TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 557/2015-RA

Sucre, 27 de agosto de 2015


Expediente                : Cochabamba 46/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Fermín Hurtado Landívar y otro

Delitos        : Falsedad Material y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de mayo de 2015, cursante de fs. 717 a 720, Boris Nelson Magariños Hinojosa, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 16 de marzo de 2015, de fs. 697 a 702 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Ramiro Tapia y Bernardeth Rita Málaga y José Henry Valdivia Camacho contra del recurrente y Fermín Hurtado Landívar, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado, Falsedad Ideológica, Falsedad de Documento Privado y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 200, 203 y 337, ambos del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a las acusaciones pública y subsanado el mismo (fs. 6 a 10 y 21) y la adhesión particular (fs. 26 a 27 vta.); una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, por Sentencia 23/2013 de 20 de septiembre (fs. 599 a 622), pronunciada por el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se declaró a los imputados Boris Nelson Magariños Hinojosa y Fermín Hurtado Landívar, autores de los delitos de Falsedad Ideológica, Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 199, 200, 203 y 337 del CP, imponiéndoles la pena privativa de libertad al primero nueve años de presidio; y, al segundo seis años de presidio, a cumplir en el Recinto Penitenciario de “San Antonio”, en ambos casos, se condenó al pago de costas y al resarcimiento de daños civiles a favor de la víctima y del Estado.


  1. La mencionada Sentencia fue objeto de apelación restringida por parte del imputado Boris Nelson Magariños Hinojosa (fs. 647 a 651 vta.), resuelto por Auto de Vista de 16 de marzo de 2015, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso interpuesto; en consecuencia, confirmó la Resolución apelada.


  1. Notificado el recurrente con el mencionado Auto de Vista el 8 de mayo de 2015 (fs. 703), interpuso recurso de casación el 15 del mismo mes y año, objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae como motivo el siguiente:


Previa descripción de antecedentes, denuncia que el Auto de Vista no ostenta la suficiente fundamentación o motivación; por cuanto, no realiza un análisis jurídico detallado y adecuado de toda la “supuesta parte investigativa”, limitándose a hacer una simple referencia a que no está dentro de sus facultades revisar la Sentencia o los elementos de prueba desfilados en juicio y a que no concretó y menos demostró los actos defectuosos, argumentos que tilda de incorrectos debido a que la Sentencia y la Resolución de alzada no son un reflejo de lo investigado y realizado en la declaración informativa e imputación formal.


Asimismo, la Sala Penal, no hizo mención, valoró ni consideró los puntos de la apelación restringida; por cuanto, para fundamentar la teoría del delito afirma-, debería existir una adecuada investigación que permita al Juzgador a emitir una justa Sentencia y versar la declaración informativa, la imputación, la acusación y la Sentencia sobre los mismos delitos, lo cual, no ocurrió en su caso, vulnerándose el principio de congruencia, acotando que en apelación restringida denunció actividad procesal defectuosa, por defectos absolutos y relativos en el desarrollo del juicio oral, efectuando a continuación y con la titulación de “DEFECTOS ABSOLUTOS”, una descripción de varios actuados en la etapa investigativa y la determinación expuesta en la Sentencia, alegando que se vulneró su derecho a la defensa y a las garantías del debido proceso.


Cita como precedentes contradictorios las Sentencias Constitucionales 53/2005-R de 20 de enero, 491/2003-R de 15 de abril y 576/2004-R de 20 de enero y el Auto Supremo de 15 de octubre de 2002.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer los recursos que la norma adjetiva prevé, las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia cuando éstos sean contrarios a otros precedentes pronunciados por sus Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; labor reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derechos objetivo establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme se tiene señalado, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista recurrido el 8 de mayo de 2015, habiendo planteado recurso de casación el 15 del mismo mes y año, ante la Sala Penal Primera; es decir, dentro del plazo legal y ante el mismo Tribunal cuya Resolución se cuestiona en el presente recurso, correspondiendo ahora verificar el cumplimiento de los demás requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP.


Antes de ingresar al análisis de fondo de los motivos expuestos en casación, es preciso recordar al impugnante que, conforme se expuso en el apartado III del presente Auto Supremo, el recurrente tiene la carga argumentativa de explicar en forma clara y precisa la forma cómo el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con la doctrina legal invocada; es decir, en qué consisten los defectos de pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, explicando por qué el precedente invocado sería aplicable al caso, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos distintos; y, la solución pretendida, de modo que este Tribunal pueda efectuar una efectiva contrastación con la jurisprudencia cuya aplicación solicita el recurrente, a tiempo de revisar el fondo de los agravios.


En ese contexto, como único motivo identificable, la parte recurrente cuestiona la insuficiente fundamentación o motivación que denotaría el Tribunal de alzada, al no haber realizado un análisis jurídico detallado y adecuado de la etapa investigativa; y no haber mencionado, valorado ni considerado los puntos de apelación restringida, entre los cuales habría denunciado la concurrencia de defectos absolutos y relativos, no sólo con relación a la etapa previa a la acusación sino también con relación al contenido de la Sentencia, invocando al efecto y como precedentes contradictorios Sentencias Constitucionales, que de acuerdo a los alcances del art. 416 del CPP, no constituyen razonamientos jurisprudenciales susceptibles de contrastación con la decisión asumida en el Auto de Vista recurrido; por cuanto, legalmente únicamente constituyen precedentes susceptibles de comparación, los Autos de Vista y Autos Supremos dictados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia y este Máximo Tribunal, en ese entendido, no son considerados a efectos de analizar la admisión del presente recurso de casación.


Por otro lado, la cita de un Auto Supremo (de 15 de octubre de 2002), cuya numeración ni contenido consta en el recurso de casación, hacen imposible su identificación; por consiguiente, tampoco es tomado en cuenta para determinar la admisión de la impugnación en análisis.


Por último, con relación a la denuncia genérica de la concurrencia de defectos absolutos y relativos durante la sustanciación del presente proceso penal, se aclara al recurrente que para la admisión excepcional del recurso de casación, no es suficiente la simple mención de vulneración de derechos y garantías constitucionales (debido proceso, defensa y principio de congruencia); y, mera descripción de la supuesta actuación defectuosa, sino que constituye su deber explicar de forma clara y suficiente, en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía presuntamente lesionado, correlacionándolo con el hecho generador del defecto, así como concretar de qué modo dicha actuación constituiría dañoso a los intereses del recurrente, aspecto de primordial importancia a efectos de determinar la nulidad de una actuación; por cuanto, este Tribunal debe tener certeza de la trascendencia que la denuncia tendría en la Resolución del caso analizado, aspectos que de ningún modo cumple Boris Nelson Magariños Hinojosa, en la fundamentación de su recurso.


Por lo expuesto, el presente medio de impugnación deviene en inadmisible, por incumplimiento de los presupuestos legales exigidos para su análisis vía contrastación jurisprudencial, como por la inobservancia de los supuestos de flexibilización, expuestos en el acápite IV de la presente Resolución.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 717 a 720, interpuesto por Boris Nelson Magariños Hinojosa.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

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