TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 538/2015-RRC

Sucre, 24 de agosto de 2015


Expediente                        : La Paz 43/2015        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Ernesto Villegas Huayta

Delitos                        : Tentativa de Asesinato y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de enero de 2015, cursante de fs. 2465 a 2472 vta., Simón Pinto Concha, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 72/2014 de 4 de noviembre, de fs. 2425 a 2429 y su Auto Complementario de fs. 2434, pronunciados por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Ernesto Villegas Huayta, por la presunta comisión de los delitos de Tentativa de Asesinato, Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, Robo, Robo Agravado, Secuestro y Daño Calificado, previstos y sancionados por los arts. 252 con relación al 8, 298, 331, 332 inc. 1), 334 y 358 inc. 5) del Código Penal (CP), respectivamente.


I.DEL RECURSO DE CASACION


I.1. Antecedentes


a)   Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 10/2013 de 3 de septiembre (fs. 2292 a 2299), el Tribunal Tercero de Sentencia, declaró a Ernesto Villegas Huayta, autor y culpable de la comisión de los delitos de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, Robo, Robo Agravado, Secuestro y Daño Calificado, previstos  y sancionados por los arts. 298, 331, 332 inc. 1), 334 y 358 inc. 5) del CP, imponiéndole la pena de seis años de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de Sentencia; y absuelto por la comisión del delito de Tentativa de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 con relación al art. 8 ambos del CP.


b) Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular y el imputado formularon recursos de apelación restringida (fs. 2312 a 2322 vta. y 2332 a  2348 vta.), resueltos por el Auto de Vista 72/2014 de 4 de noviembre (fs. 2425 a 2429), emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que anuló la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal.


I.1.1. Motivos del recurso


1)  El recurrente señala que las resoluciones impugnadas, incurrieron en errónea aplicación de la norma adjetiva procesal e insuficiente fundamentación como defecto absoluto (arts. 124 y 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal CPP); afirmando que en el cuarto considerando del Auto de Vista, en forma lacónica, genérica y confusa, sin suficientes elementos de análisis para realizar el control de la logicidad del fallo, en total falta de fundamentación intelectiva y limitándose únicamente a reproducir los antecedentes del proceso, los fundamentos de las apelaciones restringidas, así como el Auto Supremo 354/2014; habría concluido que existía el defecto establecido en el art. 370 inc. 6) del CPP, por lo que dejó sin efecto la sentencia emitida en la presente causa, sin establecer de manera fundamentada y concreta, cómo se habría incurrido en el defecto alegado y obviando pronunciarse expresa y fundadamente sobre los motivos de los recursos de apelación restringida interpuestos por las partes, contrariando de esta manera, la doctrina legal aplicable establecida en el Auto Supremo 344/2011 de 15 de junio, incurriendo a su vez en el mismo defecto absoluto por el que anuló la Sentencia.


2)   De igual manera, denuncia la vulneración del art. 413 del CPP, en cuanto a la fijación de la pena, señalando que el Auto de Vista impugnado, así como el Auto Complementario, no habrían considerado con precisión la sanción correspondiente en base a los arts. 37, 38, 39, 40 y 40 bis del CP, siendo éste uno de los aspectos reclamados en su apelación restringida. Señala además que para determinar la nulidad de obrados en un proceso se debe tomar en cuenta que la misma debe estar expresamente prevista por ley y analizarse el principio de trascendencia, labores que fueron omitidas en el Auto de Vista impugnado, contrariando la doctrina establecida en los Autos Supremos 50/2007 de 27 de enero, 171/2007 de 6 de febrero y 46/2012-RRC de 23 de marzo.


I.1.2. Petitorio


En base a los argumentos que expone, el recurrente solicita la admisión de su recurso y estableciendo la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes contradictorios invocados, solicita se deje sin efecto el Auto de Vista y Auto Complementario y se pronuncie nueva Resolución en el marco de la doctrina legal aplicable.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto de Supremo 252/2015-RA de 10 de abril, cursante de fs. 2485 a 2487, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Simón Pinto Concha, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


La Sentencia 10/2013 de 3 de septiembre, en la parte enunciación del hecho y circunstancias objeto del juicio, relacionó que el 21 de octubre del 2007, Simón Pinto Concha, se encontraba realizando sus labores cotidianas de labrador en su propiedad de la localidad de Yaurini, cuando aproximadamente a horas 12:00, aparecieron un grupo de cincuenta personas encabezadas por Ernesto Villegas Huayta, Antonia Varela y sus hijos, dirigentes y bases de la comunidad de Yaurini, irrumpiendo su domicilio y con una serie de improperios, insultos y amenazas de muerte de quemarle vivo, le conminaron a entregar su propiedad que posee por más de 40 años, logrando que firme un documento redactado por Julio Cesar Cahuana en favor de Ernesto Villegas Huayta y su familia, que expresan ser propietarios exhibiendo documentación fraudulenta, sacándole a chicotazos al patio, donde no le dejaron hablar, al tiempo que el ocasionaban lesiones y daño psicológico, logrando escapar y en la huida vio que quemaron sus muebles, se llevaron un televisor y otros objetos de valor.


El Tribunal en base a las pruebas aportadas, asumió que la irrupción al inmueble del querellante, surge de una determinación de un ampliado sindical sobre el problema de propiedad que sostenían tanto el querellante e imputado respecto de derecho propietario, dicho ampliado determinó el retiro definitivo de Simón Pinto Concha y Adela Ticona, otorgándoles el plazo de 15 días para que desocupen el terreno ubicado en la comunidad de Yaurini y se haga la entrega a su propietario Ernesto Villegas Huayta, constituyendo la base para la expulsión del querellante y posesión de Ernesto Villegas Huayta, por lo que el 21 de octubre, en cumplimiento a la decisión adoptada, se intervino el domicilio del querellante con las consecuencias advertidas, desmantelando el inmueble rústico. Que el imputado influyó en los sindicatos agrarios para pretender despojar de la propiedad en base a una minuta de compra venta suscrita a su favor y consideró que el medio para adquirir la posesión era mediante los sindicatos agrarios. En el marco de la sana crítica y la razón suficiente, considerando que los hechos que hubiere cometido el imputado se adecuan a los tipos penales atribuidos en el avasallamiento a un predio rústico, asume que la conducta del imputado se subsume a los tipos penales atribuidos, por lo que en la parte resolutiva, declaró la autoría de Ernesto Villegas Huayta, en la comisión de los delitos de Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias, Robo, Robo Agravado, Secuestro y Daño Calificado, previstos y sancionados por los arts. 298, 331, 332 inc. 1) y 358 inc. 5) del CP, imponiéndole la sanción de seis años de reclusión.


II.2. Del Auto de Vista impugnado.


El Auto de Vista 72/2014 de 4 de noviembre, en respuesta a los argumentos expresados en los recursos de apelación del querellante Simón Pinto Concha y del imputado Ernesto Villegas Huayta, fundamentó su decisión arguyendo que las resoluciones para su validez requieren formalidades, como el deber de fundamentación y motivación, que constituyen el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida en apego a la congruencia o concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; en el marco de la revisión de la Sentencia, sostiene que la misma no contempla las disposiciones previstas en los arts. 360, 124 y 173 del CPP, en sentido de que la fundamentación, motivación y la valoración de las pruebas, deben estar plasmadas en la Resolución, de acuerdo a la jurisprudencia que emana del Auto Supremo 354/2014 de 30 de julio, no habiendo el a quo motivado ni fundamentado la resolución cuestionada por las partes; por lo que, a efectos de no vulnerar derechos y garantías constitucionales, considera viables en parte ambas pretensiones y declara la anulación de la Sentencia apelada y la reposición del juico por otro Tribunal.

III.VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DEL PRECEDENTE INVOCADO CON LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA


Este Tribunal de acuerdo al Auto Supremo 252/2015-RA de 10 de abril, admitió los motivos planteados en el recurso de casación deducido por Simón Pinto Concha, a fin de verificar la existencia de contradicción del Auto de Vista impugnado, con los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, ante la denuncia de la existencia de defectos absolutos por insuficiente fundamentación intelectiva del Auto de Vista impugnado, y por no haber resuelto de manera directa sobre la imposición de la pena modificando el quantum de la pena; por lo que, corresponde resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste.


III.1.Doctrina legal aplicable asumida en los precedentes invocados.


El recurrente para sustentar su recurso de casación, en cuanto al primer motivo, invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 344 de 15 de junio de 2011, dictado en el proceso penal por los delitos de Instigación Pública a Delinquir, Asociación Delictuosa, Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias y Daño Calificado, previstos y sancionados por los arts. 130, 132, 223, 298 y 358-3) del CP, en la que se emitió la Sentencia que declaró la autoría de los imputados por los delitos de Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias e Instigación Pública a Delinquir imponiendo la penalidad individualizada en razón a la pluralidad de imputados. Sentencia que ante el planeamiento del recurso de apelación restringida, fue anulada totalmente por el Tribunal de alzada, ordenándose la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia de la ciudad de Cochabamba, que motivó la formulación de recurso de casación por los procesados.


El Auto Supremo en mención, previo estudio y análisis exhaustivo de los recursos, sostuvo que el Tribunal de apelación no debió anular totalmente la Sentencia carente de vicios, dictada en forma clara, precisa y coherente, que evidencia una relación razonable entre las conclusiones con los elementos de prueba para disponer la condena de los encausados, con fundamentos suficientes y de forma individualizada, atribuyendo la responsabilidad penal correspondiente sin que tenga que ordenarse la reposición del juicio, ya que ello implicaría retardación de justicia; en ese sentido, estableció la siguiente doctrina legal aplicable “El Tribunal de Alzada no está legalmente facultado para anular una Sentencia que fue correcta y debidamente emitida, con individualización de los procesados y determinación de la correspondiente responsabilidad penal atribuible; y menos es competente en ese caso, para ordenar la reposición del juicio; que conllevaría una inoficiosa retardación de justicia; debiendo el Tribunal de Apelación en su caso, aplicar el contenido del art. 414 del Código de Procedimiento Penal, en sentido de que si existieran errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no se anulará la Sentencia, pero serán corregidos, así como los errores u omisiones formales; pudiendo el Tribunal de Apelación efectuar una fundamentación complementaria, sin anular la Sentencia.


Por todo lo expuesto, siendo evidentes las denuncias formuladas en el Recurso de Casación que se analiza, corresponde al Tribunal de Casación dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado y disponer se dicte nuevo Auto de Vista de acuerdo a la doctrina legal aplicable, en sujeción al segundo párrafo del art. 419 del Código de Procedimiento Penal referido”.


Igualmente y con relación al segundo motivo, invocó en primer término el Auto Supremo 50 de 27 de enero de 2007, emitido en el proceso penal que condenó a los imputados a la pena de cuatro y un año de reclusión, por el delito de Lesiones Gravísimas y Lesiones Graves y Leves, que fue confirmada en recurso de apelación restringida.


El Tribunal de casación, en el análisis de fondo del recurso de casación, fundamentó que para la probanza del delito de Lesiones Gravísimas, se requiere la concurrencia del elemento subjetivo constitutivo del tipo penal, cual es el dolo genérico, sin que la Sentencia haya realizado un razonamiento preciso al respecto, pero aplicó las reglas de experiencia, mediante las que infiere que quienes participan de una riña o pelea en condiciones y circunstancias idénticas pretenden causarse daños recíprocos, concurriendo el animus laedendi o dolo de lesionar, situación que fue debidamente compulsada en la Sentencia, por cuanto la inferencia de experiencia realizada por el Juez de la causa es válida y observa las reglas de la sana crítica, no siendo evidente la falta de congruencia entre la acusación y la Sentencia. Por otro lado, sustentó que si bien el Tribunal de Sentencia, a tiempo de fijar la pena, consideró los artículos 37, 38, 39 y 40 del CP, empero omitió tener presente el número de imputados y las circunstancias del hecho, situación que conforme previene el art. 413 del CPP, pudo ser directamente subsanada por el Tribunal de alzada; en consecuencia se dejó sentada la siguiente doctrina legal aplicable: “La pena se constituye en un factor de cohesión del sistema político-social, gracias a su capacidad de restaurar la confianza colectiva en la seguridad jurídica y la paz social que brinda el ordenamiento legal, renueva la fidelidad de los ciudadanos hacia las instituciones y margina cualquier contraproyecto de sociedad, o lo que es lo mismo, garantizar la constitución de la sociedad.


A la vez, es un medio del que se vale el Estado, para facilitar al individuo, que por sus actos precedentes se encuentra constreñido a afrontar una sanción legal, a reconsiderar su postura frente a las normas socialmente aceptadas y replantear su conducta respecto a los valores jurídicos protegidos, promoviendo la reinserción social.


Finalmente esta experiencia, cuya publicidad se encuentra garantizada por el sub sistema penal, genera en el común social una premisa de conducta-reacción, que se constituye en el medio de prevención general, como otro fin de la pena.


De ahí que si del conocimiento de un determinado hecho el Titular del órgano jurisdiccional llega a determinar que la conducta cumple los presupuestos de la imputación objetiva, le corresponde aplicar la norma secundaria contenida en la sanción penal, parte del decisorio que es de suma importancia para la aceptación del juicio, su credibilidad y el logro de los fines de la pena.


La pena no es el resultado de una simple operación lógica sino de la valorización de los hechos y del imputado mismo; su personalidad, la motivación, etc. Para que la fundamentación tenga poder de convicción se requiere que la sentencia exteriorice el razonamiento del Juez. El punto de partida para determinar la pena, es el marco normativo del delito. Luego se tienen que explicar qué aspectos o circunstancias agravan la pena, y cuáles la atenúan. Para el proceso de la determinación de la pena, hay que tomar en cuenta especialmente los hechos precedentes, las circunstancias y las condiciones de vida del imputado. Igualmente las causas que llevaron a la comisión del hecho delictivo y el hecho mismo.


Es facultad del Tribunal de alzada, ante la evidencia de que concurren en el fallo de mérito errores u omisiones formales que se refieran a la imposición o el cómputo de penas, modificar directamente el quantum observando los principios constitucionales y procesales”.


Asimismo, invocó el  Auto Supremo 171 de 6 de febrero de 2007, dictado en el proceso penal por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Estelionato y Falsificación de Sellos, Papel Sellado y Timbres, previstos en los arts. 198, 199, 203, 337 y 190 del CP, que finalizó con la emisión de la Sentencia que impuso al imputado la sanción de seis años de reclusión, Sentencia que en recurso de apelación fue confirmada por el Tribunal de alzada, que a su vez fue recurrida de casación por el Ministerio Público. El Auto Supremo mencionado, fundamentó que en cuanto a los arts. 38 y 45 del Código Sustantivo Penal, el Tribunal de Sentencia al establecer la condena al imputado, ha cumplido con dichas normas, de sancionar con la pena del delito más grave, siendo que la posibilidad de aumentar el máximo hasta la mitad, es facultad discrecional del órgano jurisdiccional, emitiendo la doctrina legal correspondiente: “El recurso de apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación indebida de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio oral o en la emisión de sentencia, y a tiempo de resolver la apelación restringida le está vedado ingresar a revalorizar la prueba, tampoco revisar cuestiones de hecho analizadas por el juez natural, siendo este recurso destinado a garantizar los derechos constitucionales; en consecuencia, el Tribunal de Alzada está obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a lo prescrito en el Art. 413 del Código de Procedimiento Penal.


La aplicación de las circunstancias conforme el Art. 38 del Código sustantivo penal, es deber del Tribunal y Jueces de sentencia tomar en cuenta las circunstancias que deben apreciar la personalidad del autor y la gravedad del hecho, tomando en cuenta las incidencias de los dos incisos del Art. 38 de la Ley 1970, en cambio, cuando exista concurso real de delitos será sancionado con la pena del más grave y es facultad privativa y discrecional del juez aumentar el máximo hasta la mitad. Art. 45 del Código Penal”.


Finalmente, el Auto Supremo 46 de 23 de marzo de 2012, que emerge del proceso penal seguido por los delitos de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro, habiendo el máximo Tribunal de Justicia, previo análisis de las cuestiones recurridas, establecido que el Tribunal de apelación, no interpretó correctamente la doctrina legal aplicable establecida en el Auto Supremo 340 de 28 de agosto de 2006, al señalar que cuando exista error in iudicando y el mismo no influya en la parte dispositiva del fallo recurrido, se debe proceder a su rectificación directa sin necesidad del reenvío del proceso a otro Tribunal, lo contrario significaría incurrir en incorrecta aplicación del art. 414 del CPP que claramente señala: "Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregidos en la nueva sentencia, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición o el cómputo de penas". En el caso analizado, Tribunal de apelación incurrió en inobservancia del mencionado articulado que regula los casos de rectificación de errores de derecho u omisiones formales de la Resolución impugnada, entre los que se encuentran precisamente aquellos referidos a la imposición o el cómputo de penas, desconociendo normas procesales que le facultan para realizar todas las correcciones que considere convenientes, fundando su decisión equivocada de disponer el reenvío de la causa, dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido, a tiempo de emitir la siguiente doctrina legal aplicable: ”En caso de establecerse en la Sentencia la comisión de dos o más delitos, los Tribunales deberán dar cumplimiento al art. 45 del CP, que prescribe que, cuando con designios independientes, con una o más acciones u omisiones, el imputado cometiere dos o más delitos, deberá ser sancionado con la pena más grave prevista para los delitos cometidos (pudiendo el juez a su criterio), aumentar el máximo hasta la mitad, y en caso de inobservancia de dicho precepto legal, el Tribunal de apelación, podrá corregir directamente en base a la facultad reconocida en su favor por el art. 414 del CPP, que establece que los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregidos en la nueva sentencia, y que deberá proceder de la misma manera, cuando se trate de errores u omisiones formales y también los que se refieran a la imposición o el cómputo de penas, consecuentemente, los Tribunales de apelación tienen la facultad de corregir directamente el error referido al quantum de la pena, realizando una fundamentación complementaria, rectificando el error detectado sin necesidad de disponer el reenvío de la causa, pues un entendimiento contrario no implicaría que una indebida aplicación de una norma sustantiva o indebida interpretación de la Ley tenga que realizarse un nuevo juicio oral, vulnerando el principio de celeridad procesal, así como el derecho que tienen los sujetos procesales a un juicio sin dilaciones”.


III.2. Sobre la fundamentación de las resoluciones judiciales.


La Constitución Política del Estado (CPE), reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I, que contiene entre sus elementos, la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión, conforme la exigencia establecida en el art. 124 del CPP; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la Resolución.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda Resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista que resuelve la apelación restringida formulada por las partes, a fin de que sea válida; lo contrario, significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Siendo necesario reiterar que una fundamentación o motivación suficiente, no precisa que sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino sea clara, concisa y contenga una respuesta a todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa, que la falta de fundamentación o motivación, concurriría cuando la Resolución judicial emitida carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación.


III.3. Análisis del caso concreto.


El contenido del recurso de casación expresado en los dos motivos, describe en el primer lugar, la denuncia referida a la existencia de insuficiente fundamentación del Auto de Vista impugnado, que no explicó de manera concreta y fundada, como se presenta el defecto de sentencia que motivó la nulidad de la Sentencia; por lo que, corresponde resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste entre el precedente citado con el Auto de Vista recurrido.


El motivo en análisis, describe además que el Auto de Vista impugnado 72/2014 de 4 de noviembre, en los tres primeros considerandos, se limitó a reproducir los antecedentes del proceso y la transcripción de los recursos planteados y en el cuarto considerando punto 4, a la reproducción del Auto Supremo 345/2014 y en cinco líneas concluir por la procedencia en parte de los recursos formulados, apartándose de los lineamientos de la doctrina legal referente a los requisitos formales de la fundamentación de los fallos, resultando un contrasentido que se disponga la anulación de la Sentencia y la reposición del juicio, en base a un argumento lacónico, desprovisto de fundamento y a la vez incurra en el mismo defecto.


En efecto, la parte pertinente del Auto de Vista impugnado, da cuenta que luego de realizar una prolija revisión de la Sentencia apelada, asume que no cumple con las disposiciones contenidas en los arts. 360 concordante los arts. 124 y 173 del CPP, referidas a la fundamentación y valoración de las pruebas, respaldada en la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 354/2014 de 30 de julio, que transcribe, para concluir  manifestando: “…que el Tribunal a quo no ha motivado ni fundamentado la Resolución ahora cuestionada por las partes, en consecuencia efectos de no vulnerar los derechos y garantías constitucionales se hace viable en parte ambas pretensiones” (sic); que constituye su argumento central y único para sustentar la anulación de la Sentencia y disponer juicio de reenvío, ya que en considerandos precedentes, únicamente se limitó a la descripción de la Sentencia y de los recursos de apelación restringida interpuestos por el querellante Simón Pinto Concha y del imputado Ernesto Villegas Huayta.


La relación precedente, claramente denota que el Tribunal de alzada incurrió en absoluta falta de fundamentación, toda vez que no cumplió con la obligación de pronunciarse observando la previsión establecida en el art. 124 y 398 del CPP, en otorgar una respuesta cabal y precisa a los cuestionamientos planteados por el imputado en el recurso de apelación restringida, absolviendo cada punto cuestionado y emitiendo criterios jurídicos en base a los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, hecho inexistente en el sub lite, toda vez que no es suficiente señalar de manera genérica y desprovista, que la Sentencia no se encuentra motivada y fundamentada, y sin más justificación disponer la nulidad de la Sentencia, en contrasentido a todo lo que pregona respecto de la exigencia y el deber de fundamentación y motivación para otorgar validez a una resolución, inclusive apoyado en la línea jurisprudencial que emerge de la doctrina legal aplicable y Sentencias Constitucionales, que no observa en la emisión de su propia determinación de manera fundamentada y motivada; es más, de manera incongruente al asumir la procedencia en parte de los recursos de apelación restringida, no explica qué aspectos o motivos fueron analizados y finalmente acogidos para arribar a esa conclusión; situación o carencia de fundamentación que representa defecto absoluto inconvalidable presente en la labor del Tribunal de alzada.


Lo anterior, no representa la negación de que eventualmente la Sentencia presente una carencia de fundamentación desde la óptica del Tribunal de apelación, pero para arribar a tal determinación debe como advirtió, efectivamente observar y cumplir los lineamientos que contempló, referidos a la debida fundamentación y responder a los motivos cuestionados en el recurso de apelación restringida para que amerite disponer la nulidad de la Sentencia, sin dejar de lado que una adecuada fundamentación, no precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino clara concisa y responder a todos los puntos denunciados, sin omitir expresar razonamientos de hecho y derecho que apoyen la decisión a fin de que sea válida y que contemple los elementos del iter lógico o camino del razonamiento efectuado para llegar a una determinada conclusión en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 124 del CPP; lo contrario como en el caso presente, implicará la existencia de un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituye defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP, lo que amerita en aplicación del art. 419 del mismo ritual Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas sean subsanadas.


Por otro lado, no se debe dejar de lado que el Tribunal de alzada, en caso de avisorar que la Sentencia se encuentra debidamente emitida y la decisión de disponer la reposición del juicio conllevaría una inoficiosa retardación de justicia, por errores de derecho en la fundamentación de la Resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no debe proceder a anular la Sentencia, sino a su corrección por tratarse de errores u omisiones formales, realizando una fundamentación complementaria, en ambos casos observando los parámetros de validez supra fundamentados.


Respecto al segundo motivo, el recurrente acusó que el Tribunal de apelación no fundamentó debidamente, con relación a la imposición de la pena al imputado, modificando el quantum de la pena; alegó vulneración del art. 413 del CPP, al no haberse fundamentado en forma precisa la sanción que correspondía al imputado, considerando los arts. 38, 39, 40 y 40 bis del CP, cuando en el fallo existen omisiones formales referidas a la imposición de la pena por errónea aplicación de la ley, que ameritan ser reparadas mediante una fundamentación complementaria, para la agravación de la pena, tomando en cuenta la existencia de concurso real de delitos de acuerdo al art. 45 del CP, que no fue considerado por el Tribunal de alzada, desconociendo su propia competencia.


Los cuestionamientos realizados a la labor del Tribunal de alzada, también originados en el recurso de apelación restringida, no han merecido ninguna consideración o análisis en el Auto de Vista impugnado que se concentró en la afirmación genérica, de que la Sentencia carece de fundamentación y motivación, siendo igualmente válidos los argumentos legales sustentados para el primer motivo, porque supone una clara incursión en el vicio de incongruencia omisiva o (citra petita o ex silentio), que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP, constituyendo un defecto absoluto inconvalidable que viola el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la CPE y los Tratados y Convenios Internacionales, cuando se evidencia que el Tribunal de alzada, no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida del acusador particular, asumiendo una postura evasiva que impide conocer si efectivamente la determinación judicial expresada en la Sentencia relativo a la imposición de la pena, se encuentra justificada de acuerdo al principio de proporcionalidad y cumple con la finalidad de la pena relativo a la posibilidad de la reinserción social del imputado. Labor de control y constatación que no fue ejercida por el Tribunal de apelación, como tampoco la posibilidad de advertir, si los criterios para proceder a modificar el quantum de la pena encuentran su fundamento conforme establece la parte in fine del primer párrafo del art. 414 del CPP, de modo que los criterios para la fijación de la pena establecidos en los arts. 38, 39 y 40 del CP, carecen de fundamentación, así como las consecuencias derivadas de la comisión de dos o más delitos, que representan la existencia de concurso real conforme previene el art. 45 del CP, que en definitiva no permiten establecer si la sanción atribuida se encuentra dentro de los límites legales, aspectos que ciertamente contrarían los precedentes invocados por el recurrente a cuya doctrina no se encuadra la Resolución recurrida, que igualmente constituye defeco absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP que amerita en aplicación del art. 419 del citado Código, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas sean subsanadas.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Simón Pinto Concha, de fs. 2465 a 2472 vta.; y, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 72/2014 de 04 de noviembre, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA