TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 481/2015-RA

Sucre, 16 de julio 2015


Expediente                : La Paz 93/2015        

Parte Acusadora        : Senovia Condori de Quispe y otro

Parte Imputada        : Roberto Condori Chura y otros

Delitos                : Difamación y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 31 de marzo de 2015, cursante de fs. 374 a 377, Roberto Condori Chura, José Barcena Ortuño y Sixto Choque Huanca, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 110/2014 de 22 de diciembre, de fs. 356 a 363, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Senovia Condori de Quispe y Ramón Celestino Condori Callisaya contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Calumnia, Injuria y Propalación de Ofensas, previstos y sancionados por los arts. 282, 283, 287 y 285 del Código Penal (CP), respectivamente.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación pública (fs. 5 a 7), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Juez Tercero de Partido y Sentencia de la ciudad de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Sentencia 08/2013 de 1 de marzo (fs. 289 a 292 vta.), declaró a los imputados Roberto Condori Chura, José Barcena Ortuño y Sixto Choque Huanca, autores y culpables de la comisión del delito de Injuria, tipificado en el art. 287 del CP, condenándoles a la pena de tres meses de prestación de trabajo, con costas y reparación del daño; y, absueltos por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Calumnia y Propalación de Ofensas, tipificados en los arts. 282, 283 y 285 del CP, conforme a lo previsto en el art. 363 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin costas. 


  1. Contra la mencionada Sentencia, los acusados Roberto Condori Chura, José Barcena Ortuño y Sixto Choque Huanca (fs. 299 a 303 vta.); y los acusadores particulares Senovia Condori de Quispe y Ramón Celestino Condori Callisaya (fs. 305 a 312), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 110/2014 de 22 de diciembre, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes los recurso interpuestos; en cuya efecto, confirmó la Resolución recurrida en apelación.


  1. El 26 de marzo de 2015 (fs. 364), fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista y el 31 del mismo mes y año, interpusieron recurso de casación, objeto del presente análisis de admisibilidad. 



II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El Auto de Vista recurrido es insuficiente en su fundamentación y “erra” en la aplicación e interpretación de las “normas sustantivas”; por cuanto, declaró el recurso de apelación restringida improcedente, con el argumento de no haberse concretado los defectos de la Sentencia en base al art. 370 del CPP, ya que no se “individualizó el grado de participación de los acusados”, amparándose “subjetivamente” en la sana crítica, lo que tilda de defecto absoluto, lesivo del debido proceso y a la defensa. Cita el Auto Supremo 635 de 11 de diciembre de 2003, aseverando que “…existe abundante jurisprudencia constitucional que señala que no es necesario presentar -precedente-, si señalar el precedente contradictorio, porque viola el derecho a la defensa…se hizo presente que existía defectos absolutos en la Sentencia tal como lo estipula el art. 370 numeral 1, 4 y 5 del Código de Procedimiento Penal” (sic).


  1. Se demostró con las pruebas de descargo, consistentes en el libro original de actas de reuniones, tarjetas de controles de asistencia de vecinos, fotocopias de volantes de convocatoria a reuniones, más las declaraciones de catorce testigos, quienes se manifestaron, de forma uniforme y unánime, que en las fechas citadas en la querella, no existió reunión, con excepción de la de 24 de julio de 2011, en la que, no se expresaron los términos expuestos por los querellantes. Por otro lado, previa descripción de las declaraciones de los testigos de cargo, afirmaron que incurrieron en contradicciones.


  1. Con relación al testigo de cargo René Antonio Quispe Laime y a la testigo Marcela Condori de Choque, denuncia que no obstante el primero nombrado cayó en contradicciones sobre el hecho; y la segunda, no declaró nada relevante y solo actuó para perjudicar al co-acusado, Sixto Choque Huanca, que es su esposo, dichas declaraciones no fueron valoradas ni observadas por el Juez de Sentencia ni el superior en grado, actuando ciegamente.


Por último cita los Autos Supremos 526 de 20 de septiembre, 529 de 20 de septiembre, ambos de 2004 y 527 de “septiembre de 2014”.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE  CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia, desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.        Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie, a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, errónea o defectuosa valoración de prueba efectuada en la causa o su omisión, deberá: a) Especificar qué prueba o pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; b) De qué manera esa falta de valoración o que haya sido defectuosa, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente, de qué forma la sentencia hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 26 de marzo de 2015, la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado y el 31 del mismo mes y año, interpuso el presente recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, cumpliendo con el requisito previsto por el art. 417 del CPP.


Respecto a los demás requisitos de admisibilidad, se tiene que los recurrentes, como primer motivo denuncian de manera confusa que, el Tribunal de alzada emitió la Resolución recurrida carente de fundamentación, equivocando la aplicación e interpretación de las “normas sustantivas”, sin individualizar qué normas ni explicar la forma de lesión. Asimismo, resaltaron que el Auto de Vista impugnado, se amparó “subjetivamente” en la sana crítica, sin explicar los alcances de dicha afirmación, concluyendo su exposición citando el Auto Supremo 635 de 11 de diciembre de 2003, denotando también falta de precisión respecto a la explicación de su aplicación al caso concreto, conforme exige la normativa procesal penal contenida en el art. 416 y 417, ampliamente desarrollada en el aparto III del presente Auto Supremo, donde se establece que el impugnante tiene la carga procesal de explicar de forma clara y precisa cuál la contradicción de los argumentos expuesto en la resolución impugnada y el precedente invocado, así como su aplicabilidad en el caso, extremo que los recurrentes no cumplieron.


Por otro lado, los argumentos confusos antes detectados, tampoco permiten que se pueda determinar de qué modo los derechos al debido proceso y a la defensa de los recurrentes fueron vulnerados; en consecuencia, el motivo analizado no es admisible a efectos de su contrastación jurisprudencial, ni en aplicación de los criterios de flexibilización, resultando en definitiva inadmisible.


Con relación al segundo motivo, se advierte que los recurrentes se limitaron a expresar sus apreciaciones sobre la prueba de descargo ofrecida en juicio y las manifestaciones expresadas por los testigos de cargo, afirmando, que resultaron insuficientes o contradictorias a las pretensiones de los querellantes; sin embargo, no expusieron de forma alguna, cuál el razonamiento expuesto sobre el tema por el Tribunal de alzada ni la presunta contradicción existente con algún precedente contradictorio, soslayando que este Tribunal tiene su facultad restringida a los alcances del recurso de casación, destinado a la unificación jurisprudencial a través del análisis de los pronunciamientos emitidos por los Tribunales de apelación en comparación con la doctrina legal sentada por sus Salas Penales y/o por la Sala Penal de este Máximo Tribunal de Justicia, no pudiendo ignorar las competencias de los jueces y tribunales inferiores en la Resolución de las causas; en consecuencia, al no evidenciarse agravio alguno atribuido a la emisión del Auto de Vista recurrido, corresponde declarar la inadmisibilidad del presente motivo.


Con relación al tercer motivo, referido a que el contenido de las declaraciones testificales de René Antonio Quispe Laime y Marcela Condori de Choque, no habrían sido valoradas ni observadas por el Juez de Sentencia ni por el Tribunal de alzada, se tiene, que los recurrentes no invocaron precedente contradictorio alguno a efectos de verificar disconformidad del Auto de Vista recurrido con la jurisprudencia existente; en consecuencia, resulta inadmisible.


Por último, es necesario aclarar que la simple cita de diferentes Autos Supremos en la última parte del recurso de casación, no es suficiente para que este Tribunal pueda efectuar la labor de contraste jurisprudencial; por cuanto, conforme se explicó precedentemente, la parte recurrente tiene la obligación de explicar de forma clara y precisa cuáles los alcances de la presunta contradicción y su aplicabilidad a los agravios denunciados, deber que al no haber sido cumplido, provoca que no sean tomados en cuenta para posibilitar la admisión del recurso.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Roberto Condori Chura, José Barcena Ortuño y Sixto Choque Huanca, de fs. 374 a 377. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA