TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

                                  AUTO SUPREMO Nº 491/2015-RRC  

                                           Sucre, 17 de julio de 2015


Expediente               : Santa Cruz 20/2015

Parte Acusadora      : Ministerio Público y otro

Parte Imputada       : Bismark Martín Armaza Gutiérrez

Delito                        : Violación de Niño, Niña o Adolescente

Magistrada Relatora: Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de enero de 2015, cursante de fs. 1212 a 1242 vta., Bismark Martín Armaza Gutiérrez, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 43 de 30 de abril de 2014, de fs. 1202 a 1207, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Oscar Pérez Quiroz, en contra del recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y tipificado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP).  


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 136 a 137 vta.) y particular (fs. 171 a 173 vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral, se pronunció la Sentencia 33/2011 de 14 de noviembre (fs. 636 a 640 vta.), que fue anulada totalmente por Auto de Vista 43 de 19 de junio de 2012 (fs. 677 a 680), que ordenó la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal competente; en cuyo mérito, el Tribunal de Sentencia de Buenavista, Provincia Ichilo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió la Sentencia 03/2013 de 18 de abril (fs. 1064 a 1072), declarando al imputado Bismark Martín Armaza Gutiérrez, autor del delito de Violación a Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, sentenciándolo a la pena de quince años de presidio en el centro de rehabilitación “Penal de Palmasola” de Santa Cruz, más el pago de quinientos días multa, haciendo un total de Bs. 2.500.- (bolivianos dos mil quinientos), a razón de Bs. 5.- (bolivianos cinco) por día, como también al pago de costas y gastos a favor del Estado cualificados en Bs. 500.- (bolivianos quinientos).


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Bismark Martín Armaza Gutiérrez formuló recurso de apelación restringida (fs. 1077 a 1087), resuelto por el Auto de Vista 132 de 19 de septiembre de 2013 (fs. 1138 a 1143); que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 027/2014-RRC de 18 de febrero (fs. 1192 a 1195); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 43 de 30 de abril de 2014 (fs. 1202 a 1207), por el que declaró admisible e improcedente el recurso planteado, lo que motivó la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial del recurso de casación (fs. 1212 a 1242 vta.) y del Auto Supremo 214/2015-RA de 31 de marzo (fs. 1251 a 1257 vta.), dictado en el caso de Autos, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, aspectos sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. En cuanto al punto II.1.2. de su apelación restringida, en el que cuestiona el rechazo de su petición de darse lectura a la prueba documental “P.D.16”, consistente en la declaración de Julio Cesar Quiroga en la etapa investigativa, al considerarla contradictoria con la prestada en juicio, con el argumento que no existía prueba documental alguna en la acusación fiscal ni en la acusación particular, por cuanto el acusador particular se adhirió a la prueba documental del Ministerio Público; sin embargo, luego, de forma contradictoria, el Tribunal de mérito insistió en introducir la prueba documental tanto del Ministerio Público como del acusador particular, dejando de lado su determinación inicial, extremo que tilda de defecto absoluto por la lesión de sus derechos al debido proceso, seguridad jurídica, la tutela legal efectiva e igualdad. Con relación a ello, el Auto de Vista recurrido, en el séptimo considerando, concluyó que la declaración de un testigo no puede ser introducida como prueba documental de acuerdo al art. 333 inc. 3) del CPP; sin embargo -reitera-, la misma fue ofrecida y presentada, habiéndose establecido en la Sentencia, en el apartado de hechos probados, que se llegó a la convicción de su culpabilidad, mencionando como base de la misma, entre otras, a la prueba documental “P.D. 16”, que es la declaración del testigo Julio Cesar Quiroga, por lo que advierte una contradicción entre la parte considerativa y la dispositiva, acusando nuevamente defecto absoluto que afirma no puede ser convalidado por los jueces de casación, argumentación que reitera respecto a la resolución del punto II.3 del recurso de apelación restringida, en el que denunció que la Sentencia se basó en medio o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio [art. 370 inc. 4) del CPP], afirmando sobre el mismo considerando séptimo del Auto de Vista recurrido, que no contiene una fundamentación valedera, puesto que el poco argumento que contiene, además de ambiguo, se contradice en su razonamiento, debido a que por una parte sostiene que se puede introducir la prueba y en el mismo punto, enfáticamente establece que no se puede introducir dicha prueba. Al efecto invoca los Autos Supremos 368 de 17 de septiembre  de 2005 y 027 de 18 de febrero de 2014.


  1. Asevera que en el punto II.2. del recurso de apelación restringida, fundamentó defectos de la Sentencia, por la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, conforme establece el art. 370 inc. 1) del CPP, expresando que de acuerdo al art. 308 Bis del CP, la edad de la víctima constituye uno de sus elementos constitutivos, resultando que debe ser menor de catorce años y tener estrecha relación con el presunto hecho ilícito; sin embargo, los hechos fácticos demostrarían que su conducta no se subsume al tipo penal, por cuanto de acuerdo a las atestaciones, la víctima tenía diecisiete años y las relaciones sexuales eran consensuadas; sin embargo, el Auto de Vista impugnado, en el séptimo considerando estableció que, específicamente en cuanto al referido defecto, que la característica principal es la penetración “y que si esta falta hay tipicidad”, agregando que la menor demostró que en el momento de la consumación del delito contaba con doce años, respuesta que considera no es clara, específica, lógica, fundamentada, motivada ni coherente, dejándole en incertidumbre y causándole indefensión; a cuyo efecto invocó el Auto Supremo 027 de 18 de febrero de 2014.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y ordenar que se dicte uno nuevo de acuerdo a la doctrina legal aplicable.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 214/2015-RA de 31 de marzo, cursante de fs. 1251 a 1257 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación para el análisis de los dos motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Concluido el juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Buena Vista del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó Sentencia condenatoria en contra del recurrente, por la comisión del delito de Violación a Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, imponiéndole la pena de quince años de presidio en el centro de rehabilitación de Palmasola de Santa Cruz, el pago de una multa de Bs. 2.500 correspondiente a quinientos días multa a razón de Bs. 5 por día; costas y gastos ocasionados al Estado. En razón de que con base a las declaraciones de la víctima, sus padres, así como por la prueba documental, llegó a la convicción de que el imputado abusó sexualmente de la menor víctima desde sus doce años de edad, sin que ella haya contado nada debido a que era objeto de amenazas y chantajes por parte del imputado quien trabajaba como operador de la radio Mundial de propiedad del padre de la víctima, gozando de la confianza de éste.

II.2. De la apelación restringida del imputado.


El imputado formuló recurso de apelación restringida, planteando entre sus agravios que: a) En la declaración del testigo de cargo Julio Cesar Quiroga, su abogado defensor solicitó que por Secretaria se diera lectura de la declaración en la etapa preparatoria ofrecida como prueba “P.D.16”, siendo rechazada su petición, afirmando el apelante que el Presidente del Tribunal pidió que se indique en qué lugar de la acusación fiscal se ofrecía esa prueba, oportunidad en la que su abogado hizo reserva de apelación restringida e indicó que no existía la señalada prueba documental; sin embargo, extrañamente en la fase de introducción de la prueba documental el Tribunal cedió la palabra al Ministerio Público para que indique la prueba que introduciría al juicio, acto en el que su abogado incidentó porque se estableció que la señalada prueba no existía, por lo que no se dio lectura a la declaración del testigo señalado; no obstante se insistió en su introducción, soslayando la Resolución de 7 de febrero de 2013, vulnerando sus derechos a la igualdad (porque el testigo incurrió en falso testimonio), debido proceso, defensa, tutela legal efectiva, seguridad jurídica, incurriendo en un defecto absoluto; b) En el acápite II.3. “DEFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE SE BASE EN MEDIOS O ELEMENTOS PROBATORIOS NO INCORPORADOS LEGALMENTE AL JUICIO ART. 370 NUMERAL 4) LEY 1970” (sic), el apelante bajo los mismos argumentos señalados en el punto que antecede, afirmó también que luego de que el Tribunal permitió la introducción de la prueba documental del Ministerio Público y del acusador particular, constituyendo un defecto absoluto por la vulneración de sus derechos al debido proceso, la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, defensa e igualdad, además de su derecho a ser juzgado por un Tribunal imparcial basándose la sentencia en una prueba excluida del proceso; y c) En el acápite II.2 “DEFECTOS DE LA SENTENCIA: LA INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA ART. 370 MUNERAL 1) LEY 1970” (sic), argumentó que el delito por el cual se le acusó previsto en el art. 308 bis del CP, establece como elemento constitutivo que la edad de la víctima tiene relación con el presunto hecho ilícito; es decir, el Ministerio Público y el acusador particular debieron demostrar en primer lugar que se cometió el hecho y luego la fecha en la cual fue cometido; sin embargo, en el caso de autos, simplemente con la declaración de la presunta víctima, que contaba con doce años, sin corroborar con ninguna prueba, dejando de lado su prueba de descargo, que hace inexistente el principal elemento constitutivo del tipo penal; es decir, que debió existir el acceso carnal cuando la presunta víctima era menor de catorce años; empero, aduce que demostró que la relación sentimental inició el 2009, cuando la presunta víctima tenía diecisietes años y que las relaciones sexuales consensuadas iniciaron a partir del 2010, error que no fue advertido en sentencia; por lo tanto, existió una inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, lo cual es un defecto de la sentencia de acuerdo al art. 370 inc. 1) del CPP.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Mediante Auto de Vista 132 de 19 de septiembre de 2013, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró improcedente la apelación planteada, fallo que fue dejado sin efecto mediante el Auto Supremo 027/2014-RRC de 18 de febrero (fs. 1192 a 1195), motivo por el que se dictó el Auto de Vista 43 de 30 de abril de 2014 (fs. 1202 a 1207), que entre sus conclusiones señaló: 


Con relación a la declaración del testigo Julio Cesar Quiroga, asumió que no puede ser introducida como prueba documental en conformidad al art. 333 inc. 3 del CPP, al incumplir con el principio de oralidad e inmediatez, por lo que advirtió que el Tribunal de Sentencia denegó la petición de la defensa en cuanto a la intervención del acusado en el interrogatorio, debido a la gravedad del delito y la revictimización que implicaría; no obstante, aseveró que el abogado defensor interrogó a la víctima ampliamente, por lo que no se afectó su derecho a la defensa. Asimismo, sobre la denuncia de que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio y que la defensa pretendía que la declaración testifical de Julio Cesar Quiroga sea leída e incorporada como prueba documental, el Tribunal de alzada afirmó que no se solicitó anticipadamente que dicho testigo ratifique su declaración policial para que se judicialice dicha prueba testifical, evidenciando que tanto el Ministerio Público como la acusadora particular ofrecieron sus pruebas documentales, con lo cual se desmiente al imputado en cuanto a que no se habría ofrecido ninguna prueba documental junto a la acusación, ya que según el Tribunal de alzada esta prueba fue mencionada en la acusación fiscal de forma expresa, por lo que la Sentencia no incurrió en el defecto previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP.


Adicionalmente el Tribunal de alzada luego de hacer referencia al delito de Violación, indicó que en el presente proceso se trata de una persona de doce años y que en las acusaciones fiscal y particular se hizo alusión a que el imputado venia abusando sexualmente de la menor desde esa edad, cuando aún no estaba en condiciones de mantener relaciones sexuales por su inmadurez,  por lo que existió el delito de Violación por la intención y voluntad dolosa de obrar y vencer la voluntad de la víctima para consumar el acto sexual, que fue corroborado por los testigos de cargo y los informes médicos como lo señaló el Tribunal de Sentencia, además de otros medios o elementos de prueba que demuestran la comisión del delito de Violación, considerando también que el imputado tenía plena conciencia de lo que hacía y de la diferencia de edad.


Es así, que al referirse a la señalada causal acusada contenida en el art. 370 inc. 1) del CPP, el Tribunal de alzada, citó el art. 308 del bis del CP incorporado por el art. 3 de la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual, cuyo bien jurídico protegido es la libertad sexual, refiriendo que la violación puede ser de persona de uno u otro sexo, el delito se configura con el acceso carnal que es la penetración del órgano genital masculino en orificio natural de otra persona sea por vía normal o anormal que da lugar al coito o a un equivalente anormal, la característica esencial es la penetración o introducción, que la víctima sea menor de catorce años aunque ella admita consentimiento, haya o no intimidación o violencia de igual forma se tipifica como delito de Violación por lo que en este caso afirmó que la menor demostró que en el momento de la consumación del delito contaba con doce años de edad y el hecho de alegar que había consentimiento o cierta relación entre el imputado y la víctima, no afecta a la tipicidad, de acuerdo a dicha norma legal, aspecto que fue sustentado por la declaración de la víctima, corroborada por la declaración de su padre, acusación o querella, aduciendo que el hecho delictivo nunca pudo salir a la luz, si el imputado no hubiera enviado mensajes de advertencia e intimidatorios a la víctima; consecuentemente, en cuanto a la denuncia de inobservancia de la ley o su aplicación errónea prevista en el art. 370 inc. 1) del CPP, el Tribunal de alzada hizo hincapié en que esta procede en la errónea calificación de los hechos respecto a la tipicidad, cuando existe concreción del marco penal y errónea fijación judicial de la pena, sin que los argumentos vertidos por el apelante se hayan acomodado a algunas de las premisas señaladas, advirtiendo el Tribunal de alzada que el tribunal provincial calificó correctamente la conducta antijurídica respecto al tipo penal previsto en el art. 308 bis del CP, concluyendo que dio cumplimiento a cabalidad a los elementos constitutivos del tipo penal como la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad, por lo que no se habría demostrado la incursión en el defecto previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP.


Con esos argumentos, entre otros, el Tribunal de alzada declaró improcedente el recurso de apelación restringida planteado por el imputado.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS POR EL RECURRENTE


Este Tribunal admitió el recurso interpuesto por el acusado, abriendo su competencia a objeto de verificar la posible contradicción del Auto de Vista impugnado con los Autos Supremos 368 de 17 de septiembre de 2005 y 027 de 18 de febrero de 2014, por lo que se procederá a identificar el fundamento de los precedentes invocados, para luego realizar algunas consideraciones de orden doctrinal y normativo respecto a la temática que se denuncia y que será parte del fundamento del presente Auto, y finalmente, ingresar al análisis concreto del recurso.

III.1. De los precedentes invocados.


Con relación a la impugnación efectuada en casación, el recurrente invocó el Auto Supremo 368 de 17 de septiembre de 2005, emitido en un caso sobre Abuso de Confianza, donde inicialmente se dictó sentencia condenatoria, que fue objeto de apelación restringida, resuelta por Auto de Vista declarándola improcedente; recurrido de casación, fue dejado sin efecto al evidenciarse la vulneración de la fundamentación de la sentencia previsto en el art. 124 del CPP y la infracción de los derechos a la defensa, tutela judicial y el principio in dubio pro reo, advirtiendo que el Tribunal de apelación incumplió su deber de brindar la efectiva tutela judicial, mediante sus resoluciones motivadas, coherentemente razonadas en derecho, apoyándose en la lógica, lo cual causó indefensión, porque la Sentencia no reflejó lo acontecido en el juicio oral, emitiéndose la siguiente doctrina legal: “Que, los actos procesales o las resoluciones jurisdiccionales que contravienen los principios que rigen a la actividad jurisdiccional y el debido proceso son tenidos como defectos absolutos no susceptibles de convalidación; el Tribunal de Apelación se encuentra en el deber de advertir y observar los mismos, para salvaguardar el derecho de las partes, el debido proceso; garantizando con sus actos una efectiva tutela judicial; asimismo, el principio de independencia permite a la autoridad jurisdiccional a quo o ad-quem, en una cuestión determinada, interpretar la Ley según su saber, entender, experiencia y conciencia para dilucidar y resolver el hecho. La concurrencia de un defecto absoluto durante el desarrollo del proceso o en la sentencia, merece la intervención inmediata, oportuna y efectiva del Tribunal de Apelación, con el objeto de cuidar que los principios que rigen el proceso y la actividad jurisdiccional no sean resentidos, ni las partes tengan la sensación de incertidumbre sobre la administración de justicia penal; en consecuencia, el Auto de Vista impugnado al no advertir los defectos absolutos señalados contradice al precedente invocado; consiguientemente, la valoración de la prueba y de los hechos es facultad privativa de los Jueces y Tribunales de Sentencia; si en el fundamento no se refleja lo sucedido en la producción de la prueba, ni es advertido por el Tribunal de Alzada; dicha motivación carece de validez, se traduce en defecto absoluto, debiendo anularse la sentencia reponiendo el juicio oral con otro Juez o Tribunal de Sentencia”.


Asimismo, invocó el Auto Supremo 027 de 18 de febrero de 2014, emitido dentro del presente proceso donde se señaló en el acápite III.1. lo siguiente:  Sobre la denuncia de imprecisión y falta de fundamentación del Auto de Vista. El recurrente afirma que, en su recurso de apelación restringida denunció la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; al respecto enfatiza que, el Tribunal de alzada, proporcionó una respuesta imprecisa e ilógica, que en los hechos no constituye una respuesta al agravio expuesto, pues sólo es una relación de hechos en el que se menciona acontecimientos del primer juicio que fue anulado, antecedentes que no podían ser considerados; sobre esta denuncia invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 236 de 7 de marzo de 2007, 368 de 17 de septiembre de 2005 y 111 de 31 de enero de 2007, a los que resulta necesario acudir a efectos de realizar la labor encomendada por el art. 419 del CPP. El Auto Supremo 236 de 7 de marzo de 2007, asumió el siguiente entendimiento “El debido proceso se manifiesta en que las partes procesales gocen de los derechos y garantías previstas para que la investigación y juzgamiento se desarrollen en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la persona, sea aquella el acusador particular o público, y el acusado; precepto al que se suma el derecho a la seguridad jurídica, debiendo la actividad jurisdiccional esmerarse para brindar a los administrados la seguridad que las decisiones se enmarquen en los preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado, Los Tratados y Convenios Internacionales, y la Ley. Los delitos para ser considerados como tales, deben reunir todas las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probado en juicio oral, público, contradictorio y continuo, y en la fase de subsunción legal los Tribunales y Jueces de Sentencia, y excepcionalmente los Tribunales de Apelación, deben tener el cuidado de observar que a la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal, no existe delito”. El precedente descrito, precisa la obligación que tienen los Jueces y Tribunales de Sentencia, en respeto del debido proceso y el principio de legalidad, de pronunciar Sentencia realizando una correcta labor de subsunción; además establece que los Tribunales de alzada, tienen la obligación ineludible de realizar la tarea de control del desarrollo del proceso, revisando que se haya llevado sin vicios que vulneren derechos y garantías constitucionales. La doctrina legal establecida por el Auto Supremo 368 de 17 de septiembre de 2005, asume el siguiente entendimiento “Que, los actos procesales o las resoluciones jurisdiccionales que contravienen los principios que rigen a la actividad jurisdiccional y el debido proceso son tenidos como defectos absolutos no susceptibles de convalidación; el Tribunal de Apelación se encuentra en el deber de advertir y observar los mismos, para salvaguardar el derecho de las partes, el debido proceso; garantizando con sus actos una efectiva tutela judicial; asimismo, el principio de independencia permite a la autoridad jurisdiccional a quo o ad-quem, en una cuestión determinada, interpretar la Ley según su saber, entender, experiencia y conciencia para dilucidar y resolver el hecho”. El entendimiento asumido en el precedente invocado, esencialmente tiene por finalidad precisar que, el Tribunal de alzada se encuentra en el deber de brindar la efectiva tutela judicial, mediante resoluciones motivadas, coherentemente razonadas en derecho y apoyadas en la lógica, que el incumplimiento de dicho deber coloca a las partes en situación de indefensión, porque la Resolución emitida no refleja lo acontecido en el juicio oral y público. El Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, estableció que El Tribunal de Alzada no se encuentra facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo circunscribir sus actos a los motivos que fueron de la apelación restringida, el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal establece que: Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley y o su errónea aplicación, el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Cuando el Ad Quem advierte que en el proceso se han pronunciado fallos sustentados en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión del articulo 173 y 339 ambos del Código de Procedimiento Penal, incurriendo así en una de las formas defectuosas previstas en artículo 370-6) de la referida norma adjetiva, se hace evidente que el fallo no contiene los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto en que incurrió el juez de grado, por ello corresponde conforme prevé el art. 413 del Código de Procedimiento Penal, anular la sentencia totalmente y disponer la reposición del juicio por otro tribunal, a efecto de garantizar que las partes en conflicto, puedan someter nuevamente el conocimiento, discusión y valoración de la prueba ante otro juez o tribunal, quien observando los principios de inmediación y contradicción que rigen el proceso y el circuito probatorio, dictará nueva resolución en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica. La doctrina legal establecida, tiene por finalidad instituir un razonamiento sobre: la labor de valoración de la prueba del Juez y Tribunal de Sentencia; la obligación del Ad quem de motivar sus fallos y la prohibición a éstos de valorar prueba, y un entendimiento sobre la facultad conferida por el art. 413 del CPP a los Tribunales de alzada. Analizados los precedentes contradictorios invocados, es menester hacer referencia al art. 407 del CPP, referente al recurso de apelación restringida; de esta norma se desprende que este recurso es un medio de impugnación esencialmente de puro derecho, por esta circunstancia en la labor de análisis del recurso, al Tribunal de alzada, le está prohibido retrotraer su actividad jurisdiccional a situaciones, hechos y pruebas que ya fueron sometidas al control oral, público y contradictorio que es responsabilidad de los Jueces o Tribunales de Sentencia, quienes ostentan la facultad de valorar prueba; por ello cuando, el Tribunal de alzada, establece hechos y revaloriza la prueba, desconoce los principios de legalidad, inmediación y contradicción, y vulnera derechos y garantías constitucionales, incurriendo en defecto absoluto no susceptible de convalidación prevenido por el art. 169 inc. 3) del CPP. De la norma precedentemente analizada y del mandato establecido por los arts. 124 y 398 de la Ley adjetiva penal, es necesario reafirmar que los Tribunales de alzada, al resolver los recursos de apelación, deben circunscribir su competencia a responder todos los motivos denunciados en el recurso, en dicha labor deben ejercer también el control constitucional sobre las actuaciones desarrolladas en el juicio oral por el Tribunal inferior, que refleje el respeto de todos los derechos y garantías reconocidas por la Constitución; dicha respuesta debe estar debidamente  fundamentada y motivada sobre todos los motivos expuestos, advirtiendo que la omisión o evasión de responder uno o varios motivos del recurso implica incurrir en incongruencia omisiva, que constituye defecto de la resolución que no puede convalidarse”.


III.2. La fundamentación como elemento del derecho al debido proceso.


Este Tribunal en reiteradas oportunidades señaló que la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que, la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el Juez o Tribunal al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319 de 4 de diciembre de 2012, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez de Sentencia; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario, significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa, que sólo se estará ante una falta de fundamentación o motivación cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP, y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación.


III.3. Análisis del caso concreto.


En el caso presente se evidencia que la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida formulada contra la sentencia, emitió el Auto de Vista impugnado sin una fundamentación valedera, clara, específica, lógica, fundamentada y coherente, respecto a la prueba P.D.16, así como a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva vinculada a la edad de la víctima, correspondiendo analizar la problemática planteada:

 

III.3.1. En cuanto al motivo vinculado a la prueba literal P.D.16.


El recurrente afirma que al punto II.1.2. de su apelación restringida, en el que cuestionó el rechazo de su petición de darse lectura a la prueba documental P.D.16, consistente en la declaración de Julio Cesar Quiroga en la etapa investigativa, el Tribunal de Sentencia insistió en introducir la prueba documental tanto del Ministerio Público como del acusador particular, dejando de lado su determinación inicial, extremo que tilda de defecto absoluto por la lesión de sus derechos al debido proceso, seguridad jurídica, la tutela legal efectiva e igualdad. Con relación a ello, alega que el Auto de Vista recurrido, en el séptimo considerando, concluyó que la declaración de un testigo no puede ser introducida como prueba documental de acuerdo al art. 333 inc. 3) del CPP; sin embargo -reitera-, la misma fue ofrecida y presentada, habiéndose establecido en la Sentencia, en el apartado de hechos probados, que se llegó a la convicción de su culpabilidad, mencionando como base de la misma, entre otras, a la prueba documental P.D. 16, que es la declaración del testigo Julio Cesar Quiroga, por lo que advierte una contradicción entre la parte considerativa y la dispositiva, acusando nuevamente defecto absoluto que afirma no puede ser convalidado por los jueces de casación, argumentación que reitera respecto a la resolución del punto II.3 del recurso de apelación restringida, en el que denunció que la Sentencia se basó en medio o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio [art. 370 inc. 4) del CPP], afirmando sobre el mismo considerando séptimo del Auto de Vista recurrido, que no contiene una fundamentación valedera, puesto que el poco argumento que contiene, además de ambiguo, se contradice en su razonamiento, debido a que por una parte sostiene que se puede introducir la prueba y en el mismo punto, enfáticamente establece que no se puede introducir dicha prueba.


Al respecto, para una mejor comprensión, es conveniente partir señalando que el recurrente formuló recurso de apelación restringida en base a los agravios expuestos en el acápite II.2 de la presente Resolución, donde en sus incs. a) y b), sucintamente refirió que en la declaración del testigo de cargo Julio Cesar Quiroga ofrecida como prueba P.D.16, su abogado defensor solicitó se diera lectura a la declaración prestada en la etapa preparatoria, siendo rechazada su petición, porque el Presidente del Tribunal pidió que se indique en qué lugar de la acusación fiscal se ofrecía esa prueba, oportunidad en la que su abogado hizo reserva de apelación restringida e indicó que no existía la señalada prueba documental; sin embargo, extrañamente en la fase de introducción de la prueba se insistió en su introducción, soslayando la Resolución de 7 de febrero de 2013, donde se determinó que no existía la prueba, vulnerando sus derechos a la igualdad, debido proceso, defensa, tutela legal efectiva, seguridad jurídica, incurriendo en un defecto absoluto, al permitir la introducción de la prueba documental del Ministerio Público y del acusador particular, basándose la sentencia en una prueba excluida del proceso.


Agravios sobre los que el Tribunal de alzada señaló inicialmente que la declaración del testigo Julio Cesar Quiroga no podía ser introducida como prueba documental en conformidad al art. 333 inc. 3) del CPP, al incumplir con el principio de oralidad e inmediatez, por lo que advirtió que el Tribunal de Sentencia denegó la petición de la defensa en cuanto a la intervención del acusado en el interrogatorio, debido a la gravedad del delito y la revictimización que implicaría, no obstante aseveró que el abogado defensor interrogó a la víctima ampliamente; en consecuencia, no se le habría negado el ejercicio de su derecho a la defensa. Asimismo, sobre la denuncia de que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio y que la defensa pretendía que la declaración testifical de Julio Cesar Quiroga sea leída e incorporada como prueba documental, el Tribunal de apelación afirmó que no se solicitó anticipadamente que dicho testigo ratifique su declaración policial para que se judicialice dicha prueba testifical, evidenciando que tanto el Ministerio Público como la acusadora particular ofrecieron sus pruebas documentales, desvirtuándose lo afirmado por el acusado en cuanto a que no se habría ofrecido ninguna prueba documental junto a la acusación, ya que según el Tribunal de alzada esta prueba fue mencionada en la acusación fiscal de forma expresa, concluyendo que la sentencia no incurrió en el defecto previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP.


Esta necesaria identificación de los argumentos sostenidos por el recurrente en la apelación restringida y la respuesta dada por el Tribunal de alzada, demuestran no ser evidente que el Auto de Vista recurrido de casación sea ambiguo o poco claro, tampoco contradictorio, ya que de la revisión de su motivación, se constata que respondió a la expresión de agravios del apelante, quien pretende hallar una contradicción inexistente, ya que por un lado hace referencia a la introducción de una declaración testifical como prueba documental de su parte y luego cuestiona su ofrecimiento realizado por el Ministerio Público; consecuentemente, resulta incuestionable que el Auto de Vista impugnado respondió de manera clara, fundada y motivada a los agravios apelados consignados en el primer motivo del recurso de casación cuya análisis de fondo corresponde, precautelando el debido proceso y la efectiva tutela judicial, sin incurrir en contradicción con los precedentes invocados, menos en una vulneración de los derechos acusados de quebrantados como sostiene el recurrente en su recurso de casación, por lo que el presente motivo deviene en infundado.


III.3.2. Respecto a la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.


Adicionalmente el recurrente afirma que apeló y denunció la existencia de defectos de la Sentencia, por la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, al amparo del art. 370 inc. 1) del CPP, cuestionando que en el art. 308 Bis del CP, la edad de la víctima constituye un elemento constitutivo; empero, su conducta no se subsume al tipo penal, ya que la víctima tenía 17 años y las relaciones sexuales eran consensuadas. En ese contexto, afirma que el Auto de Vista recurrido, establece que la característica principal es la penetración “y que si esta falta hay tipicidad”, agregando que la menor demostró que en el momento de la consumación del delito contaba con 12 años, respuesta que considera no es clara, específica, lógica, fundamentada, motivada ni coherente, dejándole en incertidumbre y causándole indefensión.


Al respecto, se debe tener presente que con relación al agravio denunciado por el recurrente en su alzada restringida precisada en el acápite II.2. inc. c) de la presente Resolución, donde acusa que la sentencia incurrió en el defecto contenido en el art. 370 inc. 1) del CPP, manifestando que no existe el elemento constitutivo del tipo penal establecido en el art. 308 Bis, relativo a que la presunta víctima sea menor de 14 años; se tiene que si bien es evidente que el Tribunal de alzada se refirió al delito de violación, lo hizo de forma explícita, indicando que en el presente proceso se trata de una persona de 12 años y que en las acusaciones fiscal y particular, se hizo alusión a que el acusado venía abusando sexualmente de la menor desde esa edad, cuando aún no estaba en condiciones de mantener relaciones sexuales por su inmadurez, por lo que no existía lugar para presunciones iuris et de iure, afirmando que existe el delito de violación cuando hay la intención y voluntad dolosa de obrar y vencer la voluntad de la víctima para consumar el acto sexual, añadiendo que en el presente caso se presentaron los testigos contestes y uniformes al señalar que conocen el hecho delictivo y su autoría, lo cual fue corroborado por el médico forense, quien precisó que la menor presentó himen con desfloración antigua cicatrizada por acceso carnal, existiendo además otros medios o elementos de prueba que demuestran la comisión del delito de Violación como señaló el Tribunal de instancia en la sentencia, que durante el trámite de la causa se demostró que las pruebas del Ministerio Publico merecen fe probatoria, creando plena convicción en el Tribunal de Sentencia sobre su validez, advirtiendo también que el acusado tenía plena conciencia de lo que hacía y de la diferencia de edad, sin considerar la integridad física de la víctima procedió a su comisión.


Asimismo, el Tribunal de alzada refirió que el Tribunal de juicio otorgó credibilidad a los testigos de cargo del Ministerio Público, así como a los informes médico y psicológico, atendiendo los detalles del lugar, tiempo y modo que complementan la constatación narrativa, así como la verosimilitud de las atestaciones y la prueba documental de cargo e informes señalados por su interrelación con los hechos probados; razones que sirvieron también para que el Tribunal de alzada al referirse a la supuesta incursión en la causal contenida en el art. 370 inc. 1) del CPP, citó el art. 308 del bis del CP, incorporado por el art. 3 de la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, de Protección a las Víctimas de Delitos  contra la Libertad Sexual, cuyo bien jurídico protegido es la libertad sexual, refiriendo que la violación puede ser de persona de uno u otro sexo y que el delito se configura con el acceso carnal que es la penetración del órgano genital masculino en orificio natural de otra persona sea por vía normal o anormal que da lugar al coito o a un equivalente anormal, siendo la característica esencial la penetración o introducción, que la víctima sea menor de catorce años aunque ella admita consentimiento haya o no intimidación o violencia de igual forma se tipifica como delito de Violación, por lo que en este caso afirmó que la menor demostró que en el momento de la consumación del delito contaba con doce años de edad y el hecho de alegar que había consentimiento o cierta relación entre el acusado y la víctima, no afectaba a la tipicidad, de acuerdo a dicha norma legal, aspecto que fue sustentado por la declaración de la víctima, corroborada por la declaración de su padre, acusación o querella, aduciendo que el hecho delictivo nunca pudo salir a la luz, si el imputado no hubiera enviado mensajes de advertencia e intimidatorios a la víctima.


Consecuentemente, en cuanto a la denuncia de inobservancia de la ley o su aplicación errónea prevista en el art. 370 inc. 1) del CPP, el Tribunal de alzada hizo hincapié en que ésta procede por la errónea calificación de los hechos respecto a la tipicidad y en la concreción del marco penal y cuando existe errónea fijación judicial de la pena, lo cual no aconteció en el caso de autos, por lo que consideró que el Tribunal de juicio calificó correctamente la conducta antijurídica respecto al tipo penal previsto en el art. 308 bis del CP, concluyendo que dio cumplimiento a cabalidad a los elementos constitutivos del tipo penal como la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad.


Esta apreciación hace que no sea evidente la denuncia formulada por el recurrente en sentido de que el Auto de Vista recurrido, no sea claro y que carezca de fundamentación y motivación, mucho menos que se le haya causado incertidumbre e indefensión al recurrente; por el contrario, los razonamientos expuestos por el Tribunal de alzada reflejan la observancia a la obligación ineludible que debe contener toda resolución que garantice el acatamiento de unos de los elementos constitutivos del debido proceso y de la tutela judicial que debe hacer efectiva cada tribunal en el proceso penal, sin desconocer que su competencia se halla delimitada respecto a los puntos cuestionados en la apelación restringida en conformidad al art. 398 del CPP, otorgando al impetrante una respuesta fundamentada y sustentada sobre el porqué de la determinación asumida, fundamentación y motivación que contiene el Auto de Vista impugnado, observando también la exigencia constitucional en sujeción a los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado en apego al principio de congruencia, precautelando el cumplimiento del art. 124 del CPP, que haga entendible su contenido; consecuentemente, con relación a este particular motivo, tampoco es evidente que se haya vulnerado derecho alguno de la parte recurrente, menos se haya incurrido en contradicción con los precedentes invocados consistentes en los Autos Supremos 368 de 17 de septiembre de 2005 y 027 de 18 de febrero de 2014, ya que el Auto de Vista recurrido contiene las razones por las cuales se desestimó el motivo alegado en apelación restringida con base al art. 370 inc. 1) del CPP, las que responden a una lógica en su redacción y claridad, resultando infundado el planteamiento del recurrente.


Por lo expuesto, este Tribunal llega a la conclusión de que el Tribunal de apelación obró correctamente a momento de resolver la alzada planteada por Bismark Martin Armaza Gutierrez; en cuyo mérito, corresponde declarar infundado el recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Bismark Martin Armaza Gutierrez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA