TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 475/2015-RA

Sucre, 10 de julio de 2015


Expediente                : La Paz 88/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Filomena Velarde Coronel y otro

Delitos        : Falsedad Ideológica y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de febrero de 2015, que cursa de fs. 725 a 730 vta., José Julio Néstor Gutiérrez Bertram y Martha Beatriz Hochkofler de Gutiérrez interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 84/2014 de 12 de noviembre, de fs. 695 a 698 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y los recurrentes en contra de Filomena y Eugenio ambos de apellidos Velarde Coronel, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 36 a 43) y particular (fs. 88 a 90), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia 10/2013 de 7 de junio (fs. 571 a 583); por la que, declaro declaró a los imputados Filomena y Eugenio, ambos de apellidos Velarde Coronel absueltos de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203del CP, en aplicación del art. 363 incs. 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), en mérito a que las pruebas aportadas en juicio no habrían generado convicción sobre la responsabilidad penal de los imputados, sea con costas a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los acusadores particulares José Julio Néstor Gutiérrez Bertram y Martha Beatriz Hochkofler de Gutiérrez, formularon recurso de apelación restringida (fs. 602 a 606 vta.), siendo resuelto por Auto de Vista 87/2013 de 31 de octubre (fs. 628 a 629 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 370/2014-RRC de 8 de agosto (fs. 681 a 688 vta.), disponiendo que el mismo Tribunal dicte nueva Resolución observando la doctrina legal establecida; en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 84/2014 de 12 de noviembre (fs. 695 a 698 vta.), que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Los recurrentes, solicitaron complementación y aclaración (fs. 700), petición que fue rechazada por Auto de 11 de diciembre de 2014 (fs. 701), siendo notificados con esa Resolución el 10 de febrero de 2015 (fs. 702), interpusieron recurso de casación el 19 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial que cursa de fs. 725 a 730 vta., se extraen los siguientes motivos:


  1. Como primer reclamo, los recurrentes denuncian omisión indebida del art. 399 del CPP; por cuanto, en total incongruencia el Auto de Vista recurrido en sus dos primeros considerandos habría ingresado a la apreciación de su recurso de apelación, cuando anteriormente habría sostenido que era “in-procedendo”; entonces, afirman, que no justificaron, cómo ya no era necesario, cumplir con el referido artículo como lo habría recomendado el Auto Supremo 370/2014 dictado en caso de autos, sobre esta temática cita la “Res. Nº 141 de 06-05-2014” (sic).


  1. Por otro lado, arguyen bajo el acápite “ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA” por violación de los arts. 199 y 203 del CP, que el Tribunal de alzada en su segundo considerando omitiendo los argumentos de su apelación, habrían descrito que sus personas acusaron por el delito de Uso de Instrumento Falsificado en relación a Falsedad Ideológica; habiendo, el Tribunal de Sentencia absuelto a los acusados por ambos delitos cuando en realidad sólo denunciaron uno; sin embargo, en su parte resolutiva de la Resolución recurrida, afirman, los recurrentes, que aparte de no considerar la palabra “EN RELACION” (sic), alegaron que no era evidente, limitándose a referir al Auto de Apertura, sin precisar si era legal o no, o si era recurrible para que sus personas puedan hacer valer la impugnación en su momento y finalmente si se equiparaba a una acusación aspecto que violaría el art. 342 del CPP; toda vez, que la base para un juicio sería la acusación y no el auto de apertura, no considerando que los acusados presentaron documentos falsos en el juicio coactivo civil, aspecto que vulneraría el art. 370 inc. 3) del CPP, por total falta de la enunciación del hecho, al efecto citan la “Res. Nº 54/13 de 19 de Julio” (sic).


Agregan, que el Tribunal de alzada actuó irracionalmente por cuanto no puede convalidar que se absuelva a los acusados por dos delitos cuando sólo fueron denunciados por uno, hecho que afirman- vulneran los principios de tipicidad; toda vez, que el tipo penal debe ser preciso, el debido proceso y la congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia, sobre este reclamo invocan el Auto Supremo 67 de 27 de enero de 2006 y la Sentencia Constitucional 0088 de 17 de enero de 2013, concluyendo los recurrentes que se vulneró la correcta, oportuna y eficiente administración de justicia que les impone el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).


  1. Como tercer agravio, los recurrentes denuncian “VULNERACION DEL Art. 388 CONCORDANTE CON 370-5 CPP” (sic), refieren que el Tribunal de alzada en varias partes del IV considerando reiteradamente habrían sostenido que en voto de los miembros se hubiere resuelto los argumentos de la acusación “NADA MAS FALSO” y para demostrar esa falta de pronunciamiento del Ad quem, necesaria y brevemente debemos describir las aberraciones de la Sentencia y los argumentos de nuestra apelación en CUARTA.- como sigue y en el orden numérico de la sentencia en VOTO DE LOS MIEMBROS” (sic), extractando partes señalan: i) que lo único valedero que refirieron fue que existe la hipoteca con inmueble de EX FUNDO CALACOTO ALTO, resultando lo demás totalmente intrascendente; ii) que citan de pasada la Escritura Pública 293-05 (préstamo hipotecario), no señalando cuál fue la garantía ofrecida en dicho instrumento, hecho que a decir de los recurrentes dio lugar a que los acusados eliminen en algunos documentos la ubicación exacta de su inmueble que es ex fundo Calacoto alto e introdujeron en juicio coactivo playón ovejuyo, citando únicamente la prueba MP 2-11 sin emitir ningún juicio de valor; iii) que describen la escritura 178, que sería ajena, donde se establecería la ubicación Calacoto alto, playón ovejuyo, afirmando los recurrentes, que si de esa escritura deviniese la escritura de préstamo 293; entonces, así debió insertarse en la parte de la garantía, no considerando además, el Tribunal de Sentencia ni el de apelación que en sus asientos 5 de la escritura 178 y asiento 6 de la escritura de adjudicación de la acusada sólo señalaría ex fundo Calacoto alto; iv) que describen el informe 54 con ubicación de playón ovejuyo, no señalando de cómo llegó al juicio coactivo y peor cuál la razón para considerar sólo como error el que hayan excluido el denominativo de ex fundo Calacoto alto; además, también habrían referido el informe 17, no considerando que sería el único informe que emitió el funcionario municipal refiriéndose a ex fundo Calacoto alto que elevado a su superior lo habrían remitido al Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil; entonces, alegan los recurrentes, de dónde y quién presentó el falso informe 54, como tampoco se habrían referido que sus personas demostraron que desde 1994 habrían estado en quieta posesión y usado pacíficamente el inmueble hasta el 2008 que fueron perturbados; y, v) que refieren pero sin valoración positiva ni negativa la Resolución Municipal 046.


Agregan, que “Por esos aspectos de FONDO hemos apelado y el TRIBUNAL DE ALZADA NO LOS RESUELVE, vulneran nuevamente el art. 398, comprometen su idoneidad al omitir pronunciarse” (sic).


  1. Denuncian, bajo el acápite “DEFECTUOSA VALORACION DE LA PRUEBA” (sic), que el Auto de Vista recurrido no valoró su reclamo referido, a que la Sentencia incurrió en omisión deliberada; por cuanto, no habría emitido ningún juicio sobre los documentos incriminados de uso, informe 54 y certificación catastral anulado vía administrativa municipal, limitándose a señalar que no era evidente; además, que sus personas no habrían impugnado con logicidad; y, que los errores municipales no podrían atribuirse a los acusados, -criterio que consideran- falacia, puesto que, esos errores habrían sido inducidos por los acusados quienes a sabiendas utilizaron los documentos falsos en el juicio civil, no pudiendo a decir de los recurrentes alegar ignorancia; por cuanto, la primera sería profesora y el segundo abogado, actuando ambos con premeditación y mala fe, lesionando sus derechos y garantías a la defensa; al efecto, citan los Autos Supremos “27-13 de 8 de febrero” (sic), 111-R y 115 ambos de 31 de enero de 2007.


Agregan, en su acápite denominado “SEXTA.- CONCLUSION Y PETITORIO” (sic), que en ningún momento se valoró las pruebas incriminatorias que serían las signadas como MP 1-3 (informe 54), MP 1-4, MP 14, MP 1-6 y MP 1-7, pruebas que habrían sido anuladas por la Resolución Municipal 046 MP 1-5.


  1. Como quinto agravio los recurrentes denuncian “FALTA TOTAL DE MOTIVACION Y FUNDAMENTACION”, vulnerando los arts. 124 y 370 inc. 5) del CPP; toda vez, que el Tribunal de alzada únicamente sostendría que no era evidente, omitiendo la exposición de los razonamientos sobre cada uno de los puntos esenciales de su decisión, citan los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007, 335 de 10 de junio de 2011 y 27 de 8 de febrero de 2013.


Finalmente en el otrosí de su recurso citan: “Para Primera.- A.V. Nº 141 de 06-05-14 y A.S. Nº 111-RRC de 11-04-14, adjuntamos Y SIRVASE TAMBIEN PARA LOS OTROS NUMERALES; Para segunda.- A.S. Nº 67 de 27-01-2006, A.S. de 30-10-2008 y S.C. No-0088 de 17-01-2013, adjuntamos; Para Tercera.- A.S. Nº 27 de 08-02-2013, adjuntamos; Para Cuarta.- A.S. Nº 27 de 08-02-2013, A.S. No-111-R de 31-01-2007, A.S. No 115 de 31-01-2007 y A.S No. 111-RRC de 11-04-2014, adjuntamos con todos los precedentes incluidos; para Quista.- S.A. No 5 de 26-01-2007, A.S. No 335 de 10-06-2011 y A.S. No 27 de 08-02-2013” (sic).


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.        SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva. En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: 1) Especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que los recurrentes cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fueron notificados con el Auto de rechazo a su solicitud de complementación del Auto de Vista recurrido, el 10 de febrero de 2015 (fs. 702), presentando su recurso de casación el 19 del mismo mes y año, conforme consta en el cargo de recepción a fs. 731, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP, ello en consideración de que los días 16 y 17 de febrero de 2015 fueron declarados, feriados nacionales por carnaval.


Ahora bien, respecto al primer motivo, referido a la omisión indebida del art. 399 del CPP; por cuanto, el Auto de Vista recurrido habría ingresado a la apreciación de su recurso de apelación, cuando anteriormente sostuvo que era “in-procedendo”; aspecto, que a decir de los recurrentes incumpliría lo recomendado por el Auto Supremo 370/2014 dictado en el caso de autos, sobre esta temática citan la “Res. Nº 141 de 06-05-2014” (sic); empero, se limitaron a su mera enunciación, no observándose el trabajo de contraste, es decir la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, aspecto que imposibilita a este Tribunal Supremo efectuar la labor que le encomienda la ley; sin embargo, al establecerse, que la denuncia de omisión indebida del art. 399 del CPP en el Auto de Vista impugnado se fundaría en la posible inobservancia de una Resolución emitida con anterioridad por este Tribunal Supremo, aspecto que contrariaría lo dispuesto por el art. 420 del CPP en su segundo párrafo, corresponde el análisis de fondo del presente motivo, a los fines de verificar si el Tribunal de alzada pronunció o no la Resolución impugnada de acuerdo a la doctrina legal establecida en el citado Auto Supremo; consecuentemente, este motivo deviene en admisible.


Con relación al segundo motivo, referido a la denuncia de “ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA”, el Tribunal de alzada no habría considerado la palabra “EN RELACION” (sic), respecto a que sus personas hubieren acusado por el delito de Uso de Instrumento Falsificado en relación a Falsedad Ideológica; empero, el Tribunal de Sentencia de forma irracional habría absuelto a los acusados por ambos delitos cuando en realidad sólo denunciaron uno, vulnerando los principios de tipicidad, el debido proceso y congruencia, limitándose el Auto de Vista a referir al Auto de Apertura, no considerando que los acusados presentaron documentos falsos en el juicio coactivo civil, hechos, que vulnerarían la correcta, oportuna y eficiente administración de justicia; sobre este reclamo si bien los recurrentes citan la “Res. Nº 54/13 de 19 de Julio”, y el Auto Supremo 67 de 27 de enero de 2006; empero, en el presente caso se evidencia que el presunto defecto denunciado por la parte recurrente, hubiera surgido al momento de pronunciarse la Sentencia; entonces, por mandato del art. 416 del CPP, la invocación del precedente contradictorio debió efectivizarse en la formulación del recurso de apelación restringida, y en casación, la parte recurrente tenía la carga procesal de señalar, en términos claros y precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, lo que no ocurrió; así también, invocaron la Sentencia Constitucional 0088 de 17 de enero de 2013, que conforme a los entendimientos del referido artículo no constituyen precedente contradictorio; en consecuencia, al no haberse observado la norma legal precedentemente citada; se tiene que, en la fundamentación de este motivo, no se cumplió con los requisitos de ordinarios de admisión.


No obstante de lo anterior, este Tribunal advierte que los recurrentes identificaron plenamente los hechos concretos que consideran les causan agravios (que no existiría congruencia entre las acusaciones y la Sentencia, basando su decisión de absolución por dos delitos, cuando sólo denunciaron uno), alegando el incumplimiento del principio de tipicidad (por cuanto, el tipo penal debe ser preciso); asimismo, alegan el derecho vulnerado (debido proceso); explicando que las deficiencias en las que hubiere incurrido el Tribunal de alzada consistiría (a decir de los recurrentes, en la vulneración a una correcta, oportuna y eficiente administración de justicia). De la fundamentación expuesta en el recurso, se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV, del presente Auto Supremo, haciendo viable la admisión de este motivo en forma extraordinaria.


Respecto al tercer reclamo,  en la que denuncian “VULNERACION DEL Art. 388 CONCORDANTE CON 370-5 CPP” (sic); por cuanto, por una parte el Tribunal de alzada vulnerando nuevamente el art. 398 del CPP, habría omitido pronunciarse; y por otra parte alegan los recurrentes que en varias partes del IV considerando del Auto de Vista recurrido, el Tribunal de apelación reiteradamente sostendría que en voto de los miembros se hubiere resuelto los argumentos de la acusación, argumento que los recurrentes tildan de falso. Sobre esta denunciase advierte que si bien los impugnantes reclaman que el Auto de Vista denota incongruencia omisiva; por cuanto, refieren que el Tribunal de apelación no se habría pronunciado, contradictoriamente sostienen, que la Resolución recurrida en varias partes de su cuarto considerando reiteradamente habría señalado que en voto de los miembros se hubiere resuelto los argumentos de la acusación, que alegan los recurrentes “NADA MAS FALSO”, dando a entender que el Tribunal cuestionado si se pronunció; en ese entendido, la constatación de la referida incoherencia en la formulación del presente motivo, no permite establecer a este Tribunal el ámbito de control sobre la que tendría que desplegar su labor de contrastación; sumándose a ello, que los recurrentes se limitaron a citar en el otrosí de su recurso los precedentes que consideran contradictorios no observándose el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues no basta con citar y adjuntar el Auto Supremo, como se advierte en este caso; sino, corresponde explicar por qué consideran que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos del precedente citado, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente recurso, deviniendo en consecuencia en inadmisible.


Con relación al cuarto motivo, referida a “DEFECTUOSA VALORACION DE LA PRUEBA” (sic), arguyen los recurrentes que el Auto de Vista no valoró su reclamo concerniente a que la Sentencia incurrió en omisión deliberada; habida cuenta, que no habría emitido ningún juicio sobre los documentos incriminados de Uso, informe 54 y certificación catastral anulado vía administrativa municipal, limitándose a señalar el Ad quem que el reclamo no era evidente; por cuanto, sus personas no habrían impugnado con logicidad; además, que los errores municipales no podrían atribuirse a los acusados; empero, aseveran, que no consideró, que los acusados a sabiendas utilizaron los documentos falsos en el juicio civil, no pudiendo alegar ignorancia habiendo actuado con premeditación y mala fe; al efecto, citan los Autos Supremos “27-13 de 8 de febrero” (sic), 111-R y 115 ambos de 31 de enero de 2007; sin embargo, se limitaron a su mera enunciación, en claro incumplimiento de los requisitos ordinarios de admisión, como precedentemente ya se señaló.


Ahora bien, no se puede soslayar que en su recurso los recurrentes fundamentaron que la posible omisión de valoración probatoria en la que habría incurrido el Tribunal de Sentencia lesionaría derechos y garantías constitucionales, señalando como antecedentes generadores del hecho que el Tribunal de alzada no consideró su reclamo, ratificando el actuar del Tribunal de juicio; asimismo, los recurrentes identificaron como derecho lesionado la defensa, explicando que la restricción en su derecho consistiría en que las pruebas que no habrían sido valoradas por el Tribunal de Sentencia serían las incriminatorias; en consecuencia, cumplidos como están los presupuestos de flexibilización, este motivo resulta admisible.


Finalmente respecto al quinto motivo, referido a la “FALTA TOTAL DE MOTIVACION Y FUNDAMENTACION” (sic), vulnerando los arts. 124 y 370 inc. 5) del CPP; toda vez, que el Tribunal de alzada únicamente sostendría que no era evidente, omitiendo la exposición de los razonamientos sobre cada uno de los puntos esenciales de su decisión; sobre este reclamo al igual que en las anteriores denuncias el recurrente se limitó a citar los Autos Supremos que considera contradictorios, no efectuando la explicación que impone la ley. Además, si bien denuncian la concurrencia de defectos absolutos “no garantizan el debido proceso ni la seguridad jurídica”(sic); empero, olvidaron exponer en qué consiste la disminución o restricción de los referidos derechos, omitiendo por completo señalar que partes de la Resolución recurrida serían insuficientes en su fundamentación para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a la Resolución de fondo del motivo en cuestión, incumpliendo con los requisitos de flexibilización establecidos y explicados por este Tribunal en el acápite IV del presente Auto, deviniendo en consecuencia el presente motivo en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por José Julio Néstor Gutiérrez Bertram y Martha Beatriz Hochkofler de Gutiérrez, de fs. 725 a 730 vta.; únicamente, con relación a los motivos primero, segundo y cuarto identificados en el acápite II de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del art. 418 del CPP, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA