TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 419/2015-RRC

Sucre, 29 de junio de 2015


Expediente                : La Paz 17/2015

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Guillermo Mamani Churata

Delito                : Asesinato

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de enero de 2015, cursante de fs. 565 a 567 Guillermo Mamani Churata, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 75/2014 de 31 de octubre, de fs. 559 a 561, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Gregorio Ramírez Calami en contra del recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


  1. Desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Achacachi del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia condenatoria 005/14 de 15 de mayo de 2014 (fs. 425 a 441), contra Guillermo Mamani Churata, por la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado en el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, sancionándolo con la pena privativa de libertad de treinta años, sin derecho a indulto a cumplir en el Penal de Chonchocoro, más el pago de costas al Estado y daños y perjuicios a la parte acusadora particular, que se regulará en ejecución de Sentencia.

  1. La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por el imputado Guillermo Mamani Churata (fs. 500 a 505 vta.), habiendo sido resuelta a través del Auto de Vista 75/2014 de 31 de octubre, emitido por la Sala Penal Segunda, que declaró improcedente el recurso y confirmó la Sentencia recurrida, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso


De los argumentos venidos en casación y del Auto de Admisión 167/2015-RA de 5 de marzo, se tiene el siguiente motivo sujeto análisis de fondo:


El recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido presenta una fundamentación insuficiente, porque respecto a su denuncia de valoración defectuosa de la prueba y falta de fundamentación de la Sentencia, el Tribunal de alzada señaló que: “…de manera puntual y concreta en el apartado de CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO-VOTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL” (sic), efectuó una fundamentación, en contradicción con lo determinado en los Autos Supremos 417 de 19 de agosto de 2003, 411 de 20 de octubre de 2006 y 518 de 17 de noviembre del mismo año; por cuanto, no se trató el motivo de apelación consistente a las declaraciones de los testigos de cargo, resultando la fundamentación del Auto de Vista insuficiente.


También refiere que el Auto de Vista contradijo el Auto Supremo 65/2012 de 19 de abril, porque se limitó a señalar que existe un apartado concreto de la Sentencia, sin pronunciarse sobre si en la valoración y la fundamentación de la Sentencia se cumplió con la fundamentación analítica, argumentando además que se puede denunciar la vulneración de la sana crítica y que ello no implica una nueva valoración de la prueba, menester además que no existe pronunciamiento sobre dichas reglas.


I.1.2. Petitorio


Con base a los argumentos que expone, solicita la admisión del recurso de casación y una vez remitidos los antecedentes al Tribunal Supremo de Justicia, se revoque el Auto de Vista impugnado.

I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto de Supremo 167/2015-RA de 5 de marzo, cursante de fs. 574 a 577 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por Guillermo Mamani Churata, únicamente para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia


La Sentencia 05/14 de 15 de mayo de 2014, emitida por el Tribunal de Sentencia de Achacachi del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, describe como hecho fáctico, que el 6 de agosto de 2008, en la comunidad de Taypi Janko Huma del Canton Chinaya, Provincia Camacho del Departamento de La Paz, se celebraba una fiesta comunal en la que Domingo Ramirez Calamani, salió en defensa de su hermano menor que era agredido por parte de la familia del imputado, circunstancia que fue aprovechada por Guillermo Mamani Churata, que se acercó en forma disimulada, sacó un cuchillo y asestó un golpe en la parte de la costilla izquierda de la humanidad de Domingo Ramirez Calamani, provocándole un desangrado y posterior schok hipovolémico, quien falleció en el trayecto de traslado a un centro médico.


En la parte de las consideraciones de hecho y derecho -voto de los miembros del tribunal-, la Sentencia en atención a las pruebas producidas, llegó a establecer que se produjo un hecho de sangre protagonizado por el imputado que provocó la muerte de Domingo Ramirez Calamani con una arma punzo cortante -cuchillo-, en un lugar festivo donde se consumían bebidas alcohólicas, que entre la familia del imputado y el occiso sostenían una reyerta que se remitió a antiguas rencillas familiares, siendo el odio el factor fundamental para el resultado trágico, que luego del hecho el imputado se dio a la fuga siendo capturado después de dos años, cuando el mismo se vio involucrado en otro caso de asesinato en El Alto.


Que en el hecho se llegó a demostrar la concurrencia del art. 252 incs. 2) y 3) del CP, que tiene como causa rencores familiares y posible venganza, además de la prepotencia denotada por el imputado que adujo no sentir temor por nada porque entró y salió de la cárcel las veces que quiso, quien aprovechó una reyerta y discusión para provocar la muerte de Domingo Ramirez Calamani, subsumiendo su conducta al tipo pena de Asesinato previsto en la sanción del art. 252 incs. 2) y 3) del CP, que previa declaración de su autoría, se le impuso la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto.


II.2. De la apelación restringida


El imputado impugnó la sentencia alegando, entre otros motivos, la mala valoración de la prueba y falta de fundamentación, citando al efecto varios precedentes.  


II.3. Del Auto de Vista impugnado


El Tribunal de alzada, en el Auto de Vista 75/2014 de 31 de octubre, previa admisión del recurso de apelación restringida, en cuanto al citado aspecto recordó al apelante que el Tribunal de alzada no puede revalorizar las pruebas ni rever los hechos considerados por el Tribunal, agregando lo siguiente: “revisado el contenido de la Sentencia, advierte que el Tribunal de la causa describió y valoró los elementos de prueba de cargo de acuerdo al art. 173 del CPP, conforme a las reglas de la sana crítica y sus componentes, por el contrario el acusado apelante, al no haber presentado prueba alguna, no enervó la incriminación que en el momento procesal pesaba en su contra” (sic). Por otro lado, reveló que existe la fundamentación puntual y concreta en el apartado “CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO - VOTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL” (sic).


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Este Tribunal, de acuerdo al Auto Supremo 167/2015-RA de 5 de marzo, admitió el presente recurso de casación para el análisis de fondo del tercer motivo expresado por el recurrente, abriendo su competencia a fin de verificar la existencia de contradicción de la Resolución recurrida, con los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, ante la denuncia de fundamentación insuficiente del Auto de Vista sobre la denuncia de valoración defectuosa de la prueba y falta de fundamentación de la Sentencia, por lo que corresponde resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste entre los precedentes citados con el Auto de Vista recurrido.


III.1.        Doctrina legal aplicable asumida en los precedentes invocados.


El recurrente para fundar su recurso de casación, invocó como precedentes contradictorios, en primer término el Auto Supremo 417 de 19 de agosto de 2003, emergente del proceso penal seguido por el delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto en la sanción del art. 55 de la Ley 1008, cuya Sentencia declaró a los imputados autores del delito acusado, imponiéndoles la pena de diez y ocho años respectivamente, siendo confirmada la Sentencia en apelación. En recurso de casación, se denunció la mala calificación de los hechos y consiguiente pena indebida, pidiendo se aplique el art. 8 del CP con relación a los arts. 55 y 76 de la Ley 1008, por cuanto el vehículo en el que supuestamente se transportaba droga fue interceptado en la carretera Oruro - La Paz. En ese contexto, el mencionado Auto Supremo, estableció el carácter formal de los delitos previstos en la Ley 1008, que tiene como vertiente la teoría finalista del delito en el que los medios no son tan importantes, sino el fin que persigue el delito propiamente dicho, resaltando que la Ley 1008 donde están consignados los delitos y las penas, constituye la parte sustantiva, motivo por el cual no podía confundirse una conducta expresamente tipificada como delito por otra del CP, como el caso del art. 76 de la Ley 1008, norma que debió ser aplicada a los imputados y no el art. 23 del CP; en consecuencia, dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado.


Asimismo, invocó el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006, que emana de un proceso penal por los delitos de Malversación y Peculado, en el que luego de transcurrido el juicio oral, se pronunció sentencia declarando al acusado absuelto por el delito de Malversación y autor del delito de Peculado, condenándolo a la pena de cinco años de reclusión; contra este fallo, el acusador particular formuló recurso de apelación restringida, al igual que el imputado, habiendo la Sala Penal Primera de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dictado el Auto de Vista que declaró improcedentes los recursos y confirmó la Sentencia apelada. Interpuesto el recurso de casación, se acusó la errónea aplicación del art. 370 inc. 4) del CPP, por la ilegal incorporación y producción de prueba documental y testifical, errónea interpretación de la ley sustantiva que modificó la tipicidad existente, falta de pronunciamiento sobre defectuosa valoración de la prueba e incongruencia entre la acusación y la sentencia. Habiendo el Auto Supremo sustentado que el Tribunal de alzada, no sometió su criterio a las normas legales adjetivas aplicables, al no haber emitido una resolución conforme exigen las normas previstas, por el incumplimiento específico de los arts. 124 y 398 del CPP, lo que implica violación al debido proceso y al derecho a la defensa del imputado, considerando a la resolución como arbitraria; por consiguiente, dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido, emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Al no haberse pronunciado el tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta fáctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.


Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra al derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación.


Invocó igualmente el Auto Supremo 518 de 17 de noviembre de 2006, que se generó en un proceso penal por el delito de Lesiones Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 inc. 3) del CP, habiendo el Tribunal de Sentencia de Uncía declarado al imputado, autor del delito acusado imponiéndole la pena de cuatro años y seis meses de reclusión. La indicada resolución fue apelada, emitiéndose el Auto de Vista que declaró improcedente el recurso, motivando que en casación, el imputado acuse que el Tribunal de alzada, pese a advertir la falta de fundamento en la Sentencia, defectos de sentencia insubsanables al tenor del art. 370 incs. 3) y 5) del CPP, omisión del primer parágrafo de los arts. 413 y 399 del CPP y existencia de defectuosa valoración de la prueba, no fundamentó el Auto de Vista, menos se refirió a la fijación de la pena exagerada impuesta en la causa, vulnerando su derecho a la defensa.


En los fundamentos del Auto Supremo, se estableció la contradicción jurídica consistente en que el Tribunal de apelación advirtió la carencia de fundamentación en la Sentencia apelada, pero no corrigió ni complementó el argumento jurídico; menos aplicó el art. 399, otorgando el término legal para que el recurrente amplié o corrija el recurso de apelación restringida; y, finalmente, “los puntos impugnados en el recurso de apelación concernientes a la defectuosa valoración de la prueba y la fijación de la pena sin fundamentar las atenuantes o agravantes, afectó el derecho a la defensa”; estableciendo la doctrinal legal aplicable siguiente: “Que si el Tribunal de Apelación advierte que existe falta o existe contradicción en la fundamentación de la sentencia apelada, es deber de dicha autoridad corregir o complementar el fundamento jurídico aludido, en caso de no hacerlo, dicho acto jurisdiccional se constituye en defecto absoluto y atenta contra los principios: derecho a la defensa, debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.


El Tribunal de Apelación advirtiendo la existencia de defectos formales o de procedimiento, en caso de que exista expresa solicitud de fundamentación complementaria o de ofrecimiento de prueba para demostrar la impugnación referido a defectos formales o de procedimiento, debe señalar día y hora de audiencia para recibir el fundamento complementario o las pruebas ofrecidas, cabe remarcar que las pruebas sólo se referirán a demostrar el defecto de forma o de procedimiento, no así a producir pruebas relacionadas al asunto de fondo, sólo existe una instancia de hecho, porque el Tribunal de Apelación es de puro derecho.


En caso de que advierta defecto u omisión de forma en el recurso de apelación restringida, el Tribunal de Apelación se encuentra en el deber de hacer saber al recurrente, dándole el término de tres días computables de su notificación para que amplie y/o corrija, bajo apercibimiento de rechazo del recurso de apelación restringida.


Finalmente, el Tribunal de Alzada se encuentra en el deber de circunscribir su resolución a los puntos impugnados, la omisión de uno de ellos vulnera el derecho a la defensa, razón por el que es de imperativo cumplimiento el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal”; con este entendimiento,  dejó sin efecto la resolución de alzada recurrida.


Por último, el recurrente invocó el Auto Supremo 065/2012 de 19 de abril, resultante del proceso penal por la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, habiendo concluido el juicio con la Sentencia que declaró al imputado autor y culpable de los delitos indicados, imponiéndole la sanción de dos años y seis meses de reclusión; que formulados los recursos de apelación restringida, fueron resueltos por Auto de Vista pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes las apelaciones, confirmando la Sentencia impugnada, motivando la interposición del recurso de casación, que resuelto por el Tribunal Supremo, evidenció que si bien en la Sentencia se efectuó una debida relación de los hechos, adolecía de fundamentación descriptiva, pues al hacer referencia a la prueba testifical de cargo, sólo se limitó a mencionar los nombres, sin detallar que aspectos relevantes hubieran expresado estos testigos durante la sustanciación del juicio, no efectuó la correspondiente fundamentación intelectiva respecto a estas declaraciones, se limitó a establecer varias conclusiones haciendo referencia a estas declaraciones, sin que se conozca su contenido, menos las razones por las cuales la autoridad judicial les asignó valor probatorio.


Por otra parte, estableció que el Tribunal de Sentencia, sólo procedió a transcribir las normas sustantivas contenidas en los arts. 345 y 346 del CP, y efectuar una mención puntual de carácter doctrinal, pero sin fundamentar de qué forma se acreditó la concurrencia de los elementos normativos y descriptivos de los tipos penales atribuidos al imputado; es decir, por qué concluyó que su conducta era típica, antijurídica y culpable. Para el Tribunal Supremo, esta omisión implicaba la existencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, por lo que al evidenciar una fundamentación insuficiente en la sentencia, sin que el Tribunal de alzada haya ejercido el control de verificación de la correcta motivación de la Sentencia, emitió la doctrina legal aplicable: “Una vez desarrollado el acto de juicio y agotadas las distintas actividades descritas por el Código de Procedimiento Penal, que hacen a su sustanciación, el Juez o Tribunal de Sentencia en observancia del derecho al debido proceso, deberá proceder a emitir la Sentencia que corresponda a través de una resolución debidamente fundamentada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad y precisión; la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, esto es la labor de adecuación o no del hecho al presupuesto normativo; y, la aplicación de la pena; incurriéndose en fundamentación insuficiente la ausencia de cualquiera de las fundamentaciones señaladas; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP.


Ahora bien, el Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia asignada por el art. 51 inc. 2) del CPP, tiene el deber de verificar que el tribunal inferior al emitir la Sentencia haya desarrollado la debida labor de motivación, por lo que de constatar la concurrencia de fundamentación insuficiente, en consecuencia del defecto insubsanable señalado por el citado art. 370 inc. 5) del CPP; disponer la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia”; sobre tales fundamentos, dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado.


III.2.        Consideraciones doctrinales y normativas, sobre la debida fundamentación.


La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I y, el principio de publicidad en sus arts. 178.I y 180.I; siendo así que, la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador o tribunal al emitir su resolución debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado  y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser: expresa, clara, completa, legítima y lógica: i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos, debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el juzgador a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.


De manera específica, con relación a las resoluciones emitidas por los Tribunales de apelación, previa referencia al art. 124 del CPP, el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio de 2014, señaló que: “Conforme la normativa legal precitada, este Tribunal de Justicia, en la amplia doctrina legal emanada (Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007, 319 de 4 de diciembre de 2012 y 149 de 29 de mayo de 2013), concordante con la jurisprudencia constitucional, estableció que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso, toda vez que brinda seguridad jurídica a las partes en conflicto, respecto a que sus pretensiones fueron escuchadas y merecieron el debido análisis de fondo, emergiendo  de él una Resolución, no sólo con base y sometimiento en la Ley, sino con explicación clara y precisa de las circunstancias y razones por las cuales las denuncias fueron acogidas de forma positiva o negativa, asegurando con ello, que el fruto de la Resolución, no es el resultado del capricho de los juzgadores, sino, de un estudio analítico y jurídico en procura de otorgar justicia.


Respecto a lo anterior, la jurisprudencia constitucional, desarrolló el alcance y finalidad del derecho a una resolución motivada, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0893/2014 de 14 de mayo, precisando: que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, …5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos (SCP 0100/2013 de 17 de enero) (Las negrillas son nuestras).


Lo precedentemente señalado, evidencia que el Tribunal de apelación, no se encuentra exento de fundamentar las Resoluciones que emita, contrariamente, siendo el Tribunal contralor de la legalidad ordinaria y logicidad de la Sentencia, está constreñido a emitir resoluciones, cuya estructura lógico jurídica, permita apreciar y/o entender que el pronunciamiento emanado -que debe estar debidamente fundamentado y motivado- exprese, sobre la base del derecho objetivo, las razones por las cuales se asumió una determinación; lo contrario, infringe el art. 124 del CPP y con ello el debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación y seguridad jurídica”.


De la normativa legal y la doctrina legal precitada, se establece con total claridad que, que todo fallo, sin excepción,  debe ser emitido con la debida fundamentación y motivación, plasmando en la Resolución, no sólo los fundamentos que fueron objeto del recurso, sino principalmente, el razonamiento que llevó  a la autoridad jurisdiccional a fallar de un modo u otro; es decir, el porqué del decisorio. Ahora bien, cuando un Tribunal de apelación emite un fallo, éste de forma inexcusable y con total responsabilidad, en razón de ser un Tribunal jerárquicamente superior, debe cumplir con su obligación de fundamentar en derecho y motivar de forma precisa, clara, lógica o coherente las razones de sus conclusiones, así como el porqué de la normativa que respalda al fallo, es aplicable al caso en concreto; forma única de pronunciamiento que garantiza el debido proceso, precisamente en su vertiente de debida fundamentación, que hace al derecho a la defensa y al acceso a la justicia, otorgando seguridad jurídica a las partes.


III.3.        Sobre la incongruencia omisiva.


El art. 115.I de la CPE, hace hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e intereses legítimos, cuando señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Este derecho en su contenido evidencia distintas dimensiones como el derecho de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas; y, el derecho a los recursos previstos por ley.


En ese contexto, se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentico) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que: “…sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.


Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener un respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.


La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, así lo ha establecido la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007; aforismo que a decir del tratadista Hugo Alsina, significa que los poderes del Tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por lo cual, ...sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo (Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 1961. Segunda Edición, Tomo IV, Pág. 416).


Igualmente, refiere el versado Couture, que: El juez de la apelación conviene repetir, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum apellatum (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial IB de F. Montevideo - Buenos Aires 2005. Euro Editores S.R.L. 4ta. Edición. Pág. 300).


Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada”.


III.4.        Análisis del caso concreto.


Del contenido del recurso de casación, se advierte que el recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado, presenta una fundamentación insuficiente respecto a dos denuncias planteadas en recurso de apelación restringida; la primera, relativa a una supuesta valoración defectuosa de la prueba y la segunda, a una falta de fundamentación de la Sentencia, al no haber tratado el motivo relativo a las declaraciones de los testigos de cargo, limitándose a señalar que existe un apartado específico en la Sentencia, sin pronunciarse si la sentencia cumplió con la fundamentación analítica.


A efectos de establecer el contexto de la denuncia, conviene analizar el contenido expresado en el recurso de apelación restringida, a los fines de verificar si efectivamente el Tribunal de apelación, omitió dar una respuesta fundamentada sobre los puntos acusados; en cuyo mérito, se evidencia que el recurrente en el acápite “CUARTO.- MALA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y FALTA DE FUNDAMENTACIÓN”, de su apelación, consignó diversos aspectos relativos a la diferencia de fechas que presentarían las pruebas documentales “MP-2, MP-3, MP-4 y MP-6”, en cuanto a su ofrecimiento y producción, sin que las mismas hayan sido debidamente descritas en el texto de la sentencia. Además, alegó la existencia de falta de congruencia entre la acusación y los hechos declarados probados en Sentencia, así como carencia de fundamentación sobre la valoración probatoria y las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Sentencia sobre los hechos, enfatizando que la sentencia apelada sólo hubiese efectuado una transcripción de las declaraciones testificales como el contenido de las pruebas literales, sin valoración probatoria alguna, resaltando que el Tribunal de Sentencia en el punto destinado a las “CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO-VOTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL” (sic), estableció conclusiones sin establecer el por qué las asumió. Por otra parte, denunció que el Tribunal de alzada se limitó a trascribir las declaraciones, resultando en su planteamiento contradictorio, ilógico, sin base en las reglas del sentido común y la experiencia, que varias personas perciban singulares detalles de hecho en medio de una fiesta, pelea, bebidas alcohólicas y gente alrededor.


Por su parte el Tribunal de alzada, en el tercer CONSIDERANDO punto 3, respondió que como Tribunal de apelación, no puede revalorizar la prueba, ni rever hechos considerados por el Tribunal de la causa, aduciendo además  haberse descrito y valorado los elementos de prueba de conformidad al art. 173 del CPP, conforme las reglas de la sana crítica y sus componentes; que existe una puntual y concreta fundamentación expresada en el apartado “CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO VOTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL” (sic) y, que el Tribunal actuó con criterio adecuado al pronunciar Sentencia condenatoria contra el imputado.


Siendo ese el estado que presenta la Resolución de alzada, se evidencia que el Auto de Vista, asumió una postura evasiva y lacónica a los puntos explicitados en la denuncia del recurrente en apelación restringida, denotando la existencia de una fundamentación insuficiente conforme se denuncia en el presente recurso de casación, habida cuenta que  el Tribunal de alzada se limitó a asumir conclusiones en sentido de que en la sentencia se describió y valoró la prueba, remitiéndose a uno de los considerados de la resolución apelada, sin establecer de manera expresa las razones y fundamentos para arribar a dicha conclusión; generando a su vez la falta de respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el recurrente de acuerdo a la doctrina transcrita precedentemente y el mandato legal previsto por los arts. 124 y 398 del CPP, omisión que supone la incursión en el defecto de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse la autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas. En efecto, el recurrente Guillermo Mamani Churata, en el contenido del agravio analizado, hizo una relación con respaldo de la línea jurisprudencial de Autos Supremos, a partir de la falta de descripción de la prueba documental, hechos considerados probados pero que no se encuentran avalados, falta de fundamentación analítica sobre la valoración probatoria en particular de la prueba testifical de cargo; que ciertamente, no merecieron un pronunciamiento de parte del Tribunal de apelación, que no consideró que todo Auto de Vista debe ser debidamente fundamentado y motivado, que cumpla con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, absolviendo de manera puntual y objetiva el fondo de las denuncias realizadas, sin que la argumentación sea evasiva o incongruente o vislumbre una situación de indeterminación o incertidumbre a las partes por no haberse absuelto de manera eficiente sus acusaciones; por lo que en el presente caso, se constata la concurrencia de un defecto absoluto insubsanable, de acuerdo a la previsión establecida en el art. 169 inc. 3) del CPP, con efectos atentatorios al debido proceso y tutela judicial efectiva, como derecho fundamental constitucionalmente proclamado.


Finalmente, en cuanto a los precedentes contradictorios invocados por el recurrente, específicamente los Autos Supremos 411 de 20 de octubre de 2006 y 518 de 17 de noviembre de 2006, al estar referidos a la incongruencia omisiva y al deber del Tribunal de alzada en sentido de otorgar una respuesta fundamentada a los agravios expresados en el recurso de apelación restringida; tomando en cuenta lo resuelto por el Auto de Vista impugnado, se advierte el sentido jurídico contrario que expresa dicha resolución frente a los precedentes invocados, situación que debe ser corregida dejándose sin efecto el Auto de Vista recurrido, a efectos de uniformar la jurisprudencia, de manera que las resoluciones de los Tribunales de alzada estén adecuados a la doctrina legal imperante, motivo por el que el recurso vinculado a los defectos advertidos, deviene en fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 75/2014 de 31 de octubre, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA