TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 534/2015-RRC

Sucre, 24 de agosto de 2015


Expediente                  : La Paz 34/2015

Parte Acusadora         : Eladia Callisaya Torrejón y otra

Parte Imputada                 : Arturo Mamani Huanca y otros

Delitos                          : Despojo y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 6 y 9 de febrero de 2015, cursantes de fs. 748 a 754 vta. y de fs. 765 a 772 vta., los imputados Celso Siñani Huanca, Benita Cruz Canaviri, Joaquín Huaycho Saire y Arturo Mamani Huanca, interpusieron recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 73/2014 de 29 de septiembre, de fs. 701 a 711 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Eladia Callisaya Torrejón y Mariana Juana Mamani Callisaya en contra de los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Despojo, Daño Simple, Apropiación Indebida y Usurpación Agravada, previstos y sancionados por los arts. 351, 357, 345 y 355 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.Antecedentes 


1)   En merito a la acusación particular (fs. 208 a 213 vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Primero de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia 02/2014 de 24 de febrero (fs. 609 a 629), que declaró a los imputados: Arturo Mamani Guanca, Celso Siñani Huanca, Benita Cruz Canaviri y Joaquín Huaycho Saire, autores y culpables de la comisión de los delitos de Despojo y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351 y 357 del CP, imponiéndoles una pena de tres años de reclusión, así como el pago de costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia; siendo absueltos de culpa y pena por la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Usurpación Agravada, previstos por los arts. 345 y 355 del CP.


2)  Contra la mencionada Sentencia, los imputados Celso Siñani Huanca, Benita Cruz Canaviri y Joaquín Huaycho Saire (637 a 642), además de Arturo Mamani Guanca (647 a 653 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 73/2014 de 29 de septiembre (701 a 711 vta.), emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes los recursos planteados y confirmó la Sentencia impugnada, motivando la interposición de los recursos de casación.


I.1.1. De los motivos de los recursos de casación


De los memoriales de casación y el Auto Supremo 242/2015-RA de 7 de abril, cursante de fs. 790 a 795 se tienen los siguientes motivos: 


Recurso de Celso Siñani Huanca, Benita Cruz Canaviri y Joaquín Huaycho Saire.


Haciendo una relación de los hechos señalaron que se vulneró el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque no se valoró adecuadamente cada uno de los elementos de prueba, ofrecidos con base a la apreciación conjunta y armónica de todas las pruebas esenciales producidas, negándose en el Auto de Vista a ingresar al análisis de los defectos de la Sentencia sobre la errónea aplicación de la ley, teniendo en cuenta que en dicha Resolución no se identificó a cada uno de los imputados, respondiendo el Tribunal de alzada que la individualización se realizó en la acusación, pero no tomó en cuenta que la Sentencia les sindicó de manera general como culpables del delito, vulnerando la garantía del debido proceso y el derecho a la justicia, porque se emitió un fallo no motivado incurriendo en vicios de procedimiento; por tanto, una Sentencia incompleta e ilegítima porque no se realizó una adecuada valoración de las pruebas. 


Recurso de Arturo Mamani Huanca.

a)  Denuncia infracción de sus derechos debido a que el Auto de Vista omitió cumplir con la motivación de fondo, porque en los considerandos I, II y III, sólo realiza la actividad descriptiva de los motivos de la apelación restringida sin pronunciarse respecto al agravio referido a la incongruencia de la Sentencia, porque introdujo hechos que no estaban establecidos en la acusación particular como la calle y los lotes de terreno 1787 y 1973, limitándose el Tribunal de manera subjetiva y nada clara en el numeral 7° del Considerando IV a señalar que: “…ese extremo no constituye defecto previsto en el art. 370 inc. 11) del CPP…”, situación que hace ver la insuficiencia del Auto de Vista que incurre en vulneración del art. 124 del CPP, debido a que no fundamentó cómo llegó a esa conclusión, incumpliendo realizar un criterio expreso analizando uno por uno los reclamos fundamentados como agravios, de la misma forma, el Auto Complementario emitió una conclusión subjetiva, vulnerando la seguridad jurídica y el derecho de acceder a una resolución que debe cumplir con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad, logicidad, infringiéndose los parámetros de claridad y completitud por la falta de motivación del Auto de Vista, porque su fallo no es claro ni completo, dado que se sustrajo de la resolución, el fundamento del porqué se considera no viable la incongruencia de la Sentencia para con la acusación; puesto que, solo se emitió una conclusión y no plasmó ningún análisis del agravio fundamentado en su apelación restringida.


b)   El Auto de Vista incurrió en incongruencia omisiva, porque no se pronunció de forma alguna respecto a los Autos Supremos 221 de 28 de marzo de 2007, 175 de 15 de marzo de 2006, 149 de 6 de junio de 2008 y 207 16 de agosto de 2008, invocados en su recurso de apelación restringida, sin hacer alguna interpretación de los precedentes, si son positivos o negativos, dejándole en un estado de incertidumbre en relación a la fundamentación, referida en ese motivo de su apelación restringida, lo correcto era que el Tribunal de alzada analice si los precedentes eran o no aplicables al proceso, explicando el porqué serían aplicables o no, lo que le quita la completitud al Auto de Vista, por esos motivos se identificó la incongruencia omisiva.


c)  Existencia de incongruencia omisiva, en cuanto al motivo de su apelación restringida referido a la valoración de la prueba y violación de las reglas de la sana crítica [art. 370 inc. 6) del CPP], relacionado a que no se valoró las pruebas “DPD6, PDD2, PDD4” y otras detalladas en su recurso, a las que el Juez consideró como documentos impertinentes y no se refirió de manera expresa, emitiendo sólo un criterio conclusivo de forma genérica porque no se habrían cumplido con los requisitos de su recurso; asimismo, en su Considerando IV en sus puntos 8 y 9, se limitó a transcribir lo afirmado por el recurrente, realizando revalorización de la prueba e infringiendo los arts. 407 y 408 del CPP, sin ingresar al agravio planteado, teniendo en cuenta que no se pidió que se revalorice prueba alguna, siendo que lo que se denunció es el art. 370 inc. 6) del CPP con relación a la valoración defectuosa de la prueba; en consecuencia, el Tribunal de alzada omitió pronunciarse al respecto.

d)  Que en su recurso de apelación restringida como uno de sus agravios fue la inobservancia y errónea aplicación de la ley adjetiva, con el fundamento de la vulneración del debido proceso, el derecho a la defensa, la seguridad jurídica, pidiendo se restablezca el orden jurídico constituido para un debido proceso; sin embargo, de forma omisiva el Tribunal no ingresó al análisis de dicho agravio dejándole en incertidumbre jurídica.


e)  El Auto de Vista en su parte resolutiva, no se pronunció respecto a su apelación restringida, de forma expresa, porque sólo se mencionó a los otros co procesados, aspecto que reclamó en la vía de la complementación y enmienda, solicitud que fue declarada no ha lugar, dejándole en un estado de indefensión, por parte del Tribunal de alzada respecto al motivo denunciado;  por tanto, ambas resoluciones constituyen resoluciones incompletas que vulneran la seguridad jurídica y el derecho de acceder a una resolución (Auto de Vista) que necesariamente debe cumplir con los parámetros de, especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, porque se resolvieron dos recursos cual si fuese uno solo, vulnerando los arts. 115, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).


Señaló que existió la restricción o disminución de su derecho constitucional al debido proceso en el ámbito de la tutela judicial oportuna y el acceso a un recurso eficaz que vulneró el derecho a la defensa, porque el Auto de Vista careció de motivación y fundamentación adecuada, incurriendo en defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, debido a que se le colocó en estado de indefensión. Señaló que existió resultado dañoso emergente del defecto por la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista que le produjo un daño irreparable, que vulnera la seguridad jurídica, porque no se dio una respuesta efectiva, completa y fundamentada. Refiere que existieron consecuencias procesales que tienen relevancia y connotación constitucional, porque la falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista generó una consecuencia ilegal e indebida a sus derechos, entre ellos a la defensa, que se traduce en que utilizó los recursos que le franquea la ley; sin embargo, no se hizo efectivo ese derecho porque el Auto de Vista es subjetivo e incompleto que le deja en incertidumbre jurídica respecto al recurso planteado, lo que afecta a los preceptos constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica, previstos en los arts. 115, 116, 117 y 180 de la CPE, por tanto, el Auto de Vista y su complementación vulneran, el art. 124 del CPP, que constituye un defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 2) del CPP.


I.1.2. Petitorios


Los recurrentes solicitan se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado. 


I.2. Admisión de los recursos


Por Auto Supremo 242/2015-RA de 7 de abril, este Tribunal declaró admisible el recurso interpuesto por los imputados Celso Siñani Huanca, Benita Cruz Canaviri y Joaquín Huaycho Saire, únicamente para el análisis de su primer motivo y admisible el recurso de casación interpuesto por Arturo Mamani Huanca. 


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. De la Sentencia.


La Sentencia condenatoria emitida en contra de los imputados por los delitos de Despojo y Daño Simple, se fundó en el hecho de que las querellantes Eladia Callisaya Torrejón y Marina Juana Mamani Callisaya, estaban en pacífica posesión de los lotes de terreno 1787 y 1793 ubicados en la urbanización 25 de julio, manzano G-28, de la calle Acapana de El Alto, habiendo amurallado los citados inmuebles con pared de adobe, con sus puertas de ingreso e incluso construyeron cuartos precarios, con sus instalaciones de agua y luz; sin embargo, los imputados Celso Siñani Huanca, Benita Cruz Canaviri, Joaquín Huaycho Saire y Arturo Mamani Huanca, de forma violenta y agresiva ingresaron al inmueble motivo del litigio con otras personas, por la pared con escalera, destruyendo la pared de adobe y los cuartos, agrediendo y expulsando a las querellantes del citado inmueble, para posteriormente sobre los mismos cimientos y partes de la pared destruida volver a construir, colocar puertas, realizar otras construcciones de ladrillo y adobe, además de una nueva instalación de agua y luz, procediendo inmediatamente el acusado Celso Siñani Huanca a la tenencia ilegítima del lote 1787, realizando varias construcciones de ladrillo y adobe en su interior, colocando una nueva puerta de garaje, nuevo servicio de luz y agua, incluso la construcción de dos cuartos de adobe, tapando la puerta de ingreso que existía por la parte trasera al lote de terreno contiguo donde también habitan las querellantes.


La sentencia añadió que el imputado Arturo Mamani Guanca en el lote 1793, inmediatamente obtenida la tenencia ilegítima del inmueble, construyó la muralla de pared encima de la pared destrozada, además de un cuarto precario y colocó una nueva puerta de ingreso, con la ayuda de Benita Cruz Canaviri y Joaquín Huaycho Saire. Además, que los acusados Celso Siñani Huanaca y Arturo Mamani Guanca se mantienen y ocupan esos lotes aduciendo ser propietarios sin dejar ingresar a las querellantes.


Por otra parte, la sentencia estableció que los imputados, al tumbar parte de la pared de adobes construida por las querellantes en los lotes de terreno, las puertas de ingreso y las construcciones precarias, destruyeron y deterioraron las murallas y las puertas, quedando inutilizadas e inservibles.


II.2.Recursos de apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, los recurrentes formularon recursos de apelación restringida de acuerdo al siguiente detalle:


Recurso de Celso Siñani Huanca, Benita Cruz Canaviri y Joaquín Huaycho Saire.


Los recurrentes denunciaron que el Juez de Sentencia, vulneró lo dispuesto por el art. 173 del CPP, al no valorar adecuadamente cada uno de los elementos de prueba ofrecidos, pues:


i)  La prueba testifical de cargo de Juan Pedro Aduviri Laruta, Dionicia Callisaya Torrejon y Jacinta Laruta Aruquipa, no había sido valorada conforme a las reglas de la sana crítica al no considerar las grandes contradicciones en las que habían incurrido, como el lugar de su domicilio señalado en sus generales de ley; contradicciones que según los recurrentes hacía viable la aplicación del principio de la duda razonable, y las cuales habían servido al Tribunal de Sentencia, para afirmar que dichas testificales fueron suficientes para individualizarlos como autores de los delitos por los que se les condenó, afirmación del Tribunal de mérito que a decir de los recurrentes, está fuera de la realidad ya que ninguno de los testigos se había referido a los hechos acusados que motivaron el proceso; habiendo incurrido el Tribunal de mérito, en los defectos previstos por los incs. 2), 5) y 6) del art. 370 del CPP, al no haberse individualizado cual fue la participación de cada imputado en los hechos acusados, vulnerando el Tribunal de mérito, el debido proceso.


ii) El Tribunal de instancia, no había mencionado ni realizado una correcta valoración de cada una de las once pruebas documentales ofrecidas por la parte acusadora particular, ni la prueba de descargo como los antecedentes policiales y REJAP que demostrarían la personalidad de los hoy recurrentes, y las cuales habían sido simplemente mencionadas en sentencia, sin que fueran compulsadas a fin de que sirvan como atenuantes a tiempo de imponerse la pena, vulnerando los arts. 37 y 38 del CP; refieren que las pruebas PA-9 y PA-11 consistentes en certificado de la junta de vecinos, recibos de agua y luz de gestiones pasadas, conforme a lo dispuesto por el art. 1538 del Código Civil (CC), no son suficientes para demostrar el derecho propietario, y tampoco sería suficientes para demostrar la comisión de los delitos de Despojo y Daño Simple, hecho que no fue advertido en la Sentencia recurrida, la cual consideran parcializada; asimismo, señalaron que la inspección técnica ocular, no demuestra la supuesta posesión de las víctimas sobre los lotes motivo de la presente litis, incurriendo también el Juez de mérito a decir de los hoy recurrentes, en el defecto previsto por el inc. 8) del art. 370 del CPP.


El recurso de Arturo Mamani Huanca:


El recurrente denunció que la Sentencia vulneró el debido proceso, derecho a la defensa y la seguridad jurídica, con los siguientes argumentos:


1) La Sentencia sería incongruente con la acusación, pues el Juez de mérito introdujo en la resolución impugnada hechos que no fueron motivo de juicio, como ser: a) Que los lotes supuestamente despojados a las víctimas, se encontrarían en la calle Acapana; b) Que el lote 1787 se encontraba con pared y cuarto de adobe, puerta de ingreso hacia la calle Acapana y otra que conectaría al terreno ubicado en la Av. Santa Fe 4084 y que contaba con servicio de agua potable; c) Que en el lote 1793 el imputado Arturo Mamani Guanca, levantó una muralla de adobe sobre la misma pared, construyó cuarto de adobe y puso una puerta de ingreso color verde; afirmaciones del Juez de mérito que serían ultra petita y que vulnerarían el principio de identidad y que restringieron a decir del recurrente, la oportunidad de defenderse sobre esos nuevos hechos, conceptos y términos, incurriendo en el defecto de sentencia previsto por el inc. 11) del art. 370 del CPP; motivo en el que invocó como precedentes los Autos Supremos 221 de 28 de marzo de 2007, 175 de 15 de marzo de 2006, 146 de 6 de junio de 2008 y 207 de 16 de agosto de 2008.


2) La Sentencia se basó en hechos inexistentes y no acreditados, al señalar en el acápite V.2, que las querellantes se encontraban en posesión de los lotes 1787 y 1793, ubicados en la calle Acapana de la Urbanización 25 de Julio - El Alto, hecho acreditado a decir del Juez de mérito, con las pruebas PA.9, PA-11 y las declaraciones testificales de Juan Pedro Aduviri, Jacinta Laruta Aruquipa y Dionisio Callisaya Torrejon; las cuales fueron descritas por el recurrente para referir que ninguna demostró la supuesta posesión de las querellantes sobres los terrenos referidos, y que los testigos ingresaron en contradicciones, además de haber referido contradictoriamente a lo afirmado en Sentencia, que el terreno no tenía ninguna construcción, no saben nada sobre los hechos acusados y son inquilinos de las acusadoras, por lo que alega que el Juez de mérito hizo afirmaciones contrarias a las reglas de la lógica y la experiencia común, en su vertiente razón suficiente; asimismo, alegó el recurrente que no se demostró la extensión superficial de los terrenos, la ubicación exacta ni los actos de posesión; habiéndose basado la Sentencia a decir del recurrente, en presunciones e incurriendo en el defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP.


3) La Sentencia se basó en defectuosa valoración de la prueba y violación de las reglas de la sana crítica, al no valorar las pruebas “PDD6, PDD2, PDD4 y PDD.5”, que demostrarían la posesión corporal y judicial del recurrente sobre los terrenos signados con los números 1787 y 1793 objeto de la litis; bajo el argumento de que las mismas serían impertinentes, pues no se había juzgado el derecho propietario.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Las apelaciones restringidas expuestas precedentemente, fueron resueltas a través del Auto de Vista 73/2014 de 29 de septiembre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declarando “…IMPROCEDENTES los recurso de apelación interpuestos por CELSO SIÑANI HUANCA, y ELADIA CALLISAYA TORREJÓN…” (sic), bajo los argumentos expuestos en el cuarto considerando, puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.


Resolviendo el recurso de apelación restringida interpuesto por Celso Siñani Huanca, Benita Cruz Canaviri y Joaquin Huaycho Saire; el Tribunal de alzada refirió:


i)  En cuanto a la supuesta violación del art. 173 del CPP, el Tribunal de alzada, apoyado en la jurisprudencia sentada a través de los Autos Supremos 566 de 1 de octubre de 2004 y 432 de 15 de octubre de 2005, argumentó que no puede revalorizar la prueba toda vez que en el actual sistema procesal penal no se halla prevista la doble instancia; sin embargo, afirmó que el Tribunal de Sentencia había dado aplicación correcta a la referida disposición legal, pues el Juez de mérito había otorgado valor correspondiente a las pruebas en observancia a las reglas de la sana crítica, lógica y experiencia.


ii) En cuanto a la presunta falta de individualización de los acusados, el Tribunal de alzada en los puntos 3 y 4 del considerando cuarto de la resolución impugnada, refirió que la Sentencia se basó en la acusación particular de conformidad a lo dispuesto por el art. 342 del CPP, y que si los recurrentes consideraban que la acusación adolecía de individualizaciones en su contenido, debieron reclamar oportunamente, sumado a ello que los recurrentes a decir del Tribuna de alzada, no habían mencionado la disposición legal vulnerada y que la Sentencia impugnada se encontraba fundamentada conforme al art. 124 de la norma adjetiva penal.


En cuanto a las denuncias planteadas por Arturo Mamani Huanca, el Tribunal de alzada en los puntos 7 y 8 del cuarto considerando de la resolución impugnada, refirió que:


a) El defecto previsto por el inc. 11) del art. 370 del CPP, se refiere a dictar sentencia por hechos distintos a los acusados, y los aspectos descritos por el recurrente no constituyen el referido defecto de Sentencia.


b) En cuanto a la denuncia de que la Sentencia se basaría en hechos inexistentes o no acreditados y en defectuosa valoración de la prueba, el Tribunal de alzada argumentó que no tiene facultades para revalorizar la prueba producida en juicio, por lo que no le correspondería analizar las pruebas mencionadas por la parte apelante.


II.4.Del Auto complementario.


Por memorial presentado el 7 de enero de 2015, Eladia Callisaya Torrejon, solicitó la complementación y enmienda del Auto de Vista 73/2014 de 29 de septiembre; solicitud que fue declarada ha lugar por Auto de 8 de enero de 2015 (fs. 714 y 714 vta.), enmendando y complementando la parte resolutiva en los siguientes términos: “POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en aplicación del Art. 411 del CPP declara IMPROCEDENTES los recursos de apelación interpuestos por CELSO SIÑANI HUANCA, BENITA CRUZ CANAVIRI, JOAQUIN HUAYCHO SAIRE Y ARTURO MAMANI GUANCA…” (sic).


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN Y VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el presente caso, se declaró la admisión del recurso de casación, interpuesto por los imputados Celso Siñani Huanca, Benita Cruz Canaviri y Joaquín Huaycho Saire, por la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, ante la denuncia de que el Tribunal de alzada incurrió en falta de respuesta motivada al reclamo de errónea aplicación de la ley; así como el recurso de casación de Arturo Mamani Huanca, quien denuncia falta de fundamentación en el Auto de Vista recurrido respecto a una supuesta incongruencia de la Sentencia e incongruencia omisiva respecto al resto de los motivos alegados en apelación, citando en este último caso como precedente contradictorio el Auto Supremo 03/2014-RRC de 10 de febrero; por lo que corresponde el análisis de fondo de ambos recursos. 


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por uno de los Tribunales Departamentales de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por similares Tribunales o por la Sala Penal del Tribunal Supremo.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria. 


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios; será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el 420 del CPP. 


III.2.La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias. 


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I Junoy, manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el porqué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos. 


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal mediante varios Autos Supremos, tales como el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, que estableció la siguiente doctrina legal: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión. 


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium. 


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.


En consecuencia, queda claramente establecida la obligación de toda autoridad que emita un fallo, de motivar y fundamentar de forma adecuada las resoluciones expedidas, razón por la cual, ninguna autoridad jurisdiccional debe omitir esa parte esencial del fallo y que le otorga validez y/o legalidad, pues constituye uno de los elementos fundamentales del debido proceso, toda vez que debe quedar demostrado que la Resolución emitida, es fruto de un análisis racional y objetivo del caso puesto a conocimiento, y no un acto mecánico y arbitrario, por lo que la autoridad jurisdiccional está constreñida a emitir Resoluciones que respondan a cada  denuncia, desarrollando de manera suficiente y coherente, los motivos o razones que determinaron su decisión (el porqué), con base en la Ley, otorgando seguridad jurídica y con ello el convencimiento de que se actuó de forma transparente y en procura de otorgar justicia, permitiendo el control del iter lógico seguido en el razonamiento.


III.3.Análisis del caso concreto.


Teniendo en cuenta que en la presente causa, se admitieron dos recursos de casación para su análisis de fondo, corresponde resolverlos en forma separada, considerando los entendimientos anteriores.


III.3.1.Respecto al recurso de Celso Siñani Huanca, Benita Cruz Canaviri y Joaquin Huaycho Saire.


El Tribunal de alzada a tiempo de resolver la denuncia de los imputados, referida a que el Juez de Sentencia vulneró el art. 173 del CPP e incurrió en los defectos previstos por los incs. 2), 5) y 6) del art. 370 del CPP, por las contradicciones de los testigos de cargo y la falta de individualización de la participación de los imputados en los hechos ilícitos acusados, en el punto 2 del cuarto considerando de la resolución impugnada, apoyado en los Autos Supremos 566 de 1 de octubre de 2004 y 432 de 15 de octubre de 2005, refirió que carecía de facultad para revalorizar la prueba, ya que el actual sistema procesal penal no reconoce la segunda instancia, pero que sin embargo el Tribunal de Sentencia había aplicado correctamente el art. 173 del CPP, al otorgar el valor correspondiente a las pruebas, en observancia a las reglas de la sana crítica, lógica y experiencia.


Al respecto, corresponde puntualizar en forma previa, que conforme las previsiones del art. 360 del CPP, la sentencia en su estructura básica, además de contener la relación de los hechos que dieron origen al proceso, debe expresar todas las circunstancias que se consideran probadas a través de la fundamentación fáctica; estos hechos probados deben estar sustentados por los medios de prueba incorporados legalmente al juicio, los cuales deben ser descritos de forma individual, acto conocido como fundamentación probatoria descriptiva; luego en la valoración de cada uno de los medios probatorios, el Tribunal de alzada debe aplicar los arts. 173 y 124 de la norma adjetiva penal, actuación que constituye la fundamentación probatoria intelectiva conforme lo estableció este Tribunal Supremo de Justicia en varios Autos Supremos, entre ellos el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio.


En coherencia con lo referido, en el caso presente el Tribunal de alzada apoyado en la doctrina legal sentada por los Autos Supremos 566 de 1 de octubre de 2004, y 432 de 15 de octubre de 2005, argumentó de manera clara y correcta que no tenía facultades para revalorizar prueba, en virtud a que en el actual sistema procesal penal, no existe la doble instancia; sin embargo, si bien es evidente que la valoración probatoria es una facultad privativa del Juez o Tribunal de mérito, dado que es el único quien tiene contacto directo con la producción de los medios de prueba por los principios de inmediación y contradicción, no es menos cierto que el Tribunal de alzada debe ejercer el control sobre la actividad probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia; debiendo enfatizarse que cuando se pretende un control sobre esa valoración, no puede fundarse en la credibilidad o no de un testigo, sino debe estar fundado en los siguientes errores: “falso juicio de existencia, porque omite apreciar una prueba que obra en el proceso o porque la supone existente sin estarlo: falso juicio de identidad, cuando no obstante considerarla legal y oportunamente allegada, al fijar su contenido la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndola producir efectos que objetivamente no se establecen de ella: falso juicio de raciocinio, cuando el juzgador de instancia, sin cometer ninguno de los anteriores errores, y existiendo la prueba, la aprecia en su exacta dimensión fáctica, pero al asignarle su mérito persuasivo viola los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria.” (Orlando Rodríguez Casación y Revisión Penal).


Ahora bien, estando establecido que el Tribunal de alzada, tiene facultades para ejercer el control sobre la valoración probatoria realizada por el Juez o Tribunal de mérito, dentro de los limites referidos precedentemente; en el caso de autos, se establece que los recurrentes fundaron su recurso de apelación restringida en el supuesto error de “falso juicio de raciocinio” al alegar la presunta vulneración de las reglas de la sana crítica; motivo que a tiempo de ser resuelto por el Tribunal de apelación, no mereció una respuesta debidamente motivada y fundamentada, pues a través del Auto de Vista recurrido, se limitó a concluir que el Juez de mérito aplicó correctamente el art. 173 del CPP, en observancia de las reglas de la sana crítica, lógica y experiencia; sin expresar por escrito las razones de orden fáctico y legal, que lo llevaron a concluir que la Sentencia hizo una correcta valoración probatoria y en qué acápite de la referida resolución estaría reflejada la misma. Asimismo, a tiempo de alegar que el Tribunal de instancia observó las reglas de la sana crítica, lógica y experiencia, no hace un análisis correcto del motivo de apelación, pues en primer lugar debe identificar de manera correcta, qué pruebas a decir de la parte apelante no habrían sido valoradas por el Juez de mérito, conforme a las reglas de la sana crítica y cuál sería el supuesto error cometido por el Juez de mérito, que evidenciaría esa inobservancia; debiendo realizar a partir de esa identificación un análisis claro sobre las razones por las cuales determina que no sería evidente el motivo de apelación, de modo que dicho razonamiento pueda ser entendido por las partes en particular y por la sociedad en general, eliminando así la sensación de arbitrariedad, y justificando a la vez su forma de resolución al hacer públicas las razones de su conclusión. Por lo que este Tribunal, evidencia que el Tribunal de alzada, incurrió en el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, por vulnerar el debido proceso en su elemento de la debida fundamentación, tutelado por el art. 180.I de la CPE, defecto que amerita dejar sin efecto la resolución impugnada


Por otro lado, es oportuno hacer una diferenciación entre la identificación e individualización del imputado, a cuyo fin, citando al autor William Herrera Añez, en su obra “Derecho Procesal Penal Boliviano” se tiene que la identificación de los jueces que integran un tribunal o juzgado, así como de las partes y los datos personales del imputado, forman parte del encabezamiento de la estructura de una Sentencia, pudiendo usarse a fin de la identificación de las partes no solo sus generales de ley, sino incluso  apodos, edad, ocupación u otras circunstancias personales que permita identificar al imputado, a los fines de registro de antecedentes y evitar homónimos. Por su parte, el escritor Ricardo Ramiro Tola Fernández, en su obra “Derecho Procesal Penal” refiriéndose a la individualización de la persona perseguida, expresa que el error sobre la identificación del imputado o la imposibilidad de recabar los datos personales del imputado, no paraliza ni afecta el desarrollo de la causa, como lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional 01425/2005-R de 17 de febrero, en la cual estableció que en aplicación del art. 83 del CPP, los errores sobre los datos obtenidos del procesado podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, aún durante la ejecución penal.


Esto significa que el art. 360 inc. 1) del CPP, se refiere a la identificación del imputado, a partir de la obtención de datos personales de quien ostenta esa calidad dentro del proceso, con el objeto de evitar a lo largo de su tramitación, cualquier error o equivocación respecto de la persona contra quien se dirigen las actuaciones, sin que la falta de estos datos que corresponden al imputado, genere la nulidad del acto, más propiamente de la sentencia, en virtud a que esa omisión no se encuentra expresamente sancionada como defecto inconvalidable de acuerdo al art. 169 de la norma adjetiva penal, pues cualquier error puede ser corregido aún durante la ejecución penal.


En cambio, el defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 2) del CPP, está referido a la falta de “individualización del autor”, norma vinculada a las disposiciones contenidas en el capítulo III (PARTICIPACIÓN CRIMINAL) del Código Penal; es decir, en sentido contrario al defecto, la exigencia de suficiente individualización del imputado, implicará que a través del contradictorio característico del acto de juicio, se deba definir y establecer su grado de autoría o participación o como dice el escritor Fernando de la Rúa: “Lo esencial en el juicio es la realidad de la relación entre el imputado y el hecho delictuoso que se le atribuye, no entre el hecho y su nombre: el nombre no es más que un modo, uno de los modos, el más común y conocido civilmente, para la identificación de la persona, pero no el único y exclusivo”.


En el caso de autos, se establece que los recurrentes denunciaron la falta de individualización de los imputados; es decir, el hecho de no haberse señalado cuales fueron los actos cometidos por sus personas y que se adecuarían a los elementos de los tipos penales de Despojo y Daño Simple; motivo de apelación que no mereció de parte del Tribunal de alzada, una respuesta debidamente fundamentada, pues en la Resolución impugnada de casación, con argumentos confusos señaló en el punto 3 del cuarto considerando, que: “…se tiene de la revisión de la sentencia que la misma ha tomado como base la acusación particular presentada conforme lo estipula el Art. 342 del CPP, y que si bien consideraba que la acusación adolecía de ciertas individualizaciones en su contenido debió haber reclamado oportunamente…” (sic); y, en el punto 4 del mismo considerando refiriéndose a la misma denuncia, señala que la sentencia se encuentra debidamente motivada y fundamentada conforme al art. 124 del CPP; argumentos del Tribunal de alzada que son confusos y obscuros, impidiendo inferir su pensamiento al constituir una afirmación lacónica, al no constar las razones de orden fáctico y legal, que lo llevan a asumir esa conclusión, incumpliendo con los parámetros de una resolución debidamente fundamentada, en vulneración del debido en su elemento la debida fundamentación; en cuyo mérito, el presente recurso deviene en fundado.


III.3.2. Respecto al recurso de Arturo Mamani Huanca


En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, a tiempo de resolver su denuncia sobre incongruencia entre la sentencia y acusación, se tiene que el hoy impugnante en su recurso de apelación restringida denunció que el Juez de mérito había introducido en la Sentencia hechos que no fueron motivo de juicio, como ser: Que, los terrenos presuntamente despojados se encontrarían en la calle Acapana, que el lote 1787 contaba con pared, cuarto de adobe y dos puertas de ingreso, mas servicio de agua potable; que levantó en el lote 1793, una muralla y cuarto de adobe. Hechos que además de denotar una actuación ultra petita, vulnerarían el principio de identidad, restringiendo el derecho a la defensa del recurrente, incurriendo en el defecto previsto por el inc. 11) del art. 370 del CPP, motivo en el que invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 221 de 28 de marzo de 2007, 175 de 15 de marzo de 2006, 146 de 6 de junio de 2008 y 207 de 16 de agosto de 2008.


Sobre este particular motivo, el Tribunal de alzada argumentó: “…se tiene que el defecto de la sentencia previsto en el Art. 370 núm. 11) del CPP se refiere a que se hubiere dictado sentencia por hechos distintos a los acusados, lo cual evidentemente vulneraria el derecho a la defensa, sin embargo en el caso presente y de acuerdo al punto apelado por Arturo Mamani, se tiene que describe ciertas situaciones que no se habría mencionado en la acusación particular, tales como direcciones de los lotes, y que en el desarrollo del juicio se han establecido las mismas han sido plasmadas en la sentencia emitida, y que este extremo no constituye el defecto previsto en el inc. 370 núm. 11) del CPP”.


Al respecto, es oportuno señalar, que el deber de motivación alcanza no sólo a los tribunales de mérito, sino también a los de alzada y a todos quienes ejercen función judicial, siendo oportuno mencionar a Gerónimo Cortéz, citado por Fernando de la Rúa en su obra: “La Casación Penal”, quien respecto a la fundamentación, expresa: “Mas en nuestro sistema de gobierno, basado sobre fundamentos puramente racionales, en el cual todos somos iguales, y en que la autoridad emana inmediatamente del pueblo, los que la ejercen a su nombre deben mayor respecto a la opinión pública, y conviene manifiesten los motivos de sus resoluciones tanto para que éstas lleven en sí mismas su justificación, como para que en su caso pueda hacerse efectiva con facilidad la responsabilidad de los jueces, si los fundamentos alegados fuesen ilegibles o resultasen falsos” (las negrillas son nuestras). Es por esta razón que toda resolución judicial debe ser imprescindiblemente expresa, clara, completa, legítima y lógica; parámetros establecidos con la finalidad de garantizar la efectividad en la aplicación del art. 124 del CPP. 


En el caso de autos, el Tribunal de alzada, como ya se refirió reiteradamente, vulneró el debido proceso en su elemento de debida fundamentación al no permitir el seguimiento de su iter lógico, pues se limitó a concluir que los hechos descritos por el recurrente en su recurso de apelación restringida, no tendrían la calidad de hechos nuevos y no constituirían el defecto previsto por el inc. 11) del art. 370 del CPP, sin tomar en cuenta que conforme a la amplia doctrina legal reiterada por este Tribunal, todo operador jurisdiccional, tiene la obligación de expresar las razones por las cuales falla de una u otra manera, en términos claros y precisos.


Por otra parte, se verifica del contenido del Auto de Vista impugnado, que el Tribunal de alzada, pese a detallar el motivo planteado en apelación con base al art. 370 inc. 6) del CPP, relativo a las pruebas PDD6, PDD2 y PDD4, no emitió pronunciamiento alguno, incurriendo en la incongruencia omisiva  denunciada por el recurrente, en contradicción con el Auto Supremo 003/2014-RRC de 10 de febrero, que dejó sin efecto la resolución que fue recurrida de casación, enfatizando que se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP, más cuando es evidente que el Tribunal de alzada no se pronunció de manera precisa respecto al contenido del resto del memorial de apelación presentado por el recurrente, sin que la enmienda y complementación efectuada en la Resolución de 8 de enero de 2015, por la cual se incluyó el recurso del imputado Arturo Mamani Huanaca, tenga el mérito de subsanar la omisión a las obligaciones descritas por los citados arts. 124 y 398 del CPP, correspondiendo declarar fundado también el presente recurso.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 73/2014 de 29 de septiembre, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA