TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 535/2015-RRC

Sucre, 24 de agosto de 2015


Expediente                        : La Paz 37/2015

Parte acusadora                : Ministerio Público

Parte imputada                : Alicia Cama Condori

Delito                        : Tráfico de Sustancias Controladas

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2014, cursante de fs. 943 a 949, Alicia Cama Condori, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 25/2013 de 20 de febrero (fs. 763 a 766), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de la recurrente y Gladys Cama Condori, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 6 a 11), desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia S-150/2012 de 10 de octubre (fs. 716 a 719 vta.), por la que declaró a la imputada Alicia Cama Condori, autora y culpable por la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, condenándola a la pena privativa de libertad de trece años de presidio, a ser cumplida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, más la multa de diez mil días, cuantificables a Bs. 1.- (un boliviano) por día, así como daños y costas al Estado a calificarse en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Alicia Cama Condori, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 730 a 734), resuelto por Auto de Vista 25/2013 de 20 de febrero, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso.


I.1.1. Del motivo del recurso de casación


Del memorial del recurso de casación interpuesto por Alicia Cama Condori, y del Auto Supremo 245/2015-RA de 7 de abril, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP):


La recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado, vulnera los derechos y principios constitucionales de congruencia, in dubio pro reo y presunción de inocencia, puesto que en apelación restringida denunció defectos de Sentencia previstos en el art. 370 incs. 8) y 1) del CPP, referido a la existencia de contradicción de la Sentencia entre la parte resolutiva y dispositiva; y, errónea aplicación de la ley sustantiva; con relación al primer defecto señala que, el Tribunal de alzada, se limitó a realizar una relación de hechos y no fundamenta por qué no existe contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, pese a que en el recurso de apelación restringida demostró que la Sentencia fundamentó que hubiese transportado droga en tapers desde el Perú al domicilio de su padre, sin que exista prueba al respecto; además, este aspecto no fue parte de la relación de hechos presentados por el Ministerio Público; en cuanto al segundo defecto, expresa que fue juzgada y condenada con una norma general, refiriéndose al ilícito de Tráfico de Sustancias Controladas, violentándose el principio de legalidad puesto que se la sancionó porque hubiese transportado y almacenando droga en el domicilio de su padre; agrega que el Auto de Vista recurrido carece de fundamentación por cuanto en el considerando II, se limitó a realizar una transcripción de hechos y citas de Autos Supremos, sin expresar los fundamentos con relación a la conclusión a la que arriba, simplemente refiere que se realizó una justa y correcta valoración de toda la prueba producida en juicio, aspecto que no reemplaza la fundamentación de hecho y derecho, reiterando la violación de derechos y garantías constitucionales referidos al inicio. 


I.1.2. Petitorio


La recurrente solicita se pronuncie nuevo Auto de Vista modificando la condena de la sentencia condenatoria.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 245/2015-RA de 7 de abril, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, que pese a la inobservancia de los requisitos de admisiblidad se dispuso el ingreso al fondo de la denuncia en aplicación de los presupuestos de flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1.De la Sentencia. 


Concluida la audiencia de juicio oral el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la Sentencia S-150/2012 de 10 de octubre, bajo las siguientes consideraciones: En el apartado de la enunciación del hecho y circunstancias objeto del juicio, el Ministerio Público planteó la acusación pública contra la imputada Alicia Cama Condori y Gladys Cama Condori, ya que el 6 de julio de 2009, una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) se hizo presente en la zona de Alto Tacagua, en el domicilio ubicado en la Av. San Juan y calle Nueva América Nº 48, dando cumplimiento a la orden de allanamiento, en el lugar las imputadas fueron identificadas como tales y


que habitaban en dicho domicilio; realizada la requisa del inmueble que constaba de cuatro habitaciones se encontró sustancia controlada, utensilios y elementos usados en la actividad de narcotráfico, procediéndose a la aprehensión de las dos personas y trasladas a oficinas de la FELCN. La sustancia controlada sometida a la prueba de narco test dio resultado positivo para cocaína.


Declarada rebelde la acusada Gladys Cama Condori, en el título de la fundamentación descriptiva de la prueba, consta la declaración de la testigo Regina Blanco Lucana, policía, quien refirió que a la imputada Alicia Cama Condori, se la encontró en una de las habitaciones en la que existía tapers de plástico y ollas con residuos de sustancias controladas y balanzas; también, el testigo Alfredo Quispe Tarifa, señaló que el domicilio de referencia tenía cuatro habitaciones “…en las primeras dos habitaciones que habitaban las acusadas se encontraron tapes de plástico, cucharones, ollas con residuos de sustancias controladas, así mismo se encontró 405 grs de droga…” (sic), en la segunda habitación se encontró una balanza, copias de luz a nombre del padre de las imputadas y las otras dos habitaciones se encontraban completamente vacías.


En el capítulo de la valoración intelectiva de evidencias refiere: primero, que la imputada admitió ser encontrada en el interior del inmueble de su padre; asimismo, que en la habitación que se halló la sustancia controlada fue alquilada por su progenitor a Raúl Ortiz, pero de las declaraciones testificales de cargo se establece que todas las habitaciones estaban abiertas y que en las dos primeras se encontró las sustancias controladas y las dos siguientes no se encontraban habitadas; segundo, por declaración del testigo de cargo se colige que la imputada transportó las sustancias controladas desde el Perú, para luego ser trasladadas a Cochabamba. La imputada admitió haber habitado en el inmueble donde se allanó y se encontró la sustancia controlada, “…se tiene certeza que lo que se encontró en el inmueble que habitaba Alicia Cama Condori, era sustancias controladas…” (sic). Del acta de registro del inmueble se verificó que la sustancia controlada fue encontrada en las dos primeras habitaciones donde la imputada vivía junto a su hermana y las otras dos habitaciones se encontraban vacías; asimismo, del acta de pesaje se constató la cantidad de 405 gramos de cocaína y los utensilios utilizados con restos de sustancias controladas.


En la fundamentación jurídica, determinó que la conducta de la imputada se encontraba prevista en el art. 48 de la Ley 1008; primero, porque poseía dolosamente la sustancia controlada en el domicilio que habitaba, quien trasladaba desde el Perú en botellas de plástico para luego moldearlos en los tapers y llevarlos con destino a Cochabamba; segundo, “La acusada ALICIA CAMA CONDORI junto a su hermana, poseía en forma dolosa 405 gramos de cocaína y varios utensilios con residuos de cocaína que fueron sorprendidas, como efecto del allanamiento realizado en el inmueble de propiedad de su señor padre por efectivos de la F.E.L.C.N.” (sic); y, tercero, la imputada introducía desde Perú, sustancias controladas, teniendo pleno conocimiento de que el transportar y poseer droga estaba prohibida por ley, habiendo efectuado tres acciones de las señaladas en la Ley 1008.


Consiguientemente, falló declarando culpable a la imputada Alicia Cama Condori, por la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley 1008, condenándola a trece años de privación de libertad, más el pago de daños y costas a calificarse en ejecución de sentencia.


II.2.Apelación restringida.


Notificada con tal determinación, la imputada Alicia Cama Condori, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 730 a 734), planteó lo siguiente: i) Inobservancia o errónea aplicación de la ley, refirió que la doctrina legal estableció parámetros para que la calificación de los delitos a los hechos acusados sea precisa, así el Auto Supremo 178 de 17 de mayo de 2006, señaló que la aplicación de los arts. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley 1008, son de aplicación general, mientras que el art. 55 de la misma Ley es específica referida a la ilicitud del Transporte de Sustancias Controladas, de ello se puede evidenciar que la norma general no otorga certeza sobre la conducta prohibida lo cual vulnera el principio de legalidad, toda vez que se le impuso la sanción de trece años de presidio por tres acciones que no fueron señaladas, más aun cuando no existió prueba de esta suposición; y, ii) Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, en Sentencia se determinó la concurrencia de tres acciones para establecer el tráfico atribuido, sin que exista prueba de cómo y cuándo se efectuó el supuesto transporte; y, iii) Inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación, se infringe el art. 362 del CPP, al haber sido condenada por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, cuando suponen que habría transportado sustancia controlada, sobre este aspecto la acusación no hizo referencia ni presentó prueba alguna, siendo imaginaria esa suposición del transporte y de la posesión dolosa.


II.3.Auto de Vista impugnado.


Radicado el recurso ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se emitió el Auto de Vista 25/2013 de 20 de febrero, fundamentando que:


  1. Sobre la errónea aplicación de la ley sustantiva, la Sentencia estableció que en un operativo realizado por la FELCN, en el domicilio ubicado en la Av. Villa San Juan y calle Nueva América Nº 48, dando cumplimiento a un mandamiento de allanamiento donde habitaban Gladis y Alicia Cama Condori, mediante la requisa efectuada se encontró las sustancias controladas, enseres, utensilios, elementos y objetos utilizados en la actividad ilícita del narcotráfico. Al respecto el art. 33 inc. m) de la Ley 1008, establece por tráfico ilícito, todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, introducir al país, y otros; mediante actividades contrarias a la ley; asimismo,  describiendo el Auto Supremo


233 de 4 de julio de 2006, refirió que en la sentencia motivo de apelación se tomó en cuenta todos los aspectos señalados desde la imputación.


  1. Respecto a la ausencia de congruencia entre la acusación y la parte dispositiva de la sentencia; argumentó que en la parte considerativa de la Sentencia se hizo referencia  que a la imputada se la encontró  en el domicilio donde estaba la sustancia controlada y los utensilios para la elaboración y en la parte dispositiva se la condenó por el ilícito de Tráfico de Sustancias Controladas.


  1. En relación a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, señaló que cumplió con lo señalado en el art. 173 del CPP y que conforme corresponde la deliberación sobre la responsabilidad o absolución de acuerdo al art. 358 y siguientes de la norma adjetiva citada en base a las reglas de la sana crítica justificando de forma argumentada las razones de la valoración de la prueba en base a una apreciación conjunta armónica e integral de las pruebas, sí ocurrió en el presente caso. Además, citando el Auto Supremo 151 de 2 de febrero de 2007, refirió que el Juez es el único facultado para la valoración de la prueba, siendo que en el presente caso a momento de emitirse la Sentencia se efectúo una justa y correcta valoración de toda la prueba producida en juicio oral en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica prevista por la referida disposición legal.


Consiguientemente, el Tribunal de alzada declaró admisible e improcedente el recurso planteado.


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN


En el presente caso, la recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación respecto de los defectos de Sentencia previstos en el art. 370 incs. 8) y 1) del CPP, que fueron planteados en su apelación restringida, relacionado a la existencia de contradicción de la Sentencia entre la parte resolutiva y dispositiva y la errónea aplicación de la ley sustantiva, vulnerando de esta manera los derechos y principios constitucionales de congruencia, in dubio pro reo y presunción de inocencia.


Por ello, previo a desarrollar el análisis del caso es preciso establecer en el ámbito legal, jurisprudencial y doctrinal, el entendimiento sobre la temática de la falta de fundamentación.


III.1.Falta de fundamentación.


La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce y garantiza los derechos: del debido proceso, en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I ; y, de publicidad en sus arts. 178.I y 180.I; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP y cuya inobservancia constituye defecto absoluto conforme el art. 370 inc. 5) del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006 y 207 de 28 de marzo de 2007 entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser: expresa, clara, completa, legítima y lógica: i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez de Sentencia; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el juzgador a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder a todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa, que estamos ante una falta de fundamentación o motivación cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP y vulnerando el derecho al debido proceso.


III.2.Análisis sobre el caso concreto.


En el presente caso, denuncia el recurrente que el Auto de Vista impugnado carece de la debida fundamentación vulnerando los derechos y principios constitucionales de la congruencia, in dubio pro reo y presunción de inocencia respecto a dos aspectos reclamados en apelación restringida, sobre el: a) Defecto de Sentencia previsto en el art 370 inc. 8) del CPP, referida  a la  contradicción entre la parte resolutiva y la dispositiva de


la sentencia al limitarse los vocales a realizar una relación de hechos y no fundamentar porqué no existe contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, ya que en su apelación se demostró que en Sentencia pese al fundamento que transportó la droga en tapers desde el Perú al domicilio de su padre, no existió prueba de ello, ni fue parte de la acusación planteada por el Ministerio Público; y, b) Defecto previsto en el art. 370 inc. 1) de la norma adjetiva penal, de la errónea aplicación de la ley sustantiva, al haber sido condenada con una norma general que es el Tráfico de Sustancias Controladas, violentándose el principio de legalidad puesto que se la sancionó porque hubiese transportado y almacenado droga en el domicilio de su padre.


Conocido la denuncia planteada en que hubiere incurrido el Tribunal de alzada, corresponde ingresar a su análisis de fondo para ello se partirá de los aspectos cuestionados en apelación restringida para luego constatar con la respuesta del Tribunal de apelación y verificar si esta estuvo debidamente fundamentada.


  1. En relación a la denuncia de ausencia de fundamentación del Tribunal de alzada sobre el reclamo en apelación del defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 8) del CPP; se puede verificar que en su apelación restringida arguyó la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación, en sentido que se habría infringido el art. 362 del CPP, al ser condenado por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, cuando en Sentencia se entiende que habría transportado sustancias controladas, este hecho, no se encuentra en la acusación fiscal, menos se constata prueba, no siendo real el supuesto transporte y posesión dolosa atribuida.


Al respecto el Tribunal de apelación de manera fundamentada conforme exige la norma adjetiva penal en su art. 124 refirió que: “…no existe contradicción entre la parte dispositiva y la parte considerativa, puesto que entre los fundamentos de la parte considerativa se hace mención a que a la imputada se le encontró en su domicilio en el que se encontró en las habitaciones sustancias controladas y utensilios para su elaboración y en la parte dispositiva se la condena por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas…” (sic), señaló el Auto Supremo 307 de 11 de junio de 2003, respecto a que todo fallo debe guardar la congruencia denunciada. De ello se evidencia que el Tribunal de alzada otorgó una respuesta, si bien no extensa empero concisa, precisa y debidamente motivada, al establecer las razones por las que no correspondía dar curso a la denuncia planteada; entonces este pronunciamiento contiene todos los elementos de una correcta fundamentación al ser: Expresa, ya que al haber sido acusada por el hecho que fue encontrada en un domicilio con sustancia controlada, aspecto que evidentemente fue el eje central de la acusación y posterior a la audiencia de juicio oral la imputada fue sentenciada conforme se desprende de la parte dispositiva de la sentencia por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas; este hecho queda claro; además, cabe recordar que el agravio denunciado en apelación respecto a la incongruencia entre la parte considerativa y la dispositiva de la sentencia, se debe a la inconsistencia en que debe concurrir entre la acusación sobre un hecho ilícito atribuido, diferente a la decisión asumida por el juzgador en la parte dispositiva; ese supuesto defecto en el presente reclamo no existió; por ello los vocales sostienen sin referirse a otros actos procesales la coherencia existente en la Sentencia entre la parte considerativa y la dispositiva; Clara, al ser la respuesta asumida por el Tribunal Departamental comprensible sin existir duda sobre lo expresado en la argumentación; Completa, ya que resolvió tanto en hecho como en derecho, respondiendo ante el planteamiento de la ausencia de congruencia, con que la acusación esgrimida tuvo relación estrecha con la parte resolutiva de la sentencia; es decir, entre hechos acusados y la sanción respecto a esos actos, que fue coherente, denotándose una respuesta de hecho y en derecho; asimismo, se hizo referencia a un entendimiento jurisprudencial de la congruencia que fue respetada en este caso; Legítima, toda vez que la fundamentación de la respuesta estuvo sustentada en aspectos evidentes como es la acusación de ciertos hechos con la determinación dispositiva sobre los mismos que fue el Tráfico de Sustancias Controladas; y, Lógica, cuyo razonamiento fue lógico y real, al constatarse la congruencia entre la parte considerativa y la dispositiva.


Asimismo, debe tenerse en cuenta que el aspecto central de la acusación formal fue el Tráfico de Sustancias Controladas por el que fue procesado la imputada al haber sido encontrada junto a su hermana en un domicilio que pertenecía a su padre, lugar en el que se halló la sustancia controlada, y es precisamente por este hecho que fue condenada y no por otros supuestos reclamados, con ello se respetó el principio de congruencia, aspecto que fue debidamente controlado por el Tribunal de apelación emitiendo una respuesta conforme dispone los arts. 398 y 124 del CPP y bajo los parámetros claramente establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal como se describe en el acápite III.1 de esta Resolución; en consecuencia, la supuesta vulneración de los principios de: congruencia, in dubio pro reo y presunción de inocencia no es evidente, deviniendo este reclamo en infundado.


  1. En relación a que el Tribunal Departamental incurrió en falta de fundamentación sobre el reclamo de la apelación restringida del defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 8) del CPP, se puede evidenciar que en la apelación a la sentencia señaló el apelante que el Tribunal de Sentencia incurrió en la inobservancia o errónea aplicación de la ley,  ya que la doctrina legal estableció parámetros afín de que la calificación de los delitos a los hechos acusados sea precisa, en ese sentido el Auto Supremo 178 de 17 de mayo de 2006, estableció que el art. 55 es de aplicación preferente al art. 48 de la Ley 1008, cuando se refiere al ilícito de Transporte de Sustancias Controladas, vulnerando el principio de legalidad, imponiéndole la sanción de trece años de presidio por tres acciones que no fueron señaladas cuales eran, mucho más cuando no existió prueba de dicha suposición.


Ante ello el Tribunal de alzada respondió refiriendo que la Sentencia estableció que la FELCN dando cumplimiento a un mandamiento de allanamiento ingresaron  al  domicilio ubicado en la Av. Villa San Juan y


calle Nueva América Nº 48, en el que habitaban las señoras Gladis Cama Condori y Alicia Cama Condori; realizándose la requisa se encontró sustancias controladas, enseres, utensilios, elementos y objetos utilizados en el hecho ilícito. Asimismo, señaló que el art. 33 inc. m) de la Ley 1008 precisa por tráfico ilícito, todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, introducir al país, y otros; a través de actividades contrarias a la ley; además que el Auto Supremo 233 de 4 de julio de 2006, establece que el debido proceso es una garantía de legalidad procesal y constituye un conjunto de atropellos a las garantías constitucionales el insuficiente estudio de las actuaciones policiales, la consiguiente imputación errónea, la inadecuada aplicación sustantiva, la valoración defectuosa de la prueba y la insuficiente fundamentación de los fallos judiciales, lo que no ocurrió en el caso analizado, ya que para la emisión de la sentencia motivo de apelación se tomó en cuenta todos los aspectos señalados desde la imputación.


Señalado el agravio en la apelación y la respuesta del Tribunal Departamental, es necesario considerar que la apelante orientó su petición a la existencia de la inobservancia de ley sustantiva al no aplicarse la norma especial antes que la general, pero contrariamente refirió que el hecho del transporte de sustancias controladas que fue objeto del juicio oral, no fue comprobado con ninguna prueba; sin embargo de ello, el Tribunal de alzada de manera clara y meridiana alineó su respuesta debidamente motivada en el entendido que se procesó a la imputada por el ilícito de Tráfico de Sustancias Controladas y para ello se consideró la previsión contenida en el art. 33 inc. m) de la Ley 1008, que son las distintas acciones que componen este tipo ilícito; es decir, desde el primer momento de la investigación hasta la emisión de la sentencia; además, el aspecto central sobre el que se circunscribió el proceso penal es el Tráfico de Sustancias Controladas; lo anterior se ratifica de la afirmación de los Vocales cuando señalan que: “…para la emisión de la sentencia motivo de apelación se tomó en cuenta todos los aspectos señalados desde la imputación” (sic). Por otro lado, cuando contradictoriamente la recurrente en casación denuncia la ausencia de fundamentación en cuanto a la aplicación de la norma específica antes que la norma general, esto resulta inconsistente; toda vez que no se dilucido el transporte como hecho ilícito a verificar -ya que no estaba en discusión los elementos constitutivos del Transporte de Sustancias Controladas- sino esta acción que es parte del tráfico de sustancias estaba vinculada a otras dos acciones como son la posesión dolosa y la introducción al país, elementos que fueron precisados por los juzgadores, con ello queda evidente que el eje central al cual apunta la respuesta del Tribunal de apelación es el ilícito de Tráfico de Sustancias Controladas; quedando de esta manera plenamente ejercida la labor del control de logicidad de parte de los vocales a la aplicación correcta del Tribunal de Sentencia del art. 48 de la Ley 1008 con relación al art. 33 inc. m) de esta norma citada, verificando que no existió la inobservancia de la ley.


Consiguientemente, el hecho dilucidado en juicio, con la posterior emisión de la Sentencia y luego el Auto de Vista, fue el Tráfico de Sustancias Controladas y no así como erradamente sostiene la recurrente que sería el hecho de Transporte de Sustancias Controladas, recordando que para la configuración del delito de Transporte de Sustancias Controladas y pretender la subsunción del tipo penal al hecho acusado debe necesariamente existir el elemento del transporte en la acusación fiscal, lo cual no sucede en el presente caso; ya que conforme se verifica de la Sentencia no se acusa por este ilícito de manera independiente o vinculado a un medio de transporte; sino como se señaló, se considera este elemento en el contexto de otros dos elementos o acciones que tomaron en cuenta los juzgadores y que fue ratificado por los Vocales, realizando de esta manera el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista impugnado una correcta fundamentación en cuanto al agravio denunciado en apelación.


Por todo lo referido se advierte que el Tribunal de apelación dio cumplimiento a la previsión del art. 124 del CPP y la doctrina legal aplicable de este Tribunal, que estableció en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; en sentido de que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; consiguientemente, se evidencia que no existe vulneración de los principios de: congruencia, in dubio pro reo e inocencia, deviniendo el presente recurso como infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Alicia Cama Condori.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA