TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 493/2015-RRC

Sucre, 17 de julio de 2015


Expediente                        : La Paz 33/2015

Parte Acusadora                : Garland Villarreal Filipovich

Parte Imputada                : Jaime Rivera Quiróz y otro

Delitos                        : Perturbación de Posesión y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2014, cursante de fs. 296 a 299 vta., Jaime Rivera Quiróz y Sandro Ortiz Sumi, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 9/14 de 17 de febrero de 2014, de fs. 278 a 282 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso Penal seguido por Garland Villarreal Filipovich contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 353 y 357 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 013/2008 de 1 de octubre (fs. 169 a 179 vta.), la Jueza Quinta de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Jaime Rivera Quiróz y Sandro Ortiz Sumi, autores de la comisión de los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 353 y 357 del CP, condenándoles a la pena de dos años de privación de libertad, más multa de cincuenta días a razón de Bs. 10.- (diez bolivianos) por día a favor del Tesoro Judicial, reparación de daños y perjuicios, además de costas a imponerse en ejecución de sentencia.

  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Jaime Rivera Quiróz y Sandro Ortiz Sumi (fs. 189 a 191 y 194 a 202 vta.) interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por el Auto de Vista 233/09 de 2 de abril de 2009 (fs. 228 a 231 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 642/2013 de 20 de noviembre (fs. 271 a 274 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el nuevo Auto de Vista 9/14 de 17 de febrero de 2014 (fs. 278 a 282 vta.), que declaró admisibles los recursos de apelación e improcedentes las cuestiones planteadas, confirmando la Sentencia apelada, que motivó la interposición del recurso de casación que se resuelve en la presente Resolución.


I.1.1. Motivo del recurso


Del recurso de casación y del Auto Supremo 241/2015-RA de 7 de abril, se extrae el siguiente motivo, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Los recurrentes alegan que el Tribunal de alzada vulneró el art. 124 del CPP, siendo que el Auto de Vista impugnado no se encuentra fundamentado, habiendo en el segundo considerando realizado una simple relación y copia de los actuados sin base ni criterio y sin tomar en cuenta la exigencia del Auto Supremo 642/2013 de 20 de noviembre, que el fondo establece que debe existir una adecuada fundamentación, pues en lo sustancial no existe la justificación de que la valoración de la prueba fuera correcta.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita se anule el Auto de Vista 09/14 de 17 de febrero de 2014 emitido por la Sala Penal Primera y por ende la Sentencia 013/2008 de 01 de octubre.

I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 241/2015-RA de 7 de abril, cursante de fs. 306 a 307 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por el recurrente, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Desarrollado el juicio oral, el Juzgado Quinto de Sentencia en lo Penal Ordinario, dictó la Sentencia 013/2008 de 01 de octubre, contra Jaime Rivera Quiróz y Sandro Ortiz Sumi, declarando su autoría en los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 353 y 357 del CP y condenándoles a la pena de dos años de privación de libertad, más multa de cincuenta días a razón de Bs. 10.- por día a favor del Tesoro Judicial, reparación de daños y perjuicios, además de costas a imponerse en ejecución de Sentencia, con los siguientes argumentos:


Señaló que el objeto del proceso penal es el hecho histórico con relevancia penal y no los tipos legales que son abstracciones jurídico penales, correspondiendo adecuar los hechos a la correcta calificación jurídica, al haberse demostrado objetivamente en juicio oral que el bien inmueble motivo del presente juicio es de propiedad de la querellante Garland Villarreal Filipovich, quien adquirió el mismo de su hermana Fátima Villarreal Filipovich en 1999; que el día de los hechos, Sandro Ortiz Sumi en su calidad de funcionario público de la H. Alcaldía Municipal, se hizo presente en el inmueble ubicado en la calle 2 de febrero de la zona de Mallasa, en el que junto con funcionarios de la Municipalidad procedieron al decomiso de todos los enseres de propiedad de la querellante, así también efectuaron destrozos en el muro de dicha propiedad. Sandro Ortiz emitió dos memorandos Nos. 185/07 y 187/07, por los que se le hizo saber a Fátima Villarreal que estaban efectuando trabajos en propiedad municipal, habiéndose conminado en el primero que presente documentos que acrediten su derecho de propiedad y el segundo a presentar autorización de construcción, en ambos se hizo conocer que en caso de incumplimiento procederían conforme lo establece la O.M. No 076/2004; asimismo, que ninguno de los imputados emitieron ni contaban con resolución u orden escrita para proceder al decomiso de los enseres de propiedad de la querellante, además que la HAM de La Paz, tenía conocimiento del problema existente con relación al bien inmueble motivo del presente juicio desde 1999, puesto que procedieron al reclamo de pago de impuestos desde ese año; de igual manera, Garland Villarreal Filipovich, a objeto de acreditar su derecho propietario presentó en la Alcaldía vía SITRAM los documentos pertinentes, la Alcaldía notificó a la querellante a objeto de que recogiera todos los enseres que fueron decomisados el día de los hechos, que existió una cancha de pavimento que habría construido la Alcaldía en el predio objeto de la presente litis y que el Parque Nacional de Mallasa es de propiedad de la H. Alcaldía Municipal de La Paz; empero, su área, límites y colindancias no están claras y precisamente establecidas.


II.2.        Apelación Restringida, Resolución de alzada y Auto Supremo.


Notificadas las partes con tal determinación, Jaime Rivera Quiroz, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 189 a 191), con los siguientes fundamentos:  i)  Que en la Sentencia 013/2008 se estableció por la parte querellante que se ingresó a unos predios en condición de funcionario de la Sub Alcaldía de Mallasa, sin mencionar que estuvo presente el día de la comisión de los ilícitos, por lo que no se cumplió con los elementos de la comisión de un  delito, como ser la tipicidad, culpabilidad, antijuricidad e imputabilidad; ii) Como segundo agravio denunció que ningún testigo de la parte querellante estableció su presencia en el lugar de los hechos en que se cometieron los hechos delictivos y que de manera oficiosa se le hizo partícipe de la comisión de los delitos acusados; iii) Incompetencia del Tribunal de Sentencia para determinar la legitimidad del derecho de propiedad en cuestión, que le correspondería a otro órgano jurisdiccional definir el tema de la  posesión; iv) El Tribunal de Sentencia estableció el derecho propietario a la H. Alcaldía Municipal de La Paz, en cuanto al Parque Nacional de Mallasa y que a pesar de haber introducido a juicio pruebas, no se dio valor a la mismas por no estar delimitadas las colindancias y que se aceptó las pruebas de la parte querellante por tener las colindancias; v) Que por Informe de la Policía demostró que su persona nunca estuvo en el lugar de los supuestos hechos delictivos en el que se pretende involucrarlo; vi) En la fundamentación jurídica de la Sentencia se mencionó Sentencias Constitucionales que estarían referidas a otras temáticas y que no valdrían para realizar la analogía con el caso de autos; y, vii) El legislador a momento de redactar el Código de Procedimiento Penal y como forma de evitar susceptibilidades y manipulación del Órgano Jurisdiccional, estableció en el art. 357 del CPP, que concluido el debate y en la misma audiencia el Juez dicte la Sentencia, aspecto que no ocurrió en el caso de autos, ya que se produjo un extraño receso y que posterior a este hecho recién se convocó a la lectura de la parte resolutiva de la Sentencia recurrida.


A su vez, Sandro Ortiz Sumi, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 194 a 202 vta.), en el que expresó lo siguiente: i) Que el Tribunal de Sentencia incurrió en error, al dictar la Sentencia condenatoria, al determinar errónea e ilegalmente el derecho propietario del bien inmueble en cuestión a la parte querellante, no obstante de ello como parte imputada habría demostrado de manera contundente que el terreno reclamado como suyo por la querellante se encuentra dentro del Parque Nacional de Mallasa, que es de propiedad del Gobierno Municipal de La Paz, que claramente se probó por prueba pertinente, consistente en la Planimetría en la cual se observa que el inicio del límite del Parque Nacional es la Calle 7 de la Zona de Mallasa y que el terreno reclamado como suyo por la parte querellante estaría dentro de esos límites y que la misma no fue tomada en cuenta por el Tribunal de Sentencia; ii) Reclamó también, que de los hechos probados por la Jueza de Sentencia, se tiene que el día de los hechos  el imputado Sandro Ortiz Sumi,  habría “efectuado destrozos en el muro de dicha propiedad” (sic), y que a decir del imputado, “…en ningún momento se demostró que hubiera existido en dicho terreno construcción alguna” (sic), por lo que se le pretende atribuir la responsabilidad y la comisión de un delito sobre un objeto inexistente; iii) Asimismo, denunció que existe confusión sobre la identidad de los imputados, olvidando que la presunta comisión de los delitos es de carácter personalísimo y que pretende atribuir un conocimiento de este conflicto a los imputados por el sólo hecho que suscitó un conflicto  ente la administración tributaria municipal como persona jurídica de derecho público y la querellante por la falta de pago de impuestos de este, pero que de ninguna manera se puede tomar como que los imputados tenía conocimiento de estos problemas; iv) Que la Jueza, a momento de realizar la fundamentación probatoria y contraste intelectivo  de la comunidad de pruebas, realizó incorrecta valoración de la prueba testifical de cargo, al darle veracidad a la declaración de la testigo Fátima Villarreal Filipovich, hermana de la querellante y único testigo referencial y que no existe ninguna  otra prueba que concuerde con lo declarado por ésta y sobre todo porque la misma no estuvo en el lugar de los hechos; v) Que la Jueza estableció en forma contundente que se probó que el bien inmueble motivo del presente  proceso es de propiedad de la querellante y que contradictoriamente señala en el punto 6 que el mencionado terreno es de la Alcaldía de La Paz y que es parte del Parque de Mallasa que ha sido declarado Patrimonio Nacional, incurriendo en conclusiones diferentes y antagónicas; vi) Incorrecta valoración de la prueba documental de cargo que demuestra la inexistencia del muro  y de daño; vii) Falta de valoración de prueba de descargo, pues no se hizo de forma individualizada sobre la declaración de Herbert Ronald Mita Yonima, de quien la Jueza señaló que con la declaración del testigo se probó que: “se establece que dicho testigo intervino directamente en el decomiso dentro del terreno cuya propietaria es la querellante, es decir es una prueba directa que existió el decomiso y la intervención de los frutillitas” (sic); que sin embargo, lo que no logró explicar es que cómo tuvo una participación, toda vez que fue asignado para evidenciar si habían menores y si estos eran vulnerados en sus derechos o maltratados, habiendo manifestado el testigo que fue un operativo pacífico y que pudo visualizar en dicho lugar solamente una zanja abierta y que él creyó que era para sembrar algo; viii) Que la posesión del terreno la tenía el GMLP y no así la querellante, así quedó demostrado claramente que la querellante nunca vivió en el lugar ni tuvo posesión del terreno; ix) Errónea concreción del marco legal, por parte de la Jueza de Sentencia al imponer extrañamente una sentencia condenatoria por hechos no probados, en los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple; x) Fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia, ya que incurrió en lo establecido en el art. 370 inc. 5) del CPP, ya que de la lectura y análisis de la Sentencia, si bien realizó la Jueza una descripción de la prueba aportada  tanto de cargo como de descargo, hizo un resumen extraño, incompleto y equivocado, no se conoce cuál fue la actividad intelectiva que realizó, cuáles los motivos para determinar qué prueba le hizo llegar a la conclusión de la culpabilidad de ambos imputados, cuando se demostró por la actividad probatoria negativa de la acusación así como lo señalado por la defensa, que no se ejercitó ningún acto de violencia por parte de los imputados y que uno de ellos ni se encontraba en la ciudad de La Paz, que nunca existió un muro que supuestamente fue derrumbado y que la querellante nunca tuvo posesión del terreno en cuestión; xi) Que existió violación al principio de continuidad, por las largas suspensiones, que llevaron a cometer errores de valoración, situaciones de hecho, declaraciones de testigos como ciertas; y, xii) Vulneración de las reglas de la deliberación.


Radicados los recursos ante el Tribunal de apelación, este emitió el Auto de Vista 233/09 de 2 de abril, por el que declaró procedentes los recursos interpuestos por los imputados Jaime Rivera Quiroz y Sandro Ortiz Sumi; en consecuencia, anuló la Sentencia condenatoria, disponiendo la reposición del juicio por otro Juez; cuyo fallo provocó la interposición del recurso de casación de parte de la querellante, mereciendo la emisión del Auto Supremo 642/2013 de 20 de noviembre, que a tiempo de dejar sin efecto la referida resolución, determinó que: “Toda resolución dictada en apelación y en lo que concierne a la decisión de disponer la anulación del juicio y su Reposición por otro Tribunal, debe estar debidamente fundamentada y motivada, lo que obliga al juzgador a exponer todos los fundamentos de hecho y de derecho en la parte de fundamentación jurídica que haga comprensible las razones de la decisión, por cuanto, responde al cumplimiento de deberes esenciales del Juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos”.


II.3.        Nuevo Auto de Vista impugnado.


En cumplimiento de la doctrina legal aplicable establecida, el Tribunal de alzada pasó a resolver ambas apelaciones mediante Auto de Vista 09/14 de 17 de febrero de 2014, de la siguiente manera:


Con referencia al reclamo de falta de fundamentación sobre la justificación de la correcta valoración de las pruebas testificales y documentales, señaló el Tribunal de alzada que era necesario analizar la Sentencia para verificar si cumplió lo previsto por el art. 124 del CPP, o simplemente hizo una relación circunstanciada de los hechos, infiriendo que la resolución apelada cumplió con la normativa por cuanto analizó el hecho,  efectuó la concatenación con el derecho, para llegar a una conclusión decisoria.


Sobre la denuncia de lesión del principio de continuidad, inmediación y celeridad, refirió que si bien constan las diferentes suspensiones, éstas se debieron al planteamiento de excepciones, a la ausencia del abogado de la parte querellante, porque el Juez tenía señaladas audiencias o por la falta de testigo.


Con referencia al reclamo de que la Sentencia se basó en hechos inexistentes, o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, expresó que la Sentencia pronunciada se basó en hechos fácticos de la acusación particular, a las pruebas de cargo y descargo, a los hechos probados, el contraste intelectivo de cada uno de los medios de prueba ofertados por las partes en comunidad, siendo aplicada la sana crítica, tomando en cuenta la descripción de cada una de las pruebas.


Por lo que el Tribunal de alzada concluyó que la Sentencia motivo de apelación, estaba debidamente fundamentada, tomando en cuenta que se trató de un hecho que se denunció de delito, contaba con la valoración correspondiente de la prueba, encontrándose dentro los alcances previstos por ley, en cumplimiento del art. 334 del CPP.


En la parte dispositiva del Auto de Vista recurrido, declaró improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia apelada.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON EL PRECEDENTE INVOCADO


En el presente caso, denuncian los recurrentes, que el Tribunal de alzada vulneró el art. 124 del CPP, pues el Auto de Vista impugnado no se encontraría fundamentado respecto a la justificación de que la valoración de la prueba fuera correcta, al realizar en el segundo considerando, una simple relación y copia de los actuados sin base ni criterio y sin tomar en cuenta la exigencia del Auto Supremo 642/2013 de 20 de noviembre, invocado como precedente contradictorio; en cuyo mérito, previo al análisis del caso, es preciso una referencia a los entendimientos asumidos sobre las temáticas de la debida fundamentación y el efectivo control de logicidad por el Tribunal de alzada, así como la obligación del apelante de fundamentar la defectuosa valoración.


III.1.        Consideraciones doctrinales y normativas


Este Tribunal en reiteradas oportunidades señaló que la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que, la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones; lo que significa, que el Juez o Tribunal al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión. Además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012 de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis del iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez de Sentencia; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, es preciso señalar que una debida fundamentación o motivación, no precisa que sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa, que sólo se estará ante una falta de fundamentación o motivación cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP, en vulneración a los derechos al debido proceso y la debida fundamentación.


Ahora bien, cuando se reclama falta de fundamentación de la valoración de la prueba, debe tenerse en cuenta que en el ordenamiento jurídico boliviano, el sistema de valoración de la sana crítica, se encuentra establecido en el art. 173 del CPP, que refiere: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida” (sic); lo que implica, que el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia en la emisión de la sentencia, que podrá ser impugnada, cuando la parte considere que no fueron aplicadas correctamente.


Así pues, ante la denuncia de errónea valoración de la prueba por la incorrecta aplicación de las leyes del pensamiento humano respecto a la sana crítica, que además deberá contener necesariamente la identificación de cuáles los elementos de prueba incorrectamente valorados, así como la solución pretendida; el Tribunal de alzada, verificará si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, y de evidenciar el reclamo, determinará la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio, ante la prohibición de corregir directamente el defecto, conforme dispone el art. 413 del CPP; en cambio, de resultar incorrecta la denuncia, dispondrá su rechazo y confirmará lo resuelto en sentencia por el Tribunal de Sentencia.


Este entendimiento fue ampliamente desarrollado en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que señaló: “El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez”.


III.2.        Análisis del caso concreto.


La denuncia de los recurrentes, en lo sustancial refiere que el Tribunal de alzada no fundamentó el Auto de Vista impugnado, pues no motivó cómo se habría justificado que la valoración de las pruebas documentales y testificales fuera correcta, infringiendo de esta manera el art. 124 del CPP.


Al efecto, citan como precedente contradictorio el Auto Supremo 642/2013 de 20 de noviembre, que fue pronunciado en la presente causa, emitiendo la siguiente doctrina legal: “Toda resolución dictada en apelación y en lo que concierne a la decisión de disponer la anulación del juicio y su Reposición por otro Tribunal, debe estar debidamente fundamentada y motivada, lo que obliga al juzgador a exponer todos los fundamentos de hecho y de derecho en la parte de fundamentación jurídica que haga comprensible las razones de la decisión, por cuanto, responde al cumplimiento de deberes esenciales del Juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales”.


Dicha doctrina fue establecida, al evidenciarse en casación, que el Tribunal de alzada a través de un Auto de Vista emitido con anterioridad, adoptó la decisión de anular la sentencia emitida en la causa y consecuente reenvío, sin precisar de manera fundada su necesidad, al no haber establecido de qué modo las interrupciones en el desarrollo del acto de juicio, hubiese ocasionado algún perjuicio.


Establecido el fundamento del agravio y el contenido del Auto Supremo citado como precedente contradictorio, se puede constatar que respecto al motivo alegado en casación, el imputado Jaime Rivera Quiroz en su apelación restringida, denunció la incorrecta valoración de prueba, cuestionando que ningún testigo de la parte querellante estableció su presencia en el lugar de los hechos en que se cometieron los hechos delictivos, de modo que de manera oficiosa se le hizo partícipe de la comisión de los delitos acusados; que en relación al Parque Nacional de Mallasa, no se otorgó valor probatorio a las pruebas introducidas a juicio por no estar delimitadas las colindancias y que se aceptó las pruebas de la parte querellante por tener las colindancias; y, que por Informe de la Policía demostró que su persona nunca estuvo en el lugar de los supuestos hechos delictivos. Por su parte, el coimputado Sandro Ortiz Sumi, denunció, entre otros motivos, la incorrecta valoración probatoria, pues a momento de realizarse la fundamentación probatoria y contraste intelectivo de la comunidad de pruebas, se otorgó veracidad a la declaración de la testigo Fátima Villarreal Filipovich, hermana de la querellante y único testigo referencial, sin que exista ninguna otra prueba que concuerde con lo declarado por ésta y sobre todo porque la misma no estuvo en el lugar de los hechos; que la prueba documental de cargo demostró la inexistencia del muro y de daño; la falta de valoración de prueba de descargo, específicamente de la declaración de Herbert Ronald Mita Yonima, de quien la Jueza señaló que con esa declaración se probó que existió el decomiso y la intervención de funcionarios municipales; empero, no logró explicar su forma de participación en el hecho; y, que si bien la Jueza de mérito realizó una descripción de la prueba aportada, tanto de cargo como de descargo, hizo un resumen incompleto y equivocado, desconociéndose la actividad intelectiva que realizó, los motivos para determinar qué prueba le hizo llegar a la conclusión de la culpabilidad de ambos imputados.


Ante estos reclamos, el Tribunal de apelación, previa cita y glosa del Auto Supremo 151 de 2 de febrero de 2007, refirió que la Sentencia pronunciada refirió hechos fácticos de la acusación particular a las pruebas de cargo y descargo, a los hechos probados, el contraste intelectivo de cada uno de los medios de prueba ofertados por las partes en comunidad, siendo aplicada la sana crítica en el presente caso, tomando en cuenta la descripción de cada una de las pruebas, advirtiendo que la Sentencia fue debidamente fundamentada, pues se trató de un hecho que se denunció de delito y que cuenta con la valoración correspondiente de la prueba, encontrándose dicha resolución dentro de los alcances previstos por ley, en cumplimiento del art. 334 del CPP. Agregó, que se debe tener presente que los Jueces y Tribunales son los únicos facultados para realizar la valoración de las pruebas incorporadas durante el juicio oral, en virtud del principio de inmediación, estando el Tribunal de alzada impedido de revalorizar las pruebas por no ser competentes para ello, no siendo la apelación restringida el medio jerárquico para revalorizar las pruebas o revisar las cuestiones de hecho, actividad reservada a los Jueces o Tribunales de Sentencias, al efecto citó el Auto Supremo 034/2013-RRC de 14 de febrero; de igual modo, previa referencia a la Sentencia Constitucional 0639/2003-R, señaló que los apelantes formularon sus recursos, sin la debida fundamentación, haciendo una escueta relación de los hechos sin hacer referencia a los agravios sufridos, para posteriormente concluir con la cita y transcripción del Auto Supremo 373 de 6 de septiembre de 2006.


De lo anterior se evidencia, que el Tribunal de alzada en el ámbito de los recursos de apelación restringida formulados por ambos imputados, desestimó los reclamos vinculados a la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de mérito, al establecer        que la Sentencia fundamentó adecuadamente sobre la valoración de las pruebas documentales y testificales reclamadas, refiriendo que la Sentencia pronunciada estuvo basada en hechos fácticos de la acusación particular; de igual manera, constató el contraste intelectivo de los medios de prueba ofertados por las partes en la comunidad de las pruebas, tomando en cuenta la descripción de cada una de ellas, sin que sea evidente la denuncia formulada por los recurrentes, puesto que las conclusiones asumidas por el Tribunal de apelación ejerciendo el control de la aplicación legal de la sana crítica en la valoración de la prueba realizada por la Juez de Sentencia, si bien resultan generales resultan coherentes con los cuestionamientos también generales de ambos recurrentes, pues la conclusión final asumida por el Tribunal de alzada en sentido de que los recursos fueron formulados sin la debida fundamentación, encuentra su respaldo en los antecedentes, al evidenciarse que los recurrentes se limitaron a plantear sus propias apreciaciones respecto a determinadas pruebas, sin cuestionar la logicidad o el razonamiento errado de la Sentencia, con la debida identificación de qué reglas de la sana crítica fueron obviadas o erróneamente aplicadas, cuál fue el hecho no cierto o cuál la afirmación imposible o contraria a las leyes de la lógica o la experiencia, conforme la carga procesal que tienen las partes en los supuestos de que cuestionen la valoración probatoria de la sentencia, de acuerdo a los entendimientos jurisprudenciales destacados en el acápite III.1. de la presente Resolución.


En consecuencia, se reitera que la obligación de la debida fundamentación es extensible no sólo para el juzgador o Tribunal, sino también para los denunciantes, quienes tienen como carga argumentativa de exponer de forma clara, precisa y coherente los agravios que consideran lesivos, extremo que no hubiera sucedido conforme se fundamenta en el Auto de Vista recurrido, por lo que se advierte que el Tribunal de apelación no infringió lo establecido por el art. 124 del CPP y la doctrina legal aplicable de este alto Tribunal, menos el precedente invocado como contradictorio, al asumir de manera clara y precisa, que el Tribunal de Juicio realizó correctamente la valoración de las pruebas tanto de cargo como de descargo, que está impedido de revalorizar las mismas; y, que los apelantes no fundamentaron adecuadamente sus apelaciones restringidas; por ello, el presente recurso deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jaime Rivera Quiroz y Sandro Ortiz Sumi.


Regístrese y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada  Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA