TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 392/2015-RA

Sucre, 17 de junio de 2015


Expediente                : Santa Cruz 35/2015

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Zenón Mejía Rodríguez y otro 

Delito                : Transporte de Sustancias Controladas 


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de marzo de 2015, cursante de fs. 302 a 304 vta., José Luis Sandoval Serrano, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 38 de 14 de noviembre de 2014, de fs. 296 a 299 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Zenón Mejía Rodríguez y el recurrente, por la presunta comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y tipificado por el art. 55 concordante con los arts. 53 y 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).  


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Desarrollada y concluida la audiencia de juicio oral, el Juzgado de Partido y Sentencia de Yapacani del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz pronunció la Sentencia 01 de 9 de mayo de 2014 (fs. 260 a 266 vta.), declarando a los imputados Zenón Mejía Rodríguez y José Luis Sandoval Serrano, autores del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 concordante con los arts. 53 y 33 inc. m) de la Ley 1008, condenándoles a la pena de diez años y ocho meses de presidio en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, Penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz, más el pago de mil días multa en razón de dos bolivianos por día y costas a favor del Estado a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados José Luis Sandoval Serrano y Zenón Mejía Rodríguez formularon recursos de apelación restringida (fs. 273 a 278 y fs. 280 a 285); respectivamente, resueltos por el Auto de Vista 38 de 14 de noviembre de 2014 (fs. 296 a 299 vta.); por el que, declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados; por ende, confirmo la Sentencia impugnada.


  1. Notificado el recurrente con el Auto de Vista impugnado, el 9 de marzo de 2015 (fs. 301), interpuso recurso de casación el 13 del mismo mes y año, el cual es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


La parte recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado incurrió en contradicción con los precedentes invocados, al señalar que la Sentencia aplicó correctamente la ley sustantiva, fallo en el que no se constató el sujeto activo del delito, ya que en los hechos fácticos indica- que dio el nombre y dirección del dueño de la mochila que llevaba, sin que se haya demostrado respecto a su persona la existencia de dolo y el “ASABIENDAS” (sic); además, de haber cuestionado el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), señalando que se apartó del debido proceso y legalidad de la prueba; extrañando además, que el Ministerio Público no presentó a los testigos ofrecidos, ni la prueba documental, ni el testigo pericial; por cuanto, el Tribunal a quo se “auto motivo” (sic) en su Considerando 5, introduciendo la asociación, por la participación de dos personas y por ello correspondería aumentar un tercio más la pena; por lo que, acude a la cita de la Sentencia Constitucional 506/2005-R en la que señalaría que el Juez no puede asumir la función de acusador; no obstante, el Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, en la que reitera- debió excluirse las pruebas de oficio por ilícitas y por carecer de valor legal de acuerdo al art. 14 de la Constitución Política del Estado (CPE) y los arts. 71, 167, 173 y 333 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concluyendo que el Tribunal a quo aplicó erróneamente la sana critica en los hechos probados, aduciendo que el Ministerio Público no investigo nada, lo cual justificaría su no valoración en sentencia; empero, se vulneró la presunción de inocencia y el in dubio pro reo, agrega: “les di el nombre de la persona me ofrecí llevarlo a su casa pero no sé el motivo por el cual no quisieron ir, la supuesta cocaína encontrada no peso ni tres gramos LES DI EL NOMBRE del dueño que dejo la bolsa con esas cosas, pero que puedo hacer si nuestra policía con su actuar retrograda lo único que hacen es pegarnos y amenazarnos” (sic); no existiendo, certeza plena de que su persona sea el autor, habiendo citado en apelación restringida como precedentes contradictorios los Autos Supremos 594 de 26 de noviembre de 2003 y 037 de 17 de febrero de 2010 referidos al principio de congruencia en Sentencia de los hechos acusados probados y no probados, arguyendo, que se debe demostrar la actividad ilícita de traficar y que además, se encuentre relacionado con actividades propias de narcotraficantes, lo que en el caso de autos no se habría demostrado. A cuyo efecto, invoca ahora los Autos Supremos 320 de 14 de junio de 2003 y 029 de 16 de enero de 2001, cuestionando que el Tribunal a quo y ad quem, respectivamente, pretenden que en su calidad de consumidor deba conocer que cantidad es la que debe adquirir para el consumo.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. Supuestos de flexibilización a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos, la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término cabe recordar que, este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de Julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios anteriormente referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, en los supuestos antes destacados, de acuerdo a lo siguiente:


Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.-


En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su impugnación qué aspecto o aspectos de su recurso de apelación, no mereció o merecieron debida fundamentación; o sobre qué cuestiones se incurrió en omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos, o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.


Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, por ende la vulneración de  derechos y garantías constitucionales, emergente de la valoración de prueba efectuada en la causa, deberá: 1) Especificar que prueba o pruebas, no fueron  valoradas en el proceso o en su caso fueron valoradas defectuosamente; 2) De qué manera la falta de valoración o defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende favorable a sus pretensiones.


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, respecto al primer requisito que debe reunir todo recurso de casación, se constata que el recurrente José Luis Sandóval Serrano fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el 9 de marzo de 2015 (fs. 301), habiendo presentado el recurso de casación el 13 del mismo mes y año, según timbre electrónico (fs. 302), cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, el recurrente denuncia como único motivo, que el Auto de Vista impugnado incurrió en contradicción con los precedentes invocados, al señalar que la Sentencia aplicó correctamente la ley sustantiva, sin que se haya constatado el sujeto activo del delito; por cuanto, no se habría demostrado la existencia de dolo y el “ASABIENDAS” (sic), no considerando además, que su persona cuestionó el informe de la FELCN por apartarse del debido proceso y legalidad de la prueba; habida cuenta, que el Ministerio Público no presentó a los testigos ofrecidos, ni prueba documental, ni el testigo pericial, habiéndose el Tribunal a quo auto motivado en su Considerando 5, introduciendo la asociación por la participación de dos personas para argüir el aumento a un tercio más la pena aplicando erróneamente la sana critica en los hechos probados; no observando, que el Ministerio Público no investigo nada; hechos que a su decir, vulneraron la presunción de inocencia y el in dubio pro reo.

Sobre este motivo, se observa que si bien el recurrente cumplió con la carga procesal de invocar los precedentes presuntamente contradictorios en relación al Auto de Vista impugnado, como son los Autos Supremos 320 de 14 de junio de 2003 y 029 de 16 de enero de 2001; empero, se limitó a su simple cita referencial, mas no del propio contenido del precedente que hace a la contradicción incurrida con el Auto de Vista impugnado; asimismo, se observa que el segundo Auto Supremo invocado resolvió una causa en vigencia del Código de Procedimiento Penal aprobado por Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972; por cuanto, no puede considerarse precedente oponible al presente caso por corresponder a un sistema procesal distinto al acusatorio; y, respecto al primer Auto citado se extraña la labor de explicación de manera clara, precisa y debidamente fundamentada, de cuál la posible contradicción en relación a lo determinado en el Auto de Vista ahora impugnado, conforme a la exigencia establecida en el art. 417 del CPP, para que este Tribunal, en virtud a la competencia que le asigna el art. 419 del CPP, con relación al art. 42 de la LOJ, ingrese al análisis de fondo del recurso de casación y proceda a enmendar posibles errores y omisiones cometidas por el Tribunal de apelación.


Respecto a la cita de la Sentencia Constitucional 506/2005-R, en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, la misma no tiene la calidad de precedente contradictorio, no siendo válido acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la ley en la interposición del recurso de casación.


Asimismo, con relación a la mera alegación de infracción de derechos quebrantados, la parte recurrente omitió precisar los derechos o garantías vulnerados, así como explicar la trascendencia de la supuesta vulneración, no habiendo cumplido a cabalidad con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV de este Auto Supremo, lo que imposibilita la admisión del recurso, aun acudiendo a estos criterios; por tal razón, el presente recurso deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación formulado por José Luis Sandoval Serrano.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA