TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 528/2015-RA

Sucre, 20 de agosto de 2015


Expediente                : Santa Cruz 57/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Ahilton Rivarola Antelo y otros

Delitos                : Robo Agravado y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de junio de 2015, cursante de fs. 505 a 510, Ahilton Rivarola Antelo, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 102 de 15 de mayo de 2015, de fs. 489 a 493, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido el Ministerio Público contra Henry Acosta Daza, Eduardo Barrientos Maldonado, Ahilton Rivarola Antelo y Oswaldo Rodríguez Padilla, por la presunta comisión de los delitos de Asociación Delictuosa y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 132 y 332, incs. 1) y 2) del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 39 a 43), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 17/14 de 20 de agosto de 2014 (fs. 376 a 382), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a los imputados Ahilton Rivarola Antelo, Oswaldo Rodríguez Padilla, Henry Acosta Daza, Eduardo Barrientos Maldonado autores y culpables de la comisión de los delitos de Asociación Delictuosa y Robo Agravado, a éste último en grado de complicidad, previstos y sancionados por los arts. 132 y 332, incs. 1) y 2) del CP, siendo condenados con la pena privativa de libertad, al primero diez años, el segundo y tercero ocho años; y, al cuarto cinco años de presidio, con costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Ahilton Rivarola Antelo formuló   recurso de apelación restringida (fs. 411 a 415), resuelto por Auto de Vista 102 de 15 de mayo de 2015, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e  improcedente el recurso; y, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado el 15 de junio de 2015 (fs. 494), el 19 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación, sujeto al presente examen de admisibilidad. 


II. SOBRE EL  MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 505 a 510, se extrae el siguiente motivo:



1)        El Tribunal de alzada sin cumplir con lo establecido en los arts. 124, 171 y 173 del CPP, omitió dar respuesta a cada uno de los puntos fundamentados en el recurso de apelación, aduciendo a su vez que denunció la existencia de defectos absolutos, relativos a: i) La falta de fundamentación y motivación en la Sentencia que lo condenó, infringiendo lo previsto por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), Sentencia Constitucional (SC) 1146/2003-R y Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2013; ii) El Tribunal de apelación no tomó en cuenta los arts. 37 y 24 del CP, al considerar que fue correctamente sentenciado por los arts. 332 inc. 2), 132 y 20 del mismo Código; iii) No se realizó la inspección y reconstrucción, que era determinante para que la defensa muestre que el imputado no se encontraba en el lugar del hecho, vulnerando el derecho a la inviolabilidad de la defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso; iv) No se tomó en cuenta las atenuantes generales ni especiales, toda vez que la sentencia condenatoria es producto de una actividad procesal defectuosa, por la violación al principio de continuidad, inmediación y concentración, por las constantes y prolongadas interrupciones, en desconocimiento de art. 335 del CPP; v) Se investigó otros casos sin respetar la independencia que jueces y tribunales tienen en cada caso, en desconocimiento de los arts. 45, 279 y 321 del CPP, incurriendo en defectos absolutos previstos en el art. 169 incs. 3) y 4) y 370 del mismo Código; vi) No consta la existencia de la agencia de cerveza, su legalidad, la existencia real del dinero y otras pertenencias y muchos menos la presencia de otros clientes que hubiesen sido víctimas, siendo apreciación judicial errada; vii) Las declaraciones de los testigos estaban preparadas, habiéndose cambiado los datos de las circunstancias para incriminar al recurrente; viii) Los errores de la sentencia apelada, no van con el libre arbitrio y sana crítica y mucho menos con la ciencia, experiencia y conciencia de Jueces y Vocales, ya que además no existe un voto individual fundamentado y razón del porqué se declara su culpabilidad y mucho menos las agravantes; ix) Las declaraciones del testigo y las pruebas 1, 2, 13 no son idénticas y menos coincidentes para ser tomadas como prueba de cargo, por ello, se daría lugar a la nulidad absoluta prevista en el art. 169 inc. 3) del CPP; y, x)  En cuanto a la determinación de la pena existe falta de fundamentación de derecho, pues  se lo sentencia a diez años de presidio, adecuando su conducta al art. 48 de la “Ley 1008” y que este presupuesto requiere que haya dos autores y en el caso de autos se lo tiene a él como único supuesto autor y a los coprocesados como autores conforme al art. 20 del CP, por lo que debió aplicarse el principio de la duda razonable in dubio pro reo  y absolverlo conforme el art. 363 incs. 1), 2) y 4) del CPP; además, de incurrir la sentencia condenatoria en los defectos previstos en el art. 370 incs. 2), 3), 5), 6), 8) y 11) del CPP.


2)  El Auto de Vista recurrido, incurre en la misma  falta de la Sentencia respecto al análisis al caso concreto, que no hay registro de lugar del hecho, acta circunstanciada, flagrancia ni reconstrucción en el lugar y circunstancias precisas del hecho que determine el modo e individualización de los partícipes que hubieren adecuado su conducta al delito juzgado por el Tribunal de instancia.


Al concluir, cita los Autos Supremos 149/2013, 343/2013, 177/2013, 549/2013 y 251/2012.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180. II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer un recurso que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: 1) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el presente caso, se establece que el 15 de junio de 2015, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el 19 del mismo mes y año, formuló el presente recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, cumpliendo el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los demás requisitos de admisibilidad, del análisis de los fundamentos del recurso de casación, se advierte que el recurrente lejos de explicar de manera clara y precisa, cuál el agravio provocado por el Auto de Vista recurrido, de manera genérica y confusa, como primera denuncia, expresa que el Tribunal de alzada omitió dar respuesta a cada uno de los puntos cuestionados en apelación, señalando a su vez que denunció la concurrencia de defectos absolutos, efectuando a continuación una desordenada descripción de defectos inherentes a la Sentencia, como ser la denuncia genérica de falta de motivación y fundamentación de la misma; la validación que habría efectuado el Tribunal de alzada en cuanto a la emisión de una Sentencia condenatoria; cuestionantes inherentes a la etapa investigativa y la actividad probatoria desarrollada en juicio; la duda con relación a la valoración probatoria referente a varias circunstancias que habrían sido determinadas en la resolución de mérito sin la debida justificación y en ausencia del libre arbitrio y sana crítica (como la participación del acusado en los hechos endilgados, la falta de certeza sobre la existencia de la agencia de cerveza, de su legalidad, la existencia de dinero, demás pertenencias y otros clientes que habrían sido víctimas y las “forzadas” declaraciones testificales); así, como la concurrencia simultánea de los defectos de sentencia previstos en el art. 370 incs. 2), 3), 5), 6), 8) y 11) del Código adjetivo penal, argumentación que contrastada con la segunda denuncia, en la que de manera resumida y parcial reitera algunas de las impugnaciones efectuadas en la primera parte del recurso, denota una contradicción de argumentos, por cuanto en primer lugar cuestiona la falta de pronunciamiento del Tribunal de alzada respecto a varios puntos de apelación (lo que hace a la figura de incongruencia omisiva); y en segundo lugar, asevera que el Auto de Vista incurrió en la misma falta de la Sentencia (pudiendo tratarse de denuncia de fundamentación errada o en la simple validación de los errores -lo que no queda claro-), incoherencia que no permite tener certeza de lo que realmente impugna el recurrente, al ser ambas figuras excluyentes entre sí.


Lo expuesto, sumado a la falta de identificación de doctrina legal aplicable, en los términos exigidos por el art. 416 del CPP; es decir, Autos de Vista o Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia y este Máximo Tribunal, acompañada de una explicación clara y precisa respecto al sentido de la presunta contradicción (lo que de ningún modo cumplen el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2013, que no consta en el sistema, ni los demás Autos simplemente citados al finalizar el recurso), impide que este Tribunal pueda abrir su competencia para efectuar el control sobre la unificación jurisprudencial.


Por último, no obstante de haberse denunciado la existencia de defectos absolutos, aludiendo a la inviolabilidad del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso, únicamente respecto a la denuncia de falta de celebración de la inspección y reconstrucción del hecho, en atención a los presupuestos plasmados en el apartado IV del presente Auto Supremo, el recurrente omitió explicar cuál el resultado dañoso emergente del defecto denunciado, lo que constituye de vital importancia a efectos de determinar la nulidad de la resolución de alzada, en base al principio de trascendencia, que rige el sistema de nulidades procesales; en consecuencia, al no haber cumplido la parte impugnante su obligación de fundamentar de manera adecuada y suficiente el recurso de casación, resulta inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, de fs. 505 a 510, interpuesto por Ahilton Rivarola Antelo.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA