TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 522/2015-RA

Sucre, 27 de julio de 2015


Expediente                : Cochabamba 41/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Raúl René Juaniquina Soto

Delito        : Violación de Niño, Niña o Adolescente


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de junio de 2015, cursante de fs. 659 a 667 vta., Raúl René Juaniquina Soto interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 010 de 15 de abril de 2015, de fs. 632 a 641 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Emma Caparí Fernández contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis, con relación al art. 310 incs. 2), 4) y 7), ambos del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 3 a 6) y particular (fs. 12 a 17 vta.); una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, por Sentencia 13/2012 de 9 de mayo (fs. 499 a 515), pronunciada por el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró al imputado Raúl René Juaniquina Soto, autor del delito de Violación de Niña, Niño o Adolescente, previsto en el art. 308 Bis, con la agravante prevista en el art. 310 inc. 2) del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de veinticinco años de presidio, sin derecho a indulto, a ser cumplido en el Centro Penitenciario de “El Abra”; asimismo, se lo condenó al pago de costas y resarcimiento de los daños civiles a favor de la víctima y el Estado; por otra parte, se rechazó el incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto por la defensa del imputado.


  1. La mencionada Sentencia fue objeto de apelación restringida por parte del imputado Raúl René Juaniquina Soto (fs. 528 a 533), resuelto por Auto de Vista 45 de 11 de junio de 2014 (fs. 568 a 573), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 550/2014-RRC de 15 de octubre (fs. 594 a 610); a cuyo efecto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista 010 de 15 de abril de 2015 (fs. 632 a 641 vta.); por el que, declaró improcedente el recurso interpuesto; en consecuencia, confirmó la Resolución apelada.


  1. Notificado el recurrente con el mencionado Auto de Vista el 23 de junio de 2015 (fs. 642), interpuso recurso de casación el 30 del mismo mes y años, objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen como motivos los siguientes:


  1. El Auto de Vista 010 de 15 de abril de 2015, se fundó exclusivamente en los puntos resueltos y considerados como doctrina legal vinculante en el Auto Supremo 550/2014-RRC de 15 de abril, dictado dentro de este mismo proceso, sin considerar ni realizar un control de legalidad y coherencia de la Sentencia sobre los puntos establecidos en la apelación restringida, específicamente respecto a la denuncia de prueba ilegalmente incorporada al proceso por no cumplir las formalidades legales, sobre la que gravitó la decisión del Tribunal de mérito; y por la que, adquirió convicción de su presunta participación en el hecho ilícito que le fue atribuido; por cuanto, a tiempo de transcribir parte del contenido del citado Auto Supremo, que efectuó el análisis respecto a la prueba “PE1”, denuncia que carece de coherencia interna y externa, al contradecirse en la aplicación del principio acusatorio, violando flagrantemente los principios constitucionales y básicos del derecho penal acusatorio que rige la legislación nacional, al ser inadmisible en el ordenamiento jurídico constitucional y penal la inversión de prueba en materia penal, ya que, quien acusa debe demostrar lo aseverado y no puede constituir prueba plena la declaración o información del acusador.


Al efecto, asegura que el razonamiento del Tribunal Supremo sobre el valor probatorio de la “PE1”, es erróneo; por cuanto, en el acta de juicio de 27 de abril de 2012, hrs. 09:45, denota que el Tribunal de Sentencia consideró necesaria la realización de una tercera revisión médico forense para tener mejor conocimiento de la existencia o no de las agresiones sexuales señaladas, debido a la duda que generó en el Tribunal la pericia realizada por la defensa; en consecuencia, se realizó una prueba de oficio, atentando al derecho penal acusatorio; por lo que, al declararse ilegal la citada prueba, debe disponerse la nulidad de la Sentencia.


  1. Con relación a la denuncia de existencia del defecto previsto en el art. 370 inc. 4) con relación al inc. 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP),el Tribunal de apelación debió fundamentar el Auto recurrido, en el hecho de que si se aplicó o no correctamente la sana crítica, o en su caso, si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano, conforme a lo establecido en los Autos Supremos 515 de 16 de noviembre y 308 de 25 de agosto, ambos de 2006, que establecen que ante la eventual denuncia de medios o elementos probatorios ilegales incorporados al proceso, derivando en una defectuosa valoración de la prueba, el Tribunal de alzada debe realizar un efectivo control del sistema de valoración de la prueba, cuidando que la actuación del inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica, la experiencia, conocimiento, entendimiento, lógica y ciencia del Juzgador, pronunciándose de manera expresa sobre lo denunciado.


Previa descripción de los defectos de sentencia citados, añade que el Tribunal de apelación incurrió en “FALTA DE PRONUNCIAMIENTO Y FUNDAMENTACIÓN” (sic); a cuyo efecto, citó los Autos Supremos 448 de 12 de septiembre de 2007, ratificado por el 335 de 10 de junio de 2011, referidos a que el derecho al debido proceso exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que exista una fundamentación legal y cita de las normas que sustenta la parte dispositiva, cuando se omite este aspecto, se emite una resolución que afecta su esencia y se  toma una decisión de hecho y no de derecho, catalogándolo de defecto absoluto no susceptible de convalidación.


Por último, cita los Autos Supremos 442 de 10 de septiembre de 2007, 85/2013 de 26 de marzo, 679 de 17 de diciembre de 2010 transcribiendo parte de su razonamiento; y, 411 de 20 de octubre de 2006, 308 de 25 de agosto de 2006, 515 de 16 de noviembre de 2006, 272 de 4 de mayo de 2009 y 550 de 15 de octubre de 2014.


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer los recursos que la norma adjetiva prevé, las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia cuando éstos sean contrarios a otros precedentes pronunciados por sus Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; labor reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derechos objetivo establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme se tiene señalado, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista recurrido el 23 de junio de 2015, habiendo planteado recurso de casación el 30 del mismo mes y año, ante la Sala Penal Segunda; es decir, dentro de plazo legal y ante el mismo Tribunal cuya Resolución se cuestiona en el presente recurso, correspondiendo ahora verificar el cumplimiento de los demás requisitos exigidos en los arts. 416 y 417 del CPP.


Antes de ingresar al análisis de fondo de los motivos expuestos en casación, es preciso recordar al impugnante que, conforme se expuso en el apartado III del presente Auto Supremo, el recurrente tiene la carga argumentativa de explicar en forma clara y precisa la forma cómo el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con la doctrina legal invocada; es decir, en qué consisten los defectos de pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, explicando por qué el precedente invocado sería aplicable al caso, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos distintos; y, la solución pretendida, de modo que este Tribunal pueda efectuar una efectiva contrastación con la jurisprudencia cuya aplicación solicita el recurrente.


En ese contexto, con relación al primer motivo, se advierte que el recurrente sostiene que el Auto de Vista recurrido actuó únicamente basado en el razonamiento expuesto en el Auto Supremo 550/2014-RRC de 15 de octubre, el cual, tacha de incoherente y contradictorio en cuanto a la aplicación del principio acusatorio respecto a la introducción de la prueba “PE1”, que afirma, constituye una prueba incorporada al proceso de forma ilegal, al no cumplir las formalidades legales y sobre la cual, el Tribunal de mérito habría tomado la decisión de declararle autor del hecho acusado; sin embargo, se advierte que el impugnante soslaya su obligación de invocar precedente alguno contrariado por el Auto de Vista recurrido, resaltando en su denuncia una impugnación al Auto Supremo citado, el cual, es inimpugnable vía recurso ordinario, al constituir una Resolución firme emitida por la Sala Penal de este Máximo Tribunal de Justicia, el que debe ser observado por todos los administrados judiciales.


Por lo expuesto, al evidenciarse un claro incumplimiento de la carga procesal argumentativa respecto a la invocación de precedente contradictorio, corresponde declarar su inadmisión.


Con relación al segundo motivo, se advierte que el recurrente de forma contradictoria afirma por un lado, que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación respecto a la denuncia de defecto previsto en el art. 370 inc. 4) con relación al inc. 6) del CPP, argumentando que debió haber analizado si el Tribunal inferior aplicó correctamente la sana crítica o en su caso si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento; y, de forma paralela asegura que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre el aludido defecto, describiendo a continuación los aspectos que no habrían merecido pronunciamiento, argumentación incoherente por cuanto, el recurrente asume como una misma lesión de falta de fundamentación y la incongruencia omisiva, elementos del debido proceso que tienen diferentes connotaciones y por ende, distinto análisis, razón por lo cual no es posible identificar correctamente el agravio expuesto en casación, impidiendo que se pueda efectuar labor de contraste alguno con los precedentes invocados, por la falta de precisión en la exposición del motivo, incumpliendo el recurrente la carga procesal de argumentar en forma clara y precisa el motivo de impugnación; en consecuencia, resulta inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación de fs. 659 a 667 vta., interpuesto por Raúl René Juaniquina Soto.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA