TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 495/2015-RRC

Sucre, 20 de julio de 2015


Expediente                        : La Paz 79/2015

Parte acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte imputada                : Ubaldo Alanoca Gutierrez

Recurso                : Calificación de responsabilidad civil

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 1 de abril de 2015, cursantes de fs. 1247 a 1249; y, 1251 a 1252, Ubaldo Alanoca Gutiérrez; y, Belisario Francisco Escobar Mendoza, en representación legal de Roberto Alanoca Mamani, respectivamente, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 03/2014 de 14 de marzo, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del trámite de Responsabilidad Civil emergente del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Belisario Francisco Escobar Mendoza, en representación legal de Roberto Alanoca Mamani contra Ubaldo Alanoca Gutiérrez, por la comisión de los delitos de Estafa, Estelionato y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 335, 337 y 346 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE NULIDAD O CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. El 7 de febrero de 2000 (fs. 73 a 74), Roberto Alanoca Mamani, por una parte; y, Ubaldo Alanoca Guitierrez y Damiana Mamani de Alanoca, por otra, suscribieron un Acuerdo Transaccional, dentro del proceso penal seguido por el primero contra los segundos, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, a cuyo efecto, el representante legal de Roberto Alanoca Mamani, formuló desistimiento de la acción penal (fs. 75), ante el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, aceptado y aprobado por Auto de 8 de febrero de 2000 (fs. 75 vta.), en lo correspondiente a la acción civil, ordenando se prosiga la acción penal por el representante del Ministerio Público, conforme a lo previsto por el art. 17 del Código de Procedimiento Penal abrogado (CPPabrg.), que fue declarado ejecutoriado por Auto de 15 de febrero del mismo año (fs. 92 vta.); no obstante de ello, a través de memorial presentado el 29 de mayo de igual gestión (fs. 98), el representante legal de Roberto Alanoca Mamani, solicitó al Juez Primero de Instrucción en lo Penal, se señale audiencia de declaración indagatoria debido a que los imputados no cumplieron con la satisfacción del daño civil, por lo que dicha autoridad jurisdiccional fijó audiencia al efecto, mediante proveído de 30 de mayo del mismo año (fs. 98 vta.).


  1. Dentro del aludido proceso penal se desarrollaron los siguientes actuados procesales: i) Anulada la Sentencia 205/2008 de 7 de agosto, a través del Auto de Vista 256/09 de 9 de abril (fs. 941 a 942), pronunciada por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, el Juzgado Primero de Partido y Sentencia del mismo Distrito Judicial, emitió la  Sentencia 282/2009 de 17 de julio (fs. 962 a 964 vta.), declarando a Ubaldo Alanoca Gutierrez, autor del delito de Estelionato, tipificado y sancionado en el art. 307 de CP, condenándole a la pena de tres años de reclusión, más el pago de costas a favor del Estado y la parte querellante, así como los daños y perjuicios a calificarse en ejecución de Sentencia; ii) Contra la mencionada Sentencia, Belisario Francisco Escobar, en representación de Roberto Alanoca Mamani (fs. 971 a 972) y Ubaldo Alanoca Gutiérrez (fs. 978 a 981), formularon recursos de apelación, resueltos por Auto de Vista 684/09 de 19 de octubre (fs. 993 a 995), que confirmó la Sentencia apelada; y, iii) Contra el merituado Auto de Vista, Ubaldo Alanoca Gutiérrez (fs. 999 a 1002) interpuso recurso de casación, resuelto por Auto Supremo 154 de 4 de marzo (fs. 1026 a 1028), que lo declaró infundado.


  1. Del trámite de responsabilidad civil: i) Belisario Escobar Mendoza, en representación de Roberto Alanoca Gutierrez (fs. 1038 a 1039; y, 1042 a 1043 vta.) interpuso demanda de reparación del daño civil, que previo al procedimiento establecido para el efecto, fue resuelta mediante Resolución 01/2013 de 26 de julio (fs. 1208 a 1214), por la cual el Juez Primero de Partido y Sentencia, falló declarando, probada en parte la demanda, calificando la responsabilidad civil en $us. 323.962,18 (trescientos veintitrés mil novecientos sesenta y dos 18/100 dólares estadounidenses), a ser pagados por el imputado Ubaldo Alanoca Gutierrez a favor del demandante Roberto Alanoca Mamani, en cuotas mensuales de $us. 10.000.- (diez mil 00/100 dólares estadounidenses), bajo conminatoria de procederse al embargo de sus bienes propios para que sean subastados públicamente con las formalidades del juicio civil, en caso de incumplimiento; ii) Contra dicha Sentencia Ubaldo Alanoca Gutiérrez (fs. 1218 a 1219 vta.) y Belisario Francisco Escobar Mendoza, apoderado de Roberto Alanoca Mamani (fs. 1221 a 1222 vta.) interpusieron recursos de apelación, resueltos por Auto de Vista 03/2014 de 14 de marzo, por el cual la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró la improcedencia de los argumentos expuestos en ambos recursos; en consecuencia, confirmó la Resolución apelada.


  1. Ubaldo Alanoca Gutiérrez y Belisario Escobar Mendoza, fueron notificados con el Auto de Vista impugnado, el 26 y 27 de marzo de 2015, respectivamente (fs. 1246), formulando recursos de casación, cada uno el 1 de abril del mismo año.


I.1.1. Motivos del recurso


De la revisión de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


1)        Del recurso de casación de Ubaldo Alanoca Gutiérrez.


  1. El Auto de Vista recurrido es incongruente, por cuanto en apelación atacó la Resolución 01/2013 de 26 de julio y no así la resolución 233/2012 de 10 de septiembre, como erróneamente sostienen los miembros del Tribunal de alzada en la parte dispositiva, por lo que constituye una disfunción de carácter formal.


  1. El Juez inferior ni el Tribunal de alzada, realizaron una compulsa responsable de todos los antecedentes del proceso, referidos: a) La discusión relativa a la presunta responsabilidad civil, que fue resuelta en consenso en su oportunidad a través de la suscripción de una acuerdo transaccional, entre él, la parte denunciante y los propietarios de los terrenos otorgados en garantía, donde claramente se estableció en la cláusula segunda que los últimos nombrados cancelarían la suma pretendida, convirtiendo dicha obligación pecuniaria en un tema de contenido civil con calidad de cosa juzgada, libre y voluntaria, en aplicación del art. 945 a 949 del Código Civil (CC), el mismo que fue presentado ante el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, formulándose el respectivo desistimiento, el que fue aceptado y aprobado por Auto motivado de 8 de febrero de 2000, adquiriendo ejecutoria a través de Auto de 15 de febrero del mismo año. A través de Auto motivado de 7 de septiembre de 2000, el órgano jurisdiccional, respondiendo a las inquietudes de la parte querellante, determinó “…que se ha reparado el daño civil” (sic), por lo que de existir incumplimiento del referido acuerdo, debía ser exigido vía civil y no penal, quedando subsistente dicha determinación, no obstante la apelación y la compulsa formulada por el querellante; b) La parte querellante, no produjo ningún elemento probatorio, habiéndose ratificado in extenso en su demanda de reparación de daño civil, alegando lucro cesante, omitiendo observar los arts. 327 y 329 del Decreto Ley (DL) 10426, que establecen que el Juez debe señalar una audiencia para la recepción de pruebas, falencia que de haber sido revisada por el Tribunal de apelación, habría dado lugar a declarar improbada la pretensión; c) En el otrosí tercero de la demanda de 3 de octubre de 2011, sólo se adjuntó una liquidación de capital e intereses a pulso, que en audiencia nunca fue producida o publicitada; además, las liquidaciones están reservadas a los secretarios de Juzgado para conocimiento e impugnación de las partes si corresponde y no de mutuo propio a las partes, por lo que no debió considerarse.


El Tribunal de alzada, mantuvo un pago exorbitante mensual de $us. 10.000 (diez mil dólares estadounidenses 00/100), sin que el Juez de instancia haya valorado la capacidad económica del obligado, basándose en simples subjetividades, lo que tilda de lesivo al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, acarreándole indefensión.


2) Del recurso de casación de casación de Roberto Alanoca Mamani


El Auto de Vista recurrido, declaró improcedentes los recursos de apelación restringida planteados tanto por la parte querellante como por la imputada, confirmando la resolución 233/2012 de 10 de septiembre, sin mencionar la resolución 01/2013 de 26 de julio, incurriendo en apreciaciones contradictorias a la Sentencia de calificación de responsabilidad civil; por cuanto, confundió la causa con otros procesos penales similares, por lo que pide que se revoque el Auto de Vista recurrido y alternativamente se califique la responsabilidad civil en $us. 1.132.965,50 (un millón ciento treinta y dos mil novecientos sesenta y cinco 50/100 dólares estadounidenses).


I.1.2. Requerimiento Fiscal


Radicada la causa en este Tribunal, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 306 del CPPabrg. y previa providencia (fs. 1257), el Ministerio Público emitió Requerimiento (fs. 1259 a 1268), solicitando se declare improcedente el recurso interpuesto por Belisario Francisco Escobar, en representación de Roberto Alanoca Mamani y se case en el fondo, con relación a Ubaldo Alanoca Gutierrez, debiendo declararse improbada la demanda de reparación del daño civil, de acuerdo a los siguientes argumentos:


  1. Por lo estipulado en el art. 327 del CPPabrg., en concordancia con lo establecido en el art. 55 inc. 1) del mismo Código, en el caso de autos la responsabilidad civil no corresponde, por cuanto no se cumplió con la observación de fondo de parte del Tribunal de alzada, al no haberle otorgado valor judicial a la transacción efectuada entre los sujetos procesales, considerando que es un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciendo concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas, constituyendo una forma de extinción de las obligaciones porque las cláusulas de una transacción tienen carácter indivisible, las que son válidas, presentándolas ante el Juez de la causa, firmada por los interesados, en sujeción a las normas establecidas por la ley procesal, limitándose la autoridad jurisdiccional, si concurren los requisitos exigidos para su validez, homologarla, o, de lo contrario, rechazarla, supuesto en el que continuara el juicio.


Dichas consideraciones no ocurrieron en el caso concreto, debido a que el Juez de la causa, conforme a los antecedentes, no debió admitir la demanda de reparación de daño civil, precisamente en mérito al acuerdo transaccional, que en la cláusula segunda establece, que los garantes cancelarían la suma pretendida, convirtiendo dicha obligación pecuniaria, en una de carácter civil, con calidad de cosa juzgada, tal cual lo establece el art. 949 del Código Civil (CC), que determina: “Las transacciones, siempre que sean válidas tienen entre las partes y sus sucesores los efectos de la cosa juzgada”, a cuyo efecto resalta que dicho convenio, fue presentado ante el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, mediante (fs. 75), solicitando inclusive el desistimiento, dando lugar al Auto motivado de 8 de febrero de 2000, señalando con claridad la ejecutoria correspondiente, ordenándose proseguir la acción penal correspondiente, el que apelado por la parte demandante, mereció el Auto motivado de 7 de septiembre del mismo año, por el que el órgano jurisdiccional determinó que se “HA REPARADO DEL DAÑO CIVIL” (sic). Al respecto, aclara que el daño civil al no haber sido reparado, siendo este el punto de partida de la parte demandante, debió iniciar la demanda de reparación de daño civil en la vía civil y no penal.


Asimismo, habiéndose declarado ilegal el recurso de compulsa formulado por el demandante, quedó subsistente la determinación respecto a la reparación del daño civil, por lo que la vía judicial se agotó.


b)        Con relación a la contradicción en la que incurrió el Tribunal de alzada, denunciada por ambos recurrentes,  sobre que la Sentencia de calificación de responsabilidad civil, corresponde a la numeración 01/2013 de 26 de julio; sin embargo, en la parte resolutiva de aquella resolución, se confirma la Sentencia 233/2012 de 10 de septiembre, produciéndose un vicio de incongruencia, por cuanto el Auto de Vista menciona otra Sentencia, constituyendo una modificación sustancial de la resolución emitida.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1. De la Sentencia de calificación de responsabilidad civil.


Mediante Resolución 01/2013, el Juez Primero de Partido y Sentencia, falla declarando: probada en parte la demanda presentada por Belisario Francisco Escobar, en representación de Roberto Alanoca Mamani, calificando la responsabilidad civil en $us. 323.962,18, a ser pagado por el imputado Ubaldo Alanoca Gutierrez, en cuotas mensuales de $us. 10.000,00, bajo conminatoria de procederse al embargo de sus bienes propios para que sean subastados públicamente con las formalidades del juicio civil, en caso de incumplimiento.


La referida determinación, se asumió en base al monto de  $us. 186.650,00, que consta en el documento de fs. 6 a 7, sobre el que se aplicó el interés legal de 6% anual y considerando que el daño se originó el 30 de junio de 1999 -data del documento antes mencionado-, hasta la fecha de presentación de la demanda de reparación, de 4 de octubre de 2011, resulta un total de doce años, tres meses y cuatro días que no se produjeron los frutos civiles, consiguientemente:


Monto del capital                : $us. 186.650,00

Intereses anuales                : $us. 137.312,18

Total                                : $us. 323.962,18


II.2. Apelación,  Auto de Vista y notificación.


Notificadas las partes, con dicha Sentencia, el imputado Ubaldo Alanoca Gutiérrez; y, el representante legal de Roberto Alanoca Mamani, interponen recursos de apelación, resueltos por Auto de Vista 03/2014 de 14 de marzo, por el cual la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró improcedentes los recursos, confirmando la “Resolución Nº 233/2012 de 10 de septiembre de 2012” (sic), estableciendo en lo sustancial lo siguiente: 1) Con relación a la apelación de Ubaldo Alanoca Gutiérrez, concibe que la existencia del acuerdo transaccional, que fue aceptado por el Juez Instructor, no inhibe al Juez de mérito conocer los pormenores de la reparación de daños y perjuicios ocasionados por la comisión de un delito, no siendo evidente la afirmación realizada por el recurrente, que ante el cumplimiento del referido acuerdo, la vía para su reclamo era la civil, ya que los parámetros de la reparación del daño pueden ser determinados por las partes, pero el Juez de instancia, tiene toda la competencia para resolver alguna solicitud respecto a la reparación de daños, como efecto de la comisión del delito; 2) Con relación a la no producción de prueba, se advierte que en audiencia el demandante se ratificó en la prueba ofrecida y señalada en el memorial de la demanda de reparación del daño civil, en el que se detalla en el Otrosí primero toda la prueba que consideran pertinente que cursa en obrados originales, documentación que fue considerada y valorada por el Juez de instancia, conforme se puede advertir de la revisión de la resolución objeto del presente análisis, en el cual se realiza una valoración de todos los documentos necesarios respecto a los daños ocasionados; 3) Respecto a la impugnación de alzada planteada por Belisario Francisco Escobar Mendoza, en el que denuncia inadecuada valoración del contrato de reconocimiento de deuda y cancelación de dineros como efecto de la comisión del delito atribuido, advierte que el acuerdo de partes no puede ser contrario a la ley, habiendo el Juez de mérito, realizado una adecuada valoración y consideración de los documentos y acuerdos cursantes en obrados, determinando de esta manera el monto de dinero adeudado por el condenado, de manera real, y los intereses que la ley determina ante cualquier préstamo de dinero lo que no puede ser considerado como inadecuada valoración de los acuerdos; 4) El reclamo de un interés superior al 6% anual, no tiene asidero legal, por cuanto el Código Civil estableció un máximo legal, a fin de no generar cobros excesivos ante cualquier préstamo de dinero; 5) No es evidente que el Juez de mérito haya inobservado la ley y jurisprudencia constitucional.


III. RESOLUCIÓN DEL RECURSO


III.1. El recurso de casación o nulidad en el Código de Procedimiento Penal abrogado, dentro del trámite de responsabilidad civil.


En previsión de lo dispuesto por el art. 331 del CPPabrg, aplicable al caso de autos, procede el recurso de nulidad o casación, contra el Auto de Vista que se pronuncie emergente de la apelación formulada contra la sentencia que califique la responsabilidad civil, norma que debe ser aplicada acorde a las exigencias previstas por el art. 258-1) del Código de Procedimiento Civil (CPC), que establece que el recurso de casación deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos, teniendo en cuenta que el citado art. 331 del CPPabrg, en la parte final establece que estos recursos -con referencia a los de casación-, serán conocidos por las Salas en Materia Penal de las respectivas Cortes, de acuerdo a las normas procesales y alternativas establecidas para las causas civiles, previendo la norma civil en el art. 253 del Código Procesal de esa materia, tres supuestos en los que procede el recurso de casación en el fondo; en cuyo mérito, su planteamiento debe sujetarse a los requisitos previstos por la ley, pues conforme ha establecido la uniforme jurisprudencia, el recurso de casación y nulidad regulado por el CPPabrog., se asemeja a una demanda nueva de puro derecho y por tal concepto, el recurrente tiene la carga de motivar con razonamientos jurídicos el error de hecho o de derecho en que hubieran incurrido los Tribunales inferiores o señalar expresamente el motivo de nulidad con el correspondiente respaldo legal, ritual procesal que permite abrir la competencia del Supremo Tribunal para el examen de fondo.


En ese sentido, en el caso de que la parte recurrente, no observe las exigencias legales establecidas en la norma, corresponderá declarar la improcedencia del recurso de casación formulado, de acuerdo a las previsiones contenidas en el art. 272 del CPC, que establece ese supuesto cuando el recurrente no hubiere cumplido con el mandado del inc. 2) del art. 258 del referido cuerpo legal, disposición concordante con el art. 307 inc. 1) del CPPabrg, que refiere que corresponderá la improcedencia del recurso de casación, entre otros motivos, por el incumplimiento de los requisitos señalados en el art. 301 del mismo cuerpo de leyes. Por último, el art. 331 del CPPabrg, en cuanto a los recursos de casación sobre la calificación del daño civil, establece que el término para interponer dichos recurso es de ocho días, que correrá de momento a momento, desde la notificación a la parte interesada con el Auto de Vista pertinente


III.2.De las formas extraordinarias de conclusión del proceso


De acuerdo a nuestra legislación nacional, además de concluir un proceso, en el que se decide una controversia, de manera formal a través de una Sentencia, se reconocen diferentes figuras jurídicas que ponen fin al proceso de forma extraordinaria, a saber el desistimiento, la transacción, la perención o caducidad de instancia, la conciliación, el allanamiento o confesión del demandado y la satisfacción extraprocesal, cada una de las cuales tiene connotaciones distintas en cuanto a la conclusión del pleito, pudiendo ser definitiva o simplemente eventual.


Ahora bien, considerando que uno de los cuestionamientos del recurrente Ubaldo Alanoca Gutiérrez, vinculados a esta temática, versa precisamente sobre los efectos de la transacción celebrada entre él y la parte denunciante -actualmente demandante de reparación de daño civil-, únicamente se desarrollarán los entendimientos referidos a ella.


III.2.1. De la Transacción. De acuerdo al art.  945.I del CC: “La transacción es un contrato por el cual mediante concesiones recíprocas se dirimen derechos de cualquier clase ya para que se cumplan o  reconozcan, ya  para  poner  término a litigios comenzados o por comenzar, siempre que no esté prohibida por ley”.


Luis E. Muñoz1, citando la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Argentina, estableció que la transacción se caracteriza por tres elementos: “1) un acuerdo de partes con finalidad extintiva; 2) concesiones recíprocas de las partes; y 3) res dubia, que es la materia de la transacción, o sea las obligaciones litigiosas o dudosas”.


Al respecto, Antezana Palacios2

, concibe que la transacción presupone derecho en litigio y configura un negocio jurídico de índole material, que debe expresarse, necesariamente, en un documento escrito, en el cual se exponen los términos de la transacción. Así, en cuanto a sus efectos, el art. 949 del CC, establece que “Las transacciones, siempre que sean válidas, tienen entre las partes y sus sucesores los efectos de la cosa juzgada”; sin embargo, la transacción en sí misma, no extingue el derecho; tampoco equivale a una sentencia; sino que requiere de homologación, constituyéndose en un acto generador de una nueva regulación de relaciones jurídicas entre las partes, quienes no pueden reclamar en lo sucesivo el cumplimiento de los derechos y obligaciones renunciadas. En otras palabras, la homologación judicial llega a conferir al acto el carácter de título ejecutorio, que en caso de no existir, el proceso no se extinguiría y tampoco se podría obtener la posibilidad de obtener el cumplimiento de la transacción, por la vía de ejecución de sentencia3


En similar sentido, asumió Castellanos Trigo, al establecer que una vez homologada la transacción, tiene cualidad de cosa juzgada, así como función ejecutoria respecto de las prestaciones reconocidas, a cuyo efecto, el Juez termina el litigio al aceptar y homologar su contenido, creándose un título que apareja ejecución4

.


Sobre la temática, específicamente con relación a la naturaleza jurídica de la transacción, la Sala Civil de este Máximo Tribunal de Justicia, sentó el siguiente razonamiento: “Si la transacción es un contrato por el cual las partes haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura; en caso de suscribir un documento de conformidad y cumplimiento del acuerdo transaccional dando por terminada la controversia, sólo podrán ser las mismas partes las que tengan que suscribir el mismo, toda vez que la transacción tiene por objeto poner fin al conflicto y no podrían llegar a tal propósito quienes no fueran parte en la controversia o por lo menos quienes no tuvieran o alegaran derechos con relación a los puntos controvertidos o estuvieran ausentes alguno de ellos que suscribió dicha transacción, ya que la reciprocidad de las concesiones es un atributo de la existencia de una transacción y si una de las partes no ha establecido de forma expresa su consentimiento, como elemento esencial de los contratos, entonces estamos frente a la inexistencia de haber cumplido con un acuerdo transaccional…” -resaltado propio- (Auto Supremo 277/2013 de 27 de mayo, coincidente con su similar 558/2013 de 4 de noviembre).


Por todo lo expuesto, se entiende que la figura de la transacción, como una figura de conclusión extraordinaria del proceso, pone fin al litigio (comenzado o por comenzar) de manera definitiva; es decir, no existe posibilidad que sobre el mismo objeto se pueda iniciar una nueva acción; por cuanto, las partes interesadas (demandante y demandado), mediante sacrificios recíprocos deciden la solución de sus pretensiones, debiendo dicho documento ponerse a conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente para que la apruebe y homologue, conforme a procedimiento, con la finalidad de que surta efectos jurídicos entre los suscribientes, constituyéndose de este modo en un documento de carácter ejecutivo.


III.3. Análisis del caso concreto.


En el presente proceso, se constata que los recurrentes cumplieron con el requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que fue presentado dentro el término de ocho días, dando cumplimiento al art. 331 del CPPabrg., ya que Ubaldo Alanoca Gutiérrez fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el 26 de marzo de 2015; y, Belisario Escobar Mendoza, el 27 del mismo mes y año, interponiendo recursos de casación, cada uno, el 1 de abril de 2015.


III.3.1. Sobre el recurso de casación de Ubaldo Alanoca Gutierrez.


En mérito a la trascendencia del motivo de casación referido a que el Tribunal de alzada, no efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes del proceso, referidos a la celebración de un acuerdo transaccional entre él, la parte entonces denunciante y los garantes, el mismo que habría sido aprobado y homologado por el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, lo que a su entender habría producido efectos de calidad de cosa juzgada, impidiendo que el actual demandante inicie nuevamente una acción civil, buscando la reparación del daño civil, cuyo objeto ya fue resuelto oportunamente, será analizado previamente a las demás impugnaciones efectuadas por el mismo recurrente.


En ese contexto y de acuerdo a los antecedentes procesales, resulta evidente que una vez interpuesta la denuncia penal y querella criminal por Roberto Alanoca Mamani contra Ubaldo Alanoca Gutiérrez y Damiana Mamani de Alanoca, pasó a conocimiento del Juez Primero de Instrucción en lo Penal, quien dictó Auto inicial de la Instrucción de 4 de febrero de 2000 (fs. 65 a 66), etapa dentro de la cual, a través de memorial de 7 de enero del mismo año, el representante legal del denunciante, formuló “desistimiento de la acción penal”, en mérito al acuerdo transaccional celebrado entre su mandante, el denunciado; y, Martín Huallpara Mayta, Tomasa Yola Guaman de Tarqui y Candelaria Cerezo de Quispe, garantes personales de Ubaldo Alanoca Gutierrez y Damiana Mamani de Alanoca, pidiendo a la autoridad jurisdiccional que el mismo sea homologado y aprobado, ordenando el archivo de obrados, a cuyo efecto el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, a través de Auto motivado de 8 de febrero del mismo año, aceptó y aprobó el referido desistimiento de la acción civil, disponiendo que la acción penal prosiga por el representante del Ministerio Público, al tratarse de un delito perseguible de oficio, determinación que fue declarada expresamente ejecutoriada por Auto de 15 del mismo mes y año, a solicitud expresa de Ubaldo Alanoca Gutierrez y Damiana Mamani de Alanoca.


Establecidos dichos antecedentes, se advierte que el acuerdo transaccional de 7 de febrero de 2000, estableció en la cláusula segunda el objeto de compromiso, como cumplimiento de obligación contraída, detallando: “1. Los señores garantes que suscriben el presente acuerdo transaccional, se comprometen hacer efectivo el cumplimiento de la obligación contraída con el señor Roberto Alanoca, con la garantía personal y solvente, asi mismo, con todos sus bienes habidos y por haber hasta cubrir la suma total de 186.650 $us. más los intereses sujeto al documento de préstamo suscrito entre partes en fecha 30 de junio de 1999, para lo cual en forma separada tanto ROBERTO ALANOCA COMO LOS ESPOSOS CONTRAYENTESS de la obligación deberán acordar el pago de dinero según vean la forma más conveniente que no afecte sus intereses.


2. Por otra parte, los garantes se comprometen a cancelar la suma mencionada íntegramente, en el tiempo máximo de seis meses a partir de la suscripción del presente, vale decir hasta fines del mes de julio de 2.000, caso contrario la parte afectada deberá iniciar la acción legal correspondiente por dicho incumplimiento.


3. El apoderado, al vencimiento del plazo establecido en la cláusula SEGUNDA inc. 2) podrá exigir el cumplimiento del monto total garantizado, mas intereses convencionales, penales, comisiones, gastos de cobranza, daños y perjuicio y honorarios profesionales de abogado, sin necesidad de aviso especial” (sic).


De acuerdo a ello, se tiene que el denunciante, los denunciados y los garantes de los segundos, firmaron acuerdo transaccional sobre el monto de dinero otorgado en préstamo por Roberto Alanoca Mamani, estableciendo expresamente que los garantes se comprometían a pagar la suma adeudada al denunciante al término de los seis meses otorgados como plazo máximo y en la forma concertada para el efecto entre la pareja de esposos procesada y el querellante, estableciendo como consecuencia del incumplimiento que la parte afectada podía iniciar la acción penal correspondiente, exigiendo el pago del total garantizado, más intereses convencionales, penales, comisiones, gastos de cobranza, daños, perjuicios y honorarios profesionales de abogado.


Asimismo, se tiene que dicho documento, fue aprobado y homologado a través de Auto motivado de 8 de febrero de 2000 y ejecutoriado expresamente mediante su similar de 15 del mismo mes y año; en consecuencia, adquirió la calidad de cosa juzgada, constituyéndose en un documento de carácter ejecutivo, por cuanto obtuvo la homologación de la autoridad jurisdiccional competente, que en ese entonces tramitaba la acción penal, cumpliendo de este modo con las exigencias normativas establecidas en el Código Civil, ampliamente desarrolladas en el apartado III.2 del presente Auto Supremo, dando lugar a que dicha autoridad, declare el desistimiento de la acción civil dentro de la tramitación del proceso penal, lo que de ningún modo implicó la conclusión extraordinaria de este, debido a que los delitos denunciados eran perseguibles de oficio; por consiguiente, correspondía al Ministerio Público seguir con su tramitación, razón por la cual se llegó a dictar Sentencia condenatoria contra Ubaldo Alanoca Gutierrez, como autor del delito de Estelionato, tipificado y sancionado en el art. 307 de CP, condenándole a la pena de tres años de reclusión, más el pago de costas a favor del Estado y la parte querellante, así como los daños y perjuicios a calificarse en ejecución de Sentencia.


Al respecto, se debe dejar establecido que al constituir la figura de la transacción una forma extraordinaria de concluir el proceso iniciado, conforme establece el art. 949 del CC, en el caso concreto se advierte que la acción civil dentro del proceso penal quedó concluida de manera permanente, considerando que el derecho o pretensión sobre el cual se tranzó, constituía el monto de dinero que Ubaldo Alanoca Gutierrez adquirió del denunciante valiéndose de garantías reales sobre bienes inmuebles que no eran de su propiedad; en consecuencia, Roberto Alanoca Mamani, no estaba habilitado a recurrir a la vía penal para pedir la reparación del daño civil, debiendo haber acudido la vía ordinaria correspondiente y ante la autoridad jurisdiccional competente, al haberse configurado el acuerdo no cumplido en un documento susceptible de ejecución, en la vía pertinente.


Por lo expuesto, correspondía que, el Juez Primero de Partido y Sentencia de El Alto, ante el conocimiento de la existencia de un acuerdo transaccional con calidad de cosa juzgada, cuyos efectos producen la conclusión no habitual del proceso, en este caso dentro de la vía penal, declarar improbada la demanda por carecer de objeto. Asimismo, se advierte que, conforme a los argumentos de casación de Ubaldo Alanoca Gutierrez, el Tribunal de alzada no analizó dichos antecedentes en su debida magnitud, incurriendo incluso en una fundamentación insuficiente a tiempo de resolver dicha problemática, por cuanto se limitó a afirmar que el Juez penal tiene toda la competencia para resolver alguna solicitud respecto a la reparación de daños, como efecto de la comisión del delito, sin explicar de ningún modo cuáles los razonamientos jurídicos y lógicos que le llevaron a tal conclusión, restándole de hecho valor al acuerdo transaccional suscrito entre los interesados.


Por todo lo desarrollado, y teniendo en cuenta los efectos de la decisión asumida por este Tribunal en cuanto a la problemática resuelta, carece de relevancia resolver los demás puntos impugnados por Ubaldo Alanoca Gutierrez y los expuestos en el recurso de casación formulado por Belisario Francisco Escobar Mendoza en representación legal de Roberto Alanoca Mamani.


POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y de acuerdo con el Requerimiento Fiscal de fs. 1857 a 1860, con la atribución conferida por el art. 59 inc. 1) de la Ley de Organización Judicial abrogada y en aplicación del art. 307 inc. 3) del CPPabrg, CASA el Auto de Vista 03/2014 de 14 de marzo, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y declara IMPROBADA la demanda de calificación de daño civil instaurada por Belisario Francisco Escobar Mendoza, en representación legal de Roberto Alanoca Mamani.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



1 MUÑOZ, Luis E. “Los procesos ordinario, sumario y sumarísimo”. Buenos Aires-Argentina. Editorial Universidad, 1993. p. 245.

2 ANTEZANA, Palacios Alfredo. “Lecciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I”. Sucre-Bolivia. Editorial Judicial, 1999, p. 800.

3 Ob. Cit. ANTEZANA, Palacios Alfredo, p. 801.

4 CATELLANOS, Trigo Gonzalo. “Conclusión extraordinaria del proceso”. Cochabamba-Bolivia. Editorial “Alexander”. 2002, p. 80.