TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 541/2015-RRC

Sucre, 24 de agosto de 2015


Expediente                        : Tarija 24/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Carlos Roberto Cordero Baldiviezo

Delitos                        : Incumplimiento de Deberes y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 9 de marzo de 2015, cursante de fs. 1048 a 1053 vta., Carlos Roberto Cordero Baldiviezo, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 02/2015 de 18 de febrero, de fs. 1037 a 1043 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público; los Gobiernos, Departamental de Tarija y Regional del Chaco Tarijeño, en contra del recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 198, 203 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 3 a 10) y particulares (fs. 28 a 31 vta. y fs. 131 a 147); una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de la ciudad de Yacuiba, provincia Gran Chaco del Tribunal Departamental de Justicia de Justicia de Tarija, pronunció la Sentencia 24/2012 de 16 de noviembre (fs. 841 a 857 vta.), por la que declaró a Carlos Roberto Cordero Baldiviezo, autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 198, 203 y 224 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de dos años, con costas a favor del Estado y de los acusadores particulares


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Carlos Roberto Cordero Baldiviezo y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, a su turno, formularon recursos de apelación restringida (fs. 867 a 875 y 877 a 880), resueltos por Auto de Vista 29/2014 de 15 de junio (fs. 926 a 929 vta.) el cual fue dejado sin efecto por Auto Supremo 679/2014-RRC de 27 de noviembre, que dispuso la emisión de nueva Resolución aplicando la doctrina legal aplicable; en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija pronunció el Auto de Vista 02/2015 de 18 de febrero (fs. 1037 a 1043 vta.), que declaró sin lugar al recurso interpuesto por el imputado, y con lugar al formulado por la Gobernación del Departamento de Tarija; en consecuencia, revocó parcialmente la Sentencia impugnada, únicamente en cuanto a la aplicación del concurso real, modificando la pena impuesta a tres años de privación de libertad, motivando la interposición del presente recurso.


I.1.1. De los motivos del recurso de casación


Del memorial del recurso de casación interpuesto por Carlos Roberto Cordero Baldiviezo, y del Auto Supremo de admisión, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, aspecto sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP):


  1. Arguye que el Tribunal de apelación emitió su fallo, carente de una debida fundamentación, por las siguientes razones: a) Afirma que, el Auto de Vista omitió realizar un análisis y compulsa de los agravios expresados en el recurso de alzada con relación a la valoración probatoria y especialmente respecto a su denuncia sobre documentos incorporados al juicio por su lectura, en contravención al principio de inmediación; puesto que, las personas que elaboraron los mismos y que fueron ofrecidas por el Ministerio Público como testigos de cargo, no comparecieron; lo que le privó de su derecho de contrainterrogar y esclarecer los hechos y vulneró lo establecido por el art. 216 del CPP, lo que constituye defecto absoluto contenido en el art. 169 inc. 3) del CPP y resulta contrario a la doctrina establecida por el Auto Supremo 418/2006 de 10 de octubre y 479/2005 de 8 de diciembre; y, b) Indica el recurrente que denunció valoración defectuosa de la integralidad de la prueba en la Sentencia, con relación a lo cual, el Tribunal de alzada explicó que se analizaron cada una de las mismas conforme a la lógica, experiencia y psicología a partir de un razonamiento intelectivo coherente, cuando a contrario se advierte que se vulneró la sana crítica, incurriendo en falta de fundamentación con relación a la valoración integral de la prueba, lo que constituye a su decir, defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP y contraría lo establecido en los Autos Supremos: 418/2006 de 10 de octubre, 479/2005 de 8 de diciembre y 214/2007 de 28 de octubre.


  1. Arguye que se vulneró el principio de prohibición de reforma en perjuicio, porque en alzada, se le modificó su pena de dos a tres años, contraviniendo lo establecido en el Auto Supremo 8 de 15 de enero de 2002.


I.1.2. Petitorio


Solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, estableciendo la doctrina legal aplicable.


I.2. Admisión del recurso


Mediante el Auto Supremo 284/2015-RA de 11 de mayo, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente respecto a los motivos: segundo, incisos ii) y iv); y, tercero, al observarse los requisitos de admisiblidad.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1. De la Sentencia. 


Desarrollado el juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dictó Sentencia 24/2012, contra el recurrente, por la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado y Conducta Antieconómica, imponiéndole la pena de reclusión de dos años, bajo los siguientes fundamentos: 1) En cuanto al delito de Incumplimiento de Deberes, de la valoración de las pruebas testificales y documentales, haciendo especial énfasis en las carpetas que presentó el propio imputado cuando dejó de ser funcionario público sobre las obras referidas a: pintado del Comando de Frontera Policial, construcción del puesto policial Comunidad de Cañón Oculto, construcción del puesto policial El Bagual, refacción puesto policial Caiza Estación, construcción puesto policial San Isidro y Construcción del puesto policial Campo Grande, concluyó que el imputado, como encargado de Seguridad Ciudadana, no se sujetó a los pasos previstos en el Decreto Supremo (DS) 27328 y su Reglamento, que rige para todo servidor público involucrado en el proceso de contratación en cuyo inc. b) prohíbe ejecutar el proceso de contratación cuando no estén aprobados y publicados por el “PAC” o cuando no se cumplen los incs. g), k) y l), de la misma norma, a cuyo efecto considera que el imputado no cumplió con sus funciones como área solicitante, omitiendo observar sus funciones como comisión calificadora y la obligación previa de observar el art. 65 del Reglamento, concordante con el inc. f) del art. 24 del mismo cuerpo normativo, así como aplicar los incs. c), e) y f) para solicitar la contratación de obras, resaltando que en todas las carpetas existe la comunicación interna de 6 de julio de 2007, que tiene sello de recibido y fechas, dirigida por Carlos Cordero al “Arq. Walter Carreón” (sic), para que se cancele; empero, refiriéndose al puesto policial “la Grampa”, por lo que adquiere la convicción que la carpetas fueron armadas y que no tuvo por lo menos el cuidado de hacer coincidir las fechas; 2) Respecto al delito de Falsedad Ideológica, luego de la descripción de la prueba testifical y documental judicializada, culminó estableciendo que las carpetas del pintado del comando de Frontera Policial y de la construcción y refacción de los cinco puestos policiales en el área rural, fueron armadas fuera de la entonces Subprefectura y cuando el imputado ya no era funcionario público y que los dos funcionarios encargados de Seguridad Ciudadana, que sucedieron al imputado, no encontraron esos documentos en la institución porque no existían, llegando a la convicción que ante la presión de la gente y la solicitud de ambas personas, el imputado llevó las seis carpetas “por escrito” a la institución, cuando ya no era funcionario público; en consecuencia, no son documentos públicos, porque no pertenecen a la entonces Subprefectura del Departamento; empero, analizando el art. 198 del CP, que prevé la Falsedad Material, establece que la conducta “desplegada por el acusado cuando ya no era funcionario público (…) subsume en este tipo pues forma documentos públicos falsos como son las 6 carpetas y las presenta por escrita a la ex Subprefectura” (sic), la misma que causó perjuicio al área rural, a los que invirtieron en esas obras y no pudieron cobrar sus acreencias, afectando la credibilidad e imagen del Estado Plurinacional, debido a que el imputado era encargado de Seguridad Ciudadana y como tal actuó en el área rural y frente a los que hicieron de las obras; 3) Respecto a la relación y valoración probatoria detallada en la Sentencia, sostuvo que los elementos del tipo previsto en el art. 203 del CP, que norma el ilícito Uso de Instrumento Falsificado, exigen que el agente conozca y aun así haga uso del documento falso, teniendo en su mérito que el imputado fue quien presentó por escrito las carpetas de las obras, tantas veces mencionadas, usándolas; 4) Previa aclaración de la norma penal sustantiva que debe ser usada en el proceso penal tramitado, fundamentó que los elementos del tipo penal de Conducta Antieconómica, exigen que sea funcionario público, calidad que tenía el imputado en la gestión 2007, teniéndose demostrada con toda la prueba ya citada tanto documental como testifical, que el encargado de Seguridad Ciudadana estaba en ejercicio de un cargo directivo o de responsabilidad. Continuó afirmando que el tipo exige además de causar daños al patrimonio o intereses del Estado, por mala administración o dirección técnica o por cualquier otra causa, respecto a lo cual el Tribunal en pleno considera que los intereses del Estado se reflejan en la misma comunidad y población porque Estado implica a todos y lo que reclamó era seguridad para la sociedad y si no se logró las metas propuestas, establecidas en el Programa de Operaciones Anual (POA) 2007, fue porque el imputado incumplió sus deberes, causando daño a toda la población, de manera dolosa; por cuanto, no podía alegar desconocimiento de la ley porque era un funcionario público y en ese tiempo estaba vigente el DS 27328 y su Reglamento, llamándoles la atención que sólo dos empresas se adjudicaron a todas las obras y que él tuvo parte activa en las mismas, siendo parte de la comisión calificadora y también recibió las obras, cuando por lógica el que recibe tiene que ser otra persona porque se debe “revisar si está bien”, y debió haber sido un técnico.


II.2. Apelaciones restringidas.


Notificado con tal determinación, el imputado interpuso apelación restringida (fs. 867 a 875), planteó como defectos de Sentencia previsto en el art. 370 del CPP, los siguientes: i) Que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura, en tal sentido mencionó a las pruebas “MPD-4, MPD-6, MPD-8, MPD-9 y MPD-14”, los que tienen de común denominador que las personas que emitieron los informes correspondientes no se apersonaron ante el Tribunal a efectos de ratificar o ampliar sus informes, violándose de esta manera el principio de contradicción e inmediación. En igual sentido, señaló a la “MPD-1”, específicamente en cuanto a la documental aparejada a la denuncia, la misma debió ser judicializada con la declaración de la persona; ii) Denunció que la Sentencia se basó en hechos inexistentes; por cuanto, no se demostró con ninguna prueba material idónea que incumplió los deberes propios como encargado de la Unidad de Seguridad ciudadana o como presidente de la Comisión de calificación para la contratación de las empresas que se harían cargo de la construcción de los cinco puestos policiales y el pintado del frontis del Comando de Frontera Policial, tampoco se acreditó que haya causado daño económico al Estado, refiriéndose al tipo penal de Conducta Antieconómica; en cuanto a la Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, la Sentencia no señaló qué documento público fue declarado falso, o qué declaración o hecho introducido tiene tal calidad, tampoco qué persona pudo haber falsificado el mismo, ni el daño o perjuicio ocasionado con la supuesta falsedad, además de que un perito deba determinar la supuesta falsedad, lo cual no ocurrió; y, iii) Continuó afirmando que existió defectuosa valoración de la prueba, detallando las declaraciones de Antonio Soruco, Luis Sergio Galarza, Juan Carlos Barja, Karen Rivadeneira, José Antonio Jimenez, y Sixto Cruz, cuyas testificales carentes de veracidad fueron valoradas positivamente a pesar de que fueron apoyadas por subjetivismos usados por los miembros del Tribunal de Sentencia.


Por su parte, El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, presentó apelación restringida contra la Sentencia en sentido que se incurrió en defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, que es la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, en sus arts. 154, 224, 199 y 203 todos del CP, por haberse condenado al imputado solamente a dos años de libertad por varios delitos acusados, denotándose una falta de apreciación de la ley sustancial, pues, si bien en nuestra legislación las penas no son sumatorias, pero debe tomarse en cuenta que ante la existencia de varios delitos debe aplicarse el concurso real a esta pluralidad de actos en una misma sentencia y dentro del caso concreto, así lo establece el art. 45 del CP; habiendo el Tribunal de juicio incumplido dicha normativa y vulnerado los derechos de la víctima.


II.3. Auto de Vista impugnado.


Radicados los recursos ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, se emitió el Auto de Vista 02/2015 de 18 de febrero, fundamentando en relación a los reclamos de Carlos Roberto Cordero Baldiviezo que:


  1. Sobre que se basó en medios o elementos probatorios incorporados  por su lectura; que debe tenerse presente el art. 333 del CPP que señala la expresión cuando sea posible, lo cual es una determinación potestativa dando, condicionada a las circunstancias reales del juicio para la comparecencia de los testigos involucrados con la prueba ofrecida; además el Auto Supremo 64 de 11 de marzo de 2013, respecto a la incorporación de la formalidad de prueba a juicio precisó que era necesario determinar si la valoración de la prueba que no observe la forma, afecta o es primordial en la decisión final, mucho más si se constata la verdad de los hechos por la integralidad de las pruebas; concluye entonces  que dichas pruebas tienen la “…posibilidad de ser incorporadas por su lectura, al tenor del inc. 1) del art. 333 permitiendo que tanto la prueba sea incorporada cuando se encuentren testigos o peritos sin perjuicio que se lo haga ante la imposibilidad de su concurrencia…” (sic).


ii)        Respecto a la denuncia, que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados, el Tribunal de Juicio en el acápite IV de la valoración de la prueba y votos del tribunal refirió acerca de los motivos de hecho y derecho, detalló toda la prueba incorporada a juicio, pasó a contrastar con los hechos acusados, explicó qué prueba fundó como ciertos los hechos acusados, teniendo cada uno de los hechos probados el sustento probatorio, determinando por ello en qué prueba se funda la responsabilidad de los delitos atribuidos.


iii) De la valoración defectuosa de la prueba, además de valorar prueba ilegalmente introducida a juicio; argumentó que el Tribunal de juicio tiene la facultad privativa de la valoración de la prueba, siendo que su labor se circunscribirá a determinar si el inferior al realizar dicha valoración lo hizo conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología; de la revisión de la Sentencia sostiene que el Tribunal de juicio analizó cada delito acusado en compulsa con la prueba incorporada y los elementos constitutivos de cada delito en el apartado correspondiente a la valoración de la prueba y votos del tribunal acerca de los motivos de hecho y derecho; sobre el delito de Incumplimiento de Deberes el Tribunal de juicio explicó el procedimiento que debió seguir el imputado y según su fundamentación realizada lo incumplió, basándose dicha valoración en la norma que está basada en caso de contrataciones, apegándose bajo los parámetros de esa normativa y la realidad fáctica, considerando porque se estableció que la prueba testifical fue creíble, respaldada por la prueba documental, siendo cuidadosos los juzgadores en sustentar la valoración de cada prueba con relación a cada una de las carpetas incorporadas en calidad de prueba; respecto al delito de Falsedad Ideológica, debe tenerse presente que el sistema de valoración no está regida por la prueba tasada, sin ser determinante que se aprueba por uno u otro medio de prueba, en el caso presente el Tribunal de juicio explicó las razones por las que consideró que las carpetas se armaron fuera de la ex prefectura, cuando el acusado no era ya funcionario público, sustentando como razones: el desconocimiento de dichas carpetas al interior de la institución por los trabajadores cuando el imputado trabajaba, la afirmación de testigos que las firmas en dichas carpetas no les correspondían, y la inexistencia de registro en la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA) respecto a las empresas supuestamente adjudicadas de todas las obras, estos motivos fueron considerados bajo la libertad probatoria en apego de la lógica, la experiencia y la psicología; en relación al Uso de Instrumento Falsificado; el Tribunal de juicio sustentó dicha valoración en la circunstancia que fue el mismo imputado quien presentó por escrito las carpetas al encargado de seguridad ciudadana, razonando que se tuvo por probada la comisión del ilícito de Falsedad Material, dicha valoración hubo respondido a un razonamiento intelectivo apegado a la lógica; y, del ilícito de Conducta Antieconómica, el Tribunal de juicio cuando fundamentó valoró el hecho probado que el imputado era encargado de seguridad ciudadana, estando en ejercicio de un cargo directivo o de responsabilidad; además, sobre este tipo penal los juzgadores remarcan el interés del Estado que no está restringido solamente al daño patrimonial sino al acto “por cualquier otra causa”, asimismo, los intereses del Estado se reflejarían en la comunidad, ya que las personas reclamaron seguridad y el no lograrse esas metas que tenía el POA 2007, fue porque el imputado incumplió sus deberes, siendo su actuar doloso, cuya actitud se extrajo de la declaración de los comunarios que afirmaron que el imputado iba con los contratistas de las obras, levantando lista de trabajadores, existiendo sólo dos empresas adjudicadas, siendo parte de la comisión de calificación y también fue quien recepcionó las obras, lo cual por lógica se sabe que la persona que recibe tiene que ser otra persona, ya que a decir de los jueces ciudadanos el técnico debe revisar si está bien la obra.


Por su parte, en relación a los agravios expuestos por la Gobernación del Departamento de Tarija, el Tribunal de alzada describiendo los Autos Supremos 41 de 21 de febrero de 2013 y 125 de 10 de mayo del mismo año sobre el concurso real, argumentó que es correctamente aplicable el concurso real al no haberse aplicado en el fallo impugnado, por no ser potestativa sino de cumplimiento obligatorio, entonces aplicando los arts. 37, 38, 39 y 44 del CP, partiendo de la pena de dos años aplicados “…corresponde a éste tribunal simplemente efectuar el cálculo `aumentar la pena hasta la mitad´, determinada en la norma, de tal forma correspondería a la pena de dos años impuestas agregar un año que viene a ser la mitad de la pena impuesta por la comisión del delito más grave…” (sic); entonces al aumentarse la pena de dos a tres años no puede aplicarse la figura del perdón judicial.


Consiguientemente, determinó declarar: sin lugar la apelación restringida interpuesta por Carlos Cordero Baldiviezo y con lugar el recurso planteado por la Gobernación del Departamento de Tarija, revocando consecuentemente la sentencia y modificándose de dos a tres años de privación de libertad.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE   CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el presente caso, denuncia el recurrente la: 1) Falta de fundamentación del Tribunal de alzada  respecto a la denuncia que efectuó en apelación restringida de: a) Los documentos incorporados al juicio por su lectura, en contravención al principio de inmediación, ya que los testigos que elaboraron dichos actuados no comparecieron a juicio oral privándole el derecho de contrainterrogar; y, b) Valoración defectuosa de la integralidad de la prueba en Sentencia, por vulnerarse las reglas de la sana crítica; elementos que en ambos casos constituyen un defecto absoluto y contrario a los Autos Supremos 418/2006 de 10 de octubre, 479/2005 de 8 de diciembre y 214/2007 de 28 de octubre; y, 2) La vulneración del principio de prohibición de reforma en perjuicio, ya que el Tribunal de apelación modificó la pena de dos a tres años, determinación contraria al Auto Supremo 8 de 15 de enero de 2002.


Por lo cual, previo a desarrollar el análisis del caso es preciso establecer en el ámbito legal, jurisprudencial y doctrinal, el entendimiento sobre las temáticas de la labor de contraste en Casación y la falta de fundamentación.


III.1. Principio de igualdad y la labor de contraste en la etapa de

casación.


De acuerdo al art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), uno de los principios procesales en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, es la igualdad de las partes ante el juez, lo que supone la prohibición de hacer diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales; en ese marco, las decisiones de las autoridades jurisdiccionales y contenidas en los Autos de Vista, deben ser emitidas conforme a la doctrina legal aplicable establecida por este Tribunal Supremo de Justicia, que resulta obligatoria y vinculante, evitando que sean contrarias a los precedentes jurisprudenciales; entonces, la primera tarea conforme determinan los arts. 416 y 419 del CPP, que regulan el recurso de casación, es precisar si el precedente invocado por la parte recurrente es contrario al Auto de Vista impugnado, verificando que la situación de hecho sea similar y el sentido jurídico asignado en la Resolución cuestionada contrario al precedente ofrecido, por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con distinto alcance.


Dicho entendimiento, sobre la labor de contraste que debe desarrollar este Tribunal fue traducido ampliamente en el Auto Supremo 130/2014-RRC de 22 de abril, señalando que “El art. 416 del CPP, instituye que: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: …será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y, c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar (las negrillas son nuestras).


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”.


III.2. Consideraciones doctrinales y normativas sobre la debida fundamentación.


Este Tribunal en reiteradas oportunidades señaló que la CPE, reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que, la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el Juez o Tribunal al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012 de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez de Sentencia; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa, que sólo se estará ante una falta de fundamentación o motivación cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP, y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación.


Estos fundamentos fueron establecidos como línea de razonamiento doctrinal de este Tribunal mediante el Auto Supremo 342/2014-RRC de 18 de julio y que fuera establecido como doctrina legal aplicable en el Auto Supremo 394/2014-RRC de 18 de agosto.


III.3. Análisis sobre el caso concreto.


  1. Sobre la falta de fundamentación del Tribunal de alzada respecto al reclamo de valoración de las pruebas.


El recurrente denuncia que el Tribunal de apelación emitió un fallo carente de la debida fundamentación en relación a dos aspectos denunciados en apelación restringida que son: La incorporación de documentación por su lectura contrario al principio de inmediación y la ausencia de valoración integral de las pruebas por el Tribunal de juicio, aspecto que es contrario a los precedentes judiciales invocados.


i) Sobre el primer reclamo; el recurrente denuncia que el Tribunal de apelación omitió realizar un análisis de los agravios denunciados sobre la valoración probatoria y en especial sobre los documentos que reflejan las declaraciones de los testigos de cargo incorporados al juicio por su lectura, quienes no asistieron a juicio siendo privado su derecho para contrainterrogar y aclarar los hechos, vulnerando de esta manera el principio de inmediación, lo cual constituye defecto absoluto contenido en el art. 169 inc. 3) del CPP, además de ser contrario a  los Autos Supremos: 418/2006 de 10 de octubre y 479/2005 de 8 de diciembre.


Para resolver esta problemática se verificará primero cual la doctrina legal aplicable en las resoluciones judiciales invocadas, identificado el mismo se verificara la existencia o no de contradicción con el Auto de Vista impugnado.


El primer precedente invocado, el Auto Supremo 418/2006 de 10 de octubre, tuvo como hechos fácticos que, el Tribunal de alzada anuló la sentencia porque este se habría basado en hechos no acreditados, siendo necesaria la valoración de una declaratoria de herederos a tiempo de la transferencia, ante esta determinación el recurrente señaló que el juzgador no tenía porqué pronunciarse sobre dicha declaratoria de herederos, toda vez que nunca fue propuesto, ni producido como prueba de descargo; consecuentemente, no podía ser valorado; bajo este reclamo el Tribunal de casación fundamentó que el Tribunal de apelación al haber advertido la supuesta "falta de valoración de la declaratoria de herederos" (la misma que no fue ofrecida por los imputados) y establecer como fundamento para anular la sentencia y disponer el reenvío, afectó los derechos del querellante, lo cual constituye defecto absoluto, que vulnera los principios de seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva; en consecuencia, estableció la siguiente doctrina legal aplicable, que el Tribunal de alzada debe cuidar que los actos procesales se encuentren enmarcados en la legalidad, sin afectar derecho, garantías y principios constitucionales. Asimismo, cuando identifique algún defecto absoluto o relativo comprobará si es imprescindible la realización de un nuevo juicio o prescindir de él y resolver directamente. “En esta misma línea jurisprudencial, referido a los defectos absolutos, donde las resoluciones carecen de fundamento jurídico” se habría pronunciado el Tribunal de casación mediante el Auto Supremo 479 Sucre 08 de diciembre de 2005.


Para la comprensión de la doctrina legal aplicable establecida en esta Resolución de Casación, debe necesariamente considerarse la problemática procesal que son los hechos denunciados- con los argumentos utilizados para dar solución a la problemática denunciada y en base a ello determinar cuál el alcance y sentido del fundamento de la Resolución Judicial Invocada. En ese sentido se verifica que la ratio decidendi inserta en la doctrina legal de esta resolución en esencia determinó que el Tribunal de alzada vulneró derechos y garantías constitucionales, cometiendo defectos absolutos, al disponer la nulidad de la Sentencia, porque supuestamente el Tribunal de juicio no valoró una prueba, la cual no fue ofrecida por las partes. Asimismo, sobre el Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005, citada en la Resolución Judicial invocada, dicha descripción contiene un argumento secundario -obiter dictum-dando a conocer lo que se comprende por defectos absolutos de una resolución judicial, sin estar referida a la problemática principal resuelta por el Tribunal casacional en la doctrina legal aplicable.


Consecuentemente, en el presente motivo el recurrente yerra invocando el Auto Supremo 418/2006 de 10 de octubre, al no constituir un elemento contradictorio conforme se explicó en el acápite III.2 de esta Resolución, ya que como se señaló la doctrina legal aplicable está orientada a la solución de otra temática y no a la ausencia o falta de fundamentación sino al haber observado el Tribunal de apelación que no fue valorada una prueba cuando esta nunca fue ofrecida por las partes, entonces la Resolución Judicial citada al no ser un precedente contradictorio impide en base al principio de igualdad proceder al análisis del reclamo de este motivo.


Asimismo, del estudio del Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005; se constata que tuvo como problemática procesal planteada la vulneración del Tribunal de alzada por: i) No respetar la presunción de inocencia y el principio de la carga de la prueba; e, ii) Incurrir en defecto absoluto al anular la sentencia, realizando una errónea concreción del marco penal del imputado al no cumplir la exigencia del dictamen médico especializado previo, aplicando el art. 49 de la Ley 1008; fundamentando el Tribunal de casación que todo Tribunal de apelación debe observar tanto el principio de inocencia como la carga de la prueba; ya que, si la prueba introducida es escasa que no llega a demostrar lo aseverado por la acusación debe aplicarse el primer principio, y observar que la carga de la prueba corresponda al acusador; además, para la determinación del ilícito de consumidor es imprescindible la participación en el juicio oral de dos especialistas de un Instituto de fármaco dependencia público a efectos de establecer la cantidad mínima para su consumo, este aspecto debe controlar el Tribunal departamental, quien anulará la sentencia emitida siempre y cuando no pueda ser subsanada con la emisión de otra sentencia, lo cual debieron efectuar los vocales emitiendo una nueva sentencia, conforme precisa el art. 413 CPP; en ese contexto se estableció la siguiente doctrina legal aplicable “En la función jurisdiccional respecto a las resoluciones que se emitan es imprescindible que los Tribunales de Justicia apliquen las normas positivas de acuerdo a lo previsto por el artículo 228 Constitucional, dando aplicación preferente a la normativa Constitucional; consiguientemente la carga de la prueba corresponde al acusador público o privado o a ambos, y en aplicación del principio constitucional de inocencia un procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, menos como delincuente, mientras no exista sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material; consecuentemente del estado de presunción de inocencia deriva el hecho de que la carga de la prueba no le corresponde al imputado sino al acusador.


Se consideran defectos absolutos cuando en la resolución, sea sentencia o Auto de Vista, no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o correspondan a Convenios o Tratados Internacionales, omisión que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a los sujetos procesales, este defecto se inscribe en el artículo 370 inciso 5) en relación al artículo 169 inciso 3) ambos del Código de Procedimiento Penal.


El juicio oral, público y contradictorio, conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio; consecuentemente el tribunal de alzada, velando por su observancia y la economía procesal, debe proceder anular únicamente cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, cuando exista violación al debido proceso que amerite valoración probatoria deberá anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Lo contrario significaría incurrir en violación procesal establecida en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal e incorrecta aplicación del artículo 413 del mismo cuerpo legal.


Resulta perjudicial y contradictorio contra el principio de celeridad que rige el juicio oral público y contradictorio el anular la Sentencia indebidamente por defectos que hayan sido convalidados por las partes. Más aún cuando existe error injudicando en la Sentencia impugnada en apelación restringida que fácilmente puede ser subsanado anulando la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia y dictando una nueva de acuerdo a ley”.


En esencia este precedente estableció que todo Tribunal de justicia debe aplicar el principio constitucional de inocencia, y tomar en cuenta que la carga de la prueba le corresponde al acusador; además de considerarse como defecto absoluto cuando en una resolución no existan razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de ella y basados en normas sustantivas o adjetivas penales, lo que constituye un defecto insalvable. Por otra parte, el Tribunal de apelación en virtud de la economía procesal debe proceder a la anulación de la sentencia cuando no pueda reparar directamente la inobservancia o errónea aplicación de la ley, lo contrario significa vulnerar el art. 169 y 413 del CPP.


En síntesis, este Auto Supremo invocado no es un precedente que sea de utilidad para el análisis de fondo del reclamo realizado, al tratarse de temáticas procesales distintas en relación al Auto de Vista impugnado conforme se explicó en el acápite III.1 de esta resolución-, ya que en la Resolución Judicial invocada se establece dos aspectos: i) La aplicación obligatoria de todo tribunal o juez del principio de inocencia y de la carga de la prueba, que la misma debe contener criterios sólidos basados en normas sustantivas, adjetivas e internacionales, lo contrario constituye defecto absoluto; y, ii) Sólo procede la anulación de la sentencia cuando no pueda subsanarse la misma, debiendo en el caso analizado emitir nueva Sentencia sin necesidad de reenvío; mientras que en el presente motivo denuncia el recurrente la ausencia de fundamentación sobre la valoración probatoria; lo cual impide aplicar este precedente en base al principio de igualdad y considerar la temática denunciada.


Sin embargo, de lo señalado precedentemente, se tiene que el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista sujeto a impugnación efectuó una debida fundamentación cumpliendo con los parámetros exigidos para ello; toda vez que ante la denuncia esgrimida en apelación restringida sobre que el Tribunal de Sentencia se basó en medio o elementos probatorios incorporados  por su lectura, de las pruebas “MPD4, MPED6, MPD8, MPD9 y MPD14”, cuyas personas emitieron los informes no se apersonaron para ratificar o ampliar los mismos, vulnerando el principio de contradicción e inmediación; el Tribunal departamental en la consideración de su Resolución de alzada argumentó de manera clara, expresa, completa, legítima y lógica, que debe tenerse presente el art. 333 del CPP, que cuando refirió la expresión “cuando sea posible”, ello significa una determinación potestativa, que está condicionada a las circunstancias reales del juicio para la comparecencia de los testigos involucrados con la prueba ofrecida; asimismo, el Auto Supremo 65 de 11 de marzo de 2013, respecto a la incorporación de la formalidad de prueba a juicio, estableció que era necesario determinar de si la valoración de la prueba que no observe la forma, afecta o es primordial en la decisión final, mucho más si se constata la verdad de los hechos por la integralidad de las pruebas, teniendo el Tribunal de juicio la “…posibilidad de ser incorporadas por su lectura, al tenor del inc. 1) del art. 333 permitiendo que tanto la prueba sea incorporada cuando se encuentren testigos o peritos sin perjuicio que se lo haga ante la imposibilidad de su concurrencia…” (sic).


Esta correcta fundamentación del Tribunal de apelación, explica de manera clara y concisa cuáles las razones que derivaron en que el Tribunal departamental respondió al agravio del apelante, ejerciendo un correcto control de logicidad, cumpliendo lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP, estableciendo meridianamente dos aspectos centrales ante la inconcurrencia de los testigos que emitieron su informe y estos documentos fueron incorporados a juicio, sin que se hayan presentado al mismo; que primero al tenor de la facultad que otorga el art. 333 del CPP que refiere evidentemente que “El juicio será oral y sólo podrán incorporarse por su lectura: (…) 2) Las declaraciones o dictámenes producidos por comisión o informe, cuando el acto se haya producido por escrito, conforme a lo previsto por ley, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia del testigo o perito cuando sea posible…”, lo cual otorga la posibilidad potestativa al Juzgador, cuando las circunstancias posibiliten su comparecencia de estos testigos; y, segundo, cuando indican los vocales que si la valoración de la prueba que no observe la forma, afecta o es primordial en la decisión final, aspecto que también fue considerado, determinando en consecuencia no dar lugar a este reclamo en aplicación de la doctrina aplicable de este máximo Tribunal de Justicia; consiguientemente, resulta no evidente el reclamo efectuado, al no establecerse la contradicción de los Autos Supremos invocados como contradictorios al Auto de Vista impugnado, ni existir el defecto absoluto denunciado, deviniendo el presente motivo como infundado.


      ii) Sobre el segundo reclamo, el recurrente denuncia la falta de fundamentación del Tribunal de alzada respecto al agravio planteado en apelación restringida de la valoración defectuosa de la integralidad de la prueba en la Sentencia, habiendo los vocales explicado que se analizaron cada una de las mismas conforme a la lógica, experiencia y psicología a partir de un razonamiento intelectivo coherente, cuando de manera contraria se advierte la vulneración de la sana crítica y ausencia de fundamentación, lo que es un defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP y contrario a los Autos Supremos: 418/2006 de 10 de octubre, 479/2005 de 8 de diciembre y 214/2007 de 28 de octubre.


Consiguientemente, para realizar el análisis del presente reclamo debe constatarse en primer término la doctrina legal aplicable invocada por el denunciante y establecer luego si estas son contrarias al Auto de Vista impugnado, afín de resguardar el principio de igualdad en la Resolución de causas con criterios similares.


En relación a los Supremos: 418/2006 de 10 de octubre y 479/2005 de 8 de diciembre, conforme se precisó en el apartado III.2. a), i), de esta Resolución los mismos no constituyen doctrinal legal aplicable a ser utilizados para la consideración del presente motivo, por no constituir elemento contradictorio al Auto de Vista impugnado; asimismo, en relación al Auto Supremo 214/2007 de 28 de octubre, revisado el banco de datos de este Tribunal se constata que la Resolución invocada con la fecha señalada no existe, por lo mismo tampoco es posible considerarlo para el análisis de fondo de esta problemática.


Sin embargo de lo señalado anteriormente, debe precisarse que el recurrente en su apelación restringida sobre los defectos de sentencia previsto en el art. 370 del CPP denunció: a) Inc. 1), de la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; b) Inc. 4) Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura; y c) Inc. 6) Que la sentencia se base en hechos inexistentes y valoración defectuosa de la prueba. Ahora bien, siendo motivo del presente análisis el ultimo inciso segunda parte, que es la valoración defectuosa de la prueba, el apelante expresó que existió una defectuosa valoración de la prueba, detallando las declaraciones de Antonio Soruco, Luis Sergio Galarza, Juan Carlos Barja, Karen Rivadeneira, José Antonio Jimenez y Sixto Cruz, cuyas testificales siendo carentes de veracidad fueron valoradas positivamente a pesar de que estuvieron apoyadas por subjetivismos usados por los miembros del Tribunal de Sentencia; ante ello el Tribunal de apelación respondió de manera fundada conforme previene el art. 124 del CPP en sentido que el Tribunal de juicio tiene la facultad privativa de la valoración de la prueba, circunscribiendo su labor “a determinar si el ad quo al efectuar dicha valoración lo hizo en apego a la lógica, experiencia y psicología a partir del razonamiento intelectivo coherente…” (sic); de la revisión de la Sentencia sostuvo que el Tribunal de juicio analizó cada delito acusado en compulsa con la prueba incorporada y los elementos constitutivos de cada delito en el apartado correspondiente a la valoración de la prueba y votos del tribunal acerca de los motivos de hecho y derecho; así sobre el delito de Incumplimiento de Deberes el Tribunal de Sentencia explicó el procedimiento que debió seguir el imputado y no lo hizo basándose en la norma relativo a contrataciones, apegándose dicha valoración en los parámetros de esa normativa y la realidad fáctica, exponiendo porqué resulta la prueba testifical creíble,  que está respaldada por la prueba documental, sustentando los juzgadores la valoración de cada prueba de cada carpeta incorporada en calidad de prueba; en relación al ilícito de Falsedad Ideológica, el Tribunal de juicio explicó las razones por las que consideró que las carpetas se armaron fuera de la ex prefectura, cuando el imputado no era ya funcionario público utilizando para ello la libertad probatoria en apego a la lógica, experiencia y psicología; respecto al Uso de Instrumento Falsificado; el Jurado de sentencia sustentó la valoración probatoria en el hecho que fue el mismo imputado quien presentó por escrito las carpetas al encargado de seguridad ciudadana; y, sobre el ilícito de Conducta Antieconómica, los jueces valoraron el hecho probado que el imputado era encargado de seguridad ciudadana, en ejercicio de un cargo directivo o de responsabilidad; asimismo el interés del Estado no está restringido sólo al daño patrimonial sino a cualquier otra causa; estos intereses del Estado se reflejaron en la comunidad, toda vez que las personas reclamaban seguridad y el no efectivizarse las metas del POA 2007 se debió a que el imputado incumplió sus deberes, al ser su accionar doloso. De ahí, que se puede establecer las siguientes conclusiones:


Primero, la respuesta otorgada por el Tribunal de apelación estuvo debidamente motivada de acuerdo a los arts. 398 y 124 del CPP, cumpliendo a cabalidad con los parámetros exigidos para ello, ya que ante la denuncia de valoración errada en que hubieren incurrido los jueces sobre las testificales señaladas el Tribunal de apelación de manera coherente, precisa, clara y motivada señaló las razones por las cuales el Tribunal de juicio efectúo una correcta valoración de la prueba, que desencadenó en la atribución de cada uno de los delitos endilgados al imputado; precisando por un lado que sólo los jueces pueden realizar la valoración de la prueba y por otro, el control de la correcta valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia; y, segundo; el recurrente, contradictoriamente efectúa denuncia en casación sobre una supuesta falta de fundamentación del Tribunal de alzada sobre el reclamo de apelación restringida de la mala valoración de la integralidad de las pruebas, cuando dicho aspecto no queda establecido en el recurso de apelación, lo que significa que tampoco es posible pretender que el Tribunal de alzada responda a una cuestionante que no fue efectuada en apelación a la sentencia.


Consiguientemente, se constata que la denuncia carece de mérito al no evidenciarse la contradicción entre las Resoluciones de casación invocadas con el Auto de Vista impugnado, verificándose además que el Tribunal de alzada ante los cuestionamientos planteados por el recurrente respondió a todos de manera fundamentada en aplicación estricta del art. 124 de la norma adjetiva penal; por lo que el presente reclamo deviene como infundado.


  1. Sobre la reforma en perjuicio.


En este motivo el recurrente esencialmente denuncia que se vulneró la prohibición de reforma en perjuicio, toda vez que el Tribunal de alzada le modificó la pena de dos a tres años, decisión que es contraria al Auto Supremo de 8 de octubre de 2002.


De la revisión de este precedente judicial invocado como contrario al Auto de Vista impugnado se constata que el mismo no puede ser considerado como tal para el análisis de fondo, toda vez que conforme estableció la norma adjetiva penal en su art. 419, señala: “(Resolución del recurso). Admitido el recurso, sin más trámite y dentro de los diez días siguientes, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia dictará resolución por mayoría absoluta de votos determinando si existe o no existe contradicción en los términos del artículo 416 de este Código.


Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado…” (Resaltado nuestro); consecuentemente, constituye doctrina legal aplicable todas aquellas causas en las que se determinó dejar sin efecto un Auto de Vista conforme establece la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999 y no como ocurrió en relación a la Resolución Judicial invocada, que revisado el mismo se evidencia que dicho recurso de casación  fue casado; por tanto, se aplicó la norma procesal penal abrogada; siendo entonces imposible utilizar dicho elemento judicial como instrumento de contrastación para el análisis previsto.


Sin perjuicio de lo expresado, cabe aclarar al recurrente que este Tribunal ha establecido en el Auto Supremo 197/2013-RRC de 25 de julio de 2013, como entendimiento jurisprudencial en relación a la reforma en perjuicio que: El principio de la prohibición de la reformatio in peius (reforma en perjuicio).


Un aspecto a destacar inicialmente es que el principio de la prohibición de la reformatio in peius, se constituye en una expresión del debido proceso, consagrado este último como derecho, garantía y principio, por los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado, en el entendido de que el debido proceso es utilizado para amparar derechos no expresamente reconocidos en otros apartados en la Ley fundamental, pues conforme sostiene San Martín Castro en su obra Derecho Procesal Penal Volumen I, esta garantía constitucionaliza todas las garantías establecidas por la legislación ordinaria -orgánica y procesal- en cuanto ellas sean concordes con el fin de justicia a que está destinado la tramitación de un caso judicial penal. En cuanto a la finalidad de este principio, consiste en que no se debe impedir el derecho del imputado de recurrir un fallo ante otra instancia judicial, por la preocupación de que se empeore su situación legal a raíz del uso de un recurso o dicho de otro modo el ejercicio del derecho a recurrir debe excluir la posibilidad de que el recurrente sufra, como consecuencia de dicho ejercicio, un perjuicio en su situación.


Este principio, que significa prohibir al tribunal que revisa la decisión, por la interposición de un recurso, la modificación de la resolución en perjuicio del imputado, cuando ella sólo fue recurrida por él o por otra persona, autorizada por la ley en su favor (como la situación prevista por el art. 109 del CPP), se halla regulado en el art. 400 del CPP, que al referirse a la reforma en perjuicio, señala que cuando la resolución sólo haya sido impugnada por el imputado o su defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio; añadiendo que los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la resolución aún en favor del imputado, salvo que el recurso se refiera exclusivamente a las costas.


Considerando todo lo expuesto precedentemente, se tiene en consecuencia que en el supuesto de que en el proceso penal, una determinada resolución judicial haya sido impugnada únicamente por el imputado o su defensor, la resolución no puede ser modificada en su perjuicio; por ejemplo, en cuanto a la especie o cantidad de la pena ni a los beneficios concedidos como la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial; también podrá decirse con relación a la calificación del delito que su inmodificabilidad estaría comprendida siempre que a la nueva calificación le corresponda necesariamente una pena superior a la impuesta inicialmente (por el Juez o Tribunal de Sentencia en los juicios orales y públicos; o, por el Juez de Instrucción al sentenciar conforme el procedimiento abreviado), o prive al imputado de los beneficios otorgados como consecuencia de la anterior calificación.


En cambio, si algún otro sujeto procesal (víctima, querellante o Ministerio Público), impugna la resolución incluso en forma simultánea con el imputado o su defensor, es posible la modificación de la resolución en perjuicio del imputado, en cuyo caso no podrá sostenerse la existencia de vulneración al principio de la prohibición de la reformatio in peius” (Las negrillas son nuestras).


Esto implica como ocurre en el presente reclamo que no es aplicable el art. 400 del CPP, entonces no corresponde la invocación de este principio, ya que conforme se desprende de los actuados procesales, ante la emisión de la Sentencia procedieron a presentar apelaciones restringidas tanto el imputado como el querellante -que es el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (fs. 877 a 880)-; además que, producto del recurso ultimo el Tribunal de apelación modificó correctamente la condena de dos a tres años; consiguientemente, la denuncia sobre la vulneración del principio de reforma en perjuicio es infundada, al no evidenciarse la contradicción entre el Auto Supremo invocado con el Auto de Vista impugnado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Carlos Roberto Cordero Baldiviezo.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA