TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 564/2015-RA

Sucre, 31 de agosto de 2015


Expediente                : Tarija 44/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Joel Vargas Pozo

Delito                : Violación de Niña, Niño o Adolescente


RESULTANDO


Por memorial presentado el 9 de julio de 2015, cursante de fs. 158 a 169, Joel Vargas Pozo, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 24/2015 de 16 de junio, de fs. 144 a 147 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Joel Vargas Pozo, por la presunta comisión del delito de Violación Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis en relación al art. 8 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a)  En mérito a las acusaciones pública (fs. 7 a 8 vta.) y particular (fs. 36 a 38), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, por Sentencia 20/2014 de 14 de noviembre (fs. 105 a 112), el Tribunal Segundo de Sentencia Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al imputado Joel Vargas Pozo, autor de la comisión del delito de Violación Niña, Niño o Adolescente, en grado de Tentativa, tipificado y sancionado por el art. 308 Bis en relación al 8 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de quince años de presidio, con costas a favor del Estado a calificarse en ejecución de sentencia.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el imputado Joel Vargas Pozo, formuló recurso de apelación restringida (fs. 119 a 124 vta.), resuelto por Auto de Vista 24/2015 de 16 de junio (fs. 144 a 147 vta.); pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


c)  Notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado, el 02 de julio de 2015 (fs. 149 vta.), el 9 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación, sujeto al presente examen de admisibilidad. 

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 158 a 169, se extraen los siguientes motivos:


A manera de preámbulo, citando los Autos Supremos 318/2013-RA de 6 de diciembre y 386/2012, argumenta que procede la revisión excepcional y eventual de oficio de parte de este Tribunal, ante la existencia de defectos absolutos procesales o vicios de la sentencia insubsanables, conforme a las previsiones insertas en los arts. 169 y 170 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que asevera existen en el presente caso, como primer motivo expresa que sobre la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva en el que incurrió el Tribunal de mérito, con el fundamento de que los elementos de prueba que cursan en su caso no fueron valorados en base a la sana crítica, la lógica y la experiencia, vulnerando el art. 173 del CPP; y, que los arts. 8 y 9 del CP, fueron interpretados con diferentes alcances y componentes, sin considerar que las pruebas aportadas por el Ministerio Público y la parte civil fueron insuficientes para generar convicción sobre los elementos configurativos de la tentativa en el hecho de violación que le atribuyen, el Tribunal de alzada, en el considerando II.2 del Auto de Vista impugnado, se limitó a efectuar una simple relación y transcripción de los hechos “prescritos” en la Sentencia, confirmándola, expresando únicamente que “…se tiene como elemento externo que hubiera impedido la consumación de la violación el sonido de un motor” (sic); y, en el considerando II.3, de forma limitada e infundada tomó por válida las aseveraciones del inferior, sobre que el hecho no se consumó porque un motorizado habría sido el elemento externo que impidió la ejecución del hecho antijurídico, provocando que se dé a la fuga, apreciaciones en las que a decir el recurrente- no se realizó un análisis objetivo, lo que tilda de lesivo al debido proceso y la presunción de inocencia como derecho fundamental reconocido por el art. 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el art. 6 del CPP; a cuyo efecto concluye que al no haberse probado la causa ajena o interrupción externa a la consumación del delito endilgado, corresponde aplicar lo establecido en el art. 9 del CPP, debido a que constituyó su voluntad el no perpetrar el presunto hecho de violación, determinación unilateral que debe ir en su beneficio, más aún si de la misma prueba advierte que la víctima se encontraba sola e indefensa tendiéndose que no existía barrera física alguna que impida la ejecución del hecho procesado.


Al efecto cita como doctrina legal aplicable, los Autos Supremos 148/2013 de 10 de mayo, 251/2012 de 17 de septiembre y 42/2014 de 26 de febrero.


Como segundo motivo, previa referencia a que el Auto de Vista recurrido vulnera de manera flagrante los principios de legalidad y el derecho-garantía-principio del debido proceso, los derechos a la legalidad de la prueba y de la valoración razonable de la prueba, afirma que en apelación restringida adujo que la Sentencia se basó en suposiciones inverosímiles y prueba que no fue incorporada a juicio oral, público y contradictorio, asegurando que con referencia a lo concluido por el Médico Forense sobre la imposibilidad de determinar que los frotamientos supuestamente efectuados sobre la víctima, hubieran sido producidos por un miembro viril erecto, requiriéndose para tal efecto la realización de un análisis científico sobre los hisopos que fueron colectados en la revisión de la víctima, este examen que no fue realizado y menos aportado por los acusadores, por lo que deduce que no pudo establecerse que el hecho haya ocurrido, mucho menos las circunstancias, añadiendo que la declaración informativa efectuada por la víctima en la cámara Gessell, crea duda sobre la existencia del hecho, al contradecirse con las declaraciones de los “dos primeros testigo” (sic) y las aseveraciones de la Médico Forense, extremos sobre los que no se pronunció el Tribunal de alzada y “DA POR BIEN HECHO NUEVAMENTE LOS INFUNDADOS TRANSCRITOS EN LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA” (sic), a cuyo efecto describe los fundamentos del considerando II.4 del Auto de Vista recurrido, en los que se estableció cuál su intención en el desarrollo de los hechos y que la supuesta narración uniforme de la víctima es suficiente para acreditar su estado emocional. Asimismo, sobre su denuncia realizada en alzada sobre la no demostración de la edad de la víctima con documento idóneo, por cuanto el Tribunal de Sentencia consideró que era suficiente la copia del documento de identidad y la apreciación de sus características físicas, corporales o fisiológicas a momento de prestar su declaración; respecto a que su responsabilidad fue demostrada por la “personalidad” que hubiera manifestado al momento de su aprehensión, extremo no demostrado en juicio, por cuanto lo único que hizo a tiempo de su aprehensión fue preguntar por qué lo estaban agarrando, extremo acorde a la declaración el policía Ariel Vargas; y, con relación a haber hecho uso de su derecho constitucional de guardar silencio en juicio oral, respecto a lo cual el Tribunal de mérito basó la condena sobre declaraciones que él habría efectuado sin la presencia de su abogado defensor, vulnerando el principio de inocencia el derecho de guardar silencio, presunción de inocencia y principio de inmediación del a prueba, los referidos extremos fueron igualmente soslayados por el Auto de Vista recurrido, en desmedro de sus derechos, habiendo efectuado en el considerando II.4 citado, una vaga referencia (efectúa su transcripción). Añade, consideraciones respecto a los alcances de la libre valoración de la prueba, citando los Autos Supremos 199/2013, 89/2013 de 28 de marzo y 193/2013 de 11 de julio, los dos últimos como precedentes contradictorios.


Como tercer motivo, argumenta que sobre su denuncia de que la Sentencia se basó en hechos inexistentes, no acreditados y en valoración defectuosa de las pruebas consistentes en las documentales signadas como MP7, MP6 y MP4; el Tribunal de alzada sopesó de manera indebida, soslayando los reclamos cuestionados en la apelación restringida, al no pronunciarse sobre las pruebas cuestionadas, pretendiendo con este actuar distorsionar de manera arbitraria lo previsto en la norma adjetiva penal, refiriendo: “no tener facultad para revalorizar prueba, por ser una facultad exclusiva de los Tribunales de instancia, desde el momento en que se instaló el juicio, dejando de esta forma que los tribunales de instancia violente derechos constitucionales, ante semejante arbitrariedad” (sic), alega además, que no se valoró las circunstancias a favor del recurrente para la aplicación del principio in dubio pro reo, con relación a la data de los eritemas identificados en los labios menores y mayores de la víctima contenida en el certificado médico forense efectuado por Walter Flores Espinoza, incumpliendo su obligación de fundamentar y resolver lo denunciado en su recurso de apelación restringida; vulnerando derechos al debido proceso y principio de inmediación como defectos absolutos; sobre este agravio invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 386/2012 de 21 de diciembre, 27/2013 de 8 de febrero y 408/2013 de 30 de agosto.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180. II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer un recurso que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i)    Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN A LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el presente caso, se establece que el 02 de julio de 2015 el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 9 del mismo mes y año, formuló el presente recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, cumpliendo el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los demás requisitos de admisibilidad, sobre el primer agravio, sometido a conocimiento de este Tribunal, en el que se denuncia que el Tribunal de alzada en los considerandos II.2 y II.3 del Auto de Vista recurrido, se limitó a efectuar una simple transcripción y relación de los hechos que constan en la Sentencia, llegando a dar por válida la afirmación del Tribunal de Sentencia sobre que el elemento externo del ruido de un motorizado, impidió la consumación del hecho de violación, lo que a decir del recurrente constituye una errónea interpretación de los arts. 8 y 9 del CP, debido a que la prueba aportada por los acusadores no demostró dicho extremo, por lo que correspondía aplicar los alcances establecidos en el art. 9 citado, que exime de sanción al que desistiere voluntariamente de la comisión del delito, se advierte que el recurrente simplemente citó los Autos Supremos 148/2013 de 10 de mayo, 251/2012 de 17 de septiembre y 42/2014 de 26 de febrero, efectuando una copia literal de su contenido, sin explicar mínimamente en qué consistiría la supuesta contradicción del Auto de Vista recurrido con los precedentes invocados, omisión que no puede ser suplida de oficio por este Tribunal, denotando un claro incumplimiento de la carga procesal asignada a la parte recurrente prevista en los arts. 416 y 417 del CPP, cuyos alcances fueron ampliamente explicados en el apartado III de la presente resolución.


No obstante lo expresado, ante la denuncia de vulneración del debido proceso y la presunción de inocencia, es preciso verificar si la parte recurrente cumplió con la suficiente y clara explicación respecto de los presupuestos de flexibilización desarrollados en el apartado IV del presente Auto Supremo, no sin antes aclarar que la argumentación genérica expuesta por el recurrente en el apartado II del memorial de casación, sobre el deber de este Tribunal de efectuar una revisión de oficio cuando los casos adolezcan de nulidad absoluta por vicios de sentencia insubsanables, al no haber sido vinculados a agravio específico alguno contenido en su impugnación, no será tomado en cuenta a efectos de determinar la admisibilidad del presente motivo.


En cuanto al agravio en análisis, se constata que no obstante de haberse provisto de los antecedentes de hecho generadores del recurso, precisar los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, el recurrente no detalló con precisión de qué forma los referidos derechos fueron lesionados por el Tribunal de alzada a tiempo de resolver la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva vinculándolo a un defecto no susceptible de convalidación, conforme prevé el art. 169 de CPP, por cuanto únicamente se limitó a efectuar consideraciones subjetivas sobre los fundamentados que habría expresado el Tribunal de alzada en los considerandos II.2 y II.3 del Auto de Vista recurrido, sin explicar jurídicamente las razones por las que correspondía aplicar el art. 9 del CPP, ni establecer cuál el resultado dañoso emergente del defecto denunciado, aspectos mínimos que al no haber sido observados por la parte impugnante, en definitiva provocan la declaratoria de inadmisibilidad del presente motivo.


Ahora bien, como segundo agravio, referido a que el Tribunal de alzada no se habría pronunciado y soslayado los argumentos expuestos en apelación restringida sobre la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de mérito, convalidando la Sentencia, en el considerando II.4 del Auto de Vista recurrido, el recurrente se limitó a citar los Autos Supremos 199/2013, 89/2013 de 28 de marzo, 193/2013 de 11 de julio, sin precisar de ninguna forma de qué modo los razonamientos contenidos en las Resoluciones citadas fueron contrariadas por la actuación del Tribunal de alzada denotada en el Auto de apelación, en claro incumplimiento de la normativa procesal penal contenida en los arts. 416 y 417.


Por otro lado, con relación a que la referida omisión del Tribunal de alzada habría vulnerado los principios de legalidad, de inocencia, presunción de inocencia y de inmediación, el derecho-garantía-principio del debido proceso; y, los derechos a la legalidad de la prueba, de la valoración razonable de la prueba, en aplicación de los criterios de flexibilización expuestos en el apartado IV del presente Auto Supremo, se tiene que el recurrente cumple con precisar qué aspectos de su recurso de apelación restringida no merecieron pronunciamiento alguno (las conclusiones expuestas por la Médico Forense, la falta de realización de un examen sobre los hisopos recolectados, las contradicciones entre las declaraciones de la víctima y de la Médico Forense, la demostración de la edad de la víctima con documento inidóneo, la actitud del imputado a tiempo de ser aprehendido, a la consideración de sus declaraciones efectuados sin abogado defensor); identificando de qué modo el Tribunal de alzada omitió efectuar una consideración y pronunciamiento expreso sobre los puntos impugnados, para establecer la relevancia en el hecho de que la Sentencia condenatoria se basó precisamente en la prueba cuestionada en alzada, argumentos que resultan suficientes a efectos de analizar el fondo del motivo expuesto, resultando admisible.


Finalmente, es preciso recalcar que, la denuncia referida a las contradicciones denotadas entre las declaraciones de la víctima y de los “dos primeros testigo” (sic), al carecer de especificidad respecto a qué testigos se refiere y cuál el contenido de las declaraciones, no será considerado en el fondo de la resolución.


Como tercer agravio, referido a que el Tribunal de alzada soslayó y no se pronunció sobre los elementos de prueba cuestionados en apelación restringida, referidas a las pruebas signadas como MP6, MP7 y MP4, distorsionando de manera arbitraria lo previsto en la norma adjetiva penal refiriendo en su considerando II.5, “no tener facultad para revalorizar prueba, por ser una facultad exclusiva de los tribunales de instancia, desde el momento en que se instaló el juicio, dejando de esta forma que los tribunales de instancia violente derechos constitucionales, ante semejante arbitrariedad” (sic), se establece que el recurrente no cumple con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción existente entre la Resolución impugnada con los precedentes invocados, en los términos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la exposición de hechos similares, en relación al sentido jurídico distinto que habría asignado el Auto de Vista recurrido, no existiendo ni un mínimo de trabajo de contraste que exige la ley, limitándose a citar y transcribir en parte los Autos 386/2012 de 21 de diciembre, 27/2013 de 8 de febrero y 408/2013 de 30 de agosto.


Por otra parte, si bien el recurrente, denuncia defecto absoluto insubsanable por violación al debido proceso y principio de inmediación; empero, no expone en qué consiste la disminución o restricción de derechos y cuál el resultado dañoso producto del defecto, que hubiere derivado en una consecuencia procesal de relevancia constitucional, limitándose a enunciar de manera simple y llana, vulneración de los mismos, con lo que tampoco se cumple con los prepuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal, conllevando en que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer el fondo del presente motivo, deviniendo en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE únicamente el segundo motivo del recurso de casación, de fs. 158 a 169, interpuesto por Joel Vargas Pozo; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

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