TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 531/2015-RRC

Sucre, 24 de agosto de 2015


Expediente        : Cochabamba 101/2014

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Edwin Ángel Martínez Arias

Delito        : Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 27 de octubre de 2014, cursantes de fs. 491 a 498 y 502 a 509, Emigdia Arminda Ponce de León, Julio Abrahan Quispe Ponce de León y Carla Patricia Oña Salazar, respectivamente, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista de 30 de septiembre de 2014, de fs. 472 a 478 y su Auto Complementario de 16 de octubre de la misma gestión cursante a fs. 482 a 483, pronunciados por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y los recurrentes contra Edwin Ángel Martínez Arias, por la presunta comisión del delito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, previsto y sancionado por el art. 298 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. En mérito a las acusaciones fiscal (fs. 2 a 4 vta.) y particular (fs. 12 a 14), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia de 1 de julio de 2011 (fs. 346 a 351), el Juez Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Edwin Ángel Martínez Arias, autor de la comisión del delito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, previsto y sancionado por el art. 298 del CP, imponiéndole la pena de dos años y dos meses de reclusión, más el pago de una multa de cincuenta días a razón de Bs. 20.- (veinte bolivianos) por día y costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia a favor de la acusación particular y/o víctima. Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en el art. 365 segundo párrafo del Código de Procedimiento Penal (CPP), concedió al imputado la suspensión condicional de la pena.


  1. Contra la mencionada Sentencia y su Auto Complementario (fs. 360 y vta.), el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 388 a 393), resuelto por Auto de Vista de 30 de septiembre de 2014 (fs. 472 a 478), dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedente en parte el citado recurso y anuló la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, previo sorteo computarizado, motivando la interposición de recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso


Del recurso de casación y del Auto Supremo 340/2015-RA de 1 de junio, se tiene el siguiente motivo, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido por los arts. 398 del CPP y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ):


Los recurrentes denuncian, insuficiente motivación del Auto de Vista impugnado, pues el Tribunal de alzada habría basado su decisión de anular la Sentencia en lo establecido por el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, afirmando que la Sentencia apelada sólo contenía una valoración descriptiva de la prueba y no así la valoración probatoria intelectiva; al respecto, señalan que el Tribunal no estableció si dicho precedente tenía la similitud fáctica para su aplicación, ya que el Auto Supremo citado se refiere a la facultad privativa y soberana que tienen los jueces y tribunales de sentencia para valorar la prueba tanto de cargo como de descargo y las reglas a ser aplicadas en la valoración probatoria, pero además el Tribunal de alzada no hubiese establecido el por qué concluyó que no existiría la valoración intelectiva y de qué manera  afectaba a las conclusiones finales del juez, peor aun cuando este aspecto no hubiese sido cuestionado en la apelación restringida formulada por la parte contraria, incurriéndose en contradicción a lo previsto por el Auto Supremo 151 de 2 de febrero de 2007, que establece que el art. 398 del CPP, prevé que la resolución de alzada debe circunscribirse a los puntos cuestionados por el apelante, de manera tal que si no fue cuestionado el supuesto análisis intelectivo de la prueba, el Tribunal de alzada con la nulidad de la Sentencia se habría extralimitado en su competencia resolviendo un punto que no fue objeto de impugnación.


Agrega, que el Auto de Vista es contrario a lo previsto en el Auto Supremo 67 de 11 de marzo de 2013, por no haberse circunscrito a los puntos apelados, careciendo de motivación al no haberse establecido adecuadamente las razones por las que se dispuso la nulidad de la Sentencia y principalmente si con la omisión extrañada (falta de valoración intelectiva) por el Tribunal de alzada, se eliminaba la existencia del delito querellado; por lo tanto, la contradicción entre los precedentes invocados y el Auto de Vista recurrido se establecería en que el fallo no se ajustó a los puntos de la apelación, no haberse fundamentado de forma correcta la nulidad dispuesta y  si con la falta de fundamentación intelectiva cambiaría el resultado del proceso, pues al respecto el Auto Supremo 136 de 20 de mayo de 2013, establecería que: “si la valoración resulta periférica de modo que eliminada hipotéticamente, la sentencia  tenga respaldo jurídico necesario, no corresponde su anulación”; en consecuencia, la nulidad no se justificaría si el resultado del reenvío de juicio denotaría el mismo resultado, máxime si además no sería evidente la falta de valoración intelectiva, hecho corroborado con la valoración efectuada a la testifical de Marín Fernández Nemesio y a las demás pruebas literales y/o documentales tanto de cargo como descargo.


I.1.2. Petitorio


Los recurrentes solicitan se tenga presente la verdad material, reconocida y garantizada en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se dicte uno nuevo, en base a la correcta interpretación y aplicación de los precedentes contradictorios citados.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 340/2015-RA de 01 de junio, cursante de fs. 583 a 585 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por los recurrentes, únicamente para el análisis de fondo de su segundo motivo.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Concluido el juicio oral, el Juez Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Edwin Ángel Martínez Arias, autor de la comisión del delito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, previsto y sancionado por el art. 298 del CP, imponiéndole la pena de dos años y dos meses de reclusión, más el pago de una multa de cincuenta días a razón de Bs.- 20 por día y costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia a favor de la acusación particular. Sentencia que fue pronunciada bajo los siguientes fundamentos: En el Considerando III, denominado, “Conclusión de los debates y fundamentación en conclusiones medios y elementos de convicción, probatorias y conclusiones” (sic), refiere que: 1) El Ministerio Público acusó a Edwin Ángel Martínez Arias (imputado), por la comisión del delito previsto en el art. 298 del CP, y por su parte la acusación particular por la comisión de otros delitos, haciendo referencia a que el 19 de septiembre de 2009, al promediar las 18:30 horas, cuando el querellante y su cónyuge Carla Patricia Oña Salazar, se encontraban en su departamento, escucharon ruidos y golpes, que con sorpresa se abrió con la fuerza empleada por el imputado, habiendo ocasionado daños en el marco de la puerta, ingresó a su propiedad en estado de ebriedad, abalanzándose contra su humanidad con la finalidad de agredir físicamente; 2) Dentro la actividad probatoria y como emergencia de la acusación, se tienen las pruebas testificales de cargo de: i) Ernesto Guarayo Apaza, que en su condición de policía señaló que el 19 de septiembre a horas 18:45, por un llamado de la central de radio patrulla 110, tomó contacto con Carla Patricia Oña, que denunció Allanamiento y en su departamento pudo evidenciar que se encontraba con escoriaciones en las manos, hematomas en la cabeza y encontró la puerta violentada y el living destrozado, procedió a conducir al imputado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); además, refirió que el acceso del inmueble y los cerrojos estaban violentados, la puerta destrozada e indicó que conoce al que encontró en el departamento, que se encontraba presente y señaló al imputado; ii) El 19 de septiembre a horas 18:30, Carla Patricia Oña Salazar, se encontraba con su esposo Abraham Quispe Ponce de León, trabajando en la computadora y ella descansaba, cuando escucharon ruidos en la puerta y antes de abrirla se rompió y vio al imputado ingresar de forma violenta y se abalanzó encima de su esposo; iii) Julio Abraham Quispe Ponce de León, indicó que sería querellante y víctima, y que el 19 de septiembre a horas 18:30 estaba trabajando en su computadora, escuchó golpes en la puerta y ésta se abrió, abalanzándose el querellado, la puerta rebotó y golpeó la cabeza del imputado y cayeron sobre la bicicleta y el living; iv) Marco Antonio Mamani Blacut indicó que es policía y le tocó conocer ese hecho, y procedió a llamar al personal de laboratorio con la finalidad de efectuar la fijación fotográfica, reconociendo las pruebas “MP2, MP3, MP4 y MP5”, arguyó, que el delito existió porque encontraron al imputado dentro del departamento del querellante, que había vestigios de violencia en la puerta, el marco de la puerta estaba rota, existía marca de planta de pie lo que podía haber ocasionado el destrozo de las bisagras; v) Evelin Soledad Zarco Moyano, señaló que Carla Patricia Oña Salazar le llamó para que fuera a su casa y vio los destrozos, que luego llegó Julio y sacaron fotografías; vi) Víctor Andrés Quispe Ponce de León, vio cómo su hermano sujetaba al imputado, el marco de la puerta estaba rota y había destrozos en el interior; y, vii) Carlos Santelises Bozo, refirió que al día siguiente del 19 de septiembre de 2009, llegó al departamento y vio que estaba destruida la parte lateral superior de la puerta. “Estas atestaciones que corren en antecedentes referidos puntualmente líneas arriba, al referir cumplen con las exigencias de tiempo, lugar vale decir han cumplido con las exigencias de probar la acusación respaldando y apoyando la acusación fiscal y particular cuando expresan que el sindicado ha ingresó al departamento del querellante en forma violente y sin consentimiento de su titular, con uniformidad permitiendo concluir que el sindicado EDWIN ANGEL MARTINES ARIAS, si participo directamente, EN EL HECHO REPROCHABLE QUE SE ACUSA” (sic); 3) Que de las pruebas testificales de descargo de: Pedro Antonio Barrientos Loayza, Margarita Patricia Eastman Rosales Rocha, Dardano Rocha Soria Gavarro y Marín Fernández Nemesio, no aportaron en absoluto a desvirtuar la acusación, refiriendo simplemente que conocen a su presentante y no saben con certeza de sus afirmaciones, incurriendo al contrario en contradicciones con excepción del testigo Pedro Antonio Barrientos Loayza, que señaló que el imputado estaba siendo presionado contra el sofá dentro del departamento del querellante, corroborando el ingreso del sindicado a domicilio ajeno; 4) Que de las pruebas literales de la acusación fiscal codificadas de la “MP1 a la MP5”: “Estas documentales ofrecidas por el ministerio público, conforme se tiene resumido junto al muestrario fotográfico evidencias y acreditan fehacientemente, que el sindicado Edwin Ángel Martinez Arias fue la persona que violentando la puerta de ingreso al departamento del querellante, ingreso al inmueble, con la intensión de agredir, donde fue dominado por el querellante, para luego se encontrado en la intervención policial directa e inmediata, más aún que como emergencia del mismo se protagonizó una serie de destrozos en el interior del living, la puerta, con marcas pedestres a los que refieren la muestra fotográfica como los informes referidos puntualmente, acreditando y demostrando que el sindicado fue el autor de los hechos acusados”; 5) Que de las pruebas literales de descargo signadas como “D-1” a la “D-7”, en absoluto no refieren al tipo penal acusado.


Asimismo, en el Considerando IV, bajo el Título “Hechos probados y subsunción” (sic), señaló: a) El sindicado Edwin Ángel Martínez Arias, el 19 de septiembre de 2009 a horas 18.30, utilizando violencia ingresó al departamento, vivienda o domicilio del querellante; b) El ingreso se encuentra respaldado por las declaraciones testificales de cargo, como las documentales ofrecidas y desfiladas en juicio; c) El imputado ingresó al departamento del querellante utilizando violencia, ello se evidenció de la prueba codificada como “MP-4”; y, d) Son razones suficientes las pruebas de cargo, que cumplirían con lo previsto por el art. 6 del CPP y las exigencias presupuestarias del art. 298 del CP.


II.2.De la apelación restringida del imputado.


Notificado el imputado con la Sentencia y su complementación, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 388 a 393), con los siguientes agravios: i) Inobservancia y errónea aplicación de la ley por defecto de procedimiento, indicando dos situaciones: a) Instalada la audiencia de juicio se ratificó en el incidente de acumulación de procesos; habida cuenta, que de los informes de acción directa y del asignado al caso, se estableció que su persona fue quien sufrió la agresión física, no habiéndose valorado su certificado médico forense con veinte días de impedimento, situación por la que inició proceso penal en contra del querellante por los delitos de Lesiones, Amenazas y Tentativa de Asesinato, que sucedieron la misma fecha, hora y lugar, correspondiendo en consecuencia la acumulación de ambos procesos por conexitud de causas; empero, su incidente fue declarado improcedente ocasionando un defecto absoluto; b) Solicitó la exclusión de las pruebas “MP1 y MP4”, por cuanto fueron obtenidas sin cumplir las formalidades establecidas, violándose el derecho a la defensa y a la norma procesal dejándole en estado de indefensión; ii) Defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, porque no se probó con objetividad que su persona fue el autor del delito de Allanamiento, por cuanto los testigos de cargo no presenciaron el hecho, efectuando el Juez de Sentencia, una defectuosa valoración de las pruebas testificales de cargo y de las pruebas signadas como “MP1 y MP4”, en vulneración de los arts. 13, 124, 171, 173 y 216 del CPP; y, iii) Defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, porque no existiría una fundamentación específica y detallada de la prueba, mencionando únicamente de forma genérica la prueba de cargo.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de 30 septiembre de 2014 (fs. 472 a 478), declaró procedente en parte el recurso planteado por el imputado; dispuso la anulación total de la Sentencia apelada y su Auto de Complementación; en consecuencia, ordenó la reposición del juicio por otro Juez de sentencia bajo los siguientes fundamentos vinculados a los motivos para la resolución de los recursos de casación: 1) Respecto a que la sentencia se basó en hechos inexistentes, no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, refirió que la parte imputada no puede pretender que el Tribunal de alzada vuelva a valorar las pruebas que se produjeron en el juicio oral, a cuyo efecto citó y transcribió el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, señalando que con la doctrina glosada y el contenido de la Sentencia impugnada, verificó que la Sentencia en el Considerando III, contiene una valoración descriptiva de la prueba; es decir, que transcribió el contenido de la misma, tanto en lo que se refiere a lo manifestado por los testigos; así como, lo que señala la prueba documental judicializada; empero, no existió la valoración intelectiva de la prueba; es decir, incumplió la exigencia legal prevista por el art. 173 del CPP; por cuanto, el Juez de Sentencia no determinó en ninguno de los Considerandos de la sentencia que valor le otorgó a la prueba judicializada, sea testifical o documental y en función a esa valoración intelectiva cuál o cuáles de esas pruebas que valoró le llevó a la convicción de la existencia del hecho ilícito que además lo llevaron a la convicción plena de la participación del imputado en el delito que se le atribuye, limitándose a citar la norma sustantiva, omitió lo esencial que es la subsunción del hecho al tipo penal acusado que acredite la punibilidad en contra del imputado derivada en la actividad probatoria intelectiva que en el caso no existe y menos en el Considerando IV, donde directamente la autoridad jurisdiccional arribó a sus conclusiones que no emergerían de la valoración probatoria ni la aplicación de las reglas de la sana crítica, toda vez, que no indicó qué pruebas y de qué modo acreditaron que la conducta del imputado se adecuó al tipo penal previsto por el art. 298 del CP, omisión que se enmarca en el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, que no puede ser subsanado por el Tribunal de alzada; por cuanto, conforme el precedente citado, la valoración de la prueba, compete al juez que sustancia el juicio oral, valorar la prueba a tiempo de emitir sentencia, que en el caso presente, el análisis extrañado implica que las partes desconozcan la logicidad que llevó al juzgador a determinar que la acusación fuera probada; en consecuencia, como Tribunal de alzada se ve obligado a la aplicación del art. 413 del CPP; y, 2) Respecto al defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, señaló que la admisión del defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) de la citada Ley, determina también que no existe fundamentación de la sentencia; por cuanto, no existe valoración intelectiva de la prueba y la fundamentación de la sentencia tiene que sustentarse en prueba objetiva que acredite sin lugar a duda la existencia del hecho ilícito y la participación del imputado, al omitir el juez ese elemento esencial derivado de la sustanciación del juicio oral, como es la valoración probatoria intelectiva en que se tiene que sustentar toda sentencia y esa valoración de la prueba no tiene que limitarse a citar la prueba desfilada en juicio oral, sino que la parte esencial de la actividad probatoria es la valoración intelectiva que debe realizar la autoridad jurisdiccional a efecto de determinar de qué manera cada uno o varios elementos probatorios han acreditado la acusación, por lo que las conclusiones a las que arribó el Juez de Sentencia en el Considerando IV no emergerían de esa actividad de valoración intelectiva de la prueba, desconociéndose en qué prueba o pruebas valoradas se sustentan, omisión que en consecuencia constituye defecto de sentencia previsto por el art. 370 inc. 5 del CPP.            


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Previamente corresponde destacar que este Tribunal, admitió los recursos de casación formulados a los fines de verificar la posible contradicción del Auto de Vista impugnado con los Autos Supremos 151 de 2 de febrero de 2007 y 67 de 11 de marzo de 2013, invocados como precedentes, al no haberse ajustado a los puntos de apelación, no haber fundamentado en forma correcta la nulidad dispuesta, menos establecido si con la falta de fundamentación intelectiva cambiaría el resultado del proceso, correspondiendo en consecuencia analizar y resolver la problemática planteada.


III.1.        De los precedentes contradictorios invocados.


El Auto Supremo 151 de 2 de febrero de 2007, fue pronunciado por  la Sala Penal Primera de la extinta Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación por el delito de Hurto, donde constató que el Tribunal de alzada a momento de la emisión de la Resolución recurrida, incurrió en revalorización de la prueba, ejerciendo una competencia exclusiva de los Jueces o Tribunales de sentencia, ante la inexistencia de doble instancia, razón por la que se dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado. Con esta precisión se deja constancia que dicho fallo, no será considerado como precedente dentro del presente análisis; toda vez, que resolvió una problemática diferente a la planteada por los recurrentes, impidiendo a este Tribunal efectuar la labor de contraste.


En cuanto al Auto Supremo 67/2013-RRC de 11 de marzo, se tiene que fue dictado por la Sala Penal Segunda de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en un proceso seguido por los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, donde evidenció que el Tribunal de alzada al haber resuelto el recurso de apelación restringida interpuesto por la parte querellante, se limitó a aplicar mecánicamente normas procesales relativas a la forma de judicialización de la prueba, sin considerar la aplicación del principio constitucional de la verdad material y del principio procesal de la valoración integral de las pruebas ejercida por el Tribunal de juicio, situación por la que dejó sin efecto la Resolución recurrida, sentando la siguiente doctrina legal aplicable: “El art. 180.I de la CPE establece como un principio constitucional el de la verdad material, desarrollada como la obligación que tiene todo juzgador en la labor efectuada sobre este principio, anteponiendo la verdad de los hechos antes que cualquier formalidad. Asimismo el art. 115.I de la referida Ley Fundamental, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; también reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.


En ese entendido, el Tribunal de apelación al resolver un recurso de apelación restringida en el que se denuncia la existencia de defecto de Sentencia porque se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, debe bajo el principio de verdad material reconocido constitucionalmente,  ponderar si la prueba observada o cuestionada como espuria tiene o no la característica de esencial o decisiva en el fallo emitido por el Juez o Tribunal de Sentencia; más aún cuando de la prueba presentada por el acusador particular y de la integralidad de las pruebas judicializadas no se genere convicción en el juzgador de la responsabilidad del imputado, porque dicho accionar no constituyó delito.

En consecuencia para disponer la anulación de la sentencia, no basta con la constatación de que se valoró una prueba que no fue judicializada de acuerdo a las formas previstas por la ley, sino también debe determinarse si eliminando hipotéticamente ese elemento de juicio, la resolución recurrida de apelación restringida, está fundada en otros elementos de convicción que le brinden el necesario respaldo jurídico; de modo que si este extremo resulta concurrente no corresponde la anulación de la sentencia y consecuente reenvío, porque lo contrario implicaría nuevamente poner en funcionamiento todo el sistema judicial, para llegar al mismo resultado, en directo detrimento de los sujetos procesales a quienes se les privaría de acceder a una justicia pronta, oportuna y sin delaciones”.


III.2.Fundamentación y motivación.


Conforme se tiene establecido por este Tribunal de Justicia, existe diferencia entre fundamentación y motivación, siendo la primera el respaldo legal de todo fallo, que denota que el mismo no es producto del capricho del juzgador, sino, que corresponde a la aplicación de la Ley al caso en concreto; en cambio la segunda, es la explicación, sobre la base de todo lo obrado, del por qué el Tribunal aplicó la normativa y cómo se vincula con la decisión final; es decir, es la parte del razonamiento lógico del fallo, brindando ambas en su conjunto un razonamiento lógico-jurídico que permite entender de forma clara el raciocinio empleado por el juzgador, con base en la Ley.


Sobre lo anterior, este Tribunal por Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo, estableció las formas en que se infringen, tanto la fundamentación como la motivación, al señalar: “Fundamentación y motivación no son sinónimos, aunque se encuentran íntimamente relacionados, de igual manera, se debe diferenciar entre falta de fundamentación o motivación de la indebida (incorrecta) fundamentación o motivación.


Debe entenderse por fundamentación la obligación inexcusable de la autoridad que emite un fallo, de sentar las bases jurídicas, legales (normativa constitucional, sustantiva y/o adjetiva), doctrinales y jurisprudenciales (las dos últimas solo cuando sea pertinente) que sustenten su decisorio; y por motivación, la exigencia de explicitar en la resolución los razonamientos lógicos respecto al porqué las citadas normas o razonamientos se ajustan al caso en concreto, es decir, se deben señalar las razones, circunstancias y motivos considerados para satisfacer de manera adecuada la pretensión de las partes, pudiendo acudir a la cita de obrados a efectos de respaldar o explicar la fundamentación y motivación vertida, sin que se pretenda que dichas citas o transcripciones se constituyan en toda la fundamentación y motivación del fallo, sino debe distinguirse con claridad  el trabajo racional realizado por la autoridad que emita la resolución. En ese entendido, una resolución puede encontrarse fundada o fundamentada en derecho (cita de preceptos legales sustantivos y adjetivos aplicables) y no contener motivación razonada y lógica, es decir, carecer de explicación de la conexión entre la normativa legal citada con la solución o respuesta que se da al caso en concreto motivo de la resolución. Por otra parte, una resolución, puede estar motivada, sin embargo carecer de fundamento jurídico que respalde la decisión, lo que podría convertir la resolución en subjetiva e inclusive arbitraria.


De igual manera, es necesario diferenciar la indebida motivación de la indebida fundamentación y la falta de motivación de la falta de fundamentación, la Tesis Aislada, I.6o.A.33 A, Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, novena época, tribunales colegiados de circuito, XV, marzo 2002, pág. 1350 (México) sostiene. La indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto (…). En cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos” .


III.3. Análisis del caso en concreto.


Sintetizada la denuncia traída a casación referida a que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación; por cuanto, no explicó por qué concluyó que no existió valoración intelectiva en la sentencia, si la falta de dicha valoración fue o no motivo de apelación por parte del imputado; y, si con la nulidad de la sentencia se cambiaría el resultado del proceso, se advierte que los recursos de casación fueron admitidos para su análisis de fondo a los fines de establecer la existencia de contradicción con los precedentes invocados, pues en el planteamiento de los recurrentes dicha contradicción se produjo por cuanto el Auto de Vista no se hubiese ajustado a los puntos de apelación, no fundamentó de forma correcta la nulidad dispuesta y no estableció si con la falta de fundamentación intelectiva cambiaría el resultado del proceso.


Para ese fin, resulta imprescindible acudir a los antecedentes, de los cuales se advierte que el Tribunal de alzada ante la interposición del recurso de apelación restringida interpuesta por el imputado, en el que se alegó, entre otros motivos,  la concurrencia de los defectos de Sentencia previstos por el art. 370 incs. 5) y 6), emitió el Auto de Vista de 30 de septiembre de 2014, por el que dispuso anular totalmente la Sentencia apelada y su Auto de Complementación, ordenando la reposición del juicio por otro Juez de sentencia; bajo el argumento de que la resolución de primera instancia habría incurrido en los defectos del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP; por cuanto a su criterio, si bien la Sentencia en su Considerando III, contenía una valoración descriptiva de la prueba, no existía la valoración intelectiva; es decir, incumplía la exigencia legal prevista por el art. 173 del CPP, porque el Juez de Sentencia no determinó en ninguno de los Considerandos de la Resolución qué valor otorgó a la prueba judicializada sea testifical o documental y en función a esa valoración intelectiva, cuál o cuáles de esas pruebas le hubiere llevado a la convicción de la existencia del hecho ilícito, agregando además, que en el Considerando IV, el Juez de sentencia, directamente arribó a sus conclusiones que no emergían de la valoración probatoria ni de la aplicación de las reglas de la sana crítica; toda vez, que no indicó qué pruebas y de qué modo acreditaban que la conducta del imputado se adecuó al tipo penal previsto por el art. 298 del CP, omisión que se enmarcaba en el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP; concluyendo el Tribunal de alzada, que el análisis extrañado implicaba que las partes desconozcan la logicidad que llevó al juzgador a determinar que la acusación fuera probada, situación por la que se habría visto obligado a la aplicación del art. 413 del CPP.


Además se constata que el Tribunal de apelación, señaló que la admisión del defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, determinaba también la inexistencia de fundamentación en la sentencia; por cuanto, la fundamentación de la Sentencia tendría que sustentarse en prueba objetiva que acredite sin lugar a duda la existencia del hecho ilícito y la participación del imputado, entonces, al omitir el Juez la valoración probatoria intelectiva en la que tendría que sustentarse la sentencia, ello también constituía el defecto de sentencia previsto por el art. 370 inc. 5 del CPP.


Ahora bien, considerando los cuestionamientos planteados por los recurrentes, se advierte en primer lugar no ser evidente el referido a que el fallo impugnado no se ajustó a los puntos de apelación, pues el Tribunal de alzada ante la denuncia de defectos de Sentencia previstos por el art. 370 inc. 5) y 6) del CPP, en observancia del principio de congruencia, resolvió ambos motivos en observancia del art. 398 del CPP, ya que el imputado en el ámbito del primer supuesto alegó en apelación que la sentencia carecía de una fundamentación específica y detallada de la prueba; correspondiendo en consecuencia constatar si el Tribunal de alzada fundamentó o no en forma correcta la decisión de anulación de la sentencia y consecuente reposición por otro Juez de Sentencia.


Para dicho fin, es necesario acudir al contenido de la sentencia, verificándose conforme se extractó en el apartado II.1 de esta Resolución, que el Juez de mérito en el Considerando III, denominado “Conclusión de los debates y fundamentación en conclusiones medios y elementos de convicción, probatorias y conclusiones” (sic), valoró la integridad de las pruebas de cargo y descargo, alegando que de las pruebas testificales de cargo de: Ernesto Guarayo Apaza, Carla Patricia Oña Salazar, Julio Abraham Quispe Ponce de León, Marco Antonio Mamani Blacut, Evelin Soledad Zarco Moyano, Víctor Andrés Quispe Ponce de León y Carlos Santelises Bozo, evidenció que: “Estas atestaciones que corren en antecedentes referidos puntualmente líneas arriba, al referir cumplen con las exigencias de tiempo, lugar vale decir han cumplido con las exigencias de probar la acusación respaldando y apoyando la acusación fiscal y particular cuando expresan que el sindicado ha ingreso al departamento del querellante en forma violente y sin consentimiento de su titular, con uniformidad permitiendo concluir que el sindicado EDWIN ANGEL MARTINES ARIAS, si participo directamente, EN EL HECHO REPROCHABLE QUE SE ACUSA” (sic); que de las pruebas testificales de descargo de: Pedro Antonio Barrientos Loayza, Margarita Patricia Eastman Rosales Rocha, Dardano Rocha Soria Gavarro y Marín Fernández Nemesio, señaló que no aportaron en absoluto a desvirtuar la acusación; por cuanto refirieron simplemente que conocen a su presentante y no saben con certeza de sus afirmaciones, incurriendo al contrario en contradicciones con excepción del testigo Barrientos Loayza que habría señalado que el imputado estaba siendo presionado contra el sofá dentro del departamento del querellante, corroborando el ingreso del sindicado a domicilio ajeno; que de las pruebas literales de la acusación fiscal codificadas de la “MP1” a la “MP5”, pudo evidenciar, que: “Estas documentales ofrecidas por el ministerio público, conforme se tiene resumido junto al muestrario fotográfico evidencias y acreditan fehacientemente, que el sindicado Edwin Ángel Martinez Arias fue la persona que violentando la puerta de ingreso al departamento del querellante, ingreso al inmueble, con la intensión de agredir, donde fue dominado por el querellante, para luego se encontrado en la intervención policial directa e inmediata, más aún que como emergencia del mismo se protagonizó una serie de destrozos en el interior del living, la puerta con marcas pedestres a los que refieren la muestra fotográfica como los informes referidos puntualmente, acreditando y demostrando que el sindicado fue el autor de los hechos acusados” (sic).

Prosiguiendo con el fundamento de la sentencia en su Considerando IV, bajo el Título “Hechos probados y subsunción” (sic), concluyó: a) Que el sindicado Edwin Ángel Martínez Arias, el 19 de septiembre de 2009 a horas 18:30, utilizando violencia ingresó al departamento, vivienda o domicilio del querellante; b) Que el ingreso se encontraría respaldado por las declaraciones testificales de cargo, como las documentales ofrecidas y desfiladas en juicio; c) Que el imputado ingresó al departamento del querellante utilizando violencia, ello se evidenciaría de las pruebas codificadas como “MP-4”; y, d) Que son razones suficientes las pruebas de cargo, que cumplirían con lo previsto por el art. 6 del CPP y las exigencias presupuestarias del art. 298 del CP.


Este conjunto de razones, permite constatar a este Tribunal Supremo de Justicia, que el Juez de Sentencia, estableció su criterio en base a las pruebas judicializadas en la etapa del juicio oral, sin que su labor se haya limitado a una valoración descriptiva de las pruebas judicializadas en la causa, sino también efectuó la valoración intelectiva de dichas pruebas que le permitió asumir la convicción de que el sindicado ingresó al departamento del querellante en forma violenta y sin consentimiento de su titular, concluyendo que el imputado participó directamente en el hecho por el cual fue acusado; agregando además, que las pruebas literales de la acusación fiscal codificadas de la “MP1” a la “MP5”, le permitieron constatar que el sindicado fue la persona que violentando la puerta ingresó al departamento del querellante, aspectos por los que concluyó en su Considerando IV de la sentencia, que el 19 de septiembre de 2009 a horas 18:30, el imputado utilizando violencia ingresó al departamento del querellante, ello conforme evidenció de la valoración que efectuó a las pruebas codificadas como MP-4, argumentos que evidencian, que la Sentencia, cuenta con el respaldo probatorio intelectivo que erróneamente observa el Tribunal de apelación a través del Auto de Vista impugnado.

 

De lo precedentemente expuesto, el argumento del Tribunal de alzada, referido a que el Juez de Sentencia no habría efectuado la valoración probatoria intelectiva de las pruebas judicializadas, constituyendo a su criterio defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, y a consecuencia de ello también incurriría en falta de fundamentación, no resulta evidente; al concluirse que la actuación del Juez de sentencia, se sujetó a las previsiones del art. 173 del CPP, que extraña el Tribunal de apelación, pues realizó la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida en juicio, efectuando la valoración descriptiva e intelectiva de las pruebas judicializadas e incorporadas a juicio, que lo indujeron a emitir la sentencia condenatoria contra el imputado.


Por los argumentos expuestos, se concluye que el Tribunal de apelación al haber dispuesto juicio de reenvío sin la debida revisión integral de la Sentencia, incurrió en una indebida motivación, al sostener la decisión de anulación en motivos que no se ajustan a los presupuestos de las normas legales citadas como fundamento del Auto de Vista impugnado, incurriendo en contradicción con el Auto Supremo 67/2013-RRC de 11 de marzo, en términos de que la decisión de anulación de la sentencia y consecuente reposición, fundada o motivada incorrectamente, priva a los sujetos procesales de acceder a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; debiendo dejarse constancia que al concluirse que la sentencia contiene una fundamentación intelectiva, resulta innecesario considerar el último cuestionamiento planteado por los recurrentes; consecuentemente, los recursos interpuestos, devienen en fundados.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 30 de septiembre de 2014 y su Auto Complementario de 16 de octubre de la misma gestión, y determina que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA