TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 411/2015-RA

Sucre, 25 de junio de 2015


Expediente                : Santa Cruz 43/2015        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Damián Panozo Rojas y otra

Delitos                : Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 8 y 7 de abril de 2015, cursantes de fs. 1545 a 1549 y 1551 a 1553, Isabel Cayo de Panozo y Damián Panozo Rojas, respectivamente, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 47 de 10 de marzo de 2015 de fs. 1540 a 1542 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Rosa Lobo Vda. de Vega en representación de Eufracia Choque Choqueticlla, Juanito Choque Pocomani, Alejandro Apaza Limachi, Cecilia Álvarez Ovando, María Olivera Rojas, Alexander Galarza Cuba, Isabel Morales Umaña, Yaerciño Alvarado Montaño, Rosario Mónica Gutiérrez Olivera, Evaristo Cusi Mamani y Gabina Quiroz de Yapu contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, Daño Calificado y Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, previstos y sancionados por los arts. 332, 358 y 298 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada la audiencia del juicio oral y público, por Sentencia 34/2014 de 15 de diciembre (fs. 1489 a 1507), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Damián Panozo Rojas e Isabel Cayo de Panozo, autores y culpables de la comisión de los delitos de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias  y Daño Calificado, previstos y sancionados por los arts. 298 y 358 inc. 2) del CP, imponiéndoles a la pena de seis años de presidio, más el pago de 100 días multa y costas, siendo absueltos del delito de Robo Agravado previsto en el art. 332 de CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia los imputados, formularon recursos de apelación restringida (fs. 1513 a 1518 vta. y 1520 a 1523), resueltos por Auto de Vista 47 de 10 de marzo de 2015, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, que declaro admisibles e improcedentes los citados recursos y confirmó la Sentencia apelada.


  1. El 31 de marzo de 2015 (fs. 1543 y 1544), fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista y el 8 y 7 de abril interpusieron recursos de casación.

II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De la revisión de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Del Recurso de Casación de Isabel Cayo


Haciendo una relación de hechos probados en juicio, señala que el Tribunal de Sentencia no hizo una valoración correcta de las pruebas de cargo y descargo, menos una diferencia del grado de participación, involucrándole por el solo hecho de que en ese entonces era esposa del coacusado, que no se hubiere tomado en cuenta que el desapoderamiento y posterior demolición fue en cumplimiento del mandamiento emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y que los ocupantes fueron notificados legalmente para que desocupen esas construcciones, procediéndose a ejecutar el desalojo el 19 de agosto de 2010 en compañía del Ministerio Público y Notario de Fe Pública, y la demolición de dicho inmuebles se habría llevado a cabo el 21 de septiembre, 33 días después. Refiere que ella en ningún momento ingresó a algún domicilio habitado por los querellantes, y que ella solo se ocupaba de cocinar para los 40 policías; con ese antecedente señala que tanto el Tribunal de sentencia como el Tribunal de apelación, “realizan errónea valoración defectuosa de las pruebas y ni siquiera intentaron valorizar las pruebas, ni se mencionaron sobre la SENTENCIA DE CONTENER EL VOTOS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DSOBRE CADA UNA DE LO OBSERVADO EN LA DELIBERACIÓN, con exposición de hecho y de derecho en la que se fundaron” (sic), finalmente indica que lo que busca es la correcta aplicación de la ley penal adjetiva, como fundamento jurídico señala los arts. 180. I, 115.II, 117, 14 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE), además transcribe parte de la Sentencia Constitucional 0776/2013 de 10 de junio, que establecería que no es necesaria la invocación de precedentes contradictorios cuando se denuncia la existencia de defectos absolutos.


II.2. Recurso de Casación de Damián Panozo Rojas 


Señala que el Tribunal de alzada al igual que el de Sentencia incurrió en inobservancia o errónea aplicación de los arts. 124 y 173 con relación al 370 incs. 5) y 6) del CPP, pues tanto el Tribunal de sentencia como la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, hubiesen realizado una valoración sesgada y defectuosa de las pruebas, sin aplicar las reglas de la sana crítica, a continuación indica que la afirmación del Tribunal de apelación en sentido de que el Tribunal de grado se pronunció respecto al incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, siendo esta afirmación errada porque esa situación es extrañada en la sentencia, refiere además que el Tribunal de Sentencia, no valoró la prueba de forma individual y menos conjunta, situación que da lugar a la presentación de su recurso de casación, finalmente indica que no pretende la revalorización de la prueba sino se proceda a la correcta aplicación de la ley penal adjetiva.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle.


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: a) precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; b) identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, c) explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: a) especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su en caso fueron valoradas defectuosamente; b) de qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que el 31 de marzo de 2015, los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado y el 7 y 8 de abril del mismo año, formularon recursos de casación; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, cumpliendo con el requisito temporal previsto por el art. 417 del CPP. Teniéndose en cuenta que el 3 de abril fue feriado (semana santa).


V.1. Respecto al recurso de casación de Isabel Cayo.


Respecto de los demás requisitos de admisibilidad y al motivo alegado,  en el que se denuncia que tanto el Tribunal de sentencia como el Tribunal de apelación, “realizan errónea valoración defectuosa de las pruebas y ni siquiera intentaron valorizar las pruebas, ni se mencionaron sobre la SENTENCIA DE CONTENER EL VOTOS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DSOBRE CADA UNA DE LO OBSERVADO EN LA DELIBERACIÓN, con exposición de hecho y de derecho en la que se fundaron” (sic), y que su recurso pretende la correcta aplicación de la ley penal adjetiva; se observa, que la recurrente de manera errada casi en la totalidad de su recurso refuta los fundamentos de la Sentencia, sin considerar en la etapa procesal en la que nos encontramos, es decir, momento en el que se considera la legalidad en la emisión de un Auto de Vista que resuelve un recurso de apelación restringida y no respecto de la emisión de una Sentencia emitida por un Juez o Tribunal de Sentencia, cuando lo correcto debió ser que la recurrente precise en que aspecto el Tribunal de alzada incurrió en contradicción en la emisión del Auto de Vista del cual se recurre. Asimismo, se incumple lo establecido en el art. 416 del CPP pues, se omite la invocación del precedente contradictorio con el cual este Tribunal pueda ingresar a conocer el fondo del recurso y verificar la posible contradicción en la resolución emitida por el Tribunal de alzada, aclarando que se bien la recurrente cita la Sentencia Constitucional 077/2013 de 10 de junio, en la que se estableció que no es necesaria la invocación de precedentes contradictorios cuanto se denuncia defectos absolutos, se precisa que esta posibilidad no está limitada a la simple denuncia de estos, sino en contrario la recurrente debe detallar en que consiste la restricción o disminución de los mismos y cual el resultado dañoso del presunto defecto acusado, pues ante esta omisión impide a este Tribunal de casación realizar la labor encomendada por ley, deviniendo el recurso en inadmisible aun así acudiendo a los criterios de flexibilización desarrollados en acápite IV de la presente resolución.


V.2. En cuanto al recurso de casación de Damián Panozo Reyes


Al motivo alegado respecto de que el Tribunal de alzada incurrió en la inobservancia o errónea aplicación de los arts. 124 y 173 con relación al 370 incs. 5) y 6) del CPP, señalando que tanto el Tribunal de sentencia como como la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, realizaron una defectuosa y sesgada valoración de las pruebas, sin aplicar las reglas de la sana crítica; Se tiene la falta de invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida o en casación cuando las presuntas contradicciones son generadas a partir de la emisión del Auto de Vista del cual se recurre, pues en el caso presente se advierte dicho incumplimiento generando consecuentemente la falta de señalamiento en términos claros y precisos de la presunta contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y la jurisprudencia legal existente, pues al respecto se tiene que este requisito se constituye una carga procesal para el recurrente en la que se debe efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia, aspectos extrañados en la redacción del presente recurso de casación motivo de análisis y consideración, imposibilitando en consecuencia a este Tribunal ingresar a conocer el fondo de la problemática planteada, deviniendo el recurso en inadmisible. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Isabel Cayo y Damián Panozo Rojas, de fs. 1545 1549 y 1551 a 1553, respectivamente.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA