo, ni se realizó el desfile identificativo de persona; refiriendo finalmente que el Tribunal de apelación tenía la obligación de circunscribir sus actuaciones conforme a lo determinado en el art. 398 del CPP.


5)   Con el título “CONTRADICCIONES INCURRIDAS POR LA SALA PENAL SEGUNDA AL DICTAR SU AUTO DE VISTA INCONGRUENTE Y OMISIVO” (sic), el recurrente refiere que en su apelación efectuó una expresión objetiva de sus agravios referidos a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, transgresión de procedimiento y garantías constitucionales al habérsele negado conocer la acusación particular por falta de notificación, la falta de coherencia entre el hecho y el  derecho, al haber sido sentenciado por asesinato, cuando no tenía motivo razón o causa para cometer los hechos atribuidos, máxime si se absolvió al supuesto autor intelectual.


I.1.2. Petitorio


El recurrente, concluye señalando que habiendo demostrado la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, pide que se admita el recurso de casación y en el fondo se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, por la incongruencia omisiva y los defectos absolutos en que incurrió, finalmente pide se disponga que la misma Sala dicte un nuevo Auto de Vista anulando la Sentencia disponiendo el reenvío.

I.2. Admisión de los recursos


De conformidad al ya señalado Auto Supremo Nº 362/2015-RA de 11 de junio, se admitió solo el recurso de casación del imputado; consiguientemente la verificación de la posible contradicción de la Resolución recurrida con los precedentes invocados, el análisis de fondo se circunscribirá únicamente a este recurso, conforme al mandato establecido en el art. 398 del CPP.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. Sentencia.


Sustanciado el juicio oral, El Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz, por votación unánime de sus miembros, y al considerar que la prueba de cargo aportada en el juicio oral es suficiente para generar la certeza y convicción, respecto a su autoría y responsabilidad por el delito atribuido, resolvió declarar al acusado Doroteo de Jesús Ponce, de nacionalidad argentina, autor y culpable de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 152 en relación a sus incisos 2), 3) y 7), del CP, condenándole con la pena de treinta años de presidio, sin derecho a indulto. 


La mencionada Sentencia llegó a establecer los siguientes hechos probados:


1. Que se instauró un proceso penal en contra del acusado Doroteo de Jesús Ponce y Ángel Torrico Castro, por el delito de Asesinato, en base a los informes, acta de denuncia, peritajes y otros elementos de prueba; 2. Que por la prueba documental, materiales y testifical se arriba a la convicción de que el acusado Doroteo de Jesús Ponce hoy recurrente- disparó sobre la humanidad de Roger Sierra medina y de Estefanía Menacho Barrientos, ésta última una niña de seis años de edad, a la cuál le segó la vida de forma instantánea; 3. Que por la prueba desfilada en juicio el Tribunal de Sentencia llegó al convencimiento de que el acusado Doroteo de Jesús Ponce participo de manera activa en el juicio, por haber motivos fútiles, alevosía, ensañamiento y que se venció la resistencia de la víctima al portar el arma de fuego, conclusión a la que se llegó luego del estudio microscópico que guarda relación entre los proyectiles incriminados que fueron extraídos del cuerpo de las víctima y el arma secuestrado en el domicilio del acusado; 4. Que el acusado tiene doble identidad, porque habría sido detenido como Julio Adrián Ríos Flores y resulta ser Doroteo de Jesús Ponce.


En el apartado FUNDAMENTACIÓN DE DERECHOS, se concluyó que la conducta del imputado Doroteo De Jesús Ponce, se adecuó al tipo penal de Asesinato.


II.2. Del recurso de apelación restringida del recurrente.


El acusado mediante recurso de apelación restringida, que curso de fs. 2219 a 2225 vta. Denunció que: no se habría demostrado su participación en el hecho acusado, porque a su criterio la denuncia, el levantamiento del cadáver, el informe forense, la autopsia, el acta de colección de indicios materiales, el acta de requisa y secuestro de vehículo, el dictamen balístico y las pruebas instrumentales de ninguna manera lo ligan con el hecho acusado, y que es inadmisible que con solo tres testigos intrascendentes, se funde la sentencia, sin que en juicio se hubiere desfilado más prueba.


Como otro punto de su recurso de apelación restringida, acusa errónea aplicación de la ley, señalando que se le habría condenado basándose en prueba irrelevante, trasgrediendo los principios de la presunción de inocencia y el de congruencia, además denuncia que se violaron y aplicaron de manera errónea los arts. 363, 365, 252, 14, 20, 330 y 340 del CPP.   


II. 3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró admisible e improcedente la apelación restringida interpuesta por el acusado, al igual que la apelación interpuesta por la acusadora particular; en consecuencia confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia; Resolución de la cual se extrae las conclusiones pertinentes a las que arribó el Ad quem, respecto a los motivos admitidos en el recurso de casación:


Respecto  a la supuesta errónea aplicación de la ley sustantiva, señala que en juicio se probó que, el acusado Doroteo de Jesús Ponce hoy recurrente- fue la persona que disparó inicialmente contra la humanidad de Roger Sierra Medina, y luego realizo dos disparos contra la humanidad de Estefanía Menacho Barrientos, niña de seis años de edad, a la cual se la segó la vida de forma instantánea, conclusión a la que se arribó en virtud de las declaraciones que fueron contestes y uniformes, análisis del cual se advierte claramente la configuración del delito de asesinato, previsto por el art. 252 incs. 2), 3) y 7) del CP, situación corroborada por las pruebas e indicios recolectados, consistentes los mismos en el levantamiento de cadáver, del motorizado Suzuki Samurai, Certificado médico legal, Acta de aprehensión, la doble identidad del acusado, del dictamen pericial balístico, proyectiles extraídos del cuerpo de Roger Sierra disparado por el arma, que fue secuestrado en el domicilio del acusado y finalmente de la autopsia practicada en el cuerpito de la víctima.


De otro lado el acusado, en su recurso de apelación restringida, si bien cita las leyes que supuestamente hubieren sido aplicadas erróneamente; pero, no señala cual es la aplicación que pretende, a fin de explicar y fundamentar los agravios sufridos. 


Finalmente, respecto a la falta de fundamentación señala que, no se observa una valoración defectuosa de la prueba que incida en la determinación que asumió el tribunal; por lo que, los actos del Tribunal inferior no se adecuan a los motivos de nulidad que establece el Art. 370 inc. 6) del CPP, señala que el Tribunal inferior especificó y asigno el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, conforme a los arts. 171 y 173 del CPP, concluyendo que la Sentencia condenatoria es correcta y se ajusta a derecho; por lo que, no es cierta los argumentos expuestos por los recurrentes. 

       

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Formulado el recurso de casación, corresponde analizar y resolver los motivos admitidos en el Auto de admisión 362/2015-RA de 11 de junio; a cuyo fin, antes de identificar los entendimientos asumidos en los precedentes invocados por el recurrente y el análisis particular del recurso, resulta menester efectuar una precisión sobre la labor de contraste en el recurso de casación por parte del Tribunal Supremo.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


El art. 416 del CPP, instituye que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema”, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: “Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.” (las negrillas son nuestras).


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento Penal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.


III.2. Análisis de los motivos del recurso de casación


III.2.1. Respecto a los motivos primero, tercero, cuarto y quito.


En estos cuatro motivos, el recurrente denuncia que el Tribunal de apelación no habría dado respuesta a los agravios denunciados en su apelación restringida, referidos a la defectuosa valoración de la prueba, además de la inobservancia y errónea aplicación de la ley, situación que a su criterio vulneraría los arts. 124 y 398 del CPP, cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 49/2012 de 16 de marzo, 012/2012 de 30 de enero, 085/2013 de 26 de marzo, 026/2013  de 8 de febrero, 189/2012 de 8 de agosto, 090/2013 de 28 de marzo, 006 de 26 de enero de 2007, 309/2012 de 29 de octubre y 317/2012 de 30 de octubre.  


Los nueve Autos Supremos, citados como precedentes contradictorios son convergentes, en cuanto a la obligatoriedad que tienen los Tribunales de alzada, respecto a resolver todos los motivos puestos a su consideración. En este sentido con la finalidad de no ser reiterativos, en la presente resolución traemos a colación únicamente los entendimientos asumidos en los Autos Supremos 49/2012 de 16 de enero y el 12/2012 de 30 de enero: el primer precedente fue pronunciado dentro de un proceso penal seguido por el delito de Asesinato y otros, en el cual el Tribunal Supremo de Justicia constó que el Auto de Vista recurrido, no aclara a que recurso de apelación corresponde cada punto resuelto, situación que genera incertidumbre en el recurrente respecto a cuál argumento concierne a su pretensión; razón por la cual dejó sin efecto el Auto de Vista, concluyendo que el  mismo no se encuentra debidamente fundamentado, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “ … Que es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida… cuando en el mismo se evidencia que el tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos … lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del Código de Procedimiento Penal debido a que dicho precepto legal exige la fundamentación de la resoluciones y prohíbe que aquella fundamentación sea remplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimiento de las partes, debiendo los Tribunales de Alzada circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada, ello en estricto cumplimiento del art. 398 del citado Código de Procedimiento Penal…”.


El segundo precedente fue emitido dentro de un proceso seguido por el delito de Estafa, en el cual El Tribunal Supremo de Justicia concluyo que el Tribunal de apelación emitió su resolución sin cumplir con los parámetros de completitud y legitimidad conforme los arts. 124 y 398 del CPP, por lo cual determinó dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “Es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros mencionados y desarrollados supra (especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad); respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida… Por lo que no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el o los procesados, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del Código de Procedimiento Penal debido a que dicho precepto legal exige la fundamentación de las resoluciones y prohíbe que aquella fundamentación sea remplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimiento de las partes, debiendo los Tribunales de Alzada circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada, ello en estricto cumplimiento del art. 398 del citado Código de Procedimiento Penal”.


Se observa que los precedentes contradictorios anularon los respectivos Autos de Vista, al constatar que los mismos fueron pronunciados sin responder todos los motivos acusados en los recursos de apelación restringida, incumpliendo con emitir sus resoluciones con la debida fundamentación, situaciones que vulneran los arts. 124 y 398 del CPP.


Revisado el contenido del Auto de Vista recurrido, se observa que este respondió a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba, señalando que: la defectuosa valoración de prueba no es evidente, toda vez que, el Tribunal de mérito, recibió las declaraciones o testimonios de los testigos, otorgó valor probatorio a los mismos, analizó de manera pormenorizada conforme a los arts. 124, 171 y 173 del CPP, no existiendo ninguna incidencia en la determinación que asumió el Tribunal de sentencia; afirmando que los actos del Tribunal inferior no se adecuan a los motivos de nulidad establecidos por el art. 370. 6) CPP, y que además, el referido Tribunal hubiese entrado a valorar positiva y negativamente todos los elementos de prueba a fin de dictar la sentencia mixta dentro de los parámetros legales del art. 360, 363 y 365 del CPP; aplicando para el efecto, las reglas de sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga un determinado valor a las pruebas como exigen los arts. 171 y 173 del CPP.   


Respecto a la errónea aplicación de la ley sustantiva, el Tribunal de alzada, explico claramente que el delito de asesinato es un ilícito doloso y premeditado, el cual tiene una gran diferencia con el homicidio previsto por el art. 251 del CP, evidenciando que, durante el juicio oral se ha demostrado con pruebas materiales, documentales, testificales y periciales que el acusado Doroteo de Jesús Ponce, fue la persona que disparó el arma de fuego, impactando tres disparos en Roger Sierra Medina, y los dos últimos en la humanidad de la niña Estefanía Menacho Barrientos de seis años de edad, quien falleció inmediatamente, situación que fue corroborada por los testigos de forma conteste e uniforme; por lo que el Tribunal de alzada, determinó y concluyo que es correcta la configuración de la conducta del acusado al delito de Asesinato, previsto en el art. 252 incs. 2), 3) y 7) del CP, situación además corroborada por las pruebas e indicios como son el levantamiento de cadáver, el motorizado, certificado médico legal, acta de aprehensión, doble identidad del acusado, dictamen pericial balístico, los proyectiles extraídos de los cuerpos de la víctima disparados por el arma de fuego que fue secuestrado en el domicilio del acusado; así mismo, y siguiendo su argumentación sobre la errónea aplicación de la Ley sustantiva; el Auto de Vista ahora impugnado, señalo que respecto al concepto de alevosía, este no es cuantitativo y que el uso del arma de fuego conduce a un concepto más cualitativo, aspecto que hubiese ocurrido en el presente caso.


Por lo referido se constata que, el Tribunal de alzada dio efectivamente una respuesta clara y concreta sobre la defectuosa valoración de la prueba desfilada y producida en el juicio oral, así también, respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley y su respectiva fundamentación, circunscribiendo sus actos a los puntos apelados por las recurrentes; es así que se evidencia que el Auto de Vista contiene una argumentación jurídica a partir de premisas fácticas como también normativas, donde a partir de dichos preceptos realiza un inferencia deductiva, así en el quinto considerando del Auto de Vista se encuentra plasmado el alcance jurídico que tiene el art. 252 del CP; consiguientemente, se tiene que el Tribunal de alzada, emitió la resolución ahora impugnada, respondiendo de manera fundamentada y motivada a los cuestionamientos de las recurrentes, realizando una serie de razonamientos lógicos y jurídicos que permiten sin duda, entender el porqué de su determinación, cumpliendo así un control de legalidad objetivo conforme al mandato del legislador y en apego estricto a lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP.


Consiguientemente, este Tribunal constata que los precedentes invocados no contradicen a los fundamentos del Auto de Vista, aclarando que otros aspectos denunciados por el recurrente, como es la “responsabilidad del autor intelectual”, de ninguna manera podían ser dilucidados por el Tribunal de alzada porque importarían el revalorizar la prueba y serian contrarios a los principios de inmediatez, concentración, contradicción y publicidad.

    

Por otra parte, el recurrente alegó que, el Tribunal de alzada no respondió respecto a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; lo que se constituiría en una incongruencia omisiva; sin embargo de ello, se evidencia que por Auto de 19 de septiembre de 2014 (Fs. 3457 a 3459 vta.), la misma ya fue resuelta por el Tribunal Séptimo de Sentencia, en merito a ello, no tendría lógica ni trascendencia alguna, el anular una resolución que se encuentra debidamente fundamentada por un posible defecto que ya fue resuelto posteriormente, justamente porque ya perdió su relevancia constitucional, al igual que la supuesta falta de notificación con la acusación, ya que ,posterior a la audiencia conclusiva (acto diseñado para reclamar cualquier defecto procesal que vulnere derechos) el imputado ejerció amplia e irrestrictamente sus derechos, presentando medios impugnatorios de defensa, por lo que no se evidencia vulneración a derechos fundamentales ni garantías constitucionales ni contradicción con los precedentes invocados, deviniendo en infundado los motivos referidos.


III.2.2. Respecto al segundo motivo.


En este motivo el acusado, denuncia violación del derecho a la defensa y el debido proceso, por vulnerar el art. 399 del CPP, señalando que el tribunal de alzada no dispuso la subsanación de su recurso de apelación restringida, al determinar que no se habría cumplido con las exigencias del art. 408 del CPP; cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 58 de 27 de enero de 2007.


El referido Auto Supremo, citado como precedente fue pronunciado dentro del proceso penal seguido por el delito de Defraudación de Servicios o Alimentos, en el cual la extinta Corte Suprema de Justicia, constató que el Tribunal de apelación declaró inadmisible el recurso de apelación porque el recurrente no se hizo presente a la audiencia de fundamentación y complementación, siendo que a criterio del Tribunal de casación lo que correspondía era conminar la complementación conforme lo establecido por el art. 399 del CPP; por lo que, dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “…De ahí que, si el Tribunal de alzada advierte que el recurso de apelación restringida no cumple con los requisitos exigidos en los artículos 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, debe otorgar un plazo para subsanar el recurso conforme a la previsión del artículo 399 del citado cuerpo adjetivo de la materia, precisando de manera clara y expresa, en el decreto respectivo, la observación que realiza y los requisitos que extraña, toda vez que las resoluciones judiciales deben ser expresas y no tácitas.


Si el Tribunal advierte que no realizó la observación al recurso de manera clara y expresa, involuntariamente estaría restringiendo el derecho al recurso judicial efectivo, para ello debe dar aplicación a la previsión del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal y subsanar el acto, renovándolo, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido, garantizando así el ejercicio del referido derecho. Ello deviene de considerar, que los requisitos formales, son a la vez que un instrumento, un filtro que evita que un instituto procesal, concebido para proveer justicia se desnaturalice.


Si a pesar de eso la parte recurrente no subsana su recurso conforme las observaciones extrañadas dentro del plazo determinado por ley, se debe aplicar la norma y RECHAZARLO por inadmisible, sin que ello importe denegación de justicia, restricción al derecho a la defensa o al recurso judicial efectivo, toda vez que se habrían otorgado los mecanismos legales razonables a efecto de que las impugnaciones observen las formalidades que proveen al operador de justicia el instrumento para su trámite, sólo así, en caso de haberse subsanado suficientemente el recurso, se señalará la audiencia de fundamentación oral y posteriormente se dictará la correspondiente resolución, declarando improcedente o procedente la impugnación formulada según corresponda.


En el caso de autos, se observa que el Auto de Vista recurrido, resolviendo el recurso de apelación restringida, cumpliendo el sistema de recursos contenido en el nuevo Código de Procedimiento Penal, fijo y llevó adelante la audiencia de fundamentación oral, en la cual el acusado fundamentó su recurso de apelación, luego el Tribunal de apelación resolvió el recurso de apelación restringida ingresando al fondo de los motivos acusados, conforme se tiene señalado al resolver los motivos primero, tercero, cuarto y quinto de la presente resolución; sin embargo, en el precedente invocado y descrito -contrariamente al presente motivo- el Auto Supremo dilucida un Auto de Vista que declaró inadmisible directamente el recurso de apelación restringida y que no ingresó al fondo como sucedió en el Auto de Vista ahora impugnado.

Habiéndose establecido la inexistencia de situación fáctica análoga, entre el fallo invocado con el Auto de Vista impugnado, la omisión del recurrente no puede ser subsanado de oficio por este Tribunal, por lo que, el motivo deviene en infundado.


Por otra parte, denuncia la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso, por lo que corresponde verificar si la decisión del Tribunal de alzada cuestionada en el presente motivo, efectivamente vulnera o no derechos fundamentales y garantías constitucionales y por tanto, si es trascendente y relevante. En este sentido debemos referirnos, al Principio de trascendencia (pas nullite sans grief), que significa que “no hay nulidad sin perjuicio”; es decir, que únicamente es posible declarar la nulidad, cuando los defectos procedimentales denunciados provoquen un daño de tal magnitud que dejen en indefensión material a las partes y sea determinante para la decisión adoptada en el proceso judicial, debiendo quedar claro que de no haberse producido dicho defecto, el resultado sería otro, o que el vicio impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido. (Auto Supremo 550/2014-RRC de 15 de octubre, entre otros). 


En este sentido, el recurrente alega que, el Tribunal de alzada no dispuso la subsanación de su recurso de apelación restringida, al determinar que no se habría cumplido con las exigencias del art. 408 del CPP; sin embargo de ello, y en el marco de la jurisprudencia citada, este Tribunal constata que, si bien el Auto de Vista argumenta entre otras cosas que no se han cumplido con los requisitos exigidos por Ley, pero no es menos cierto que efectivamente ingresó a dilucidar situaciones de fondo respecto a la supuesta errónea aplicación de la ley sustantiva y defectuosa valoración de la prueba, razonamientos que como se dijo, se encuentran debidamente fundamentados y motivados; en consonancia con ello, el hecho de que el Tribunal de alzada no dispuso la subsanación de aspectos generales denunciados en el recurso de apelación restringida, no tienen ninguna relevancia constitucional y trascendencia en la determinación asumida, pues el disponer la nulidad por la presunta omisión, no cambiara en esencia la determinación porque se llegara al mismo resultado, justamente -como se dijo- porque el Auto de Vista ahora impugnado ingreso en lo esencial al fondo; por lo que corresponde declarar infundado también el presente motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Doroteo de Jesús Ponce, cursante de fs. 2379 a 2415.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA