TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 499/2015-RA

Sucre, 20 julio de 2015


Expediente        : Chuquisaca 18/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        : Julieta Dorado Baspineiro

Delito        : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de junio de 2015, cursante de fs. 490 a 491 vta., el representante del Ministerio Público, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 195/15 de 3 de junio de 2015, de fs. 479 a 485, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en contra de Julieta Dorado Baspineiro, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley del Régimen de Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación del Ministerio Público (fs. 1 a 3), una vez desarrollado y concluido el juicio oral y público, el Tribunal Primero de Sentencia, del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció la Sentencia 07/2014 de 30 de junio, declaró a Julieta Dorado Baspineiro, autora del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley 1008, en mérito a que la prueba aportada en juicio fue suficiente para generar en el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal de la acusada; en consecuencia, conforme a lo previsto en el art. 365 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y el art. 48 de la Ley citada, le condenó a cumplir la pena de diez años de presidio, a cumplir en la Cárcel Pública de San Roque de la ciudad de Sucre. Asimismo, le impone la pena de doscientos días multa, a razón de Bs. 5.- (cinco bolivianos) por día, de conformidad con el art. 29 del CP, disponiendo que los celulares incautados sean devueltos a la imputada, al no haberse demostrado que hubiesen sido utilizados para cometer el delito.

  1. La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por la imputada Julieta Dorado Baspineiro (fs. 426 a 430), resuelto por Auto de Vista 384/014 de 6 de octubre de 2014 (fs. 450 a 454 vta.), dejado sin efecto por Auto Supremo 118/2015-RRC de 24 de febrero (fs. 469 a 473 vta.); a cuyo efecto, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista 195/15 de 3 de junio de 2015; por el que, declaró procedente el recurso interpuesto, ordenando el reenvío de la causa a otro Tribunal.


  1. Notificada la parte recurrente el 8 de junio de 2015 (fs. 486), con el Auto de Vista ahora impugnado, interpuso recurso de casación el 12 del mismo mes y año, objeto del presente análisis de admisibilidad.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De los argumentos expuestos por el recurrente se extrae el siguiente motivo:


  1. El Auto de Vista recurrido, dispuso nuevamente la nulidad de la Sentencia sin que se haya presentado ninguna de las premisas descritas en el Auto Supremo 118/2015-RRC de 24 de febrero, limitándose a afirmar “que el acto denunciado es la falta de investigación técnica de los cinco sobres restantes que fueron incinerados sin verificar su contenido” (sic), sobres de los cuales fueron separados pequeñas cantidades de cocaína, antes de ser incinerados, ingresando al juicio para su exhibición y de los cuales la imputada, en su momento no dijo nada; por cuanto, no solicitó que un perito propuesto de su parte realice pericia de la sustancia, permitiendo su introducción a juicio como cocaína; por lo tanto, no se le causó perjuicio personal ni directo, ni dejó márgenes de duda como concluye la pág. 11 del Auto de Vista cuestionado.


  1. La Resolución de alzada recurrida, ingresó en revalorización de la prueba; por cuanto, pretende que en un nuevo juicio se lleve a efecto la prueba de toxicología de cada una de las muestras o evidencias físicas, no obstante que la defensa no solicitó la exclusión probatoria del contenido de las pruebas MP4 y MP13, consistentes en la prueba de campo de narco test y el dictamen pericial toxicológico, habiendo sido judicializadas e incorporadas a juicio sin oposición de ninguna naturaleza, habiéndose acreditado, de manera incuestionable que la sustancia blanquecina que se encontró en posesión dolosa de la acusada, es cocaína, que fue valorada por el Tribunal de Sentencia, sin que se haya violado ningún derecho o garantía constitucional; por lo que, afirma que el Auto de Vista recurrido contradijo la doctrina legal sentada en los Autos Supremos 566 de 1 de octubre de 2004, 89/2012 de 25 de abril, 251/2012-RRC de 12 de octubre y 200/2012-RRC de 24 de agosto, que establecen que el recurso de apelación no es el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada a revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho, potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; sin embargo, la Sala Penal Primera, nuevamente revalorizó la prueba y revisó cuestiones de hecho, no obstante no le corresponde.


  1. El Auto de apelación impugnado, exige que además, de las dos muestras físicas que fueron sometidas a prueba de campo y toxicología, las cinco muestras físicas restantes deberían ser sometidas a pericia de toxicología en el reenvío del juicio, razonamiento que contradice lo establecido en el Auto Supremo 060/2013 de 7 de marzo, que concluyó, que la prueba de campo o análisis de narco test, es una prueba científica que en el caso del narcotráfico es el único medio para determinar, en primera instancia, si se trata o no de una sustancia controlada, regida por el art. 174 del CPP, no pudiendo iniciarse un caso de narcotráfico si no existe la prueba referida, la que realiza un perito y puede ser leída e introducida en el juicio oral como lo determina el art. 349 segundo párrafo y art. 333 inc. 2) del CPP. En el caso analizado, se judicializaron como evidencia física las nueve bolsitas conteniendo cocaína; es decir, cada uno de los siete sobrecitos y de los dos envoltorios tipo pelotita pequeña, siendo por lo tanto, falsa la conclusión a la que llega el Tribunal de apelación en sentido de que no habrían sido judicializados todos los sobres obtenidos como evidencia, pretendiendo que las pruebas MP4 y MP13, legalmente introducidas a juicio, sean sometidas a pericia toxicológica nuevamente.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer los recursos que la norma adjetiva prevé, las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia cuando éstos sean contrarios a otros precedentes pronunciados por sus Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; labor reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derechos objetivo establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


VI. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En autos, se constata que el representante del Ministerio Público, fue notificado con el Auto de Vista 195/15, el 8 de junio de 2015, habiendo formulado recurso de casación el 12 del mismo mes y año, ante la Sala Penal Primera, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal y ante el mismo Tribunal que emitió el Auto de Vista impugnado, conforme exige el art. 147 del CPP.


Cumplida la verificación del requisito de forma, corresponde analizar si el recurrente cumplió la exigencia legal que posibilite conocer el fondo de los agravios deducidos, plasmados en los arts. 416 y 417 del CPP; en ese entendido, se advierte, con relación al primer motivo, que el recurrente aduce, que el Tribunal de alzada se alejó de los criterios establecidos en el Auto Supremo 118/2015-RRC de 24 de febrero, dictado dentro del presente proceso penal, para determinar la nulidad de actuados, limitándose a efectuar una simple aseveración sobre la presunta falta de verificación del contenido de cinco sobres encontrados en poder de la acusada; no obstante, fueron introducidos a juicio de manera legal y no existió ninguna oposición de la defensa en el momento procesal oportuno; a cuyo efecto, se tiene que el recurrente cumplió de manera suficiente con explicar cuál la contradicción denunciada entre el Auto de Vista recurrido y el razonamiento asumido por la doctrina legal invocada, resultando admisible.


En el segundo motivo, en estrecha relación con el agravio antes analizado, el recurrente sostiene que el Tribunal de alzada, a tiempo de referirse a la prueba de campo de narco test y el dictamen pericial toxicológico, efectuado sobre las evidencias del hecho delictivo, codificadas como MP4 y MP13, las que fueron introducidas legalmente y valoradas por el Tribunal de Sentencia sin ninguna oposición de la defensa, fueron revalorizadas en alzada, provocando la determinación de la realización de un nuevo juicio, en contradicción con la doctrina legal sentada en los Autos Supremos 566 de 1 de octubre de 2004, 89/2012 de 25 de abril, 251/2012-RRC de 12 de octubre y 200/2012-RRC de 24 de agosto, los que coincidirían en razonar que el Tribunal de alzada se encuentra imposibilitado para revalorizar prueba, potestad que le corresponde únicamente al Juez o Tribunal de Sentencia, elucidación que aunque escueta, resulta precisa y bastante para efectuar el análisis de fondo de la cuestión impugnada; en consecuencia, corresponde declarar su admisibilidad.


Por último, en el tercer motivo, el recurrente específicamente denuncia que el Tribunal de alzada pretende que además, de las dos muestras físicas sometidas a prueba de campo y toxicológico, sean sometidos a pericia de toxicología las restantes cinco muestras físicas en el reenvío del juicio, contradiciendo lo establecido en el Auto Supremo 060/2013 de 7 de marzo, que revisado no contiene doctrina legal susceptible de contrastación; en consecuencia, impide que este Tribunal pueda abrir su competencia para conocer el fondo de la denuncia descrita, correspondiendo declarar su inadmisibilidad.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación de fs. 490 a 491 vta., formulado por Moisés Palma Salazar, Fiscal de Materia en Sustancias Controladas, únicamente con relación a los motivos plasmados en los incs. 1) y 2) del acápite II del presente Auto Supremo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista 195/15 de 3 de junio de 2015 (fs. 479 a 485), así como el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA