TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 416/2015-RA

Sucre, 25 de junio de 2015


Expediente        : La Paz 75/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Jorge Badani Lenz y otro

Delito        : Desobediencia a Resoluciones en Procesos de Habeas Corpus   y Amparo Constitucional


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de febrero de 2015, cursante de fs. 483 a 494 vta., Jorge Badani Lenz y Gonzalo Augusto Daza Gonzales, interponen recurso de  casación impugnando el Auto de Vista 67/2014 de 17 de septiembre de fs. 449 a 458, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Aurora Rivas Vda. de Ortuño contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Desobediencia a Resoluciones en Procesos de Habeas Corpus y Amparo Constitucional, previsto y sancionado por el art. 179 Bis. del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece:


  1. Desarrollada la audiencia oral y pública, por Sentencia 18/2006 de 23 de octubre (fs. 226 a 240), el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a los imputados Jorge Badani Lenz y Gonzalo Augusto Daza Gonzales, autores de la comisión del delito de Desobediencia a Resoluciones en Procesos de Habeas Corpus y Amparo Constitucional, previsto y sancionado en el art. 179 Bis. del CP, condenándoles a la pena privativa de libertad de dos años de reclusión, con costas, concediendo al mismo tiempo el Perdón Judicial.

  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Jorge Badani Lenz y Gonzalo Augusto Daza Gonzales (fs. 277 a 295), formularon recurso de apelación restringida resuelto por Auto de Vista 760/07 de 4 de octubre de 2007 (fs. 379 a 381 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 41/2012 de 30 de marzo (fs. 373 a  378); en cuyo mérito, se emitió el Auto de Vista 31/12 de 02 de octubre de 2012 (fs. 383 a 386 vta.), que igualmente fue dejado sin efecto por Auto Supremo 306/2013-RRC de 22 de noviembre (fs. 411 a 420 vta.). Con estos antecedentes, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 67/2014 de 17 de septiembre, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida, confirmó la Sentencia apelada.


  1. El 26 de enero de 2015 (fs. 463), fueron notificados los recurrentes con el Auto Complementario al Auto de Vista y el 2 de febrero del mismo año interpusieron recurso de casación.


II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


De revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:

  1. Los recurrentes acusan que el Auto de Vista impugnado, es contrario al Auto Supremo 314 de 13 de junio de 2003, que guarda relación con el presente caso, pues si bien no se trata del mismo tipo penal, evidencia que durante el juicio no se produjo prueba alguna para demostrar que sus conductas encajan al tipo penal atribuido, por cuanto el responsable de la comisión del delito es la institución a la que representaban; considerando que los delitos con personalísimos, no existe elemento alguno para sostener una sentencia condenatoria, habiendo incluso la institución cumplido con la querellante reparando el daño mediante dos reembolsos de la Fuerza Naval Boliviana. Por otro lado, el sentido jurídico del precedente es contrario al Auto de Vista impugnado por haberse aplicado erróneamente la norma por cuanto amerita se determine su absolución.


  1. Denuncian que el Auto de Vista impugnado, es contrario al Auto Supremo 593 de 26 de noviembre de 2003, considerando que sus conductas no se subsumen al delito de Desobediencia a Resoluciones en Procesos de Habeas Corpus y Amparo Constitucional, porque no se ha generado el incumplimiento a la Sentencia Constitucional 0072/2002-R de 21 de enero, no habiendo tomado en cuenta el Auto de Vista impugnado, que las facturas fueron presentadas en octubre de 2003 y que Jorge Badani Lenz, cesó en su condición de autoridad el 8 de agosto de 2002 y Gonzalo Augusto Daza Gonzales también quedó cesante en su cargo el 1 de enero de 2012, antes de la presentación de las facturas, siendo sujeto activo la Armada Boliviana, violándose el art. 179 Bis del CP, porque en ningún momento se negó el reembolso de las facturas; por lo que, no existen elementos constitutivos del tipo penal acusado, porque ellos no son la Armada Boliviana la que tiene que realizar reembolsos por ser sujeto activo.


  1. Por otra parte, aducen la contradicción con el Auto Supremo 276 de 5 de octubre de 2007, por cuanto el Tribunal de alzada, no cumplió con la exigencia de fundamentar el Auto de Vista impugnado que simplemente se remitió a la Sentencia, haciendo una relación simple de los hechos sin motivar su decisión y sin indicar sobre qué base confirmó la Sentencia, considerando que el Auto de Vista 315 de 2 de octubre, fue de criterio contrario al disponer su absolución. Agregan que la resolución impugnada sin mayor fundamentación, confirmó la Sentencia, sin indicar que hay una responsable que es la institución y no hay responsabilidad personal.


  1. Asimismo, denuncian la contradicción del Auto de Vista impugnado con el Auto Supremo 250 de 17 de septiembre de 2012, por cuanto en el presente proceso el Tribunal de alzada olvidó pronunciarse sobre los aspectos solicitados en el recurso de apelación restringida respecto a la valoración integral de los aspectos procesales que hacen al presente caso, como la no resolución de la excepción de extinción de la acción penal opuesta, sobre la que se hizo reserva de apelación, que no fue resuelta en el Auto de Vista.


Aducen que el Tribunal de alzada, incurrió en infracción a la norma adjetiva penal al obviar la fundamentación y motivación, sobre los motivos de la apelación restringida respecto a la existencia de atipicidad relativa, inexistencia de fundamentación en la Sentencia y defectuosa valoración de la prueba, habiéndose precisado en el precedente que el Tribunal de alzada tiene la obligación de pronunciarse y responder a los cuestionamientos planteados por los recurrentes; por lo que, correspondía remitirse al segundo motivo del recurso de apelación restringida que debía ser respondido en base a criterios jurídicos y debidamente fundamentada y motivada; sin embargo esto no sucedió pues el Tribunal de apelación se limitó a señalar que los aspectos reclamados estaban en el texto de la Sentencia y no existía fundamentación insuficiente sin mayor precisión, omisión que constituye defecto absoluto que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso ya que en el punto 5 del Auto de Vista impugnado, se señaló que no se resolvía la excepción de extinción de la acción, porque no se reclamó oportunamente, cuando de acuerdo al art. 133 del CPP, no se debe esperar que la parte excepcione ya que puede resolverse de oficio, aspecto igualmente inobservado por el Tribunal de alzada. De la misma forma, alegan que existe contradicción con los Autos Supremos: 189 de 8 de agosto de 2012, 546 de 12 de noviembre de 2009, 166 de 12 de mayo de 2005 y 593 de 26 de noviembre de 2003, así como con el Auto Constitucional 0079/2004-ECA de 29 de septiembre.


  1. Finalmente sostienen que la Sentencia además de contener el defecto absoluto de falta de fundamentación, presenta incongruencia y contradicción entre la parte considerativa y resolutiva, en contradicción con el Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004, que establece línea jurisprudencial a ser observada, cuando existen errores o defectos como en el presente caso.


III.        REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA HACER VIABLE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN


En el caso de autos, se establece que el 26 de enero de 2015, los recurrentes fueron notificados con el Auto Complementario al Auto de Vista impugnado, y el 2 de febrero del mismo año, formularon recurso de casación; es decir, dentro del plazo de cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP.


En cuanto a los demás requisitos de admisibilidad, se evidencia que los recurrentes en el primer motivo, a tiempo de acusar el carácter personalísimo de los delitos, inexistencia de pruebas que demuestren haber cometido el delito que se les atribuyó y que la institución cumplió con la querellante mediante la reparación de daño; invocan en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo 314 de 13 de junio de 2003, que de acuerdo a la revisión efectuada en la base de datos de este Tribunal, declaró infundado el recurso de casación que fuera interpuesto, por ende no consigna doctrina legal aplicable que permita efectuar la labor de contraste asignada en la resolución de los recursos de casación; por cuya razón, no corresponde considerar en el fondo este motivo.


En el segundo motivo, se advierte que los recurrentes denuncian la inexistencia de los elementos constitutivos del tipo penal por el que fueron condenados, a cuyo efecto invocan el Auto Supremo 593 de 26 de noviembre de 2003, que en el planteamiento de los recurrentes resolvió una situación procesal similar; además, enfatizan que cuando el Tribunal de alzada llega al convencimiento de la inexistencia de los elementos para condenar a una persona sin necesidad de  analizar la prueba debe resolver directamente como debió obrarse en el presente caso; de este modo, se constata el cumplimiento de las exigencias previstas en los arts. 416 y 417 del CPP, por lo que es viable la consideración de fondo del planteamiento.


Similar entendimiento corresponde ser aplicado con relación al tercer motivo, por el cual los recurrentes denuncian el incumplimiento del Tribunal de alzada con la exigencia de fundamentación, en contradicción con el Auto Supremo 276 de 5 de octubre de 2007, relievando que el Auto de Vista simplemente se remitió a la sentencia haciendo una relación simple de los hechos sin motivar la decisión y base para confirmar la sentencia apelada.  


Respecto al cuarto motivo, se evidencia que los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre varios temas, como los relativos a la valoración integral de los aspectos procesales, a la excepción de extinción de la acción penal, existencia de atipicidad relativa, inexistencia de fundamentación en la sentencia y defectuosa valoración probatoria, citando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 250 de 17 de septiembre de 2012, 189 de 8 de agosto de 2012, referidos al ámbito de resolución en apelación restringida, 546 de 12 de noviembre de 2009, a la priorización de la extinción de la acción penal, 166 de 12 de mayo de 2005 y 593 de 26 de noviembre, cuyos entendimientos no hubiesen sido considerados por el Tribunal de alzada a tiempo de emitir la resolución recurrida, correspondiendo en consecuencia el análisis de fondo de este motivo.


Finalmente, respecto al quinto motivo, se tiene que los recurrentes simplemente aducen la existencia de incongruencia y contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la Sentencia, realizando un planteamiento genérico que no ofrece mayor explicación ni detalles que permitan una consideración de fondo de los extremos acusados, más cuando no precisan de qué manera el Tribunal de alzada incurrió en contradicción con el Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004, citado como precedente en este último motivo, por lo que resulta inviable su análisis.


Finalmente, se deja constancia que las Sentencias Constitucionales no pueden ser consideradas como precedentes contradictorios, conforme dispone el art. 416 del CPP, aspecto que dejó establecido este Tribunal de manera reiterada y uniforme.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación de fs. 483 a 494 vta., interpuesto por Jorge Badani Lenz y Gonzalo Augusto Daza Gonzales, únicamente para el análisis del segundo, tercero y cuarto motivo, identificados en el acápite II. 2), 3) y 4) de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA