TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 507/2015-RA

Sucre, 20 de julio de 2015


Expediente        : Santa Cruz 52/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Guillermo Andrés de la Hoz Torres

Delito        : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de junio de 2015, cursante de fs. 149 a 152 vta., Guillermo Andrés de la Hoz Torres, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 95 de 6 de mayo de 2015, de fs. 130 a 134 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en contra del recurrente, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley del Régimen de Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 14 a 16 vta.), una vez desarrollado y concluido el juicio oral y público, el Juez Tercero de Sentencia, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 15/2015 de 16 de marzo (fs. 98 a 102); por la que, declaró a Guillermo Andrés de la Hoz Torres, autor y culpable de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, condenándolo a cumplir la pena de ocho años de presidio a cumplir en el Centro de Rehabilitación “Palmasola” de la ciudad de Santa Cruz, sección varones, con la condenación de costas procesales, más quinientos días multa, a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, a pagar en efectivo al cumplir la pena, mediante depósito judicial.


  1. La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación incidental por parte del Ministerio Público, (fs. 112 y vta.), que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista 95 de 6 de mayo de 2015, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa cruz, que declaró admisible y procedente el recurso interpuesto; por consiguiente, revocó totalmente la Sentencia apelada y deliberando en el fondo, declaró al acusado Guillermo Andrés de la Hoz Torres, autor y culpable de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado en el art. 48 de la Ley 1008, condenándole a cumplir la pena de diez años de presidio a cumplirse en la Cárcel Pública de “Palmasola”, con costas; y, al pago de trescientos días multa, a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día.


  1. Notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado el 28 de mayo de 2015 (fs. 135), interpuso recurso de casación, el 1 de junio del mismo año, objeto del presente análisis de admisibilidad.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De los argumentos expuestos por el recurrente se extraen los siguientes motivos:

  1. En el primer considerando el Auto de Vista recurrido -describe su contenido-, no existió un estudio minucioso del caso concreto; por cuanto, el Vocal Relator no dio una lectura cabal a la fundamentación de la Sentencia recurrida, la que en el apartado de motivación de la subsunción del hecho juzgado, señaló y fundamentó con claridad meridana “en los incisos,: a) b) c) d) e)”, en base a la valoración de las pruebas aportadas en juicio y a la sana crítica. Tampoco se evaluó la individualización legal y judicial que hizo el Juzgador en la parte considerativa de la Sentencia, en la que señaló los preceptos legales, comprendidos en los arts. 37, 38, 39, 40 y 41 del CP; por lo que, afirma que el Auto de Vista recurrido, carece de un real y verdadero análisis de los hechos.


  1. El Tribunal de alzada omitió analizar la existencia o no de los defectos de Sentencia denunciados en el recurso de apelación restringida, limitando su labor a valorar nuevamente las pruebas de cargo, retrotrayendo la actividad jurisdiccional a hechos y pruebas sometidos al control oral, público y contradictorio del Juez de Sentencia; por lo que, el Auto de Vista, contiene decisiones extra petita en cuanto al quantum de la pena, contradiciendo el art. 419 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece la imposibilidad de revisar cuestiones de hecho por parte del Tribunal de alzada, como afirma- ocurrió en el presente proceso; y, los Autos Supremos 316 de 13 de junio de 2003, 102 de 1 de abril de 2005 y 272 de 4 de mayo de 2009; a cuyo efecto, transcribe el contenido del primer Auto Supremo citado.


Continúa afirmando que ante la constatación del Tribunal de alzada, que la Sentencia no se ajustó a las normas procesales por inobservancia de la ley adjetiva con relación a la valoración defectuosa de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, en aplicación a lo determinado por los arts. 412 y 413 primera parte del CPP, correspondía anular total o parcialmente la Sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal, lo que no ocurrió en el caso de autos, mucho menos se consideró los elementos constitutivos del referido tipo penal Tráfico de Sustancias Controladas; por cuanto, no existe prueba alguna que demuestre plenamente su comisión; en consecuencia, afirma que se afectó su derecho constitucional al debido proceso, ahondando su pena al modificarla a diez años de privación de libertad, por la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas; a cuyo efecto, transcribe el contenido de la Sentencia Constitucional (SC) 0651/2014 de 25 de marzo y cita el Auto Supremo 229/2012 de 27 de septiembre.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer los recursos que la norma adjetiva prevé, las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia cuando éstos sean contrarios a otros precedentes pronunciados por sus Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; labor reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derechos objetivo establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En autos, se constata que Guillermo Andrés de la Hoz Torres, fue notificado con el Auto de Vista recurrido, el 28 de mayo de 2015, habiendo formulado recurso de casación el 1 de junio del mismo año, ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal y ante el mismo Tribunal que emitió el Auto de Vista impugnado.


Cumplida la verificación del requisito de forma, es necesario verificar si el recurrente cumplió con su obligación de fundamentar suficientemente los presuntos agravios provocados por la Resolución de alzada, conforme al marco establecido en los arts. 416 y 417 del CPP. En ese entendido, con relación al primer motivo, referente a la falta de análisis que el Tribunal de alzada no habría efectuado sobre la fundamentación de la Sentencia que reflejó una individualización legal y judicial, se advierte que la denuncia además, de resultar genérica; por cuanto, no especifica los fundamentos del Juez de Sentencia que no habrían sido considerados, no está contrapuesta con ningún precedente contradictorio, no obstante ser obligación del impugnante invocar doctrina legal pertinente a efectos de ingresar al fondo de la problemática planteada, con la finalidad de unificar la jurisprudencia en materia penal, conforme a la naturaleza jurídica del recurso de casación, razón por la cual, el presente motivo resulta inadmisible.


En el segundo motivo, el recurrente cuestiona la actividad desplegada por el Tribunal de alzada, el que habría revalorizado la prueba de cargo, actuando extra petita en relación al quantum de la pena, retrotrayendo la actividad jurisdiccional a hechos y pruebas sometidas al control oral, público y contradictorio del Juez de Sentencia, incumpliendo la normativa prevista en los arts. 412 y 413 del CPP; a cuyo efecto, lo condenó por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, agravándole la pena a diez años de privación de libertad, el recurrente se limita a citar y transcribir parte del contenido de los Autos Supremos invocados, sin explicar mínimamente de qué modo el razonamiento asumido por el Auto de Vista recurrido, es contrario a al precedente invocado, obligación que es una carga procesal atribuida al recurrente, de tal modo que pueda efectuar la labor de contraste jurisprudencial encomendada a la Sala Penal de este Tribunal de Justicia; por lo que, su admisión no resulta factible.

Por último, se aclara que de acuerdo a los alcances del art. 416 del CPP, constituyen precedentes contradictorios las resoluciones emitidas por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales y el Tribunal Supremo de Justicia; a cuyo efecto, una Sentencia Constitucional no tiene esa calidad, razón por la cual, la citada por el recurrente no fue considerada para determinar la admisibilidad del recurso.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 149 a  152 vta., formulado por Guillermo Andrés de la Hoz Torres. 

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA