TRIBUNAL SUPREM O DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 515/2015-RA

Sucre, 27 de julio de 2015


Expediente                : La Paz 102/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Fabio Antonio Chipana Condori

Delitos                : Falsedad Ideológica y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de enero del 2015, cursante de fs. 860 a 863, Fabio Antonio Chipana Condori, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 77/2014 de 7 de octubre, de fs. 846 a 850 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Jesús Juan Zurita Morales contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los art. 199 y 203 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 98/2013 de 16 de diciembre (fs. 741 a 746 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Fabio Antonio Chipana Condori, autor de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión, más costas a favor del Estado y reparación de daño civil a favor de la víctima, a ser calificadas en ejecución de sentencia, siendo absuelto por el delito de Falsedad Ideológica previsto en el art. 199 de CP.

 

  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 828 a 833 vta.), resuelto por Auto de Vista 77/2014 de 7 de octubre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.


  1. El  5 de enero de 2015 (fs. 852), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista y el 12 del mismo mes y año, interpuso recurso de casación.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Denuncia el recurrente que el Tribunal de alzada  de manera genérica concluye que en el caso de autos no existe vulneración derechos y que se cumplió con las normas legales; sin considerar que abiertamente se forzó su conducta para adecuarla al tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado, y que de manera subjetiva se lo condenó por el referido ilícito; Resolución ratificada por el Tribunal de alzada sin considerar lo dispuesto por los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, 417/03 de 19 de agosto de 2003, 431 de 11 de octubre de 2006 y 315 de 25 de agosto de 2006; pues en el caso de autos no existiría prueba que su persona hubiera sabido de la supuesta falsedad del documento de préstamo, pues alega que fue la supuesta víctima que lo citó ante la notaria y para su llegada ya había firmado el documento; que sólo la supuesta víctima sabe con quién hizo firmar el mismo a fin de no honrar su deuda, más cuando en el proceso coactivo que inició, la supuesta excepción de falsedad habría sido rechazada por las autoridades en materia civil, y porque en juicio no se demostró que su persona utilizó un documento de préstamo “a sabiendas” de que era falso, pues lo único que pretendía era cobrar el dinero que presto y que fue fruto de los ahorros de toda su vida, y que su acción se limitó a eso, lo cual tampoco fue considerado por el A quo que lo condena como autor en aplicación del art. 20 del CP, cuando él no tuvo el dominio final del hecho.


  1. Arguye que, el Tribunal de alzada sin fundamento, concluyó que el A quo aplicó correctamente lo dispuesto por el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuando el Tribunal de mérito no describió ni valoró las pruebas D-PD6 y D-PD7 que fueron judicializadas, consistentes en resoluciones emitidas por el Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil y por el Tribunal Supremo de Justicia, las cuales habrían rechazado la supuesta falsedad del documento de préstamo y que tampoco; por lo que alega que la Sentencia no cumplió con lo dispuesto por el inc. 2) del art. 360 del CPP, e incurrió a la vez en el defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 de la norma adjetiva penal, vulnerando el debido proceso y su derecho a la defensa, defecto que a decir del recurrente es insubsanable: En este motivo el recurrente invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 384 de 26 de septiembre de 2005, alegando que el mismo exige la aplicación de las reglas de la sana crítica para una correcta valoración probatoria.


III.REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia, desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 5 de enero de 2015, el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado y el día 12 del mismo mes y año, formuló recurso de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la Ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto al primer motivo, el recurrente denuncia que el Tribunal alzada concluyó de manera genérica que no existe vulneración de sus derechos, sin considerar que el A quo había forzado la adecuación de su conducta al tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado, pues no se habría probado que su persona uso el documento de préstamo “a sabiendas” de que era falso, y que se lo condenó en base al art. 20 del CP, cuando su persona lo único que pretendió fue cobrar a su deudor y no tuvo dominio final del hecho; motivo en el que citó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, 417/03 de 19 de agosto de 2003, 431 de 11 de octubre de 2006 y 315 de 25 de agosto de 2006; empero, no cumplió con la carga procesal de señalar en términos precisos cuál la supuesta contradicción entre éstos precedentes y el motivo traído en casación, deviniendo en inadmisible el presente motivo, por incumplimiento del requisito previsto por el segundo párrafo del art. 417 del CPP.


En relación al segundo motivo, acusa que el Tribunal de alzada concluyó de manera errónea que el A quo obró conforme lo dispuesto por el art. 173 del CPP, sin considerar que el Tribunal de alzada pese a que las pruebas D-PD6 y D-PD7 fueron judicializadas, en Sentencia no las describió y en consecuencia tampoco las valoró, incumpliendo con lo dispuesto por el inc. 2) del art. 360 e incurriendo en el defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, defecto absoluto de la Sentencia, que vulnera el debido proceso y su derecho a la defensa; motivo en el que el recurrente invocó como precedente el Auto Supremo 384 de 26 de septiembre de 2005, sin embargo, no cumplió con la carga procesal de señalar en términos precisos cual la supuesta contradicción entre el precedente invocado y el motivo traído en casación, incumpliendo con lo dispuesto por el art. 417 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, interpuesto por Fabio Antonio Chipana Condori, de fs. 860 y 863.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA