TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 437/2015-RA

Sucre, 29 de junio de 2015


Expediente        : Santa Cruz 46/2015

Parte acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte imputada        : Dany Richard Pérez García

Delito        : Asesinato y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 9 de abril de 2015, cursante de fs. 707 a 709, Dany Richard Pérez García, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 12 de 23 de febrero de 2015, de fs. 699 a 703, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público y Lourdes Solíz Heredia en contra del recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio, Asesinato y Violación Agravada, previstos y sancionados por los arts. 251, 252 y 308 con relación al art. 310 inc. 6) del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusaciones pública (fs. 284 a 287) y particular (fs. 310 a 311 vta.), desarrollado y concluido el juicio oral y público, el Tribunal Segundo de Sentencia, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 08/14 de 28 de abril de 2014 (fs. 623 a 629 vta.); por la que, declaró a Dany Richard Pérez García, autor y culpable de la comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP, condenándolo a cumplir la pena de veinte años de presidio, computables a partir de la fecha de su detención, en el centro de Rehabilitación Santa Cruz (Cárcel Pública de Palmasola), más el pago de costas a calificarse en ejecución de sentencia, conforme a lo dispuesto por el art. 272 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Con relación a los delitos de Asesinato y Violación Agravada, previstos sancionados por los arts. 252 inc. 6) y art. 308 con relación al 310 inc. 6) del CP, respectivamente, se lo declaró absuelto de culpa y pena, por considerar que su conducta no se adecua a los tipos penales endilgados, al ser la prueba “insuficiente para demostrar la responsabilidad penal del imputado en el citado hecho delictivo” (sic).


  1. La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por parte del imputado Dany Richard Pérez García, (fs. 635 a 640 vta.), que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista 12 de 23 de febrero de 2015 (699 a 703), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso interpuesto; por ende, confirmó la Sentencia impugnada.


  1. Notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado el 1 de abril de 2015 (fs. 705), interpuso recurso de casación, el 9 del mismo mes y año, objeto del presente análisis de admisibilidad.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De los argumentos expuestos por el recurrente se extrae el siguiente motivo:

El Tribunal de alzada no consideró la existencia de “graves y fatales aspectos” (sic) desarrollados en el juicio oral, como la notoria defectuosa valoración de la prueba, la fundamentación defectuosa, la irracional deducción de hechos, la afectación del principio de favorabilidad, la vulneración del principio in dubio pro reo y la injusta y arbitraria condena. Al respecto, argumenta que la Sentencia no contiene una debida fundamentación en la imposición de la pena; por cuanto, carece de la debida “Individualización Judicial de la Pena” (sic) y no expresa en ningún momento las cualidades o condiciones personales, agravantes o atenuantes, conforme lo definen los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; en consecuencia, afirma que tanto el Tribunal de mérito como el de alzada, omitieron su obligación expresa prevista en el art. 365, segundo párrafo del CPP, concordante con el art. 124 del mismo cuerpo legal; a cuyo efecto, invoca la doctrina legal sentada en el Auto Supremo 507 de “11 de octubre S.P.P.” (sic), afirmando que el Auto de Vista al pronunciarse sobre los puntos apelados conforme las reglas de pertinencia e independientemente de ella, “tiene la obligación de Oficio de haber revisado o analizado el contenido de la Sentencia…y percatarse de su contenido, en la cual no existe la Fundamentación de la Determinación de la Pena, respecto a la Individualización Judicial, condiciones personales, agravantes o atenuantes” (sic).


Finalmente cita los Autos Supremo 334/2011 de 10 de junio, 353/2011 de 20 de junio y 264/2008 de 17 de noviembre.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales como expresión de la determinación contenida en los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo a los sujetos procesales observar, a tiempo de interponer los recursos que la norma adjetiva prevé, las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia cuando éstos sean contrarios a otros precedentes pronunciados por sus Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; labor reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derechos objetivo establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Conforme dispone el art. 417 del CPP, el plazo máximo para la interposición del recurso de casación es de cinco días y de acuerdo al art. 130 del mismo cuerpo normativo, empieza a correr a partir del día siguiente de practicada la notificación con la resolución recurrida, computándose sólo los días hábiles. En autos, se constata que Dany Richard Pérez García, fue notificado con el Auto de Vista 12, el 1 de abril de 2015, habiendo formulado recurso de casación el 9 del mismo mes y año, ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal, considerando el feriado nacional de 3 de abril del mismo año; y, ante el mismo Tribunal que emitió el Auto de Vista impugnado.


Cumplida la verificación del requisito de forma, es necesario verificar si el recurrente cumplió con su obligación de fundamentar suficientemente el presunto agravio provocado por la Resolución de alzada, conforme al marco establecido en los arts. 416 y 417 del CPP. En ese entendido, se advierte que no obstante haber cuestionado que el Tribunal de apelación no consideró “graves y fatales aspectos”, se limitó a realizar un listado sin mayor explicación, habiendo individualizado únicamente que la fundamentación de la pena efectuada por la Sentencia no cumplió la normativa prevista en los arts. 37 al 40 del CP, invocando la doctrina legal sentada en el Auto Supremo 507 de “11 de octubre S.P.P.”, que de acuerdo a la base de datos de este Tribunal, corresponde a la gestión 2007, cuyo contenido el recurrente transcribió, efectuando a continuación una consideración general respecto a la obligación del Tribunal de alzada, sin explicar de qué modo el precedente contradictorio es aplicable a su caso y cuál la presunta contradicción del Auto de Vista con el razonamiento jurisprudencial citado; por cuanto, no es suficiente simplemente citar el contenido del Auto Supremo invocado, sino que el impugnante se encuentra en la obligación de manifestar suficientemente la contradicción denunciada y la solución que pretende, conforme se desarrolló en el apartado III del presente Auto Supremo.


Por otro lado, tampoco pueden ser considerados los otros Autos Supremos que meramente fueron citados en el recurso de casación, sin acompañar ninguna justificación respecto a su aplicabilidad al caso; en consecuencia, el motivo en análisis deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación que se verifica de fs. 707 a 709, formulado por Dany Richard Pérez García.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA