TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 509/2015-RA

Sucre, 20 de julio de 2015


Expediente                : Tarija 42/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Judith Miranda Ríos y otra

Delito        : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de mayo de 2015, cursante de fs. 153 a 155, Judith Miranda Ríos y Yandira Castedo Miranda interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 5/2015 de 26 de enero, de fs. 148 a 151 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de las recurrentes, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 en relación al 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 7 a 9), y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Villa Montes del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunció la Sentencia 09/2012 de 24 de septiembre (fs. 125 a 130 vta.); por la que, declaró a las imputadas Judith Miranda Ríos y Yandira Castedo Miranda autoras de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 en relación al 33 inc. m) de la Ley 1008, imponiéndoles; a la primera la pena privativa de libertad de catorce años, y doce años de presidio a la segunda  más el pago de trescientos días multa a razón de 2 Bs.- (dos bolivianos) por día haciendo un total de seiscientos bolivianos y costas en favor del Estado; asimismo, dispuso la confiscación a favor del Estado de los objetos y dineros secuestrados consistentes en un celular marca Sony Ericsson modelo ilegible, “imei” ilegible, industria china y la suma de Bs. 989.- (novecientos ochenta y nueve bolivianos).


  1. Contra la referida Sentencia, las imputadas Judith Miranda Ríos (fs. 134 a 136 vta.), y Yandira Castedo Miranda (fs. 138 a 139), formularon recursos de apelación restringida; respectivamente, siendo resueltos por Auto de Vista 5/2015 de 26 de enero (fs. 148 a 151 vta.), dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija que declaró sin lugar los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Notificadas las recurrentes con el referido Auto de Vista el 19 de mayo de 2015 (fs. 158) y 3 de junio del mismo año (fs. 161 vta.), interpusieron recurso de casación el 22 de mayo de 2015, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 153 a 155, se extraen los siguientes motivos:


  1. Las recurrentes haciendo mención a los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP), refieren que ante su denuncia concerniente a que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, el Tribunal de alzada apreció, que en el domicilio que se allanó, se encontraron sustancias controladas que se los comercializaba, encontrándose a sus personas dentro del mismo y que de la revisión en áreas comunes como la lavandería y la ropa recién lavada encontraron sustancia controladas en sobrecitos; además, hallaron en los dormitorios dinero que fue secuestrado al igual que los celulares que eran de sus propiedades; sin embargo, alegan las recurrentes, que no establecieron cuál era la finalidad del secuestro de los celulares, no existiendo ningún nexo, ni cuál sus grados de participación para que varié la graduación de las penas impuestas a sus personas; puesto que, la única prueba habría sido el haber encontrado a Judith Miranda en el lugar de los hechos, no teniendo relación el acta de secuestro, el registro del lugar de los hechos, informes policiales, testifical y otros que si bien fueron incorporadas a juicio; empero, a decir de las recurrentes darían lugar al tipo penal de Suministro en grado de Tentativa, habiéndose incurrido en defectos de derecho y no hecho como la errónea aplicación de la ley, al efecto citan los Autos Supremos 131/2007 de 31 de enero y 453/2014-RRC de 11 de septiembre.


  1. Como segundo agravio, denuncian que ante su reclamo referido a que la Sentencia carecía de fundamentación, el Tribunal de alzada no cumplió con lo dispuesto por el art. 124 del CPP; por cuanto, se habría apartado de los fundamentos de sus recursos y de la existencia de defectos de la Sentencia; toda vez, que no se habría referido a la incorporación de elementos probatorios en violación de las normas de la Ley 1970, como tampoco se hubiere referido a que la Resolución era insuficiente y contradictoria y que se basó en hechos inexistentes y no acreditados; valoración defectuosa de las pruebas; errónea aplicación de la ley sustantiva, limitándose a confirmar la Sentencia condenatoria, no ejerciendo el control de legalidad, concluyendo que el fallo apelado por Judith Miranda se ajustaría plenamente a normas procesales y en cuanto a Yandira Castedo, no habría efectuado ningún análisis ni reparo ante su reclamo, incidiendo en actividad procesal defectuosa, al efecto invocan el Auto Supremo 410 de 20 de octubre de 2006 y la Sentencia Constitucional 012/2006-R de 4 de enero.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que las recurrentes cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que Yandira Castedo Miranda fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 19 de mayo de 2015 (fs. 158) y Judith Miranda Ríos fue notificada con la referida Resolución el 3 de junio del mismo año (fs. 161 vta.), debido a que la misma fue trasladada de la cárcel pública de Villa Montes a la cárcel pública de Morros Blancos de Tarija, debido a que la misma se encuentra con Sentencia condenatoria por otro proceso de conocimiento del mismo tribunal, habiendo presentando su recurso de casación el 22 de mayo de 2015, conforme consta en el sello de recepción de fs. 155 vta., cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, respecto al primer motivo, referido a que ante su denuncia concerniente a que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, el Tribunal de alzada no habría considerado que no se estableció cuál fue la finalidad del secuestro de los celulares, no existiendo ningún nexo, ni cuál el grado de participación de las acusadas para que influencie en la graduación de las penas; habida cuenta, que la única prueba fue el haber encontrado a Judith Miranda en el lugar de los hechos, no teniendo relación los otros elementos de prueba que si bien habrían sido incorporadas a juicio; empero, darían lugar al tipo penal de Suministro en grado de Tentativa, incurriendo en defectos de derecho y no de hecho como la errónea aplicación de la ley; sobre este agravio, las recurrentes citan los Autos Supremos 131/2007 de 31 de enero y 453/2014-RRC de 11 de septiembre; empero, se limitaron a su mera enunciación, no observándose el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción que impone el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar los Autos Supremos, (lo que se advierte en este caso); sino, corresponde explicar por qué consideran que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos de los precedentes invocados, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente recurso; en consecuencia, este motivo deviene en inadmisible.


Con relación al segundo motivo, referido a que el Tribunal de alzada no habría cumplido con lo dispuesto por el art. 124 del CPP, ante sus denuncias concernientes a que la Sentencia carecía de fundamentación, limitándose a confirmar la Resolución condenatoria, no ejerciendo el control de legalidad; por cuanto, no se habría referido a la incorporación de elementos probatorios en violación de las normas de la Ley 1970; que la Sentencia era insuficiente y contradictoria y que se basó en hechos inexistentes y no acreditados; valoración defectuosa de las pruebas; errónea aplicación de la ley sustantiva, al efecto invocan el Auto Supremo 410 de 20 de octubre de 2006, que estaría referida a que la escasa o contradictoria fundamentación conllevaría a violación de derechos y garantías constitucionales, en la argumentación del recurso, se evidencia que las recurrentes explicaron la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, resultando admisible este motivo.


En cuanto a la invocación de la Sentencia Constitucional 012/2006-R de 4 de enero, corresponde señalar que conforme el entendimiento del art. 416 del CPP, la misma no constituye precedente contradictorio.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Judith Miranda Ríos y Yandira Castedo Miranda, de fs. 153a155;únicamente con relación al segundo motivo del acápite II de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del art. 418 del CPP, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA